POLITICA
Vaca Muerta: imputaron a 12 mapuches por bloquear el acceso a una cantera

Integrantes de una comunidad mapuche de Neuquén fueron imputados por bloquear el acceso a una cantera en la zona de Añelo, en Vaca Muerta, y la Justicia les prohibió acercarse a la zona de conflicto.
El hecho ocurrió a principios de 2026 cuando integrantes de la comunidad Campo Maripe bloquearon el acceso a una cantera e intimidaron a trabajadores petroleros.
El propietario del predio radicó la denuncia ante la Justicia Neuquina, que ordenó medidas de coerción, entre las que le impide a la comunidad regresar a la zona de conflicto.
Los mapuches ingresaron a la cantera y bloquearon el acceso y amenazaron a los trabajadores con incendiar los vehículos en los que se movilizaban.
Los integrantes de la comunidad fueron imputados por el delito de turbación de la posesión, bajo la figura de coautores. La medida fue dispuesta por la jueza de Garantías Carina Álvarez, por pedido de la fiscalía, representada por Pablo Vignaroli. La magistrada dispuso cuatro meses de investigación.
Durante la audiencia de este miércoles, la fiscalía de Delitos Económicos responsabilizó a la comunidad mapuche por haber ingresado de forma intempestiva al predio e impedir el ingreso a los trabajadores, para realizar sus labores cotidianas.
En la exposición de la parte acusadora, el fiscal mencionó que la ocupación se mantuvo desde fines de enero hasta el 5 de marzo, tiempo en el que los usurpadores permanecieron en el terreno y sostuvieron el bloqueo.
En el lugar construyeron viviendas precarias, mientras custodiaban el ingreso no sólo de los trabajadores, sino también de los propietarios, quienes, al radicar la denuncia, exhibieron la documentación que avala la titularidad de las tierras.
El bloqueo generó cuantiosas pérdidas económicas para el dueño del lugar, debido a que durante el tiempo que se extendió no pudieron realizar la explotación de la cantera ubicada dentro del predio.
Durante la exposición acusatoria, la fiscalía presentó denuncias, testimonios y actas elaboradas por la Policía neuquina, además de otras pruebas como documentación sobre la titularidad de las tierras y material audiovisual para certificar la acusación.
La jueza dio curso a las medidas de coerción solicitadas por la fiscalía y ordenó a los imputados abstenerse de realizar cualquier acto de turbación o bloqueo a los accesos al predio, además de prohibirles mantener cualquier contacto con el denunciante, su familia y los trabajadores.
Álvarez también rechazó un pedido de la defensa para la devolución de un vehículo secuestrado. Lo mismo hizo con un segundo requerimiento, esta vez, para dejar sin efecto las órdenes de secuestro sobre otros rodados, al considerar que podrían ser objeto de decomiso en caso de una eventual condena.
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POLITICA
El Gobierno anunció que presentará nuevas denuncias penales contra petroleras que operan en Malvinas

El Gobierno anunció este miércoles que presentará nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas. Según informó la Oficina del Presidente, las presentaciones no se limitarán a las firmas: también identificarán a directores, gerentes, administradores y representantes que hayan intervenido en esas decisiones.
El comunicado oficial precisó que las nuevas acciones judiciales derivarán tanto en la ampliación de causas ya en trámite como en la apertura de expedientes nuevos. El Ejecutivo remarcó que buscará “responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando” la soberanía nacional sobre el archipiélago.
Según pudo saber TN de fuentes oficiales, esta nueva presentación alcanzará a 5 firmas: Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited; Rockhopper Exploration (Oil) Limited; Borders & Southern Falkland Islands Limited; Borders & Southern Petroleum PLC; y Desire Petroleum Limited.
La medida se enmarca en la escalada de sanciones que el Gobierno viene sosteniendo en los últimos días, tras la cadena nacional que encabezó Javier Milei para advertir los riesgos del avance del proyecto petrolero Sea Lion.
En ese contexto, la Cancillería a cargo de Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, ya había presentado este lunes una primera denuncia penal contra cinco compañías vinculadas a la iniciativa: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Un total de 60 investigados hasta el momento
De acuerdo a lo informado por el propio Gobierno en los días previos, ya son 60 las personas humanas y jurídicas bajo procedimientos sancionatorios por presuntas infracciones a la Ley 26.659. La norma, sancionada en 2011, prohíbe a toda persona física o jurídica desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin habilitación de la autoridad argentina competente, y prevé inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para los responsables.
Días atrás, el Ejecutivo había firmado el Decreto 868/2026, publicado en el Boletín Oficial el 4 de septiembre, con el objetivo de acelerar los trámites administrativos vinculados a estas infracciones.
Leé también: Malvinas: la Justicia de Tierra del Fuego se declaró competente para intervenir en la demanda contra Sea Lion
La seguidilla de anuncios se da en simultáneo con otras medidas vinculadas a reforzar la soberanía, como el envío de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso y la instrucción presidencial para priorizar el desarrollo de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego dentro del Presupuesto 2027, que el Gobierno debe enviar este 15 de septiembre.
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Milei defendió su política para Malvinas y dijo que es “una causa nacional”

