POLITICA
Preocupación de legisladores y académicos por la presión china para impedir la presentación de un libro en una universidad argentina

Diputados de Argentina y Uruguay, junto a académicos y las organizaciones que estuvieron a cargo del evento, manifestaron su preocupación por la cancelación de la presentación del libro «China: la seducción comunicacional para normalizar a un régimen», de Roberto Iglesias, tras la presión que ejerció la embajada de China en Buenos Aires sobre la Universidad de Belgrano para impedir la actividad, según reportaron el autor del libro y el Center for the Study of Contemporary Open Societies (CESCOS).
De acuerdo consignó ayer Infobae, tres funcionarios diplomáticos del gigante asiático se presentaron físicamente en la sede universitaria de la calle Zabala, en Buenos Aires, para exigir la cancelación de la jornada académica prevista para el pasado 29 de abril. Las autoridades de la casa de estudios accedieron y el evento, que esperaba reunir a alrededor de 150 estudiantes de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, finalmente no se realizó.
La jornada había sido organizada por la Fundación Friedrich Naumann, fundación alemana; el mencionado centro académico uruguayo CESCOS; el International Republican Institute (IRI), think tank estadounidense; y la Oficina Cultural y Comercial de Taiwán en Buenos Aires.
CESCOS confirmó la maniobra en sus redes sociales. “La embajada de China en Argentina presionó y logró cancelar la presentación del libro. Las dictaduras reprimen. Los demócratas celebramos la libertad de expresión de las sociedades abiertas“, indicaron sus autoridades en X. La entidad anticipó en las últimas horas que pronto se anunciará una nueva fecha y lugar para el evento.
Repudio político y académico
Pablo Viana, diputado nacional de Uruguay, calificó la maniobra como un “atropello directo a la libertad académica”. “La Embajada China en Buenos Aires mandó sus matones a la Universidad de Belgrano para cancelar una actividad académica», escribió en sus redes, donde también interpeló a la Cancillería argentina: «Esperamos que actúe y ponga en su lugar a estos bandoleros sinvergüenzas que quieren traer aquí la dictadura comunista que aplican a sus habitantes en la China continental».
El legislador uruguayo también reclamó que las autoridades universitarias que cedieron ante la presión rindan cuentas, y advirtió que “ni todo el oro del mundo vale sacrificar la libertad en el altar de un sanguinario totalitarismo”.
En tanto, y ante la consulta de Infobae, la diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica, apuntó directamente contra la pasividad del Estado argentino ante este tipo de avances. “Las injerencias del régimen chino exhiben la falta de apego a la defensa de nuestra soberanía. Que esto avance sobre la propia autonomía de las universidades resulta ilustrativo de la capitulación de nuestras bases fundantes”, afirmó. La legisladora, además, reveló que la presión del régimen también alcanzó al ámbito legislativo: “A los legisladores también pretendieron condicionarnos, por la presidencia de la HCDN. Algunos tenemos en claro que no aceptamos limitaciones de ninguna índole y así lo hicimos saber”.
Y agregó: «Reivindico nuestra libertad para que se debatan todo tipo de ideas. Los mercaderes de la ‘libertad’ deberían ser claros en esto».
En la misma línea, Luciano Bugallo, diputado provincial de la Coalición Cívica, fue categórico: “Es una vergüenza y muy peligroso que en Argentina permitamos que países extranjeros, peor aún, dictaduras totalitarias, no permitan la libertad de expresión, de participación y pretendan, bajo extorsión y prácticas poco democráticas, la cancelación de eventos culturales en ámbitos académicos, por disentir éstos con su relato oficial», indicó a este medio.
A su vez, el legislador porteño Sergio Siciliano (Vamos por Más), magíster en educación y referente del área en la Fundación Pensar, rechazó la censura con énfasis en el rol que deben cumplir las instituciones académicas: “Las universidades deben ser espacios de debate profundo de los temas”, planteó a Infobae. “En ningún caso la censura de quien piensa distinto o tiene ideas diferentes es el camino, siempre que las mismas se presenten con respeto y en un contexto académico”, agregó. Y completó: “Hubiese sido muy interesante para los alumnos poder generar un espacio de estudio con los argumentos del Gobierno Chino, que seguro los tiene y muy sólidos y respetables también”.
Constanza Mazzina, politóloga, investigadora y directora de la carrera de Ciencia Política en la Universidad del CEMA, autora de trabajos sobre la estrategia de captura de elites por parte de Beijing, no se mostró sorprendida y explicó a Infobae: “Desde el punto de vista estrictamente académico, es la famosa injerencia en asuntos que no corresponden: que una embajada se meta con asuntos académicos. Pero sabemos que el hard power chino funciona así. ¿Está mal? Sí. ¿Me sorprende? No».
Mazzina enmarcó el episodio en un patrón más amplio: «Puede ponerse en el contexto de cómo funciona la captura de elites académicas por parte de China, y cómo China trata de limitar la vida académica de aquellos países que quieren resguardar y respetar la independencia y la libertad académica“. Para la investigadora, esa es “la gran diferencia de un modelo chino de ausencia de libertades y aquellos países donde, a pesar de nuestros problemas, tenemos libertad de expresión, de reunión y libertad académica propiamente dicha”.
Roberto Iglesias, autor del libro cuya presentación fue bloqueada, describió ayer la maniobra como “la otra cara de la moneda” respecto del soft power que analiza en su obra. Según señaló, “China no se limita a dar su versión de las cosas sino que pretende tener un control total sobre la narrativa sobre cualquier cosa que se diga de ella en los medios mundiales”.
Para Iglesias, “la lógica de presionar para cancelar un panel es un paso más en esa dirección del control narrativo, además de ser una evidente interferencia en otro país para coartar la libertad de expresión”.
Hans-Dieter Holtzmann, director regional de la fundación alemana Friedrich Naumann, expresó preocupación por “el avance de prácticas sistemáticas de presión e intimidación impulsadas por regímenes autoritarios en ámbitos académicos, políticos y culturales”. “Cuando actores estatales intentan condicionar qué temas pueden discutirse, qué voces pueden ser divulgadas o qué perspectivas pueden ser escuchadas, estamos frente a mecanismos de influencia incompatibles con los valores liberales y democráticos”, remarcó.
Al cierre de esta nota, la Cancillería argentina no había emitido ninguna postura pública sobre el episodio.
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POLITICA
El Gobierno anunció que presentará nuevas denuncias penales contra petroleras que operan en Malvinas

