POLITICA
El Senado recibió el proyecto de ley de Discapacidad y el oficialismo define los tiempos del debate
El proyecto de la denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad ya ingresó al Senado, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, firmara el texto sancionado y lo enviara a la Cámara alta. Ahora, la vicepresidenta Victoria Villarruel o el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, deberán definir su giro a las comisiones correspondientes para iniciar el tratamiento.
Aunque todavía no se resolvieron los giros formales, las comisiones que podrían intervenir son Presupuesto y Hacienda, presidida por el libertario Agustín Monteverde, y Población y Desarrollo Humano, que conduce la peronista Alicia Kirchner.
Antes de convocar al debate, el oficialismo deberá definir su estrategia legislativa. Según pudo saber TN, La Libertad Avanza pretende que el proyecto se trate durante el actual período ordinario de sesiones, que finaliza el 30 de noviembre. Las primeras definiciones podrían llegar la próxima semana. Por el momento, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, no se pronunció públicamente sobre el tema.
La discusión por el financiamiento y la estrategia del Gobierno
En el Senado recuerdan la reacción que generó el proyecto de Presupuesto 2027 cuando ingresó a Diputados el pasado 15 de septiembre. En ese momento, legisladores libertarios expresaron sorpresa y cuestionamientos al ministro de Economía, Luis Caputo, por los cambios que la iniciativa proponía sobre las pensiones por invalidez, la actualización automática por inflación de los aranceles para prestadores y las incompatibilidades con el empleo formal.
Los artículos 36 a 41 del proyecto presupuestario modifican aspectos centrales de la Ley N.º 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad, aunque no la derogan en su totalidad.
En ese contexto, Bullrich ya advertía sobre el impacto político que podían tener esas disposiciones y la posibilidad de que la oposición se unificara detrás de una nueva iniciativa. Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto este miércoles con una amplia mayoría.
Tras la votación, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés sostuvo: “Las personas con discapacidad necesitan políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos. La discapacidad no es beneficencia, es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución y en tratados internacionales”.
Un proyecto aprobado con amplio consenso
La Cámara baja sancionó la iniciativa durante la medianoche del miércoles con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. El resultado reflejó un amplio acuerdo entre bloques, luego de que el oficialismo pasara de rechazar la declaración de emergencia en discapacidad a participar de la elaboración de una propuesta alternativa.
Entre los votos negativos estuvieron los de los seis diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora. En el Senado, ese espacio cuenta con la representación de Alejandra Vigo. También se mencionan entre las posiciones contrarias a la iniciativa las de Andrea Estévez, de Unión por la Patria; Lourdes Arrieta, de Provincias Unidas; y Natalia de la Sota, que integra un monobloque.
El consenso se construyó a partir del trabajo del diputado de Argentina Federal Oscar Herrera Ahuad y de representantes del oficialismo, entre ellos Martín Menem, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Gisell Castelnuovo. También participaron dirigentes del peronismo, como Victoria Tolosa Paz, Juan Marino —autor del proyecto para prorrogar la emergencia en discapacidad— y Sabrina Selva.
Las negociaciones se extendieron durante casi dos meses, desde la firma de los dictámenes en los plenarios de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. Luego se sumaron encuentros con representantes de la Comisión de Pastoral Social, que plantearon la necesidad de incorporar distintos puntos al texto. La última reunión se realizó horas antes del debate en el recinto.
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Qué establece la ley aprobada por Diputados
La iniciativa ratifica la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal y permite que esa prestación mensual se perciba junto con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
Además, garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, o de la denominación que adopte en el futuro, e incorpora la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes. También habilita la utilización de recursos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027.
Otro de los puntos establece la obligación del Poder Ejecutivo de garantizar la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas.
En cuanto a la suspensión de beneficios, la norma incorpora un mecanismo de notificación fehaciente y establece un plazo de 60 días para que las personas afectadas puedan presentar su descargo, seguido de una revisión por parte de la autoridad competente.
La principal concesión del oficialismo estuvo vinculada a los recursos. El proyecto dispone que los gastos deberán cubrirse con partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud y establece que el financiamiento no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.
