POLITICA
Milei en su laberinto: las ambiciones de la plana mayor del Gobierno y el juego que profundiza Bullrich

“Sigue la programación habitual”. Después de una semana de torearse en redes sociales, Martín Menem y Santiago Caputo se reencontraron cara a cara y no se dijeron nada. O casi nada. En La Libertad Avanza (LLA) resulta más fácil decir lo que se piensa con una pantalla de por medio. En la última reunión de mesa política, los dos protagonistas de la interna discutieron de estrategia pero omitieron aludir al escándalo digital. No tuvieron más opción que llamarse a silencio luego de que Javier Milei, sin capacidad de laudar entre ellos, le dedicara un abrazo a cada uno en el balcón de la Casa Rosada. La nitidez que tiene el Presidente para defender su modelo económico -o para insultar a sus detractores- contrasta con la impotencia que exhibe ante las más absurdas revueltas domésticas.
En la mesa política, las principales espadas de Milei discutieron sobre la reforma electoral. Pero, hacia afuera, optaron por disimular las tensiones, salir del paso con una foto forzada y anunciar más proyectos de ley al Congreso. ¿Hay margen para tratar tantas iniciativas?
Aunque el Gobierno logró bajar la espuma y transitar una semana más normal, nada cambió demasiado. Caputo y los Menem siguen con su puja por la botonera, que es lo que realmente los tensiona, mucho más que cualquier altercado digital. Adorni sigue firme en su cargo pese al deterioro en su imagen, mientras los operadores judiciales libertarios lo tranquilizan asegurándole que no desfilará por tribunales como dicen los diarios. Patricia Bullrich continúa el juego de tensionar desde adentro del Gobierno. Diego Santilli busca asegurarse una candidatura de consenso a la gobernación bonaerense. Y Karina Milei trabaja por la continuidad en el poder.
Las ambiciones de cada uno siguen ahí, intactas. El único que parece no estar cegado por la perpetuidad en la política es Javier Milei. “A él el cargo lo agota. Lo que le apasiona es demostrarle al mundo que tiene razón, ir por el Nobel. No tiene la sed del poder eterno. Karina sí”, reflexionó un diputado del oficialismo con mucha llegada a la Casa Rosada.

El jefe de Estado da señales todo el tiempo de que no le desespera la reelección. Lo insinuó el martes en la entrevista que dio en Radio Mitre, cuando dijo que él solo compite contra sí mismo. “Si nosotros hacemos un buen gobierno, vamos a lograr la reelección. Y si hacemos un gobierno que no merece ser reelecto, no seremos reelectos”, apuntó.
El Presidente se expresó así cuando Eduardo Feinmann le preguntó si Mauricio Macri sería funcional al kirchnerismo si decide presentarse como candidato a presidente, como dijo Martín Menem. Milei dijo que no estaba de acuerdo. “Algunos consideran que si crean un competidor, eso quita votos. Bueno, a mí me parece que es un laberinto, probablemente porque yo no vengo de la política y no lo siento así”, respondió.
A un año y medio de las elecciones nacionales, el círculo rojo comienza a moverse especulando con un país que arroja vuelcos inesperados. El establishment, el gran empresariado, está dispuesto a hacer esfuerzos para garantizar la continuidad de este sendero económico, más allá de los nombres. “Todos hicimos tanto esfuerzo que necesitamos que esto salga bien. Nadie quiere un golpe de timón”, dijo a Infobae uno de los participantes de la última cumbre de empresarios en el Hotel Llao Llao.
Es en ese marco que deben leerse los últimos movimientos de Patricia Bullrich. La titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado está levantando el perfil con un juego a varias bandas. Cuida su vínculo directo y frontal con Javier Milei, un activo que tienen pocas figuras en el oficialismo. Se muestra con un interés hiperlocalista como potencial candidata en la Ciudad de Buenos Aires cuando habla del subte, de la seguridad en los barrios porteños y de la limpieza de las calles. Y, al mismo tiempo, da pasos para acumular capital político con proyección nacional: habla seguido con gobernadores, tantea a consultores y refuerza su equipo de comunicación.
