POLITICA
Megaoperativo en la cárcel de Devoto: trasladaron el 40% de los presos a Marcos Paz
El Ministerio de Seguridad Nacional trasladó 609 internos de la cárcel de Villa Devoto al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz durante los primeros dos días del operativo, que arrancó el domingo 11 de octubre.
La medida representa el 40% de la población penal del establecimiento y pone en marcha la desocupación de Devoto y la apertura del nuevo complejo.
El procedimiento priorizó la seguridad, la integridad física y los derechos de las personas involucradas. Incluyó evaluaciones médicas, un espacio para recibir y estabilizar pacientes ante posibles emergencias, y sistemas de identificación y registro de los internos y sus pertenencias.
El traslado se realiza de forma progresiva, pacífica y ordenada bajo la coordinación del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y las fuerzas federales. El dispositivo reúne aproximadamente 1.000 funcionarios penitenciarios y 600 efectivos de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con comunicaciones radiales y seguimiento satelital de los vehículos.
Antes del ingreso de los internos, el SPF probó las instalaciones, los servicios esenciales, los sistemas de seguridad y las condiciones de funcionamiento con la participación de 1.080 efectivos, cadetes y cursantes de sus institutos de formación. Esa evaluación permitió detectar necesidades y realizar ajustes en el complejo, se informó oficialmente.
En estas primeras jornadas, la “logística y trazabilidad” incluyó “3000 bolsones precintados para efectos personales, monitoreo por GPS en los vehículos de traslado, un sistema de triaje médico e identificación mediante pulseras con código QR, la instalación de 224 teléfonos públicos y un canal de consultas informativas por WhatsApp”.
La habilitación de Marcos Paz y la desafectación penitenciaria de Devoto fueron dispuestas por la Resolución 1042/2026, en el marco del convenio firmado en 2018 entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. La Resolución 1018/2026 creó el Comando Unificado Federal a cargo del operativo.
La preparación incluyó reuniones con la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y los juzgados federales vinculados con Devoto y con el nuevo complejo. También hubo coordinación con la Iglesia católica.
Las imágenes oficiales reflejan las características del operativo. Para la conformación de cada contingente, se elaboró a partir del perfil criminológico de los detenidos y de una evaluación de los riesgos de cada movimiento. Antes de la salida, los internos reciben controles médicos e identificaciones con códigos QR, que permiten registrar su egreso de Devoto y su llegada a Marcos Paz. También se prepararon bolsones para sus pertenencias, con precintos numerados y actas individuales que permiten identificar cada envío.
Los vehículos penitenciarios circulan con seguimiento satelital dentro de convoyes custodiados por móviles policiales y motocicletas. El trayecto entre ambos complejos es de unos 55 kilómetros e implica cortes de tránsito, vallados en las inmediaciones de Devoto y un esquema de custodia durante todo el recorrido.
Ante el comienzo del operativo, organismos de derechos humanos cuestionaron la modalidad en la que se llevó a cabo la medida. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) criticó que la puesta en marcha se haya hecho “sin aviso previo ni a familiares, ni a defensores, ni a los organismos de control”. “El Gobierno nacional incumplió así los acuerdos previos para que este proceso se realice con todas las garantías necesarias”, expuso.
“Los traslados apuntan a vaciar la cárcel de Devoto para que el predio quede disponible para el negocio inmobiliario. Empezaron por el traslado de los estudiantes universitarios sin garantizar su continuidad educativa. Todo se hizo con mucho hermetismo. Los organismos de control no pudimos ingresar a monitorear la situación”, argumentaron desde la entidad.
En el marco de esa controversia, la Justicia rechazó un “habeas corpus colectivo y correctivo” que había presentado la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) “en favor de todas las personas privadas de su libertad alojadas actualmente en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF) los trasladaría el domingo- (o de forma inminente en los próximos días) sin informarles previamente la unidad de destino, posiblemente sin notificar a su defensa y al juez a cuya disposición se encuentran incumpliendo las previsiones dispuestas en el Protocolo de Traslado de Personas Privadas de Libertad” en el ámbito de la institución.
Pero el juez en lo criminal y correccional Santiago Bignone descartó estos argumentos, tras una audiencia este lunes en la que se escuchó los argumentos de las partes.
En su presentación, la Procuración Penitenciaria planteó que dentro del citado “colectivo” de reclusos “se encontraban las personas que cursan estudios universitarios en el Centro Universitario Devoto (CUD), en el marco del Programa UBA XXII de la Universidad de Buenos Aires (UBA) cuya continuidad de estudios no estaría asegurada en su nuevo alojamiento” en Marcos Paz.