Esa garantía fue uno de los puntos centrales para conseguir el acompañamiento de distintos bloques. Además, se asumió el compromiso de asegurar las partidas correspondientes en el proyecto de Presupuesto 2027 que se debate en Diputados.
El peronismo buscará acelerar el tratamiento en el Senado
La bancada justicialista que conduce José Mayans buscará impulsar un tratamiento rápido de la iniciativa a través de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, presidida por Alicia Kirchner. Los acuerdos alcanzados en la Cámara baja podrían facilitar el desarrollo del debate, aunque el peronismo ya había expresado su preocupación por la situación del sector.
Senadores del PJ presentaron durante los últimos meses distintos proyectos relacionados con los derechos y las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Varias de esas iniciativas, al igual que ocurrió en Diputados, proponen prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Entre los proyectos presentados figuran uno de la senadora Anabel Fernández Sagasti y otro del legislador chubutense Carlos Linares. Por su parte, el pampeano Daniel Bensusán solicitó informes sobre el estado de ejecución del Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad.
En su iniciativa, Linares reclamó la continuidad de la emergencia y sostuvo: “La sanción de dicha ley constituyó una respuesta institucional del Estado Nacional frente a la profunda crisis que atravesaban las personas con discapacidad, sus familias, los prestadores de servicios, los centros terapéuticos, los centros de día, las escuelas especiales, los hogares permanentes, los transportistas y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al sector”.
Con el proyecto ya en la Cámara alta, el próximo paso será definir las comisiones que lo analizarán y el cronograma de reuniones. La intención del oficialismo es avanzar antes del cierre del período ordinario, mientras el peronismo buscará acelerar el debate para sostener los acuerdos alcanzados en Diputados.
Discapacidad, Senado
Con Cristina y Máximo Kirchner conectados de manera virtual, empezó hoy el juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, en el que la Justicia buscará determinar si los fondos públicos que recibieron empresarios beneficiados por el kirchnerismo retornaron al patrimonio de la familia Kirchner a través de sus negocios hoteleros e inmobiliarios.
El juicio empezó a las 10.10, pero todavía no estaban conectados todos los acusados. “Falta Lázaro Báez”, anunció el secretario del tribunal. El presidente destacó lo “excepcional” de este sistema, con algunos acusados siguiendo al juicio a distancia.
En la sala no está la expresidenta pero sí su abogado, Carlos Alberto Beraldi. También está el excontador de los Kirchner Víctor Manzanares, que eligió asistir y está acompañado por su defensor, Roberto Herrera.
En el ala del edificio donde está la sala de audiencias, la Sala AMIA, se extremaron desde temprano las medidas de seguridad.
La jornada de hoy estará dedicada a la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía, documento que detalla las acusaciones. Si hoy no hay un acuerdo para leer solo un resumen de ese dictamen, este trámite puede llevar varios días. Cristina y Máximo Kirchner deberán estar conectados durante todo el tiempo que demore esa lectura.
El juicio que comienza hoy es clave porque podría cerrar un gran círculo de corrupción. El proceso -que tiene a Cristina Kirchner sentada nuevamente en el banquillo de los acusados y a su hijo por primera vez frente a un tribunal- guarda relación con otros expedientes y ocupa un lugar central en el mapa judicial del kirchnerismo.
Mientras que en la causa por Vialidad la expresidenta fue condenada a seis años de prisión luego de que se acreditara el direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, en Hotesur-Los Sauces la Justicia buscará determinar si parte de los fondos obtenidos por Báez reingresaron al patrimonio de la familia Kirchner mediante el alquiler de hoteles y propiedades.
La conexión entre ambas causas quedó reflejada en la sentencia dictada en 2022. Los jueces que condenaron a la expresidenta hicieron expresa referencia a sus vínculos comerciales con Báez y marcaron que la suerte del empresario con la obra pública no podía serle indiferente.
Según consta en la documentación del juicio que se inicia hoy, de las empresas de Lázaro Báez, en concepto de alquileres de hoteles, los Kirchner recibieron, directamente en sus cuentas personales o en las de la sociedad que controlaban, más de 40 millones de pesos entre 2008 y 2013.
