El Ministerio de Seguridad Nacional puso en marcha el Programa de Seguridad Migratoria mediante la resolución 551/2026 en Boletín Oficial. Se trata de una iniciativa que busca reforzar el control migratorio en el país y combatir los ilícitos.

Mediante una publicación en redes, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, contó que “el objetivo es seguir fortaleciendo nuestra política migratoria y nuestra política fronteriza”. A partir de esta iniciativa, se crearon las Unidades de Seguridad Migratoria para reforzar los controles, prevenir delitos y enfrentar a las organizaciones criminales.

El programa tiene siete componentes. El primero apunta a la actualización de la formación del personal de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), con foco en inspectores, supervisores, jefes de paso y analistas. El segundo extiende esa misma lógica a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, para que puedan cumplir con mayor eficacia su rol de Policía Auxiliar Migratoria. El tercero prevé la mejora de los procesos de prevención, detección e investigación de delitos migratorios. El cuarto apunta a una mayor coordinación operativa entre la DNM y las fuerzas. El quinto es la creación de las Unidades de Seguridad Migratoria, tal como lo mencionó la funcionaria en el video. Los dos restantes contemplan la modernización de equipamiento e infraestructura y la ampliación de la cooperación internacional.

“Hemos venido dando una serie de pasos, planteando este programa de seguridad migratoria y que básicamente apunta a una capacitación especial, a procedimientos específicos de actuación. Muchas gracias a las fuerzas porque, como siempre, serán los que integrarán esta capacitación”, indicó Monteoliva.

De acuerdo con la reciente resolución, las Unidades de Seguridad Migratoria se crean en el ámbito de la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Policía Federal Argentina (PFA) y la Prefectura Naval Argentina. Según establece la resolución, estas unidades tendrán un rol meramente funcional y no implicarán la creación de nuevas estructuras organizativas. Su misión abarcará la prevención en áreas de control migratorio, el mantenimiento del orden público en zonas de frontera, la detección e investigación de ilícitos y las tareas subsidiarias de control migratorio. El personal que cumpla funciones dentro del programa llevará un distintivo de “Seguridad Migratoria”, independientemente de su dependencia de revista.

La norma establece que se deberán actualizar los mecanismos de actuación para que, en forma subsidiaria o ante situaciones de emergencia, esas fuerzas puedan llevar a cabo un control migratorio eficiente, con respeto por las responsabilidades primarias de cada institución. “El trabajo será realizado teniendo en cuenta las responsabilidades primarias de cada entidad, la eficacia, la complementación y el uso eficiente de las capacidades de las citadas instituciones”, reafirmaron en el texto oficial.

“Nuestro propósito es claro, nuestro propósito es firme. Quien no cumple la ley, no entra. Lo venimos diciendo, lo venimos afirmando. Y si entró por alguna circunstancia, lo buscamos y lo encontramos”, aseguró la titular de la cartera de Seguridad horas antes de que se formalice la medida. Bajo este propósito, instruyeron a la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos y Fortalecimiento Institucional y la Dirección Nacional de Formación y Desarrollo Profesional a implementar la formación del personal.

Los refuerzos comenzaron a materializarse luego de que el Gobierno publicó la Reforma Migratoria mediante el decreto 366/2025. La misma endureció los criterios para la residencia de extranjeros y facilitó los procesos de deportación para aquellos que cometan delitos en el país. También estableció mayores controles en las fronteras y regularizó la situación de inmigrantes, entre otros puntos.

Incluso, la puesta en marcha de este nuevo programa se conoció después de que la ministra anunciara la expulsión de 14.000 extranjeros del país en los últimos seis meses.

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El Gobierno adjudicó la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus, que operará la principal vía de transporte fluvial del país durante los próximos 25 años.

La decisión fue formalizada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) mediante la resolución que puso fin al proceso licitatorio iniciado a fines de 2025 para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal.

La concesión comprende las tareas de dragado, redragado, señalización y mantenimiento de la ruta fluvial que conecta gran parte de la producción argentina con los mercados internacionales y por donde circula alrededor del 80% de las exportaciones nacionales.

Según la documentación presentada por el adjudicatario, el proyecto prevé una facturación promedio anual de US$628,2 millones y un volumen de ingresos estimado en US$15.707 millones a lo largo de toda la concesión.

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Las proyecciones también contemplan un crecimiento del tráfico de embarcaciones durante los próximos 25 años. De acuerdo con la oferta, el movimiento internacional aumentaría un 38,1%, el transporte de cabotaje un 28,2% y el tránsito de buques al norte de Santa Fe un 52,4%.

Desde el Gobierno destacaron que la firma del contrato, prevista para los próximos 30 días, permitirá poner en marcha una nueva etapa de inversiones sobre la vía navegable. Entre las obras previstas figuran trabajos de profundización del canal, mejoras operativas e incorporación de tecnología destinada a fortalecer la seguridad de la navegación y las tareas de control contra el narcotráfico.

El Ministerio de Economía sostuvo además que la nueva concesión generará una reducción del 13,5% en los costos logísticos, lo que permitirá a los buques completar cargas en los puertos de origen y mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas.

Según la evaluación oficial, las principales inversiones se concentrarán durante los primeros siete años de la concesión, mientras que la recuperación económica del proyecto comenzaría en la segunda etapa del contrato.

El organismo también destacó que el proceso licitatorio concluyó sin impugnaciones por parte de las empresas participantes. En ese sentido, señaló que la adjudicación contó con el respaldo de distintos actores vinculados a la actividad, entre ellos cámaras exportadoras, entidades empresarias, operadores portuarios y gobiernos provinciales de la región.