El juez Bignone analizó la situación y argumentó “no se advierte que se haya acreditado una afectación concreta de la integridad personal de las personas trasladadas, de sus vínculos familiares, de la finalidad de reinserción social de la pena, de los derechos de los niños eventualmente involucrados ni de las garantías judiciales y la protección judicial”, según se desprende del fallo.
Y agrega: “Tampoco se han identificado circunstancias que permitan concluir que la sola modificación del establecimiento de alojamiento, en el contexto de la reorganización general examinada, haya ocasionado una vulneración de esos derechos o genere, en las condiciones actualmente acreditadas, un riesgo cierto e inminente de que ello ocurra”.
“Mientras no se acredite que el traslado impida el ejercicio de un beneficio vigente, altere ilegítimamente las condiciones fijadas judicialmente o genere un obstáculo concreto para avanzar en la progresividad, no corresponde presumir un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención respecto de la totalidad de las personas comprendidas en ese grupo, sin perjuicio de la procedencia de la vía de habeas corpus cuando se demuestre una afectación concreta o una amenaza cierta de que esta se produzca”, concluye Bignone en su fallo.
Este martes, el Poder Ejecutivo informó que en Marcos Paz “continuarán los talleres laborales, la formación profesional y las actividades educativas de los niveles primario, secundario y universitario”. Y remarcó que el SPF informó a los internos y sus familias sobre las etapas, los destinos de alojamiento y los cronogramas de visitas, al notificar a los juzgados competentes sobre cada traslado.
Las consultas pueden realizarse mediante la línea 0810-222-1196 y el sitio con verificación de los datos registrados en el Sistema Único de Visitas. El operativo continuará de manera progresiva hasta completar la desocupación de Devoto.
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POLITICA
Discapacidad: Rodrigo Sbarra quedó a cargo de forma interina del área por el accidente que sufrió el nuevo secretario
El accidente de tránsito que sufrió a fines de septiembre el secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, apenas una semana después de su designación, generó nuevamente un clima de incertidumbre en un área especialmente sensible para el gobierno de Javier Milei. Mediante la resolución 1376/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, el organismo quedó de manera interina a cargo de Rodrigo Sbarra, secretario de Gestión Administrativa de la cartera de Salud, quien afrontó una causa penal hasta 2023.
La seguidilla de recambios en el último mes se suma a las limitaciones presupuestarias del área, que generan reclamos en la calle y dificultades en el Congreso, y a la investigación por presunta corrupción durante la gestión de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (que fue disuelta tras el escándalo y reconvertida en una secretaría del Ministerio de Salud).
“Encomiéndase al titular de la Secretaría de Gestión Administrativa […] el despacho y la resolución interina de los asuntos concernientes a la Secretaría Nacional de Discapacidad, mientras dure el impedimento temporal de su titular”, indica la resolución 1376/2026, publicada el miércoles pasado.
Es que Di Liscia “sigue en similares condiciones: terapia intensiva e intubado”, comentó una fuente oficial a .
Respecto de la posibilidad de designar a un nuevo secretario de Discapacidad, señaló que “por ahora no hay certezas de qué se va a hacer”.
La resolución también delegó facultades en las subsecretarías de Políticas de Acceso y Apoyos y de Regulación, Certificación y Proyectos, en manos de Esteban Giler y Gianfranco Scigliano, respectivamente. Ambas oficinas dependen de la Secretaría de Discapacidad.
En cambio, Sbarra depende directamente de Lugones. Este secretario es el número dos de la cartera.
Quién es Sbarra
En un área que acumuló controversias a lo largo del gobierno de Milei, quedó al frente un hombre cuyo currículum en la función pública tampoco está exento de polémicas.
Sbarra se desempeñó como subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, y luego fue denunciado por el hallazgo de un sobre con 10.000 dólares en un escritorio del despacho que ocupaba hasta que dejó su función.
Entonces, afrontó una causa penal –iniciada por el Ministerio de Desarrollo Productivo del gobierno de Alberto Fernández, que dependía de Matías Kulfas– durante más de tres años, hasta que finalmente fue sobreseído en diciembre de 2023.
