POLITICA
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y se empezó a normalizar la distribución de bebidas en Capital y Gran Buenos Aires
La distribución de bebidas en Capital y Gran Buenos Aires se empezó a normalizar en las últimas horas luego de que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen las empresas del sector y el Sindicato de Camioneros, que provocaron los primeros indicios de desabastecimiento en los comercios.
El trabajo a reglamento que realizaba el gremio que lideran Hugo Moyano y su hijo Pablo, en reclamo del pago del presentismo y el aumento de los adicionales para los choferes y los ayudantes, derivó en estos últimos días en entregas incompletas, faltantes de productos y demoras en la distribución, con las consecuentes quejas de los comerciantes de las zonas afectadas.
Ahora, a partir de la conciliación obligatoria, empresarios y sindicalistas deben “retrotraer la situación” al estado previo al conflicto, es decir: Camioneros debe levantar toda medida de fuerza y prestar tareas normalmente; las empresas no pueden tomar represalias ni alterar las condiciones habituales de trabajo y la ley prevé sanciones para las partes si incumplen estas condiciones.
Las negociaciones que comenzarán el martes próximo en la Secretaría de Trabajo se extenderán durante 15 días, que podrán prorrogarse otros 5 si no hay acuerdo. Luego, empresarios y sindicalistas quedarán liberados para tomar las medidas que consideren necesarias.
Hace 24 horas, fuentes empresariales aseguraron a Infobae que los camiones de distribución regresaban a sus depósitos con entre 20% y 50% de la carga sin entregar, en un problema que generaba faltantes de productos y un aumento de reclamos de numerosos clientes en Capital y Gran Buenos Aires.
De acuerdo con estas fuentes, los camiones estaban realizando una sola salida por jornada y parte del stock ni siquiera salía del depósito, lo que reducía el volumen efectivamente distribuido en los comercios.
La situación afectó de forma creciente a la cartera de clientes en el área metropolitana, donde se registraron quejas por la falta de entrega de bebidas y se pidió resolver con urgencia el conflicto que interrumpía el abastecimiento de estos productos.
La Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (CADIBSA) advirtió este miércoles en un comunicado que el reclamo impulsado por el gremio “está generando dificultades en el normal abastecimiento de bebidas en distintos puntos del país”.
La entidad sostuvo que las empresas de transporte y distribución “trabajan con responsabilidad y de manera coordinada” para buscar una solución y “minimizar su impacto sobre la cadena de abastecimiento”.
Por su parte, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, afirmó que la demanda consiste en el pago del presentismo y el aumento de los adicionales para los choferes y los ayudantes de este sector y se quejó de que los empresarios “siguen haciéndose los boludos, siguen mirando para otro lado y no atienden el reclamo legítimo que estamos llevando adelante”.
En un video publicado en el sitio del gremio, el hijo de Hugo Moyano dijo que finalizó sin resultados positivos una reunión virtual con las empresas Coca-Cola, Quilmes y CCU (Compañía de Cervecerías Unidas), y puntualizó: “Seguimos con el día décimo trabajando como marca nuestro convenio colectivo de trabajo”.
En la misma declaración, Moyano sostuvo que “cualquier desabastecimiento que haya de estos productos de Coca-Cola, Quilmes, agua, es responsabilidad de estas empresas, que son las dadoras de carga”.
El sindicalista ya había denunciado días atrás una disparidad en las liquidaciones salariales en plantas de distribución de bebidas por el esquema de contratación y reclamó la equiparación de adicionales para evitar “trabajadores de primera y de segunda categoría” en la actividad.
Según detalló, Quilmes paga el premio por asistencia al personal propio de línea directa y de depósitos centrales, pero excluye a los choferes que trabajan para centros concesionarios externos, y lo atribuyó a una “ingeniería contable” aplicada de forma unilateral por las empresas.
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POLITICA
El misterio de un video desaparecido reflota la causa contra Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito
El misterio de un supuesto video desaparecido reflotó en las últimas semanas la causa en la que se investiga al exintendente Martín Insaurralde por supuesto enriquecimiento ilícito, tres años después de su paseo en el yate El Bandido por las aguas del Mediterráneo junto con su acompañante Sofía Clérici.