Pero Hotesur-Los Sauces va más allá de Báez y los desmanejos de la obra pública de Santa Cruz. Bajo la lupa judicial también figuran los negocios inmobiliarios que los Kirchner mantuvieron con Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo.
Por parte de López y De Sousa, la familia Kirchner recibió más de 19 millones de pesos, mayormente por el alquiler de departamentos en Puerto Madero.
En este caso, el beneficio recibido por los empresarios no provino de la obra pública, sino de una supuesta retención indebida de impuestos. Oil Combustibles, la empresa petrolera del grupo Indalo, se habría hecho con más de 8 mil millones de pesos al cobrar el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y no ingresarlo a la AFIP.
Esta parte de la maniobra también tuvo un capítulo judicial previo: la causa por Oil Combustibles, que lleva más de diez años de recorrido. El exdirector de la AFIP Ricardo Echegaray fue condenado, pero los empresarios López y De Sousa fueron absueltos, y está pendiene una resolución definitiva de la Corte Suprema.
Ninguno de estos vínculos comerciales está controvertido: llegan al juicio oral acreditados desde la instrucción, con documentación y peritajes contables.
De hecho, uno de los argumentos utilizados por las defensas es que los pagos están bancarizados, motivo por el cual, aseguran, no hubo ningún intento de ocultamiento.
La discusión central del juicio no será, entonces, si existieron esos vínculos comerciales, sino si las operaciones fueron utilizadas para lavar dinero, como sostiene la acusación, o si se trató de negocios legítimos, como argumentan las defensas.
Lavado
En Hotesur-Los Sauces, serán juzgados por lavado y otros delitos Cristina y Máximo Kirchner, los empresarios y el resto de los imputados, que son profesionales, mediadores o personas que ocuparon alguna dirección en las sociedades implicadas, como Romina Mercado.
Los fiscales que instruyeron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, consideran a Vialidad como el delito precedente en el caso de Báez y a Oil Combustibles como el delito precedente para López y De Sousa. En el juicio, esto será sostenido por el fiscal Diego Velasco.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 5, integrado por José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. Se desarrollará a un ritmo de tres audiencias semanales y se transmitirá por YouTube, indicaron fuentes judiciales.
La audiencia de este viernes se realiza en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py y está destinada a una lectura resumida de las acusaciones. Los imputados podrán participar de manera virtual durante esta etapa inicial, aunque deberán asistir luego a las indagatorias. Los abogados defensores sí deberán estar presentes en la sala.
El origen
Según la acusación, la génesis de la maniobra comenzó en 2008, con la compra de Hotesur. Néstor Kirchner pagó casi 5 millones de dólares por la totalidad de las acciones de la sociedad, propietaria del hotel Alto Calafate, y utilizó a un hombre de su confianza, Osvaldo Sanfelice, para concretar la operación.
Ese día, Sanfelice llevó más de 3 millones de dólares en efectivo a una sucursal del Banco Santander Río, ubicada en la calle 25 de Mayo 140, en la ciudad de Buenos Aires. Los 1.632.000 dólares restantes fueron transferidos desde el Banco de Santa Cruz.
Kirchner ya había adquirido por 700.000 dólares la hostería Las Dunas, también en El Calafate. En aquella operación intervino su hijo Máximo, quien lo representó ante el escribano.
Luego vendría la compra de La Aldea, en abril de 2009, a través de la sociedad Los Sauces.
¿De dónde provino el dinero inicial para comprar los hoteles? Los fiscales identificaron tres grandes fuentes de financiamiento: los negocios inmobiliarios y préstamos con empresas del propio Lázaro Báez; la compraventa de tierras fiscales en Santa Cruz, adquiridas a precios reducidos y revendidas con ganancias extraordinarias; y los créditos concedidos por el Banco de Santa Cruz, de los Eskenazi.
Días antes de la compra de Hotesur, en 2008, el banco le concedió préstamos que sumaron más de 10 millones de pesos, que, según los fiscales, fueron otorgados a la misma tasa que la entidad pagaba a la familia por sus depósitos a plazo fijo.
