Melody Rakauskas, que denunció al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por abuso sexual, se presentó ante la Justicia para pedir que le impidan salir del país en las vacaciones de invierno sin permiso judicial. Además, solicitó medidas de protección.

El caso iniciado por Rakauskas había sido cerrado por la Justicia debido a la falta de acusación fiscal, por carecer de evidencia y porque la mujer se había quedado sin abogado que la represente como querellante. Pero la semana pasada la Cámara Nacional de Casación reabrió el caso al devolverle a Rakauskas el rol de querellante y ahora se presentó a impulsar la acción penal.

Se presentó ante el tribunal de feria N° 2 para pedir que se mantenga la prohibición que pesaba sobre Espinoza de salir del país sin autorización judicial previa, así como el embargo sobre sus bienes.

La presentación, con el patrocinio del abogado Ignacio Barrios, solicita la habilitación de la feria judicial.

El viernes pasado, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación, con los votos de los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días y la disidencia de Pablo Jantus, revocó el sobreseimiento que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 había dictado el 18 de febrero, restituyó a Rakauskas como querellante y ordenó que el juicio oral se realice “a la brevedad”.

El mismo día, el caso llegó al tribunal oral y la defensa de Espinoza pidió declarar nula esa decisión. El juzgado dispuso estar a la espera de que este fallo quede firme.

La querella pidió que el tribunal de feria certifique el estado actual de las medidas cautelares impuestas a Espinoza y, comprobada su vigencia, disponga expresamente su mantenimiento hasta la finalización del proceso.

Si alguna de ellas fue levantada, pidió que sea restituida y comunicada a la Dirección Nacional de Migraciones. La querella subraya que no reclama la detención del intendente, ni prisión preventiva, ni retención de pasaporte, ni una prohibición absoluta de viajar, sino solo que pida permiso antes de hacerlo.

Quiere la querellante que se explique destino, motivo, fechas, itinerario, medios de transporte, alojamiento y documentación respaldatoria, que explique su compatibilidad con las audiencias fijadas y que sea resuelto previa vista a la fiscalía.

Sobre el embargo, pide que se certifique su monto, alcance y registración, que se mantenga hasta la sentencia definitiva y que cualquier pedido de reducción o levantamiento se le dé traslado a la fiscalía y a ella misma.

Con independencia de la discusión sobre la firmeza del fallo, Rakauskas reclamó medidas por su condición de víctima: la prohibición de que Espinoza la contacte, perturbe o intimide en forma directa o indirecta, personalmente, por medios digitales o a través de terceros, la reserva de su domicilio y de todo dato que revele su ubicación, y la canalización de las comunicaciones a través de sus abogados.

La causa se originó en la denuncia que Rakauskas radicó el 10 de mayo de 2021, cuando se desempeñaba como secretaria de Espinoza.

Según su relato, el intendente se presentó en su departamento con una excusa laboral e intentó abusar sexualmente de ella. Espinoza siempre negó los hechos y goza del estado de inocencia; el propio escrito de la querella aclara que su petición “no procura anticipar pena, restringir de modo absoluto la libertad ambulatoria ni alterar el estado de inocencia”, sino “preservar la disponibilidad del imputado para el juicio ordenado por la Sala III”.

Una exdirectiva de una empresa de Lázaro Báez fue beneficiada en una causa judicial en la que estaba acusada de fraude, al lograr la suspensión del juicio a cambio de realizar tareas comunitarias.

La decisión es de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que benefició, en un fallo dividido, a Myriam Elizabeth Costilla, directora de la empresa de Báez Kank y Costilla SA.

El fallo de la mayoría fue firmado por los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes confirmaron la decisión del Tribunal Oral Federal 2 que había concedido la suspensión de juicio a prueba a Costilla.

Borinsky fue quien argumentó y Barroetaveña adhirió a sus fundamentos. Borinsky mencionó que ese fallo “constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa”.

En disidencia, el juez Gustavo Hornos se pronunció en contra de otorgar el beneficio y, por el contrario, instó a que fuera llevada a juicio oral y público cuanto antes con el resto de los acusados.