Esta vez se trata de un material del que se habló en el programa de televisión ¿La Ves?, que conduce por TN el periodista Jonatan Viale. Según se relató allí, se trataría de una filmación de la exesposa de Insaurralde, Jesica Cirio, en lo que era el vestidor de la casa que ambos compartían en San Vicente. Allí se la vería a Cirio rodeada de fajos de dólares.
En el programa se mencionó que ese video lo habría visto el periodista Diego Suárez y que habría accedido a ese contenido porque se lo mostró Elías Piccirillo, también exmarido de Cirio y actualmente con arresto domiciliario. Piccirillo está acusado de armarle una causa a un exsocio suyo y es investigado por maniobras con el dólar blue durante el cepo.
De ese mundo donde se juntan la farándula y el crimen, en ocasiones de índole extorsiva, partió la versión recogida luego por la TV de la existencia de este video que interesó al fiscal Sergio Mola, quien investiga a Insaurralde por sus bienes. En esa causa también están siendo investigadas Cirio y Clerici.
El fiscal Mola, ante lo que escuchó por TV, pidió al juez federal Luis Armella que cite a declarar al periodista Suárez para indagar acerca de la existencia del supuesto video.
El juez hizo lugar y dispuso escucharlo bajo juramento de decir la verdad el próximo 25 de junio a las 11 de la mañana.
Armella también pidió a Artear, la empresa dueña de la señal TN, datos o directamente el video, en caso de que lo tuvieran.
El juez dijo en su resolución que quiere que el periodista declare “a fin de que detalle todo cuanto sepa sobre el video en el que se observaría a Jesica Wanda Judith Cirio “filmándose” “en la época en donde ella seguía con Martín Insaurralde”, antes de la “remodelación de la casa” que sería “de San Vicente”, donde abriría un cajón y mostraría “fajos de dólares termosellados”.
Artear dijo no tener ese material y Suárez ahora deberá comparecer ante el juez.
Viale aseguró que, según Suárez, Cirio cuenta “millones de dólares” y que no solo hay un video, sino dos. “Y esa información lo que marca es que no sería un solo video, sino dos. Y que el segundo video se habría desarrollado en uno de los ambientes de esta casa. O sea, el primer video sería el vestidor, como hablamos hace un ratito, con millones de dólares y un segundo video en una mesa de madera», agregó el conductor.
Las defensas de Sofía Clerici y de Insaurralde pidieron la nulidad de estas medidas de prueba porque, según argumentaron, implicarían violar el secreto de la fuente periodística.
El juez rechazó esa solicitud y dejó firme la declaración testimonial, un día después de que lo hiciera el contador Walter Dardo de la Fuente sobre la firma de los balances de la empresa Sasaxa Libero S.A., investigada en el caso.
Ahora se sabe que los rumores sobre la existencia de este supuesto video son de vieja data. Fuentes cercanas al caso dijeron que los primeros datos aparecieron cuando se separaron Insaurralde y Cirio.
En plena negociación de la división de bienes, abogados mediante, se habló de que existían estas imágenes.
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El Gobierno enviará al Congreso cambios a la Ley de Inocencia Fiscal para atraer los dólares del colchón
El Gobierno planea enviar la semana que viene al Congreso cambios a la Ley de Inocencia Fiscal para intentar atraer los dólares del colchón. En el Ejecutivo aseguran que las modificaciones se impulsarán por ley y sostienen que los equipos técnicos están ultimando detalles para remitir el proyecto en los próximos días.
En la Casa Rosada reconocen que el régimen no obtuvo el resultado que esperaban. La lectura interna es que la herramienta generó adhesiones, pero todavía no produjo el volumen de exteriorización ni de ingreso de fondos al circuito formal que buscaba el Ministerio de Economía. Es por eso que Luis Caputo decidió avanzar con cambios después de reunirse con contadores y tributaristas que marcaron objeciones técnicas sobre el alcance del esquema.
En Balcarce 50 apuntan a reforzar la seguridad jurídica del régimen y ampliar los incentivos para que los contribuyentes usen fondos no declarados o fuera del sistema sin quedar expuestos a revisiones fiscales hacia atrás. En Economía insisten en que no se trata de un blanqueo tradicional ni de una amnistía, sino de un sistema que cambia la lógica de fiscalización: menos “presunción de culpabilidad fiscal” y más confianza en la declaración del contribuyente.