El Gobierno anunció este miércoles que presentará nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas. Según informó la Oficina del Presidente, las presentaciones no se limitarán a las firmas: también identificarán a directores, gerentes, administradores y representantes que hayan intervenido en esas decisiones.
El comunicado oficial precisó que las nuevas acciones judiciales derivarán tanto en la ampliación de causas ya en trámite como en la apertura de expedientes nuevos. El Ejecutivo remarcó que buscará “responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando” la soberanía nacional sobre el archipiélago.
Según pudo saber TN de fuentes oficiales, esta nueva presentación alcanzará a 5 firmas: Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited; Rockhopper Exploration (Oil) Limited; Borders & Southern Falkland Islands Limited; Borders & Southern Petroleum PLC; y Desire Petroleum Limited.
La medida se enmarca en la escalada de sanciones que el Gobierno viene sosteniendo en los últimos días, tras la cadena nacional que encabezó Javier Milei para advertir los riesgos del avance del proyecto petrolero Sea Lion.
En ese contexto, la Cancillería a cargo de Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, ya había presentado este lunes una primera denuncia penal contra cinco compañías vinculadas a la iniciativa: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Un total de 60 investigados hasta el momento
De acuerdo a lo informado por el propio Gobierno en los días previos, ya son 60 las personas humanas y jurídicas bajo procedimientos sancionatorios por presuntas infracciones a la Ley 26.659. La norma, sancionada en 2011, prohíbe a toda persona física o jurídica desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin habilitación de la autoridad argentina competente, y prevé inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para los responsables.
Días atrás, el Ejecutivo había firmado el Decreto 868/2026, publicado en el Boletín Oficial el 4 de septiembre, con el objetivo de acelerar los trámites administrativos vinculados a estas infracciones.
Leé también: Malvinas: la Justicia de Tierra del Fuego se declaró competente para intervenir en la demanda contra Sea Lion
La seguidilla de anuncios se da en simultáneo con otras medidas vinculadas a reforzar la soberanía, como el envío de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso y la instrucción presidencial para priorizar el desarrollo de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego dentro del Presupuesto 2027, que el Gobierno debe enviar este 15 de septiembre.
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POLITICA
Milei defendió su política para Malvinas y dijo que es “una causa nacional”

