La fiscalía que investiga el patrimonio de Manuel Adorni pidió nuevas medidas de prueba para establecer si las operaciones con Bitcoin con las que el exjefe de Gabinete justifica casi US$600.000 en efectivo fueron realmente suyas. Le encargó al Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) un informe que responda 29 preguntas sobre quién controló esas cuentas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, según supo TN de fuentes judiciales.

El pedido llega un día después de una primera verificación. Ayer, en la sede de la Fiscalía Federal N° 11, a cargo de Gerardo Pollicita, se comprobó que las ocho direcciones de Bitcoin que aportó la defensa existen y que sus movimientos coinciden con los que informó Adorni. También certificó que sus abogados tienen hoy las claves de acceso a esas cuentas.

Cada dirección de Bitcoin funciona como una cuenta y solo puede operarla quien tiene la clave privada. Quien tiene hoy esa clave puede demostrarlo, pero eso no prueba que la haya tenido siempre: las claves se pueden transferir y una persona puede obtener cuentas con operaciones ya registradas. Las nuevas preguntas de la fiscalía apuntan a despejar esa posibilidad.

La fiscalía les preguntó a los especialistas si existe alguna herramienta técnica para establecer desde cuándo alguien tiene las claves, o para comprobar si quien las tiene hoy es la misma persona que manejó las direcciones entre 2014 y 2018. También consultó si las firmas digitales de ayer acreditan un control exclusivo o compartido de las claves, y si es posible producir una firma válida sin tenerlas.

En la verificación de ayer, los abogados de Adorni firmaron en cada dirección un “mensaje de desafío” generado por la fiscalía. El método permite demostrar que alguien tiene la clave de una cuenta sin revelarla. Los defensores usaron las claves privadas que Adorni había entregado antes ante escribano, en un sobre cerrado, y técnicos del Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA confirmaron que todas las firmas eran válidas. Todo quedó filmado y registrado en un acta, y las claves se volvieron a guardar en un sobre lacrado sin que nadie las viera.

En su respuesta al requerimiento de justificación patrimonial que le hizo la fiscalía en agosto, Adorni sostuvo que obtuvo US$591.544 con operaciones de Bitcoin. Según su presentación, hizo una primera inversión en 2014 y otra cercana a US$200.000 en 2017, compró las criptomonedas en encuentros presenciales con vendedores y las vendió en efectivo, por fuera de plataformas reguladas. Dijo además que guardó el dinero en su domicilio hasta diciembre de 2023.

En paralelo, Pollicita pidió a principios de esta semana reconstruir los ingresos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde que fueron mayores de edad, levantar el secreto fiscal y relevar compras de moneda extranjera entre 2011 y 2015, entre otras medidas. La causa tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Las nuevas pruebas que pide la fiscalía

Uno de los puntos del pedido resume el estado de la investigación. La fiscalía señala que las direcciones se quedaron sin saldo entre el 26 de marzo de 2017 y el 11 de septiembre de 2018. También dice que los movimientos registrados coinciden con los que informó la defensa y que la verificación criptográfica dio resultado positivo. Con esos elementos, les pregunta a los técnicos si es “técnicamente compatible” que el imputado haya controlado las direcciones mientras funcionaron. Y, en contrapartida, si existe alguna medida que permita afirmar con certeza que en ese período las manejaba otra persona.

El informe también tiene que analizar los 41 movimientos registrados en las ocho direcciones: si los pudo haber hecho una sola persona, si necesariamente intervino un tercero y si el registro público de Bitcoin, la llamada “blockchain”, tiene algún dato que identifique a quien controlaba las cuentas en ese momento. La fiscalía pregunta en particular si hay alguna forma de identificar quién depositó fondos en 2014 en cinco de las ocho direcciones. Según el pedido, en esas operaciones no aparecen conexiones con plataformas de intercambio.

Otra parte del cuestionario apunta a cómo se generaron y se guardaron las claves. Los investigadores también quieren saber si todavía se pueden rastrear las conexiones a internet desde las que se hicieron las operaciones.

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El pedido incluye preguntas sobre las plataformas de intercambio de criptomonedas y consulta qué tan confiables son las herramientas comerciales que vinculan direcciones de Bitcoin con plataformas y si sus resultados son auditables por terceros.