La base de la Ley de Inocencia Fiscal es el Régimen Simplificado de Ganancias. Bajo ese esquema, ARCA precarga la declaración jurada con la información disponible, el contribuyente puede aceptar o corregir los datos y el cálculo se concentra en ingresos y gastos deducibles, sin poner el foco inicial en la evolución patrimonial ni en consumos personales.
El beneficio central es el llamado “tapón fiscal”. Si el contribuyente adhiere al régimen, presenta la declaración y paga en término, obtiene efecto liberatorio por el período fiscal base y una presunción de exactitud sobre declaraciones de Ganancias e IVA de períodos no prescriptos. En la práctica, eso limita la posibilidad de que el fisco vuelva sobre ejercicios anteriores, salvo que detecte inconsistencias relevantes.
Entre los puntos que se analizan en la discusión técnica aparece el margen para corregir declaraciones juradas sin perder automáticamente los beneficios del régimen. En el Gobierno reconocen que parte de las dudas de contadores y tributaristas pasa por el riesgo de que una inconsistencia formal, una diferencia de criterio o un error detectado por ARCA termine dejando al contribuyente fuera del esquema y habilite revisiones más amplias sobre períodos anteriores.
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La normativa vigente prevé la caída de beneficios si el organismo detecta una discrepancia significativa. Por eso, una de las alternativas bajo estudio es ampliar las instancias de rectificación y pago de diferencias antes de que el contribuyente pierda la presunción de exactitud y el efecto liberatorio. En Economía creen que ese punto puede ser clave para reducir el temor de quienes tienen fondos fuera del sistema.
Otro eje bajo revisión es el alcance del universo de contribuyentes que puede adherir. El régimen vigente fija topes de ingresos y patrimonio para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias. En los equipos que siguen la discusión admiten que esos límites forman parte de los puntos observados por especialistas, aunque todavía evitan confirmar cuál será la redacción final del proyecto.
También aparece en análisis la actualización de umbrales vinculados a reclamos o discusiones tributarias, con el argumento de que algunos montos quedaron desactualizados por la inflación. En Economía buscan que la reforma reduzca zonas de incertidumbre y mejore los incentivos para que más contribuyentes entren al régimen, pero remarcan que los detalles técnicos todavía están siendo terminados.
ARCA ya había instrumentado la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias y habilitó el trámite online para personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan los requisitos. El mecanismo se realiza con clave fiscal, a través del Sistema Registral, y debe ratificarse para el período fiscal correspondiente. Además, el organismo prorrogó los vencimientos de Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular hasta fines de julio.
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Esa prórroga le dio al Gobierno más tiempo para enviar la reforma al Congreso y buscar su tratamiento antes de que venza el plazo operativo del régimen. Caputo ya había anticipado públicamente que ARCA extendería los vencimientos después de una reunión con contadores, que reclamaban más tiempo para revisar la información precargada y evaluar el impacto del sistema sobre cada contribuyente.
El Ministerio de Economía considera que la reforma puede ayudar a relanzar una de sus apuestas para los próximos meses: que una parte de los dólares guardados fuera del sistema vuelva al circuito formal y empuje actividad. En el equipo económico vinculan ese objetivo con otras medidas orientadas a sostener el crecimiento, como la obra privada en rutas, el avance de concesiones y la implementación de reformas productivas.
Gobierno, Congreso, Dólares
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Funcionario de Milei y Alberto Fernández. Hallaron más de US$650.000 y droga en el departamento del extitular de Arsat y el Orsna: está detenido
Facundo Leal, extitular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, expresidente de ARSAT y actual funcionario de la empresa pública, fue detenido el miércoles durante un allanamiento en su departamento de Palermo, según pudo saber .
Los agentes encontraron cerca de US$650.000 en efectivo junto a monedas de otros seis países, ketamina, drogas sintéticas en distintas presentaciones y cocaína.