Esta causa es el segundo tramo de la causa Vialidad por corrupción estatal, en la que Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión.

Costilla fue beneficiada con la suspensión de la causa a cambio de fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y realizar tareas comunitarias durante dos años por cuatro horas semanales en favor del Hogar de Ancianos Pablo VI de Comodoro Rivadavia, en Chubut.

Tanto la fiscalía, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, como la Unidad de Información Financiera, que es la parte querellante, se opusieron a la concesión de ese beneficio. Acusan a Costilla de haber intervenido, entre enero de 2007 y agosto de 2013, en la ejecución y subsistencia de una matriz de corrupción.

Le imputan que desde su rol de presidenta de Kank y Costilla SA permitió que se sustrajeran “en forma periódica y constante” fondos públicos mediante una maniobra de defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial.

Dijo la fiscalía que, para concretarlo, en uso de sus facultades como presidenta de la empresa, Myriam Elizabeth Costilla decidió ofertar en las licitaciones investigadas.

Todo esto a pesar de que estaba prohibido que otras firmas del mismo conglomerado ofertaran en la misma licitación, “contribuyendo a la estrategia desplegada por el grupo encabezado por Lázaro Antonio Báez”.

La firma Kank y Costilla S.A. fue incorporada al entramado empresarial controlado por Lázaro Báez en 2007, cuando comenzó a ejecutarse la maniobra defraudatoria.

El 15 de enero de 2007, Báez adquirió, junto con Austral Construcciones S.A., el 100% de Kank y Costilla S.A., que desde entonces pasó a integrar el conjunto de empresas bajo su dirección y control.

Así manejó el circuito económico mediante el cual se canalizaron y administraron los beneficios derivados de las contrataciones públicas irregulares investigadas, señala la acusación.

En su disidencia, el juez Gustavo Hornos destacó que no podía otorgársele la probation sobre la base de la gravedad institucional de los hechos investigados.

Destacó que los delitos por los que se acusa a Myriam Costilla como presidenta de la firma Kank y Costilla S.A. “permiten dimensionar la entidad de la maniobra investigada, ejecutada por funcionarios de la más alta jerarquía del Estado Nacional junto a personas privadas, ocasionando un colosal daño al erario público, que representa una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente acreditadas en la historia argentina”.

Dijo el juez que la señora debe enfrentar un juicio oral y público, “ámbito natural para el debido esclarecimiento de los hechos y la determinación de eventuales responsabilidades”.

Hornos dijo que se trata de hechos de corrupción, los cuales “deben ser juzgados con la máxima severidad”, ya que no solo lesionan bienes jurídicos económicos, sino que “dañan los cimientos mismos del orden constitucional, y eso debe verse traducido al momento de la ejecución de la sentencia”.

Sostuvo que “La corrupción, como delito doloso contra el Estado que conlleva enriquecimiento ilícito, ha sido reconocida como una de las formas más graves de ataque a las instituciones republicanas”.

Dijo qeu cuando un funcionario público participó del hecho no corresponde aplicar este beneficio a un particular y puso como ejemplo que en otro tramo de este caso ya tienen condena firme Cristina Kirchner y José López, entre otros.

Por último, destacó la necesidad de avanzar sin mayores dilaciones hacia la realización del juicio oral y público, dado el tiempo transcurrido desde los hechos investigados.

En El segundo tramo del caso Vialidad se invetsiga a una red secundaria de empresarios y exfuncionarios que supuestamente participaron en el desvío de fondos de obras públicas.

Se centra en los contratos irregulares otorgados a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Los acusados son empresarios, socios y exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad, como Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, el excontador Fernando Butti y el exfuncionario Sandro Férgola.

Se buscan determinar las responsabilidades operativas en el fraude a la administración pública y el encubrimiento de la estructura de corrupción.

El Tribunal Oral Federal 2, el mismo que condenó a Cristina Kirchner, lleva adelante el caso, donde varios acusados firmaron acuerdos de juicio abreviado para admitir su culpabilidad a cambio de una pena menor.