El presidente Javier Milei brindó un discurso este miércoles en la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos y defendió su política contra las empresas que explotarán petróleo cerca de las Islas Malvinas -ocupadas por el Reino Unido- y afirmó que es “una causa nacional”.
“Cuando la Patria está en peligro todo esta permitido excepto no defenderla (frase de José de San Martín), por eso la semana pasada anunciamos una serie de medidas para defender la soberanía. Ya abrimos proceso sancionatorio contra 60 empresas y presentamos una denuncia penal contra las empresas vinculadas con el gobierno ilegitimo de las islas”, indicó el libertario en un discurso.
Y habló de una causa común: “No es [una causa] de un gobierno o un partido, con esto no puede haber grieta alguna. San Martín no liberó medio continente con discursos, lo hizo con logística, disciplina y anteponiéndose. Sin decisión es imposible avanzar en nuestras luchas. Vinimos a dar vuelta la página y construir una Patria próspera porque sin riqueza no se puede potenciar nuestra defensa”.
Tensión
La tensión diplomática con Londres comenzó luego de que, después de las declaraciones de Trump, Javier Milei dedicara la semana pasada una cadena nacional a reivindicar el reclamo argentino sobre las islas y anunciara una serie de medidas vinculadas con las actividades de empresas y Estados extranjeros en la zona.
En un discurso de 15 minutos, Milei puso el foco en la explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros en las cercanías del archipiélago y anticipó nuevas iniciativas para reforzar la posición argentina.
El endurecimiento de la postura del Ejecutivo responde también al avance de Sea Lion, un proyecto offshore en Malvinas. La iniciativa está en manos de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, dos compañías de exploración y producción de una escala considerablemente menor que la de las grandes petroleras internacionales. La israelí Navitas es la operadora del proyecto y controla el 65% de las licencias, mientras que Rockhopper, una empresa británica que cotiza en el mercado AIM de Londres, posee el 35% restante.
La participación de Navitas en Malvinas comenzó en 2022, cuando adquirió de Harbour Energy el 65% de las licencias y asumió la operación del área. Desde entonces, se convirtió en la principal impulsora de Sea Lion, que en diciembre de 2025 obtuvo junto con Rockhopper la decisión final de inversión para avanzar con una primera etapa valuada en US$1800 millones. La compañía prevé iniciar la producción en el primer trimestre de 2028.
A modo de respuesta, el mandatario informó que el Gobierno ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, con el objetivo de incrementar las capacidades de telecomunicaciones en el sur.
Además, anunció la publicación de un decreto reglamentario destinado a reunir en la Cancillería la información necesaria para impulsar sanciones contra compañías o Estados que realicen actividades ilegales en la zona.
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POLITICA
La intendenta K de José C. Paz criticó a Axel Kicillof por el asesinato del joven de 23 años

La intendenta interina de José C. Paz, Lorena Espina, y el director de Seguridad, Miguel Narváez, reclamaron al gobernador Axel Kicillof que “reforzar la seguridad en todo el territorio” provincial tras el homicidio de Elías Ojeda Vázquez.
El joven de 23 años fue asesinado de un disparo por la espalda este lunes por dos motochorros que simulaban ser repartidores para robarle el vehículo cuando regresaba del gimnasio. Tras el ataque, la víctima fue trasladada al Hospital Mercante, donde falleció.
Lorena Espina asumió en diciembre de 2025 en reemplazo de Mario Ishii
El municipio, respaldado políticamente por Mario Ishii, emitió un comunicado donde advirtió que “la seguridad requiere de acciones inmediatas” y subrayó que la administración provincial “debe asumir la total y completa responsabilidad” en la prevención del delito en el distrito.

Elías Ojeda Vázquez fue asesinado por dos motochorros
La comuna detalló los recursos propios invertidos en la prevención del delito, incluyendo más de 250 efectivos, setenta móviles de la Patrulla Urbana Municipal, provisión de combustible y reparaciones de patrulleros provinciales, evidenciando tensiones en la distribución de recursos.
Mientras los sospechosos del crimen continúan prófugos y son buscados mediante cámaras de seguridad, el reclamo institucional profundiza las diferencias políticas entre los intendentes del conurbano y la gestión de Kicillof en materia de seguridad.
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