Leal presidió ARSAT entre 2022 y junio de 2025, la empresa estatal que administra infraestructura crítica de telecomunicaciones y servicios satelitales. Luego fue designado por el gobierno de Javier Milei al frente del ORSNA, el organismo que regula y supervisa el sistema aeroportuario nacional, cargo que ejerció hasta enero de este año.
Allí adquirió un papel de gran relevancia dentro de la secretaría de Transporte. Algunos incluso lo apuntaban como una especie de jefe de Gabinete de Luis Pierrini, el exsecretario que dejó su cargo en enero, al mismo tiempo que Leal.
Al momento de su detención, seguía figurando en la nómina de empleados de ARSAT. Fuentes cercanas explicaron que es planta permanente
La investigación no lo tenía como objetivo original. Tampoco tenía al narcotráfico ni al dinero en efectivo como hipótesis de trabajo. Lo que motivó la causa fue una investigación lanzada originalmente por el robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT, iniciada cuando comenzó la gestión de Milei, que cayó en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli y en la fiscalía de Fernando Domínguez.
A medida que avanzaron las medidas de prueba, el expediente fue incorporando nuevas líneas de análisis.
Los cruces de información llevaron a los investigadores a ampliar el alcance de la causa, al detectar indicios de potencial corrupción en los contratos de la empresa, dentro de los teléfonos secuestrados.
El resultado fue una batería de entre 12 y 15 allanamientos simultáneos ejecutados esta semana en distintos puntos.
Uno de esos domicilios era el de Leal.
El operativo se realizó en su departamento de Palermo. Lo que los agentes encontraron dentro del departamento no guardaba relación directa con el robo de equipos que había originado todo. Al menos, no de manera evidente.
Las sustancias estupefacientes secuestradas fueron las siguientes: casi 300 gramos de ketamina y cristal MDMA, más de 70 pastillas de MDMA y una cantidad indefinida de cocaína. Además, la policía halló más de US$650.000 en efectivo, alrededor de 2.000.000 de pesos argentinos, pero también pesos uruguayos, mexicanos, colombianos, reales, euros y hasta chelines tanzanos.
La variedad de monedas abrió una línea de investigación propia. No se trata solamente de una suma elevada de dinero en efectivo, sino de divisas de al menos siete países distintos almacenadas en un departamento privado, sin que hasta el momento exista una explicación oficial sobre su origen o su destino.
El operativo también produjo el secuestro de una cantidad significativa de elementos que serán sometidos a peritaje: teléfonos celulares, notebooks, un iPad, pendrives y un smartwatch. Se incautó además documentación considerada relevante para la causa. Entre los objetos secuestrados hubo una balanza, bolsas tipo ziploc, cucharas para consumo de sustancias y un vapeador con aceite de cannabis.
Leal quedó detenido y se le tomó declaración.
Como figura dentro del Estado, ocupa cargos hace casi 20 años. Recientemente, operó como articulador político dentro del entorno del ex secretario de Transporte. En la práctica, afirman, intervenía en decisiones de gestión, negociaciones internas y articulaciones entre organismos que excedían las responsabilidades formales de cualquiera de los cargos que ocupó.
Pierrini y Leal renunciaron en enero, presuntamente “invitados” a hacerlo por haber utilizado una aeronave del entorno del empresario Toviggino para viajar a Barcelona. Según publicó Carlos Pagni, usaron el mismo avión que trajo a Nahuel Gallo a la Argentina.
Ambos funcionarios, además, eran identificados en el sector como algunos de los funcionarios más cercanos a Leonardo Scatturice, el empresario dueño de Flybondi, protagonista de la polémica llegada de un avión de su presunta propiedad sin que los organismos de control chequeen el contenido de diez valijas y, además, muy cercano a Santiago Caputo.
Tras la salida de Leal, el gobierno colocó en el ORSNA a Noelia Ruiz, parte del equipo más cercano del asesor presidencial.
La coincidencia no es menor. Pierrini secunda a Daniel Vila en el club Independiente Rivadavia, de Mendoza. Vila –como destacó Pagni– tiene varias unidades de negocio. Una de ellas: Casa Mar, un balneario en Pinamar adornado con publicidad de Flybondi.
Camila Dolabjian,Conforme a
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