La Argentina no necesita apenas una baja aislada de impuestos. Necesita una reforma integral, coordinada y federal del sistema tributario. El problema no es solamente cuánto se paga, sino también la maraña de impuestos, tasas, contribuciones y derechos que se superponen entre Nación, provincias y municipios, encareciendo la producción, la inversión y el empleo formal.

El último Vademécum Tributario de Iaraf muestra la dimensión del problema: en 2026 existen 150 tipos de tributos en la Argentina. De ellos, 40 corresponden al nivel nacional, 28 al provincial y 82 al municipal. Es decir, menos de un tercio del total depende directamente del gobierno nacional. La mayor parte del laberinto tributario está en provincias y municipios.

El dato es todavía más impactante cuando se observa la recaudación. Según Iaraf, apenas seis tributos explican el 85% de la recaudación tributaria consolidada proyectada para 2026: IVA, aportes y contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias, Ingresos Brutos, débitos y créditos bancarios, y la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene municipal. Si se suman los cuatro tributos siguientes, se llega al 94% de la recaudación. Tenemos, entonces, un sistema absurdamente complejo, pero con una recaudación fuertemente concentrada.

La conclusión debería ser evidente: no hay ninguna razón económica seria para sostener 150 tributos si un pequeño grupo explica casi toda la recaudación. Esa multiplicación no mejora el financiamiento del Estado. Solo aumenta los costos de cumplimiento, la litigiosidad, la discrecionalidad, la informalidad y la corrupción.

El gobierno nacional ya avanzó en una parte relevante del camino. En términos recaudatorios, lo más costoso para la Nación fue la desaparición del Impuesto PAIS y la reducción de derechos de exportación. A eso se suman bajas de aranceles de importación y la eliminación o reducción de impuestos internos. Son medidas que alivian costos sobre exportaciones, importaciones, consumo, producción e inversión.

Pero allí aparece una paradoja típica del federalismo fiscal argentino. Cuando la Nación baja impuestos o costos que no son coparticipables, asume el costo fiscal directo. Sin embargo, si esa baja genera más actividad, más producción, más comercio y más empleo formal, aumenta la recaudación de impuestos coparticipables, como IVA y Ganancias, de la cual también participan las provincias.

En otras palabras: la Nación hace buena parte del esfuerzo inicial, la economía reacciona y las provincias también capturan parte del beneficio. Pero muchas provincias no hacen un esfuerzo equivalente sobre sus propios impuestos distorsivos. Mantienen Ingresos Brutos, Sellos y otras cargas que castigan la producción y el empleo. Y los municipios agregan tasas que muchas veces no son verdaderas tasas, sino impuestos encubiertos.

La misma lógica aparece en el alivio impositivo incluido en la reforma laboral. Iaraf estimó que el texto aprobado por el Senado tenía un costo fiscal directo inicial anual de 0,47 puntos del PBI: 0,41 puntos correspondían a la Nación y 0,06 puntos a provincias y CABA. Dicho de otro modo, alrededor del 87% del alivio fiscal directo recaía sobre la Nación y solo el 13% sobre provincias y CABA. Iaraf aclara, además, que se trata de un costo fiscal directo inicial, porque la baja de alícuotas puede generar más formalización y, por lo tanto, ampliar la base imponible.

Este punto es central. Si la reducción de impuestos y costos laborales mejora la actividad, la inversión y la formalización, el efecto Laffer puede empezar a operar: una menor carga sobre la economía puede terminar generando una base imponible más grande. Pero para que ese efecto sea pleno, el esfuerzo no puede quedar concentrado solamente en la Nación. Debe ser acompañado por provincias y municipios.

El caso más claro es Ingresos Brutos. Es uno de los peores impuestos argentinos: grava en cascada, se acumula a lo largo de toda la cadena productiva, encarece exportaciones, penaliza la especialización y castiga a las empresas que más etapas productivas integran. Es un impuesto contra la productividad. Si queremos más inversión, más empleo y mejores salarios, debe ser reducido y reemplazado gradualmente por tributos más simples y menos distorsivos.

También hay que ordenar el universo municipal. Una tasa debería corresponderse con un servicio concreto, individualizable y efectivamente prestado. Si un municipio cobra una “tasa” sobre la facturación de una empresa, sobre publicidad, combustibles o actividades que no implican una contraprestación específica, no estamos ante una tasa: estamos ante un impuesto disfrazado. Eso debe terminar.

La reforma tributaria también debe corregir un problema institucional de fondo: la separación entre quien recauda y quien gasta. Durante décadas, la Argentina consolidó un sistema en el que la Nación recauda buena parte de los principales impuestos, mientras las provincias ejecutan una porción sustancial del gasto. Esa desconexión debilita la responsabilidad fiscal. Todos quieren gastar, pero pocos quieren hacerse cargo del costo político de cobrar.

Por eso hay que avanzar hacia una mayor correspondencia fiscal. Una alternativa sería dividir el IVA en dos componentes: una parte nacional uniforme —por ejemplo, 9,5%— y una parte provincial definida por cada provincia. Así, cada jurisdicción debería hacerse responsable ante sus ciudadanos del nivel de impuestos que decide cobrar y del gasto que decide realizar.

Eso permitiría una verdadera competencia fiscal entre provincias. Las que quieran gastar más deberán explicar por qué cobran más. Las que quieran atraer inversión, empleo y talento podrán bajar impuestos y mostrar mejores resultados. El federalismo real no consiste en recibir fondos automáticos sin responsabilidad; consiste en tener autonomía, pero también rendir cuentas.

La próxima reforma tributaria debe ser, entonces, un pacto federal de simplificación y alivio fiscal. Nación, provincias y municipios deben eliminar tributos inútiles, reducir impuestos distorsivos y ordenar las tasas municipales. No se trata de desfinanciar al Estado, sino de financiarlo mejor: con menos impuestos, más simples, más visibles y menos dañinos para la producción.

La Argentina no necesita 150 tributos. Necesita un sistema que recaude sobre una economía más grande, más formal y más libre. El objetivo no es recaudar menos por capricho; es recaudar mejor, con menos daño y con más crecimiento.

El espíritu de la Selección Nacional nos recuerda que cuando los argentinos jugamos juntos, podemos ganarle a cualquiera. Ese mismo espíritu debería unirnos ahora para exigirles a gobernadores, legisladores provinciales, intendentes y concejales que cumplan su parte del esfuerzo. La Nación ya empezó. Ahora les toca a las provincias y a los municipios.

Porque bajar impuestos no es regalarle nada a nadie. Es devolverle oxígeno a quienes producen, trabajan, invierten y sostienen todos los días a la Argentina real.

El autor es Director General de la Fundación Libertad y Progreso