En un duro escrito, el fiscal Diego Velasco apeló la decisión del tribunal oral 5 de partir en dos los juicios por lavado de dinero y asociación ilícita de Los Sauces y Hotesur contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo, ante el riesgo de que se dividan las pruebas y uno de los casos sea absuelto y arrastre al otro en la misma dirección.

El tribunal integrado por José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Peloni decidió por unanimidad la semana pasada hacer dos juicios, uno a continuación del otro: el caso Los Sauces comenzaría el 23 de octubre y Hotesur el 19 de marzo.

Pero el fiscal de juicio Velasco, como anticipó el sábado , se opuso y apeló esa decisión en 28 carillas, en las que dice que nunca fue consultado, que se trata del mismo delito partido en dos, que el lavado es un delito continuo, que las pruebas son las mismas para ambos casos, que los imputados son los mismos y que no se advierte que se ahorre tiempo con dos procesos.

Velasco pidió mantener la fecha de inicio del juico el 23 de octubre, pero para que comiencen ambos procesos, tanto Hotesur y Los Sauces.

El fiscal advirtió que Cristina y Máximo Kirchner podrían quedar sin ser juzgados por un caso, si es que fueran absueltos por el otro.

“La sentencia que se dicte en el debate que se celebre primero podrá ser invocada en el segundo como cosa juzgada respecto de los tramos que las defensas presenten como partes de ese mismo delito, con eventual extinción de la pretensión punitiva”, dijo el fiscal Velasco.

Ahora, serán los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación los que resolverán si mantienen el caso unificado o si lo parten en dos juicios. Con la actual integración serían Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar.

Velasco advirtió que al separar los dos juicios, la primera sentencia podría ser usada por las defensas como “cosa juzgada” y así frustrar la acusación en la segunda causa.

Alertó que la separación abre la puerta a que la expresidenta, Máximo Kirchner y otros imputados eviten ser juzgados por una parte de los hechos.

Velasco sostiene que en ambas causas se juzga el “delito continuado” de lavado de dinero, con períodos que se superponen: 2008 a 2015 en Hotesur y 2009 a 2016 en Los Sauces, con un mismo objetivo que es “la canalización de fondos hacia el patrimonio de la familia Kirchner”.

“Cuando recae sentencia sobre un delito continuado quedan juzgadas todas sus partes, sin que quepa reabrir la causa, aunque con posterioridad se descubran nuevas partes de este”, explicó la fiscalía.

Por eso es que advirtió que la sentencia del primer juicio puede arrastrar a que el segundo sea considerado cosa juzgada y los acusados se libren. “Con eventual extinción de la pretensión punitiva”, dijo el fiscal en términos jurídicos, lo que en lenguaje llano implica la impunidad, porque no se podrá acusar.

Velasco sostuvo que es “FALSO” (sic, con mayúsculas en el original) que las causas tengan objetos procesales autónomos, como afirmó el tribunal. Es decir que se investiguen cosas diferentes. Dijo Velasco que ambos son aspectos de la misma maniobra. El flujo de fondos hacia las cuentas de los Kirchner como retorno por los negocios de Lázaro Báez y Cristóbal López con el Estado.

Recordó que 12 de los 19 imputados de Hotesur también están acusados en Los Sauces, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro y Martín Báez, Osvaldo Sanfelice y el contador Víctor Manzanares.

El fiscal señaló que el “dato decisivo” para probar el nexo entre ambas causas es que Valle Mitre, la firma vinculada a Báez que señala como eje del flujo de fondos hacia Hotesur, fue a la vez inquilina de Los Sauces.

Mediante el hotel La Aldea, esa empresa le aseguró a la familia presidencial 2.836.724 de pesos entre 2009 y 2013, y la acusación de Hotesur cita ese tramo de Los Sauces al afirmar que “el mismo hecho, el mismo vehículo societario y el mismo dinero integran ambas acusaciones”.

Explicó Velasco que en Hotesur decidió no reiterar la acusación por asociación ilícita ya incluida en Los Sauces, porque desde 2019 ambas causas tramitan juntas sin que nadie se hubiera opuesto, incluso tras su paso por la Corte Suprema de Justicia.

Con la división, advirtió Velasco, la existencia y extensión de esa asociación ilícita “quedará debatida y decidida en ‘Los Sauces’, casi cinco meses antes y sin que la prueba de Hotesur haya sido producida”. La acusación de Hotesur, dijo, no podrá invocar la asociación ilícita.

El escrito tiene pasajes de inusual dureza para con el tribunal, donde la fiscalía dijo que los jueces suspendieron “las pericias pese al pedido expreso de continuarlas” y que el tribunal “tardó más de cinco meses en reactivar” la instrucción suplementaria. “Y ahora aparece el Tribunal como un garantizador (sic) de la celeridad fijando cínicamente audiencias los días sábados y una partecita de la feria judicial”, ironizó.

