La Justicia de Córdoba investiga la muerte de un hombre de 60 años. Según trascendió, la víctima habría tenido una pelea con su hijo ocurrida durante la noche del viernes en una casa del barrio Centro América. Por este motivo, el joven, de 28 años, fue detenido en el lugar.

El episodio se registró en una casa situada sobre la calle Toco Toco al 2400. Según la información difundida por la Policía provincial, padre e hijo habrían mantenido una discusión que escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico.

Tras un aviso al sistema de emergencias, el personal médico se presentó en el domicilio y confirmó que el hombre había muerto. Además, los profesionales también advirtieron que tanto la víctima como su hijo presentaban lesiones y cortes.

Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la gravedad de las heridas que tenía cada uno ni sobre las circunstancias en las que se produjeron. Esos elementos serán analizados durante la investigación judicial.

Luego de la intervención policial, el hijo de la víctima fue detenido en la vivienda bajo la sospecha de que hubiera cometido un parricidio. Según la información obtenida por El Doce.tv, la causa busca reconstruir la secuencia del hecho, determinar qué ocurrió durante la discusión y establecer las responsabilidades penales.

El expediente está a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3, Turno 1, conducida por el fiscal Andrés Godoy. Entre las medidas previstas se encuentra el relevamiento de las pruebas disponibles y la incorporación de los informes médicos y forenses.

No obstante, aclararon que la calificación legal del caso dependerá de los resultados de esas actuaciones. Si se comprobara la participación del detenido en la muerte de su padre, la causa podría ser investigada como un homicidio agravado por el vínculo.

Absolvieron a una joven que mató a su padre en Córdoba

La Cámara del Crimen de Río Tercero absolvió a Yenifer Raimondo por la muerte de su padre, Atilio Raimondo, al considerar que actuó en legítima defensa y que el caso debía analizarse con perspectiva de género. La resolución fue unánime y puso fin al proceso penal que se inició tras el hecho ocurrido en enero de 2025 en la localidad de Almafuerte.

La sentencia evaluó el contexto de violencia intrafamiliar que, de acuerdo con los elementos discutidos en el juicio, atravesaba la joven desde su infancia. Fue así que el tribunal concluyó que la amenaza contra Raimondo no se limitaba a un hecho aislado, sino que formaba parte de una situación persistente de maltrato y abusos.

Atilio Raimondo, de 60 años, murió tras recibir una herida de arma blanca durante la madrugada del 2 de enero de 2025. El episodio ocurrió en una vivienda de una zona rural de Almafuerte, en el departamento Tercero Arriba.

Luego del hecho, Yenifer Raimondo fue detenida e imputada inicialmente por homicidio calificado por el vínculo, una figura que contempla penas más graves por la relación familiar entre víctima y acusada. La joven permaneció privada de la libertad durante 13 días.

Con el avance de la investigación, la Fiscalía modificó la acusación y pasó a sostener que se había tratado de un homicidio cometido en estado de emoción violenta. Bajo esa figura, había solicitado una pena inferior a tres años de prisión de ejecución condicional.

La defensa de Raimondo, encabezada por el abogado Carlos Pajtman, sostuvo durante el proceso que la joven había padecido violencia física y abusos sexuales por parte de su padre desde pequeña. Para fundamentar el planteo, presentó testimonios de familiares y allegados, además de informes psicológicos y psiquiátricos.

Según expuso la defensa, el episodio ocurrió después de un nuevo requerimiento sexual del hombre. El letrado afirmó que ese hecho actuó como detonante en un escenario de agresiones acumuladas y de una situación de vulnerabilidad sostenida.

El tribunal valoró ese contexto al momento de analizar si existían alternativas para que la joven pudiera resguardarse. Los magistrados consideraron que la agresión no podía examinarse de forma separada de los antecedentes de violencia que fueron incorporados al debate.

Por este motivo, los jueces y jurados populares descartaron que hubiera existido una acción planificada para matar al padre. En cambio, entendieron que la acusada reaccionó frente a un peligro que se mantenía en el tiempo.

Entre los elementos considerados en el fallo figura que, después de recibir la herida, el hombre habría intentado acceder a armas para amenazar nuevamente a su hija. Ese dato reforzó la valoración de una situación de riesgo inmediato, según los fundamentos de la sentencia.

La absolución implica que Raimondo recuperó su libertad plena y que la causa queda cerrada. El fallo de la Cámara del Crimen de Río Tercero aplicó la legítima defensa con perspectiva de género a partir de las circunstancias particulares acreditadas durante el juicio.

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Una de las razas de perros más reconocidas es el bulldog francés, que destaca por ser pequeño, tener orejas puntiagudas y un hocico achatado. Si bien pueden resultar muy atractivos, el educador canino Manuel Balibrea advirtió que pueden presentar distintos problemas de salud.

De acuerdo con el especialista, su hocico achatado es precisamente una de las características que pueden afectar su calidad de vida. Algunos ejemplares pueden tener dificultades para respirar y descansar, lo que afecta su bienestar físico y su manera de comportarse.

Qué dijo Manuel Balibrea sobre los problemas de salud del Bulldog Francés

“Muchos de estos perros no respiran bien, no descansan, no se recuperan bien y viven con dolor crónico”, aseguró Balibrea, según recogió Vozpópuli. Estas dificultades, según detalló, se vinculan directamente con la salud del animal.

Cuando un perro no puede descansar de manera adecuada, es posible que presente dificultades para regular sus reacciones. Por eso, algunos bulldogs pueden ser más irritables o reaccionar de manera exagerada ante ciertos estímulos.

Uno de los principales problemas de esta raza está relacionado con su hocico corto, una característica definitoria de los perros braquicéfalos. Esta anatomía puede provocar un estrechamiento de las vías respiratorias, lo que dificulta el ingreso del aire al sistema del animal.