El fiscal Gerardo Pollicita le hizo un requerimiento de justificación patrimonial y los bienes de Sbarra fueron sometidos a una serie de peritajes. Si bien él había dicho que el dinero se lo había “plantado” el kirchnerismo, los investigadores judiciales entendieron que era suyo, pero que no había motivos para avanzar con una causa por lavado de dinero ni por enriquecimiento ilícito porque tenía una situación patrimonial que justificaba que tuviera ese dinero en efectivo.
Sbarra es licenciado en Economía por la UBA y magíster en Finanzas por UCEMA. Antes de ser el número dos de Lugones –cargo al que llegó el 7 de julio pasado–, en este gobierno se desempeñó como subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud y, previamente, como subsecretario de Gestión Administrativa de la Jefatura de Gabinete.
Antes de su desembarco en la gestión de Cambiemos, el funcionario tuvo un paso por la administración pública como asesor en los ministerios de Economía y Producción entre 2005 y 2011, durante los gobiernos kirchneristas, y del gobierno porteño.
Incertidumbre en Discapacidad
Este último capítulo se suma a una larga serie de controversias que atravesaron la gestión de Milei en materia de discapacidad. Solo en el último mes, tres funcionarios estuvieron a cargo del área.
El 21 de septiembre, Alejandro Vilches renunció en medio de las tensiones internas del Gobierno por los recortes presupuestarios. Su corrimiento se conoció tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2027, que incluía la derogación de aspectos centrales de la ley de discapacidad vigente, como el nomenclador y la actualización automática de los valores de las prestaciones. En paralelo, los legisladores oficialistas negociaban con sus aliados una salida para el conflicto.
Vilches, a su vez, había asumido tras la salida forzada de Spagnuolo, extitular de Andis, apartado en agosto del año pasado en medio de la difusión de una serie de audios atribuidos a él, en los que hablaba sobre irregularidades en el organismo y mencionaba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. El 22 de septiembre pasado, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo y de otras 18 personas investigadas por presuntos desmanejos en el área.
Tras la renuncia de Vilches, el Gobierno designó a Di Liscia como su reemplazante, quien había ocupado cargos en las gestiones macristas de María Eugenia Vidal (provincia de Buenos Aires) y de Horacio Rodríguez Larreta (Capital).
Sin embargo, el 29 de septiembre pasado, apenas una semana después de su nombramiento, sufrió un accidente de tránsito mientras circulaba en moto, lo que le provocó varias fracturas.
Finalmente, el miércoles pasado se publicó la resolución que dejó el área bajo la responsabilidad de Sbarra.
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El periodista brasileño Rogério Tomaz Jr. cuestionó al Gobierno de Javier Milei después de que las autoridades argentinas le impidieran ingresar al país y lo obligaran a regresar a Brasil. En sus redes sociales, calificó la deportación como “prácticamente un trofeo” y sostuvo que la decisión estuvo vinculada con sus críticas políticas al Presidente.
Tomaz publicó una foto desde el aeropuerto de Guarulhos, en San Pablo, mientras esperaba un vuelo a Brasilia. “Tengo mucho orgullo del camino que elegí y construí en mi vida. Ser deportado, a causa de mis críticas políticas, por un gobierno de narcos, pedófilos, ladrones de criptomoneda y agresores de jubilados es prácticamente un trofeo para mí”, escribió.
En otro mensaje, el periodista se refirió al escenario político de Brasil, donde se enfrentan el presidente Lula da Silva y el candidato opositor Flávio Bolsonaro. “En Brasil (todavía) hay democracia, pero estamos en serio riesgo de convertirnos en una Argentina. ¡Vamos que vamos!”, expresó.
La expulsión también provocó un cruce en redes con el asesor presidencial Santiago Caputo, que había celebrado la medida. “Te falló el operativo, campeón”, publicó el funcionario después de conocerse que Tomaz Jr. no había podido ingresar al país.
El fiscal federal Gerardo Pollicita amplió la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En un escrito presentado ante el juez Ariel Lijo, pidió 15 nuevas medidas de prueba, entre ellas, que se analice un depósito en efectivo de 620.000 dólares en una cuenta personal del dirigente, así como dinero recibido del Sindicato de Camioneros, cuyo jefe es Hugo Moyano, su exsuegro.
Además, el fiscal pidió enviar un exhorto a Suiza para preguntar a la FIFA por qué le transfirieron casi 190.000 dólares sin que Tapia lo informara en sus declaraciones juradas. También requirió que se levante el secreto bancario y fiscal de su exesposa, Paola Moyano.