Ayer, de hecho, Bullrich reunió a su mesa chica y a su tropa de legisladores para ajustar los pasos a seguir. Para el encuentro, la ex ministra de Seguridad reabrió unas oficinas que tiene desde hace algunos años en la calle Bulnes, muy cerca de su casa, un espacio más discreto que su histórico búnker del microcentro, sobre Avenida de Mayo.

Quienes vienen tratando a la ex ministra de Seguridad -que públicamente rechaza tajantemente tener planes para las presidenciales- aseguran que ella no quiere competir contra Milei. Que lo que está haciendo es prepararse por las dudas, por si le toca salir a la cancha. Un auténtico “plan B” con B de Bullrich. “Ella solo iría si él no se presenta. Hace tres meses, las chances de que pasara eso eran el 1%. Hace algunas semanas, esas chances aumentaron a 10%. Y ahora hay que ver”, sintetizó un referente que trata tanto a Bullrich como a los Milei.
Y agregó: “Lo que Milei no puede hacer en 2027 es perder. Puede ser reelecto o no jugar, pero no puede perder. Patricia no conspira porque, de presentarse, tiene que ser con la venia del propio Javier”.
Lo más probable -reconocen incluso en el campamento bullrichista- es que nada de eso ocurra por Karina. Nadie se imagina a la secretaria General de la Presidencia resignando el apellido en la boleta. Aunque sonrían para la foto, la desconfianza y la tensión entre la ex ministra y la hermana presidencial ya son irremontables. A Bullrich, cada tanto, le gritan “Presidenta” cuando camina por la calle. Y eso parece insoportable para la jefa del partido violeta.
“Lo que hizo Patricia con Adorni fue un antes y un después. A partir de ahora, la necesidad tiene cara de hereje. Si la marginan a Patricia, los Milei se perjudican porque cualquier castigo hacia ella puede irritar al votante cambiemita. Les conviene abrazarla”, analizó un importante referente de LLA.
La oferta electoral, a fin de cuentas, estará determinada por la coyuntura. En abril había un escenario con el Presidente cayendo en las encuestas y ahora, que la economía dio señales de repunte, la imagen presidencial frenó su deterioro en los sondeos.
Discutiendo en la vida real
Aunque la intención de la Casa Rosada fue ponerle fin a la conflictividad interna con la reunión de gabinete del lunes y la foto de la mesa política del martes, los principales colaboradores de Milei discutieron a puertas cerradas. El eje del intercambio fue la reforma electoral, el proyecto que el Gobierno que tiene como plato principal la eliminación de las PASO. Los representantes del Congreso en la mesa chica -Bullrich y Menem- plantearon que los votos no están y que, por lo tanto, conviene aplazar el tratamiento de la iniciativa.
Pero otra parte de la mesa, donde talló Santiago Caputo, machacó con la necesidad de conseguir los votos a como dé lugar, sin resignar la agenda del Poder Ejecutivo. La prioridad de la Casa Rosada es que no haya PASO en 2027.
Caputo y los Menem volvieron a su clásico altercado. El asesor señaló que no es posible construir consensos con la oposición dialoguista si no se dan señales claras de generosidad electoral. Es decir, si no se demuestra, desde ahora, que LLA no disputará las gobernaciones de los mandatarios aliados. Los Menem replicaron que, a diferencia de 2025, no están cerrados a los acuerdos electorales. Pero apuntaron que es una discusión para habilitar en septiembre. El karinismo no está dispuesto a desactivar el armado político que LLA construyó en el territorio. “Vos tenés que demostrarle a los dirigentes del partido que están trabajando para algo, no podés entregar tu dispositivo. Además, si no tenemos músculo político en las provincias, no hay herramientas para negociar cuando necesitemos ayuda en el Congreso”.
La discusión entre bandos esconde la pregunta sobre quién “paga” en el toma y daca con los aliados: ¿se utiliza como instrumento de negociación la cuestión electoral o las palancas de la gestión?