TNS

A Daniel —nombre ficticio para preservar su identidad— le dijeron que había ganado un premio de telefonía satelital 4G. Durante casi un año, él y su pareja hicieron transferencias, sacaron un crédito y, sin más dinero ahorrado, hasta enviaron por encomienda tres electrodomésticos. Así perdió entre $9 millones y $10 millones.

Detrás de ese supuesto premio, según la requisitoria de elevación a juicio presentada por el fiscal federal Franco Picardi, había una organización que operaba desde el Establecimiento Penitenciario N°7 de San Salvador de Jujuy. Los acusados también son investigados por hacerse pasar por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, para obtener datos de detenidos y sus familiares, pedir dinero por falsas fianzas y ofrecer premios inexistentes.

La maniobra contra “Daniel” comenzó en octubre de 2024. Una persona que decía llamarse Matías Pérez, supuesto director de una empresa, le comunicó que había sido elegido para recibir el premio. Para recibirlo, dijo, debía pagar una serie de gastos. Después aparecieron otros interlocutores: un presunto abogado de apellido Rozetti, una mujer identificada como “Laura” y alguien que se presentó como Horacio Rosatti.

“Seguimos al corriente de ello creyéndole de que ese premio era verdad”, declaró la víctima ante la Justicia. El dinero, explicó, era requerido bajo conceptos cambiantes y sin que le precisaran un monto final. “Nos faltaba esto y nos faltaba otra cosa para pagar”, recordó.

Una de las comunicaciones incorporadas al expediente, fechada el 23 de noviembre de 2024, comienza con un hombre que se dirige a él por su nombre y afirma: “Habla el Dr. Horacio Rosatti”. Le pide que tenga el dinero cargado en una cuenta de Mercado Pago de su pareja y le anticipa que luego le informaría adónde debía enviarlo.

Al día siguiente, según otro audio sumado a la causa, el interlocutor le dio una instrucción concreta: debía enviar dinero a una cuenta a nombre de Rita Elizabeth Ayllón, la ex pareja de Ramón Atilio Ríos, uno de los imputados del caso. También le exigió que enviara el comprobante en forma directa y no a una supuesta secretaria.

La fiscalía vinculó esa indicación con una transferencia de $49.900 que realizó la pareja de la víctima el 25 de noviembre de 2024 a una cuenta de Naranja Digital a nombre de Ayllón.

Las víctimas hicieron otros tres envíos: $250.000 el 15 de noviembre de 2024, $200.000 el 28 de noviembre y $118.700 el 2 de diciembre. Esos pagos, por $618.600 en total, llegaron a cuentas de Marilina Paola Arjona, pareja de Cristian Mariano Ariel Acho, otro de los acusados.

El expediente también incorporó conversaciones halladas en un teléfono Samsung Galaxy A01, secuestrado el 3 de diciembre de 2024 dentro de un colchón de una celda del penal jujeño. De acuerdo con la acusación, desde ese aparato se hicieron llamados a víctimas y a dependencias de seguridad bajo identidades falsas.

En uno de los audios, fechado el 19 de noviembre de 2024, el usuario del teléfono le dice a su pareja que se levantó “para tirar números, para ver si choreo algo”, mientras pasaba sus horas en la cárcel.

En el mismo celular había audios dirigidos a Daniel, comprobantes de las transferencias, fotografías de su documento y registros de las líneas que utilizaba con su pareja. Las comunicaciones no se detuvieron incluso después de los allanamientos de diciembre de 2024.

Una línea registrada a nombre de Sebastián Ariel López, otro de los presos acusados, hizo cuatro llamadas a la víctima en enero de 2025, según los informes telefónicos citados en la requisitoria. La fiscalía sostiene que López y su cómplice Walter Rodrigo Vargas se ocupaban, entre otras tareas, de la guarda, el intercambio y el ocultamiento de celulares y tarjetas SIM dentro del penal.

Daniel contó que, ante la falta de dinero, él y su pareja buscaron otras formas de cumplir con los pedidos. Ella sacó un crédito bancario y ambos enviaron tres electrodomésticos por encomienda, valuados en alrededor de $1,8 millones cada uno. También vendieron teléfonos para reunir fondos.

“Nosotros somos personas de bajos recursos”, declaró. Agregó que dejó de enviar pagos hacia fines de agosto de 2025, cuando las exigencias se volvieron imposibles de sostener.

En medio de la estafa, los delincuentes, además, le exigieron que cambiara su número de teléfono y el de su pareja. La falsa excusa fue que las líneas podían estar intervenidas o ser objeto de un hackeo.

Otro dato incluido en el requerimiento conecta a la víctima con la estructura de comunicaciones atribuida a la banda. A nombre de Daniel se registraron 11 números telefónicos que operaron en equipos usados por la organización, entre ellos uno desde el cual se llamó el 27 de enero de 2025 a la Guardia de Prevención de Gendarmería Nacional.

En ese contacto, quien atendió dijo ser Horacio Rosatti y pidió información sobre personas detenidas y sus familiares; esta era la modalidad principal de la banda para reunir datos útiles para estafas y extorsiones.

El fiscal Picardi pidió que Acho, Ríos, López y Vargas sean enviados a juicio oral por asociación ilícita, usurpación de autoridad, dos hechos de estafa y extorsión mediante simulación de autoridad pública. En el caso de Acho, la acusación limita su intervención hasta el 10 de agosto de 2025, fecha en la que salió de esa unidad penitenciaria.

La requisitoria, firmada el 4 de noviembre, también pidió investigar la posible participación de Arjona, Ayllón y Celeste Isabel Giménez, cuyas cuentas habrían recibido o canalizado parte del dinero obtenido en las maniobras.

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