Paola Moyano es hija de Hugo Moyano, el líder histórico del Sindicato de Camioneros. Tapia, exyerno de Moyano, llegó a la presidencia de la AFA en 2017 con el respaldo del gremialista, que por entonces presidía Independiente y fue vicepresidente de la AFA en esa gestión.
La causa fue iniciada por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quien supo tener negocios con la AFA.
Tapia, además de presidir la AFA, es funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), la empresa estatal de residuos del área metropolitana. Ese cargo público es el que permite investigar a Tapia por supuesto enriquecimiento ilícito. La denuncia sostiene que Tapia registró un incremento patrimonial cercano al 1000% entre 2017 y 2024, a partir del análisis de sus declaraciones juradas.
De la documentación que envió el Banco Credicoop al tribunal surgió que el 12 de febrero de 2019, Paola Moyano fue incorporada como firmante de la cuenta corriente en pesos y de la caja de ahorros en dólares de Tapia.
Ese mismo día, en la cuenta en dólares se registró un depósito en efectivo de 620.000 dólares, cuyo origen y motivos se buscan establecer. También ese día se dio de alta una caja de seguridad en la sucursal Plaza Lavalle del mismo banco, de la que Moyano es cotitular con orden indistinta. Además, ella usa tarjetas adicionales Visa y Cabal del investigado.
Pollicita señaló que la mayor parte de los bienes de las declaraciones juradas de Tapia son gananciales. Por eso pidió extender a Paola Moyano el levantamiento de los secretos fiscal, bursátil, bancario y financiero que Lijo ya había dispuesto el 16 de septiembre para Tapia, por el período 2016 a la actualidad.
Exhorto y depósitos
El fiscal le pidió al juez que libre un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA explique tres giros a favor de Tapia: 49.585 dólares de diciembre de 2018, 124.583 dólares en junio de 2019 y 15.408 dólares en marzo de 2020. Suman unos 189.578 dólares.
Según el fiscal, Tapia no declaró ingresos de esa entidad. Pollicita quiere saber además todo lo que la FIFA le pagó desde 2016 en honorarios o viáticos, y por qué cargos.
Otro pedido apunta al Sindicato de Choferes de Camiones, el gremio que conduce Hugo Moyano, suegro de Tapia. Entre enero de 2016 y enero de 2019 hizo 37 acreditaciones por 1.494.678 pesos en la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia.
Fueron los únicos ingresos de esa cuenta en el período, pero Tapia solo declaró ingresos del Ceamse, la Conmebol y la AFA. El fiscal pidió al sindicato el legajo de Tapia, sus cargos, recibos de sueldo y fechas de alta y baja.
A la AFA, Pollicita le pidió las actas o resoluciones que autorizaron a emitir a nombre de Tapia tarjetas adicionales Visa, Cabal y American Express Corporate, con sus límites y rendiciones de gastos. También le preguntó si imputó esos consumos como remuneración o anticipo. Además, pidió que explique cinco transferencias a las cuentas de Tapia entre 2020 y 2023, la mayor de $1.251.000, y la liquidación de los $30 millones en viáticos que el dirigente declaró haber cobrado de la entidad.
El fiscal también detectó seis transferencias desde la cuenta de Tapia en el HSBC, por 1.171.070 pesos, a una escribana, Marisa Galarza.
Cinco se hicieron en la misma semana de febrero de 2019 en que se registró el depósito millonario. Pidió a los colegios de escribanos porteño y bonaerense que confirmen su registro. Después se le requerirán las escrituras desde 2016 en las que hayan intervenido Tapia o Moyano, con precio, forma de pago y origen de los fondos.
Entre las demás medidas, Pollicita pidió los legajos de cuatro autos, entre ellos una BMW X4 comprada en junio de 2020, y los vehículos en los que Tapia figuró como “autorizado”.
También solicitó los movimientos de dos subcuentas comitentes en el Credicoop y en el Banco de Servicios y Transacciones.
A la ARCA le pidió que informe si Tapia o Moyano adhirieron al blanqueo de la ley 27.743 e intimó a que en 72 horas la Oficina de Integridad Pública porteña, cuya respuesta consideró incompleta, entregue las declaraciones juradas de Tapia de 2016 a 2022 con sus anexos reservados.
Además, solicitó certificar siete causas en las que Tapia está o estuvo investigado, en los fueros penal económico, criminal y federal de Campana. Entre ellas figura el expediente por evasión de la AFA. El objetivo es reunir toda la información patrimonial que haya en esos expedientes.
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