En el Gobierno todos quisieran transitar sin sobresaltos hasta que comience el Mundial. Todavía falta que Adorni presente su declaración jurada de bienes. El jefe de Gabinete prepara sus papeles muy asesorado, tanto por sus abogados como por expertos en cuestiones tributarias. No puede llenar los casilleros sin más, como hizo en su primer informe patrimonial: su declaración tiene que estar en función de su estrategia judicial. En la Casa Rosada, hace unos días, deslizaban que él justificaría su nuevo nivel de vida con ingresos que obtuvo producto de herencias familiares (del padre y de una abuela). En los últimos días también circuló la versión de que apelaría a un mutuo entre privados. “Difícilmente cambie la opinión pública, eso está perdido. Lo importante es que Manuel tenga todo bien cerrado desde el punto de vista legal”, reconoció un colaborador oficial.
Todos los miembros del Gobierno con llegada a los tribunales transmiten, puertas adentro, que no creen que el juez federal Ariel Lijo llame a indagatoria a Adorni antes de la feria judicial que arranca el 20 de julio. Falta poco menos de dos meses. Confían en que la Justicia primará un decoro que evitará que el jefe de Gabinete en funciones deba subir la escalinata de Comodoro Py.
La causa por enriquecimiento ilícito está delegada en el fiscal Gerardo Pollicita, que en estos días está de licencia. Hay un respiro para todos. También está el expediente del viaje a Punta del Este en avión privado y los elementos que indican que el vuelo no lo pagó Adorni sino su amigo, Marcelo Grandio.
En Comodoro Py no parecen tan convencidos de mantener a Adorni lejos del edificio. “El caso ya tiene vida propia. Es mucha la evidencia que se acumuló. A Adorni nada de lo que pasó en la causa lo ayudó”, dijo a Infobae alguien que conoce el expediente al dedillo. La dinámica judicial y la opinión pública por el caso Adorni lleva a la Justicia a una encerrona: si no toma medidas se expone a sí misma.
En la cúpula del Gobierno, en tanto, trabajarán en la estrategia de comunicación que acompañará a la declaración jurada de Adorni. El Presidente defenderá a su ministro coordinador como hizo hasta ahora. La pretensión es que el informe patrimonial sea el último capítulo del affaire. Será, para Milei, otro obstáculo a atravesar en el intrincado “laberinto” del ejercicio del poder.
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POLITICA
El Senado recibió el proyecto de ley de Discapacidad y el oficialismo define los tiempos del debate

El proyecto de la denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad ya ingresó al Senado, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, firmara el texto sancionado y lo enviara a la Cámara alta. Ahora, la vicepresidenta Victoria Villarruel o el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, deberán definir su giro a las comisiones correspondientes para iniciar el tratamiento.
Aunque todavía no se resolvieron los giros formales, las comisiones que podrían intervenir son Presupuesto y Hacienda, presidida por el libertario Agustín Monteverde, y Población y Desarrollo Humano, que conduce la peronista Alicia Kirchner.
Antes de convocar al debate, el oficialismo deberá definir su estrategia legislativa. Según pudo saber TN, La Libertad Avanza pretende que el proyecto se trate durante el actual período ordinario de sesiones, que finaliza el 30 de noviembre. Las primeras definiciones podrían llegar la próxima semana. Por el momento, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, no se pronunció públicamente sobre el tema.
La discusión por el financiamiento y la estrategia del Gobierno
En el Senado recuerdan la reacción que generó el proyecto de Presupuesto 2027 cuando ingresó a Diputados el pasado 15 de septiembre. En ese momento, legisladores libertarios expresaron sorpresa y cuestionamientos al ministro de Economía, Luis Caputo, por los cambios que la iniciativa proponía sobre las pensiones por invalidez, la actualización automática por inflación de los aranceles para prestadores y las incompatibilidades con el empleo formal.
Los artículos 36 a 41 del proyecto presupuestario modifican aspectos centrales de la Ley N.º 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad, aunque no la derogan en su totalidad.