El presidente Javier Milei brindó un discurso este miércoles en la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos y defendió su política contra las empresas que explotarán petróleo cerca de las Islas Malvinas -ocupadas por el Reino Unido- y afirmó que es “una causa nacional”.
“Cuando la Patria está en peligro todo esta permitido excepto no defenderla (frase de José de San Martín), por eso la semana pasada anunciamos una serie de medidas para defender la soberanía. Ya abrimos proceso sancionatorio contra 60 empresas y presentamos una denuncia penal contra las empresas vinculadas con el gobierno ilegitimo de las islas”, indicó el libertario en un discurso.
Y habló de una causa común: “No es [una causa] de un gobierno o un partido, con esto no puede haber grieta alguna. San Martín no liberó medio continente con discursos, lo hizo con logística, disciplina y anteponiéndose. Sin decisión es imposible avanzar en nuestras luchas. Vinimos a dar vuelta la página y construir una Patria próspera porque sin riqueza no se puede potenciar nuestra defensa”.
Tensión
La tensión diplomática con Londres comenzó luego de que, después de las declaraciones de Trump, Javier Milei dedicara la semana pasada una cadena nacional a reivindicar el reclamo argentino sobre las islas y anunciara una serie de medidas vinculadas con las actividades de empresas y Estados extranjeros en la zona.
En un discurso de 15 minutos, Milei puso el foco en la explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros en las cercanías del archipiélago y anticipó nuevas iniciativas para reforzar la posición argentina.
El endurecimiento de la postura del Ejecutivo responde también al avance de Sea Lion, un proyecto offshore en Malvinas. La iniciativa está en manos de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, dos compañías de exploración y producción de una escala considerablemente menor que la de las grandes petroleras internacionales. La israelí Navitas es la operadora del proyecto y controla el 65% de las licencias, mientras que Rockhopper, una empresa británica que cotiza en el mercado AIM de Londres, posee el 35% restante.
La participación de Navitas en Malvinas comenzó en 2022, cuando adquirió de Harbour Energy el 65% de las licencias y asumió la operación del área. Desde entonces, se convirtió en la principal impulsora de Sea Lion, que en diciembre de 2025 obtuvo junto con Rockhopper la decisión final de inversión para avanzar con una primera etapa valuada en US$1800 millones. La compañía prevé iniciar la producción en el primer trimestre de 2028.
A modo de respuesta, el mandatario informó que el Gobierno ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, con el objetivo de incrementar las capacidades de telecomunicaciones en el sur.
Además, anunció la publicación de un decreto reglamentario destinado a reunir en la Cancillería la información necesaria para impulsar sanciones contra compañías o Estados que realicen actividades ilegales en la zona.
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POLITICA
La intendenta K de José C. Paz criticó a Axel Kicillof por el asesinato del joven de 23 años

La intendenta interina de José C. Paz, Lorena Espina, y el director de Seguridad, Miguel Narváez, reclamaron al gobernador Axel Kicillof que “reforzar la seguridad en todo el territorio” provincial tras el homicidio de Elías Ojeda Vázquez.
El joven de 23 años fue asesinado de un disparo por la espalda este lunes por dos motochorros que simulaban ser repartidores para robarle el vehículo cuando regresaba del gimnasio. Tras el ataque, la víctima fue trasladada al Hospital Mercante, donde falleció.
Lorena Espina asumió en diciembre de 2025 en reemplazo de Mario Ishii
El municipio, respaldado políticamente por Mario Ishii, emitió un comunicado donde advirtió que “la seguridad requiere de acciones inmediatas” y subrayó que la administración provincial “debe asumir la total y completa responsabilidad” en la prevención del delito en el distrito.

Elías Ojeda Vázquez fue asesinado por dos motochorros
La comuna detalló los recursos propios invertidos en la prevención del delito, incluyendo más de 250 efectivos, setenta móviles de la Patrulla Urbana Municipal, provisión de combustible y reparaciones de patrulleros provinciales, evidenciando tensiones en la distribución de recursos.
Mientras los sospechosos del crimen continúan prófugos y son buscados mediante cámaras de seguridad, el reclamo institucional profundiza las diferencias políticas entre los intendentes del conurbano y la gestión de Kicillof en materia de seguridad.
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