Como parte de las condiciones establecidas en el pliego, el adjudicatario deberá constituir una Sociedad de Propósito Específico, presentar garantías por US$40 millones para asegurar el cumplimiento del contrato y otra garantía especial por US$35 millones antes de la firma definitiva.

La concesión funcionará bajo un esquema de obra pública por peaje y a riesgo empresario, sin financiamiento estatal. El contrato tendrá una duración inicial de 25 años y contempla la posibilidad de una prórroga de hasta cinco años adicionales.

Desde el Gobierno definieron la adjudicación como el cierre del proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal y sostuvieron que la medida marca el inicio de una etapa basada en la inversión privada, mientras que el Estado conservará funciones de regulación y control sobre la infraestructura estratégica.

Hidrovía, Gobierno, Transporte

En medio del escándalo desatado en Allen, provincia de Río Negro, este jueves el intendente Marcelo Román fue imputado por los delitos de administración fraudulenta y peculado. De la misma manera, se fijó un plazo de dos meses para la investigación penal preparatoria, que tendrá como fecha límite el 30 de agosto de este año.

De acuerdo con la causa impulsada por la fiscal jefe Graciela Echegaray y la fiscal del caso Celeste Benatti, entre marzo de 2024 y julio de 2025, el jefe comunal habría sustraído fondos públicos municipales para autorizar la compra de un teléfono celular por $479.999, bajo la modalidad de servicio corporativo, con un abono mensual a nombre de la Municipalidad que significó un gasto de $596.812,38.

Durante la última audiencia, la Fiscalía detalló que el imputado apartó el dispositivo de la actividad patrimonial del municipio y se lo entregó a una persona ajena a la administración pública, sin vínculo contractual que legitimara la tenencia del bien estatal.

En este sentido, los fiscales sostuvieron que, al entregar el bien, el intendente quebrantó la custodia legal que debía ejercer sobre el patrimonio municipal, debido a que permitió que un tercero ajeno dispusiera del recurso como propio y generara un perjuicio al erario público.

Según la información publicada por el Ministerio Público de Río Negro, en la audiencia también estuvo presente un segundo acusado. Para la Fiscalía, su papel fue considerado esencial para la consumación del delito, debido a que recibió y utilizó el teléfono pese a que tenía conciencia de que no era agente municipal ni tenía designación oficial alguna.

De la misma manera, este individuo habría utilizado el dispositivo para dar órdenes y directivas indirectas a empleados de la Municipalidad, por lo que consideraron que se habría hecho uso de facultades propias de la gestión y habría consolidado así la disposición privada del recurso estatal.

Por este motivo, ambos fueron acusados bajo la figura de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado todo en concurso ideal”, conforme a los artículos 173, inciso 7, en función del 174 inc. 5, 261 primer párrafo, 45 y 54 del Código Penal. No obstante, para el segundo imputado, la acusación es como partícipe necesario de administración fraudulenta.

Como parte del sustento probatorio, la Fiscalía mencionó la denuncia penal del Tribunal de Cuentas de Allen, documentación institucional como el acta de asunción del intendente, la carta orgánica y copias de comodatos de celulares corporativos, así como la factura de compra del aparato involucrado. Además, se sumaron más de 35 entrevistas tomadas en sede fiscal.

Al mismo tiempo, figuró un informe del Departamento de Contaduría Forense del Ministerio Público de Río Negro, que analizó las órdenes de pago secuestradas en el allanamiento a la sede municipal. Además, se incluyeron copias certificadas de pagos internos y externos, facturas y transferencias a una empresa de telefonía, el legajo de la investigación del Tribunal de Cuentas y reportes de las divisiones judiciales e investigativas de San Antonio Oeste y Allen.

Por su parte, las defensas solicitaron que no se tengan por formulados los cargos y requirieron imputar como partícipe necesario a la entonces secretaria de Hacienda. Además, exigieron la exclusión de la declaración de la exfuncionaria como testigo, así como de la documentación recabada durante el allanamiento, la pericia contable y las extracciones realizadas del celular de la mencionada mujer.

Desde que se abrió una investigación en contra de Román, la ciudad enfrenta una fuerte crisis institucional tras la presentación de más de 3.000 firmas vecinales que solicitan la revocatoria de su mandato. La iniciativa fue impulsada por Silvina Cantero, una docente jubilada y ex afiliada al gremio docente provincial, junto a una ex empleada municipal despedida durante la gestión actual.

Cantero comenzó a reunir firmas a fines de 2025, tras argumentar una “grave negligencia” en la prestación de los servicios públicos esenciales como eje central del reclamo. En el petitorio elevado al Concejo Municipal, se señaló que la administración evidenció una profunda ineptitud en el manejo de servicios básicos, lo que habría generado un estado de abandono progresivo que afectó la calidad de vida en los barrios de Allen.

Tras ser consultada por medios locales, la docente jubilada afirmó que la campaña para desplazar al intendente responde a una convicción personal y negó cualquier tipo de motivación política detrás de la iniciativa. Según la Carta Orgánica local, la acumulación de firmas permitiría activar el proceso formal de revocatoria de mandato ante el órgano legislativo municipal.

El petitorio fue entregado formalmente ante el Concejo Municipal en mayo de este año, por lo que deberá iniciar el procedimiento establecido por la normativa local. Mientras tanto, la gestión permanece bajo la presión de la investigación judicial y la demanda popular de cambio en la conducción del municipio.