En ese contexto, Bullrich ya advertía sobre el impacto político que podían tener esas disposiciones y la posibilidad de que la oposición se unificara detrás de una nueva iniciativa. Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto este miércoles con una amplia mayoría.
Tras la votación, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés sostuvo: “Las personas con discapacidad necesitan políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos. La discapacidad no es beneficencia, es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución y en tratados internacionales”.
Un proyecto aprobado con amplio consenso
La Cámara baja sancionó la iniciativa durante la medianoche del miércoles con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. El resultado reflejó un amplio acuerdo entre bloques, luego de que el oficialismo pasara de rechazar la declaración de emergencia en discapacidad a participar de la elaboración de una propuesta alternativa.
Entre los votos negativos estuvieron los de los seis diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora. En el Senado, ese espacio cuenta con la representación de Alejandra Vigo. También se mencionan entre las posiciones contrarias a la iniciativa las de Andrea Estévez, de Unión por la Patria; Lourdes Arrieta, de Provincias Unidas; y Natalia de la Sota, que integra un monobloque.
El consenso se construyó a partir del trabajo del diputado de Argentina Federal Oscar Herrera Ahuad y de representantes del oficialismo, entre ellos Martín Menem, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Gisell Castelnuovo. También participaron dirigentes del peronismo, como Victoria Tolosa Paz, Juan Marino —autor del proyecto para prorrogar la emergencia en discapacidad— y Sabrina Selva.
Las negociaciones se extendieron durante casi dos meses, desde la firma de los dictámenes en los plenarios de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. Luego se sumaron encuentros con representantes de la Comisión de Pastoral Social, que plantearon la necesidad de incorporar distintos puntos al texto. La última reunión se realizó horas antes del debate en el recinto.
Leé También: Milei admitió que la economía se desacelera y vinculó la suba del riesgo país con la incertidumbre electoral y el contexto global
Qué establece la ley aprobada por Diputados
La iniciativa ratifica la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal y permite que esa prestación mensual se perciba junto con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
Además, garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, o de la denominación que adopte en el futuro, e incorpora la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes. También habilita la utilización de recursos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027.
Otro de los puntos establece la obligación del Poder Ejecutivo de garantizar la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas.
En cuanto a la suspensión de beneficios, la norma incorpora un mecanismo de notificación fehaciente y establece un plazo de 60 días para que las personas afectadas puedan presentar su descargo, seguido de una revisión por parte de la autoridad competente.
La principal concesión del oficialismo estuvo vinculada a los recursos. El proyecto dispone que los gastos deberán cubrirse con partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud y establece que el financiamiento no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.
Esa garantía fue uno de los puntos centrales para conseguir el acompañamiento de distintos bloques. Además, se asumió el compromiso de asegurar las partidas correspondientes en el proyecto de Presupuesto 2027 que se debate en Diputados.
El peronismo buscará acelerar el tratamiento en el Senado
La bancada justicialista que conduce José Mayans buscará impulsar un tratamiento rápido de la iniciativa a través de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, presidida por Alicia Kirchner. Los acuerdos alcanzados en la Cámara baja podrían facilitar el desarrollo del debate, aunque el peronismo ya había expresado su preocupación por la situación del sector.
Senadores del PJ presentaron durante los últimos meses distintos proyectos relacionados con los derechos y las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Varias de esas iniciativas, al igual que ocurrió en Diputados, proponen prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Entre los proyectos presentados figuran uno de la senadora Anabel Fernández Sagasti y otro del legislador chubutense Carlos Linares. Por su parte, el pampeano Daniel Bensusán solicitó informes sobre el estado de ejecución del Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad.
En su iniciativa, Linares reclamó la continuidad de la emergencia y sostuvo: “La sanción de dicha ley constituyó una respuesta institucional del Estado Nacional frente a la profunda crisis que atravesaban las personas con discapacidad, sus familias, los prestadores de servicios, los centros terapéuticos, los centros de día, las escuelas especiales, los hogares permanentes, los transportistas y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al sector”.