Adquiridos los hoteles, los Kirchner entregaron su administración y explotación a Valle Mitre, del empresario Báez.
las causas Hotesur y Los Sauces,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
EEUU reconoció que le preocupa la ley que podría sancionar a sus empresas por el conflicto con Malvinas
El vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, admitió que Estados Unidos sigue “con interés” los alcances de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que podría sancionar a las empresas -incluidas las norteamericanas- vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas, y encuadró la propuesta de disolver el Comité de Descolonización de la ONU como parte de una reforma general del organismo.
“No hay otro país en todo el mundo con el cual estemos tan alineados”, afirmó Landau en una conferencia de prensa desde el Palacio San Martín, junto al canciller Pablo Quirno que, a su turno, calificó el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas como “innegociable” y sostuvo que la eventual desaparición del C-24 “no tiene ningún tipo de mella” en la posición argentina, aunque reconoció que el foro es de su interés porque allí presenta el reclamo cada año.
Consultado sobre si Estados Unidos propone efectivamente disolver el foro donde la Argentina sostiene desde 1965 su reclamo contra el Reino Unido, y si existe incomodidad en Washington por el alcance de las sanciones previstas en el proyecto de ley oficialista, Landau respondió que la administración Trump impulsa una reforma de las Naciones Unidas y que el C-24 es uno de los comités que, a su juicio, “a través de los años no han hecho casi nada”. “Espero que aquí en Argentina no se confunda un proyecto de reforma, de agilizar la operación de Naciones Unidas, con un tema en particular sustantivo”, planteó.
El vicesecretario de Estado fue más allá y señaló que el comité “ha tomado posiciones bastante radicales en ciertos temas contra Estados Unidos en cuestión de Puerto Rico y otros temas”.
Sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, sostuvo que “las leyes de la nación argentina es cuestión para las autoridades de la nación argentina”, pero agregó: “Nosotros estamos, obviamente, viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupa por eso”.
Como contexto de esta postura son los trascendidos de que funcionarios de la Casa Blanca transmitieron al Gobierno argentino su preocupación por el alcance de las penalidades previstas en el proyecto 0010-PE-2026, que podrían alcanzar no solo a las compañías que operan directamente en el archipiélago sino también a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.
Quirno fue más explícito en la defensa de la iniciativa. Argumentó que la ley vigente “no le da a la Argentina las herramientas necesarias” para defender sus intereses en Malvinas y que la nueva iniciativa busca ampliar esas capacidades. “No va en contra de nadie en particular, no va en contra de ninguna empresa en particular”, insistió, y planteó que la norma ofrece a las compañías una elección de negocios: operar en el continente argentino, donde el potencial es “muchísimo mayor”, o mantener operaciones “ilegítimas” en las islas.
“Nosotros creemos y esperamos que elijan siempre al continente argentino por sobre las licencias ilegítimas de las Islas Malvinas”, cerró el canciller.
El canciller dedicó la parte más extensa de su respuesta a desvincular el reclamo argentino de la suerte del C-24. Aseguró que las resoluciones que sustentan la posición del país son “resoluciones generales de las Naciones Unidas, no de un comité en especial” y que la causa se presenta “en todo foro internacional”.
Sin embargo, reconoció que el comité “es un foro que a nosotros nos interesa, porque es un foro donde anualmente realizamos este reclamo”. En esta línea, el vocero presidencial Adrián Ravier había reconocido esta semana que la postura argentina frente al pedido estadounidense “está bajo análisis” y no descartó cambios en la ley de soberanía durante el debate parlamentario. Además, la Argentina se abstuvo el 15 de octubre en dos de los 23 proyectos de la Cuarta Comisión de la ONU sobre descolonización, una decisión que Quirno atribuyó a “razones técnicas” pero que la oposición interpretó como un gesto a Washington.
Consultado por Infobae sobre si las inversiones anunciadas por el embajador Peter Lamelas —quien en Neuquén cifró en USD 20.000 millones el financiamiento previsto y lo condicionó a que el país siga “hacia la derecha”—, Landau evitó referirse a esas declaraciones. Trazó un paralelo entre el momento actual y la prosperidad argentina de fines del siglo XIX, elogió al Gobierno por “crear las condiciones para otra época dorada” y se limitó a expresar entusiasmo por las “enormes posibilidades” del país.
