DENVER — Congressional Democrats are heading into the next two years with a choice: focus on investigating President Donald Trump and his administration or look for ways to work with him to deliver results for Americans.

The party, after sweeping pickups in last week’s midterms, right away warned Trump and Republicans to «lawyer up» and in the following days began outlining investigations into the administration, including its handling of immigration enforcement, the president’s business interests and the Justice Department’s actions.

But newly elected Democrats and strategists at the «What’s Next» conference in Denver told Digital that their party should seek opportunities to work with Trump.

The new guard argues that voters who elected them into office want to see results over partisan fights.

‘LAWYER UP’: DEMS IMMEDIATELY PUT TRUMP ON NOTICE AMID REPUBLICANS’ MIDTERM BLOODBATH

Hosted by Majority Democrats, the conference brought Democratic leaders, strategists and rising figures together to discuss the party’s direction after the midterms. Organizers billed it as an independent conversation about what Democrats should do next.

Iowa Gov.-elect Rob Sand cautioned his party against making investigations and impeachments the focus of its new political momentum, particularly when the underlying issues have already been reported.

Asked what he did not want Democrats to do as they take office, Sand said he did not want to see them «throwing bombs» at Republicans. Voters, he said, need public servants focused on improving their lives.

«There are people who are really struggling right now, whose lives have been ruined by high gas prices, by all kinds of policy choices, and they need results,» Sand told Digital. «They need public servants who are actually trying to serve the public.»

BERNIE SANDERS WARNS DEMOCRATS NOT TO SPEND ALL THEIR TIME INVESTIGATING TRUMP

Sand said he questioned the value of investigating matters already covered by the media instead of pursuing work that could help ordinary people. Asked if that meant working with the Trump administration, he said yes.

«He’s there, he was put there two years ago. He’s gonna be there another two years,» Sand said. «You don’t get to pick and choose who you work with. The people do.»

Sen.-elect James Talarico, D-Texas, called on Democrats to focus on what they can accomplish now, even as they push for longer-term reforms.

«Some of these reforms may not pass until 2029, but the American people cannot wait two years for change,» Talarico said. «We must work with President Trump.»

He urged Democrats to make the Republican president’s final two years in office «the most productive of any presidency in American history.»

Talarico, who became the first Democrat in nearly four decades to win a statewide election in Texas, also warned against getting «bogged down in the same petty fights.»

«The American people are demanding change, and in this election, they chose our party to deliver it,» Talarico said.

Democratic strategist Lis Smith offered a related caution, saying the election was «largely a referendum on Donald Trump and less a validation of Democrats and their policies.»

Smith, a senior advisor for Majority Democrats, said the party still needs to earn voters’ trust and should focus on costs and corruption rather than treating their wins as a mandate for policies they did not campaign on. She also said that Democrats didn’t sweep because of their winning message, but rather because fed-up voters cast their ballots as a rebuke of Trump and his policies.

«We should not read into these election results as a mandate for far left policies advocated only by a handful of candidates,» Smith emphasized.

VOTERS PUNISHED THE GOP OVER COSTS; NOW, DEMOCRATS FACE THE AFFORDABILITY TEST

And it appears many voters agree.

A Reuters/Ipsos poll published this month indicated that nearly three-quarters of Americans wanted Democratic leaders in Congress to make a concerted effort to work with the president.

politics, democrats senate, midterm elections, republicans elections, donald trump

El Niño comienza en el océano Pacífico, pero sus consecuencias cruzan fronteras, sectores productivos y vidas cotidianas en todo el mundo. Cuando la superficie marina del Pacífico ecuatorial central y oriental eleva su temperatura, cambia la circulación atmosférica y modifica los patrones de lluvia en extensas regiones.

Algunas zonas reciben tormentas e inundaciones; otras, sequías, olas de calor y escasez de agua. Sin embargo, el alcance del fenómeno supera los pronósticos meteorológicos.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierte que el episodio de 2026-2027 podría ubicarse entre los más intensos desde 1950. Sus proyecciones prevén persistencia hasta, al menos, febrero de 2027, con temperaturas marinas que podrían superar en 3,7 ℃ el promedio en la región Niño 3.4 durante el trimestre octubre-diciembre.