Por último, pidió precisiones sobre el marco legal de la época. Pregunta qué normas regían en la Argentina para las operaciones con monedas virtuales entre 2014 y 2018, qué alcance tenía la Resolución 300/2014 de la Unidad de Información Financiera (UIF), desde cuándo existe el registro de proveedores de servicios de activos virtuales de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y cuándo incorporó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estándares específicos para estos proveedores.

Manuel Adorni, bitcoins

gran respeto como jurista.,Hernán Cappiello,Corte Suprema de Justicia,Conforme a

La Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó que los tribunales laborales y no el fuero civil federal son los competentes para resolver la disputa sobre la validez de las autoridades de la obra social de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato industrial más grande de la Argentina, en un fallo que representa otro revés judicial para Abel Furlán, el desplazado líder gremial, en la disputa abierta por la conducción de la organización.

La resolución, firmada por los jueces Florencia Nallar, Juan Perozziello Vizier y Fernando Uriarte, confirmó la decisión que había declarado incompetente al fuero Civil y Comercial Federal para intervenir en la causa iniciada por Furlán contra el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri, y ordenó que el expediente sea remitido a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para su radicación y posterior tramitación.

La disputa se originó cuando Furlán promovió una acción meramente declarativa —un mecanismo procesal que busca despejar una incertidumbre jurídica sin necesidad de un daño consumado— para que se reconociera la validez y legalidad de las autoridades electas de la obra social. La maniobra buscaba contrarrestar una decisión previa: la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había declarado nula esa misma elección del 18 de marzo y designado un interventor para la UOM.

El tribunal rechazó el argumento de Furlán de que la obra social no participó en el proceso laboral conexo y de que su situación se rige por el régimen federal de obras sociales y no por la Ley N° 23.551 de Asociaciones Sindicales. Para la Sala I, ese vínculo sustancial entre ambas causas era precisamente el que activaba el principio de perpetuatio jurisdictionis, regla procesal según la cual el juez que primero tomó contacto con los hechos de un caso mantiene prioridad para resolver las cuestiones vinculadas con el fin de garantizar coherencia y economía en la decisión.

El tribunal señaló que el desplazamiento de competencia por conexidad no equivale a una acumulación de procesos, figura que sí exige que los juicios se encuentren en etapas procesales comparables.

Destacó que la conexidad, en cambio, opera aun cuando uno de los procesos ya tenga sentencia dictada —aunque no firme, como ocurre en este caso con la causa del fuero laboral— porque su objetivo no es evitar fallos contradictorios sino concentrar ante un mismo juzgado los expedientes con comunidad de intereses.

El dictamen del Fiscal General ante la Cámara aportó un dato que el fallo recoge con peso particular: al momento de la resolución, 5 recursos de queja se encontraban en trámite ante la Corte Suprema, todos derivados del mismo conflicto electoral en la UOM.

Fueron presentados, en forma separada, por la propia UOM, la Junta Electoral Nacional de la UOM, los integrantes del Secretariado Nacional elegido el de marzo —entre ellos el propio Furlán junto a Pablo Molina, Rubén Urbano, Esteban Cabello y Oscar Martínez—, la Lista Violeta y Azul, y los abogados Álvaro Ruiz, Matías Cremonte y Carlos D. Zamboni Siri.

Ese cuadro de litigiosidad simultánea reforzó el criterio del tribunal: permitir que un juzgado federal civil avanzara sobre el mismo objeto ya examinado por el fuero laboral implicaría que un magistrado ingresara al conocimiento de un asunto que tramita ante otro juez, práctica que la Corte Suprema ha vedado de manera reiterada.

La resolución representa otro capítulo en la batalla judicial alrededor de la conducción de la UOM y de su obra social. Por ahora, el expediente iniciado por Furlán no seguirá su trámite en la Justicia Civil y Comercial Federal sino ante la Justicia Nacional del Trabajo, en línea con el proceso previo que ya había intervenido sobre la elección del secretariado nacional del gremio.

Abel Furlán,Unión Obrera Metalúrgica,sindicalismo