También cuestionó que se exija presencialidad estricta y se rechace el formato híbrido, “como si las herramientas de la virtualidad fueran mala palabra —aunque las use en otros juicios—”. Y agregó: “Me pregunto: ¿Por qué no se habilita la segunda quincena de enero también? Vaya uno a saber”.

Recordó que el 4 de septiembre el presidente del tribunal le había dicho que no fijarían fecha hasta que toda la prueba estuviera disponible. Ahora se fijó fecha con la prueba aún pendiente. “Raro”, escribió. “Parece que se cambió de criterio -en buena hora-”.

Velasco se quejó además de que el tribunal decidió sin darle intervención ni a la fiscalía ni a las defensas, ni lo hizo en la audiencia citada para organizar el debate a comienzos de este mes.

La Sala I de la Cámara de Casación ya tiene fijada para el 15 de octubre una audiencia de informes por otro recurso del fiscal vinculado a la fecha del juicio, pero estas objeciones no forman parte aún de esa discusión.

Manuel Adorni sostiene que gastos por cientos de miles de dólares que hizo en los últimos años se explican por inversiones en bitcoins que, según su relato, había mantenido en secreto, escondidas, hasta junio pasado. Fue en ese momento, con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra y números que no cerraban, que modificó su estrategia: dijo que él y su mujer habían ahorrado 200.000 dólares, que los invirtieron en criptomonedas y que ganaron otros 300.000, todo antes del gobierno de Javier Milei. Ahora, esa versión se la dio a la Justicia.

La historia, como la presentó la defensa del exjefe de Gabinete, tiene capítulos oscuros, casi imposibles de chequear; según Adorni, por la propia naturaleza de la inversión, que puede hacerse sin dejar rastros. Pero además, en toda la cadena de movimientos de dinero -algunos muy llamativos- el exfuncionario relata haber elegido siempre la informalidad.

Adorni dice que compró bitcoins con ahorros no bancarizados ni declarados, que los vendió a compradores anónimos que le pagaron en efectivo (uno de ellos, de acuerdo con su relato, le dio en mano, el 5 de agosto de 2017, 296.785,46 dólares), que él y su mujer guardaron todo el dinero (que llegó a sumar 565.000 dólares) en su departamento durante años y que “optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran”, hasta que, por razones de seguridad, se vieron obligados a usar parte de esos fondos cuando él asumió como funcionario para mudarse (“al encontrarse en el primer piso, sus vecinos le arrojaban objetos a su patio”, dice el escrito presentado para explicar la mudanza a Caballito); también, para comprarse una casa de fin de semana (decisión que tomaron después de que Adorni sufrió un “altercado” en la “vía pública”, cuenta el texto).

La operación de venta del 5 de agosto no solo es llamativa porque, de acuerdo con lo que sostiene Adorni, un desconocido le pagó casi 300.000 “dólares billete” en algún lugar no revelado “sin que mediara intervención de plataforma, entidad financiera o intermediario alguno”.

Adorni sostiene que, en total, fueron ocho las billeteras con las que operó. ¿Cómo prueba que efectivamente eran suyas? Presentó un acta en la que un escribano dejó asentado que constató que Adorni tiene las claves privadas para operar con esas billeteras, que hoy están vacías, y se ofreció a entregar esas claves si la Justicia se las pide. “La sola tenencia de la clave privada hace a la titularidad de la billetera”, afirmó el abogado de Adorni, Matías Ledesma. Pero el acta es de septiembre de este año. Lo que acredita es que Adorni es quien dispone de esas billeteras ahora; no que fuera su dueño antes de asumir como funcionario.

¿Puede bastar esta exposición como la explicación del enriquecimiento que la Justicia le reclamó a Adorni? Para la defensa, sí; en todo caso, deberá el fiscal Gerardo Pollicita demostrar que Adorni miente. Por el principio de inocencia -afirmó Ledesma-, “el deber de ‘justificar’ no importa una inversión de la carga de la prueba”. El abogado invocó además la regla “in dubio pro reo” (en caso de dudas, hay que estar a favor del acusado).

Cuando Adorni incorporó públicamente la versión de sus criptoganancias, un funcionario que trabaja en la causa advirtió a LA NACIÓN que de no ser trazables las operaciones, el problema sería del funcionario porque es a él a quien le corresponde justificar su crecimiento patrimonial. El fiscal Pollicita deberá analizar ahora si lo presentado por el exjefe de Gabinete es suficiente, si dispone nuevas medidas de prueba o si pide que sea citado a declarar en indagatoria.