Los expertos en clima indican que el Niño no produce un efecto uniforme ni inevitable: aumenta probabilidades y agrava vulnerabilidades preexistentes.

Un período seco puede afectar de modo distinto a una ciudad con reservas de agua y a otra con redes deterioradas; una crecida no deja las mismas secuelas donde existen sistemas de alerta, drenaje y atención sanitaria que donde esos recursos faltan. Por eso, sus impactos más profundos surgen fuera del registro de lluvias y temperaturas.

La economía, la salud pública y la estabilidad social forman una cadena. Una cosecha dañada reduce ingresos rurales y disponibilidad de alimentos; luego presiona precios, limita dietas y debilita la salud. Una inundación puede destruir viviendas, interrumpir el transporte y aislar hospitales. Una sequía prolongada puede forzar a las familias a vender activos, migrar o endeudarse. Así, un cambio físico en el océano puede convertirse en una crisis de abastecimiento, cuidados y derechos.

Los alimentos, la energía y la pesca trasladan la crisis climática a los precios

La primera consecuencia extra meteorológica aparece en los mercados. El Niño altera los calendarios agrícolas, reduce rendimientos en algunas áreas y afecta rutas de transporte, almacenamiento y distribución. Cuando una sequía golpea regiones que dependen de la lluvia, disminuye la producción de granos, pasturas y frutas. Cuando las precipitaciones exceden la capacidad de los suelos y de los caminos rurales, se pierden cultivos, semillas y animales, además de infraestructura para llevar esos productos a las ciudades.

El encarecimiento de productos básicos golpea con especial fuerza a quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a comer. También reduce márgenes de pequeños productores que deben pagar semillas, fertilizantes, combustible y transporte mientras ven caer el volumen de su cosecha.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) identifica riesgos elevados para la seguridad alimentaria en África austral, América Central, áreas de Asia y el Pacífico, así como sectores de África oriental. En esos lugares, las previsiones apuntan a déficits de lluvia que pueden reducir la producción agrícola y ganadera. En el Cuerno de África y partes de Asia, por el contrario, las lluvias intensas y las tormentas amenazan cultivos, ganado y caminos.

La FAO sostiene que las acciones anticipadas, como la entrega de variedades resistentes a sequía o inundaciones, apoyo veterinario y protección de equipos pesqueros, permiten sostener medios de vida antes de que la emergencia alcance una dimensión mayor. La pesca ilustra otra conexión decisiva. En las costas de Perú y Ecuador, el calentamiento superficial reduce la surgencia de aguas frías ricas en nutrientes. Esa alteración modifica la disponibilidad de fitoplancton, base de la cadena alimentaria marina.

Los sistemas energéticos también sienten los efectos. Países con una alta proporción de generación hidroeléctrica enfrentan tensiones si caen los caudales de ríos y embalses. Menos agua disponible obliga a recurrir a centrales térmicas, con mayores costos de combustibles y emisiones. A la vez, temperaturas elevadas elevan la demanda de electricidad para refrigeración. Esa combinación puede derivar en tarifas más altas, cortes de suministro y restricciones para industrias o comercios.

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola estima que El Niño podría costar hasta USD 11 billones a la economía mundial, una cifra que expone su capacidad para afectar cadenas productivas enteras. El organismo resalta que los pequeños productores generan alrededor de un tercio de los alimentos del planeta y soportan gran parte del impacto cuando los costos energéticos, de fertilizantes y transporte suben al mismo tiempo.

Frente a ese panorama, la preparación económica no depende solo de subsidios posteriores al desastre. Requiere seguros climáticos accesibles, reservas de agua, financiamiento oportuno, información estacional y redes comerciales que permitan vender producción aun bajo condiciones adversas.

El deterioro sanitario y los desplazamientos revelan el costo humano de la emergencia

El segundo impacto global ocurre en la salud. Las inundaciones, sequías, olas de calor e incendios afectan el cuerpo humano de manera directa, pero también dañan las condiciones que permiten prevenir enfermedades.