Quirno, en tanto, señaló: “Esto es algo que es importante aclarar, porque esto es una pregunta que termina siendo recurrente. La relación entre Argentina y Estados Unidos es una relación estratégica, es una relación profunda, y todo el tiempo se especula sobre la condicionalidad. Está claro que nosotros queremos, y el embajador Lamelas lo dice constantemente, que el gobierno argentino reelija el año que viene. Eso es un interés común que nosotros tenemos. Pero creo que es importante entender lo siguiente: Argentina ha hecho en estos treinta y pico de meses de gobierno los deberes necesarios para contar con el apoyo de Estados Unidos y varios otros países, y eso es producto de la alianza que tenemos, de la confianza que se ha generado, de la credibilidad que ha ganado Argentina. Y el condicionamiento, el único condicionamiento que hay, o sea, que existe, es que sigamos haciendo lo que estamos haciendo. O sea, que sigamos por el camino del crecimiento, del orden macroeconómico, del equilibrio fiscal, porque eso es lo que va a dar previsibilidad a estas inversiones a futuro, es generar las condiciones para que sean inversiones de, de largo plazo”.
Antes de las preguntas, Quirno detalló que la administración de Trump aprobó USD 13 millones para programas contra el narcotráfico —USD 7,5 millones para proyectos en el país y el resto para iniciativas regionales— y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó con Landau el Pacto para la Protección de la Infancia, con un apoyo de hasta USD 10 millones para combatir la trata de menores. También se anunció un aporte no reembolsable de USD 15 millones para un centro de operaciones de ciberseguridad que incluirá una evaluación de la red troncal de Arsat.
El “quitavisas”
Ante la consulta sobre si Estados Unidos busca un compromiso argentino para bloquear el uso de tecnología china en proyectos de infraestructura, en referencia a un episodio reciente en Neuquén donde directivos de una empresa habrían recibido advertencias sobre sus visas por un vínculo con Huawei, Quirno negó que exista discriminación y describió las decisiones como resultado de un análisis de seguridad informática.
Landau fue más directo: “Por algo me llaman el quitavisas”, dijo, y explicó que las visas son “una herramienta de la política exterior”. “No queremos invitar como huéspedes a nuestro país a personas que amenazan la seguridad de nuestro país”, completó.
Landau y Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, llegaron a Buenos Aires en la noche del miércoles desde Asunción, Paraguay.
International,Relations,Diplomacy / Foreign Policy,South America / Central America
POLITICA
Chapadmalal cambia de rumbo: el Gobierno definió cuál será el nuevo destino de sus históricos hoteles – Nexofin
El Gobierno nacional abrió un concurso para concesionar seis de los nueve hoteles del complejo turístico de Chapadmalal, cerrado desde principios de 2025.
Los tres restantes serán cedidos a la Universidad Nacional de Mar del Plata para actividades académicas, investigación y alojamiento estudiantil.
La convocatoria, a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), recibirá ofertas hasta el 27 de noviembre.
Los interesados podrán presentarse por hotel o por el conjunto. Las concesiones tendrán una duración de 30 años y exigirán cánones mensuales de entre $23 millones y más de $48 millones, según el establecimiento.
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Los operadores deberán garantizar servicios hoteleros, mantener las instalaciones y respetar las áreas de reserva natural.
Además, tendrán que preservar el patrimonio arquitectónico de los edificios, diseñados por Alejandro Bustillo a fines de la década de 1950 y declarados Monumento Histórico Nacional.
El anuncio reavivó la discusión política sobre el futuro del complejo. El intendente Guillermo Montenegro respaldó la participación privada como vía para recuperar los edificios y generar empleo. En cambio, la senadora provincial Fernanda Raverta cuestionó la medida y defendió una transferencia a la provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, los hoteles 7, 8 y 9 quedarían bajo la órbita de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que proyecta convertirlos en espacios de formación y residencias universitarias.
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