Con el proyecto ya en la Cámara alta, el próximo paso será definir las comisiones que lo analizarán y el cronograma de reuniones. La intención del oficialismo es avanzar antes del cierre del período ordinario, mientras el peronismo buscará acelerar el debate para sostener los acuerdos alcanzados en Diputados.
Discapacidad, Senado
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Chapadmalal cambia de rumbo: el Gobierno definió cuál será el nuevo destino de sus históricos hoteles – Nexofin

El Gobierno nacional abrió un concurso para concesionar seis de los nueve hoteles del complejo turístico de Chapadmalal, cerrado desde principios de 2025.
Los tres restantes serán cedidos a la Universidad Nacional de Mar del Plata para actividades académicas, investigación y alojamiento estudiantil.
La convocatoria, a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), recibirá ofertas hasta el 27 de noviembre.
Los interesados podrán presentarse por hotel o por el conjunto. Las concesiones tendrán una duración de 30 años y exigirán cánones mensuales de entre $23 millones y más de $48 millones, según el establecimiento.
El Gobierno avanzó con la privatización de AySA: vendió el 90% de las acciones por US$340 millones
Los operadores deberán garantizar servicios hoteleros, mantener las instalaciones y respetar las áreas de reserva natural.
Además, tendrán que preservar el patrimonio arquitectónico de los edificios, diseñados por Alejandro Bustillo a fines de la década de 1950 y declarados Monumento Histórico Nacional.
El anuncio reavivó la discusión política sobre el futuro del complejo. El intendente Guillermo Montenegro respaldó la participación privada como vía para recuperar los edificios y generar empleo. En cambio, la senadora provincial Fernanda Raverta cuestionó la medida y defendió una transferencia a la provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, los hoteles 7, 8 y 9 quedarían bajo la órbita de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que proyecta convertirlos en espacios de formación y residencias universitarias.
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POLITICA
Hotesur: comienza el juicio que puede cerrar el círculo de la corrupción K

Después de muchas dilaciones, finalmente este viernes se iniciará el juicio oral por supuesto lavado de dinero, que tendrá en el banquillo a Cristina y Máximo Kirchner, así como a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. La causa conocida como Hotesur-Los Sauces, que será desarrollada como un solo trámite judicial, busca determinar si los Kirchner y los empresarios montaron un sistema de beneficios en la obra pública a cambio de supuestos alquileres en hoteles.
Con Cristina y Máximo Kirchner conectados de manera virtual, por Zoom, a las 10 de hoy se pondrá en marcha el juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, en el que la Justicia buscará determinar si los fondos públicos que recibieron empresarios beneficiados por el kirchnerismo retornaron al patrimonio de la familia Kirchner a través de sus negocios hoteleros e inmobiliarios.
Se trata de una causa clave que podría cerrar un gran círculo de corrupción. El proceso –que tiene a la expresidenta sentada nuevamente en el banquillo de los acusados y a su hijo por primera vez frente a un tribunal– guarda relación con otros expedientes y ocupa un lugar central en el mapa judicial del kirchnerismo.
Mientras en la causa por Vialidad la expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, luego de que se acreditara el direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, en Hotesur-Los Sauces la Justicia deberá determinar si parte de los fondos obtenidos por Báez reingresaron al patrimonio de la familia Kirchner mediante el alquiler de hoteles y propiedades.
La conexión entre ambas causas quedó reflejada en la sentencia dictada en 2022. Los jueces que condenaron a la expresidenta hicieron expresa referencia a sus vínculos comerciales con Báez y marcaron que la suerte del empresario con la obra pública no podía serle indiferente.
Según consta en la documentación del juicio que se inicia en la jornada de hoy, de las empresas de Lázaro Báez, en concepto de alquileres de hoteles, los Kirchner recibieron, directamente en sus cuentas personales o en las de la sociedad que controlaban, más de $40 millones entre 2008 y 2013.
Pero la causa Hotesur-Los Sauces va más allá de Báez y los desmanejos de la obra pública de Santa Cruz. Bajo la lupa judicial también figuran los negocios inmobiliarios que los Kirchner mantuvieron con Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo.