Un hospital sin electricidad, una comunidad sin agua segura o una ruta cortada representan riesgos que no aparecen en un mapa de precipitaciones. La crisis sanitaria surge cuando el peligro climático coincide con sistemas de atención sobrecargados, pobreza, conflicto o desplazamiento.

Las inundaciones pueden contaminar fuentes de agua potable cuando desbordan cloacas, pozos o redes de saneamiento. El consumo de agua contaminada, o su uso para cocinar, favorece enfermedades diarreicas y otras infecciones. La leptospirosis merece atención especial tras las crecidas: la bacteria puede ingresar al organismo mediante piel lesionada o mucosas que entran en contacto con agua o suelo contaminado por orina de animales infectados, en especial roedores.

Los síntomas iniciales pueden parecerse a los de una gripe: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y dolores musculares. Sin atención médica, algunos cuadros evolucionan hacia complicaciones que comprometen órganos vitales.

También requieren consulta los vómitos, la diarrea persistente, lesiones cutáneas, ojos enrojecidos, reducción marcada de orina, coloración amarillenta de la piel o dificultad respiratoria. El antecedente de contacto con agua de inundación aporta información relevante para orientar el diagnóstico.

La falta de electricidad añade otro riesgo. Carnes, lácteos y otros alimentos perecederos pierden condiciones de conservación durante cortes prolongados. Su consumo puede provocar intoxicaciones alimentarias. Las interrupciones eléctricas afectan además a personas que utilizan concentradores de oxígeno, nebulizadores u otros equipos médicos. Por eso, los planes de emergencia deben incluir respaldo energético, medicación disponible, comunicación con los servicios sanitarios y una red de apoyo para pacientes con necesidades especiales.

La sequía tampoco implica un escenario sanitario más seguro. La reducción de agua disponible dificulta higiene y saneamiento, concentra contaminantes en algunas fuentes y obliga a almacenar agua en recipientes domésticos. Esos depósitos pueden favorecer la reproducción de mosquitos. Temperaturas altas y lluvias irregulares también amplían condiciones propicias para dengue, malaria, chikunguña, zika y fiebre amarilla, aunque cada enfermedad depende de factores locales y no responde de igual modo en todos los territorios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó los impactos sanitarios previstos para este episodio como una emergencia de salud y señaló que El Niño puede aumentar el riesgo de cólera, dengue, malaria, desnutrición, enfermedades asociadas al calor y problemas respiratorios por humo de incendios. La mayor exposición recae sobre comunidades donde coinciden servicios débiles, brotes activos, pobreza y falta de acceso a atención médica.

Los pronósticos climáticos aportan una ventana temporal para anticipar esos problemas. Su utilidad depende de que la información llegue a quienes deben tomar decisiones y a quienes viven en zonas expuestas.

El tercer impacto se relaciona con el desplazamiento y la conflictividad. La pérdida de una cosecha, la muerte de animales, la destrucción de una vivienda o la falta prolongada de agua erosionan medios de subsistencia.

Algunas familias se trasladan de áreas rurales a ciudades; otras cruzan fronteras o se refugian en casas de parientes. Esos movimientos presionan servicios urbanos, mercados de alquiler, escuelas, hospitales y empleos, especialmente cuando ocurren junto con crisis económicas o conflictos armados.

No existe una relación automática entre El Niño y la violencia. Los conflictos tienen causas políticas, históricas, económicas y sociales que no se reducen al clima. Sin embargo, la competencia por agua, alimentos, tierras productivas y asistencia pública puede aumentar tensiones donde ya hay desigualdad, instituciones frágiles o disputas territoriales.

El fenómeno funciona como multiplicador de riesgos: profundiza problemas existentes y limita la capacidad de hogares y gobiernos para resolverlos.

La respuesta más eficaz combina pronósticos, protección social y obras de prevención. Alertas tempranas, transferencias de dinero, seguros, protección de fuentes de agua, mantenimiento de redes eléctricas y planes sanitarios reducen pérdidas antes de la emergencia.

El Niño seguirá como una oscilación natural del sistema climático; el alcance de sus daños dependerá, en gran medida, de la preparación que exista antes de que cambie el tiempo.

El Niño como fenómeno climático

El Gobierno de Guatemala inició la ampliación de la de la carretera al Atlántico Norte a cuatro carriles entre El Rancho y Teculután, una obra de 31,8 kilómetros financiada con USD 175 millones que busca reforzar la conexión terrestre con los puertos del Caribe. El proyecto tendrá un plazo de ejecución de 36 meses y transformará una vía utilizada para el traslado de más del 60% de las mercancías de exportación del país.

La intervención beneficiará a más de 350 mil habitantes de los departamentos de El Progreso y Zacapa, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. La obra fue adjudicada por 990 millones de quetzales al Consorcio Vías Terrestres del Atlántico.

El tramo abarca desde el kilómetro 86,8, en San Agustín Acasaguastlán, hasta el kilómetro 118,7, en Teculután. La carretera cuenta actualmente con un carril por sentido y pasará a disponer de dos en cada dirección, separados por un arriate central y con hombros laterales.

Una ruta diseñada para 6 mil vehículos y usada por 20 mil

La representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Guatemala, María José Jarquín, explicó que la vía fue concebida para una circulación diaria de 6 mil vehículos, pero actualmente recibe hasta 20 mil vehículos. El BID prevé incorporar soluciones basadas en la naturaleza para reducir los riesgos de inundaciones y erosión en las comunidades cercanas al trazado.

La ampliación constituye la primera etapa de un plan para llevar la conexión de cuatro carriles hasta Puerto Barrios, en Izabal. La contratación para los estudios de diseño del segmento entre Teculután y Mayuelas ya está en curso, mientras que Taiwán prevé licitar los estudios correspondientes al tramo entre Mayuelas y Puerto Barrios.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, vinculó la obra vial con la ampliación de los puertos de Santo Tomás de Castilla y San José, la recuperación de la línea férrea entre Puerto Quetzal y Escuintla y las negociaciones para una futura interconexión ferroviaria con México entre San Marcos y Chiapas. El mandatario señaló que su administración decidió comenzar proyectos que no concluirán antes del final de su mandato, previsto para 2028.

Doce estructuras para sustituir seis puentes antiguos

La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Norma Zea, indicó que las tareas incluirán la rehabilitación de la carretera existente. Los trabajos contemplan el fresado de entre ocho y diez centímetros de la superficie actual, la incorporación de material de base y la colocación de unos 18 centímetros de mezcla asfáltica.

Seis puentes con más de 50 años de antigüedad serán reemplazados por 12 nuevas estructuras, ya que cada cruce tendrá puentes gemelos para sostener los cuatro carriles. Entre los pasos que serán sustituidos figuran los ubicados sobre los ríos Hato y Huijó.

Las estructuras actuales fueron diseñadas para una capacidad de 20 toneladas, mientras que los nuevos puentes soportarán hasta 70 toneladas para permitir el tránsito de transporte pesado. El puente de Huijó requirió una intervención de emergencia después de un colapso que provocó pérdidas de vidas humanas, según reconoció Zea.

Tras ese incidente se construyeron un badén provisional y un puente temporal por el que circula el tránsito actual. La empresa adjudicataria deberá levantar una segunda estructura provisional antes de iniciar la construcción definitiva.

En el puente de La Palín, de estructura metálica, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda realizó trabajos de mantenimiento mientras se definía la licitación. Zea explicó que ese material permite reparaciones, pero no refuerzos estructurales permanentes.

Del financiamiento total, USD 75 millones corresponden a un préstamo del BID y USD 100 millones a un convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Instituto de Crédito Oficial. La embajadora de España en Guatemala, María Clara Girbau, destacó que se trata del primer crédito soberano del Fondo Español de Desarrollo Sostenible otorgado al país e incluye medidas de adaptación al cambio climático, seguridad vial y fortalecimiento institucional.

CA-09 Norte,El Progreso,Zacapa,Guatemala,infraestructura vial