Por parte de los empresarios López y De Sousa, la familia Kirchner recibió más de $19 millones, mayormente por el alquiler de departamentos en Puerto Madero. En este caso, el beneficio recibido por los empresarios no provino de la obra pública, sino de una supuesta retención indebida de impuestos.
Así, Oil Combustibles, la empresa petrolera del grupo Indalo, se habría hecho con más de $8000 millones, al retener el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y no ingresarlo a la AFIP.
Al igual que la obra pública con Vialidad, esta parte de la maniobra también tuvo su propio capítulo judicial: la causa por Oil Combustibles, que lleva más de diez años de recorrido. El exdirector de la AFIP Ricardo Echegaray fue condenado, pero los empresarios López y De Sousa fueron absueltos y ninguna de esas situaciones tiene todavía una resolución definitiva por la Corte Suprema.
Ninguno de estos vínculos comerciales está controvertido: llegan al juicio oral acreditados desde la instrucción, con documentación y peritajes contables.
De hecho, uno de los argumentos utilizados por las defensas en la causa es que los pagos están bancarizados, motivo por el cual, aseguran, no hubo ningún intento de ocultamiento.
La discusión central del juicio no será, entonces, si existieron esos vínculos comerciales, sino si las operaciones fueron utilizadas para lavar dinero, como sostiene la acusación, o si se trató de negocios legítimos, como argumentan las defensas de los acusados.
Lavado de dinero
En Hotesur-Los Sauces, Cristina y Máximo Kirchner, los empresarios y el resto de los imputados, que son profesionales, mediadores o personas que ocuparon alguna dirección en las sociedades implicadas, como Romina Mercado, serán juzgados por lavado, entre otros delitos.
Por eso, los fiscales que instruyeron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, consideran a Vialidad como el delito precedente en el caso de Báez y a Oil Combustibles como el delito precedente para López y De Sousa. En el juicio, esto será sostenido por el fiscal Diego Velasco.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 5, integrado por José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. Se desarrollará a un ritmo de tres audiencias semanales y se transmitirá por YouTube, indicaron fuentes judiciales.
La audiencia de hoy se realizará en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py y estará destinada a una lectura resumida de las acusaciones. Los imputados podrán participar de manera virtual durante la etapa inicial, aunque deberán asistir luego a las indagatorias. Los abogados defensores sí deberán estar presentes en la sala.
El origen
Según la acusación, la génesis de la maniobra comenzó en 2008, con la compra de Hotesur. Néstor Kirchner pagó casi US$5.000.000 por la totalidad de las acciones de la sociedad, propietaria del hotel Alto Calafate, y utilizó a un hombre de su confianza, Osvaldo Sanfelice, para concretar la operación.
Ese día, Sanfelice llevó más de US$3.000.000 millones en efectivo a una sucursal del Banco Santander Río, en la calle 25 de Mayo 140, en la ciudad de Buenos Aires. Los US$1.632.000 restantes fueron transferidos desde el Banco de Santa Cruz.
Kirchner ya había adquirido por 700.000 dólares la hostería Las Dunas, también en El Calafate. En aquella operación intervino su hijo Máximo, quien lo representó ante el escribano. Luego llegaría la compra de La Aldea, en abril de 2009, a través de la sociedad Los Sauces.
¿De dónde provino el dinero inicial para comprar los hoteles? Los fiscales identificaron tres grandes fuentes de financiamiento: los negocios inmobiliarios y préstamos con empresas del propio Lázaro Báez; la compraventa de tierras fiscales en Santa Cruz, adquiridas a precios reducidos y revendidas con ganancias extraordinarias; y los créditos concedidos por el Banco de Santa Cruz, de los Eskenazi.
Días antes de la compra de Hotesur, en 2008, el banco le concedió préstamos que sumaron más de $10 millones, que, según los fiscales, fueron otorgados a la misma tasa que la entidad pagaba a la familia por sus depósitos a plazo fijo.
Adquiridos los hoteles, los Kirchner entregaron su administración y explotación a Valle Mitre, del empresario Báez.
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