Mediante una decisión administrativa, la gestión de Javier Milei modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi 2,5 billones de pesos, que incluyó un fuerte ajuste en lo relativo a educación y universidades. El monto del ajuste equivale aproximadamente a un 1,6 por ciento del Presupuesto.

Los principales cambios incluyen ajustes por deudas previsionales y el plan de retiro de la Anses, pero también la poda se da en el presupuesto educativo en la previa a la marcha federal universitaria, cuyo epicentro será mañana, en la Plaza de Mayo.

El Gobierno nacional recortó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, según determinó la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial.

De acuerdo con la planilla anexa de gastos de la administración nacional, el principal ajuste impactó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió $35.288.051.713. La reducción afectó principalmente las transferencias directas a las provincias para su implementación.

Además, el Poder Ejecutivo eliminó el “Fondo de Compensación Salarial Docente” por $8.929.835.294, mecanismo destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales

En infraestructura escolar y equipamiento, el recorte alcanzó los $21.686.636.818, mientras que el programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” sufrió una reducción de $6.649.536.538, incluyendo una baja de más de $559 millones en becas estudiantiles.

También la empresa estatal EDUC.AR S.A. perdió transferencias por un total consolidado de $48.000.000.000, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a partir de la documentación oficial.

Las universidades nacionales, impulsoras de la protesta de este martes, también resultaron alcanzadas por la reducción presupuestaria. El anexo detalló una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, afectando obras en trece casas de estudio.

Entre las universidades más afectadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1.043.000.000; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700.000.000; Río Cuarto, con $680.500.000 menos; y Entre Ríos, con una baja de $540.000.000.

La medida oficial lleva firma del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y abarca también la modificación de créditos presupuestarios del Consejo de la Magistratura y la redistribución de cargos dentro de la estructura nacional.

Mediante el artículo 3°, se incrementaron en $500.000 millones el techo fijado por el artículo 40 de la Ley N° 27.798 para la cancelación de sentencias judiciales de origen previsional y deudas establecidas en acuerdos transaccionales bajo la Ley N° 27.260. El nuevo límite queda determinado en $712.288 millones.

Según dispone la norma,la ampliación responde a retroactivos originados en ajustes practicados sobre las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Anses, organismo descentralizado bajo la órbita de la Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, es el ente responsable de afrontar esos pagos.

Además, la decisión contempla también un refuerzo de los créditos de gastos en personal destinado a financiar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para el personal de ANSES. Por esto, se incorporaron 162 mil millones de pesos como transferencia figurativa desde el Tesoro Nacional, bajo la categoría de “Gastos en personal”.

La adecuación presupuestaria alcanza también al Consejo de la Magistratura, organismo del Poder Judicial de la Nación. El refuerzo se expresa en el incremento de 115.194 millones de pesos para gastos en personal en el programa “Actividades Centrales” y $22.000 millones de pesos para bienes de uso en el programa “Justicia de Máxima Instancia”. Según indica el considerando de la medida, la modificación apunta a posibilitar su normal funcionamiento, con la distribución desagregada por programas y partidas consignada en los anexos.

Además de las reasignaciones presupuestarias, se dispusieron nuevos recortes en diversas partidas aprobadas del Presupuesto 2026 en tren de reforzar la meta de superávit fiscal comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El mayor recorte recayó en “Otras Asistencias financieras -servicios económicos-” a cargo de Obligaciones del Tesoro Nacional por $1,47 billones, en línea con la baja de subsidios y aumentos de tarifas de los servicios públicos. Le siguen en importancia por monto:

La Cámara Federal de Casación le concedió la prisión domiciliaria a Julio De Vido, exministro de Planificación Federal del kirchnerismo, que tiene 76 años y múltiples patologías de salud que son crónicas y requieren un tratamiento que no se le puede dar en la cárcel, según precisó el tribunal al fundamentar su decisión.

De Vido está preso en el penal de Ezeiza, donde cumple su condena a cuatro años de prisión por la Tragedia de Once, caso en el que fue declarado culpable del delito de fraude al Estado, como partícipe necesario de una maniobra de corrupción.

La sala III de la Casación dictó el fallo que le dio la prisión domiciliaria con los votos de los jueces Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci. Hizo lugar a un pedido de la defensa de De Vido y le encomendó al juez de ejecución que establezca controles periódicos y disponga las reglas que deberá cumplir el exfuncionario.

En cuanto al cuadro médico de De Vido, los jueces detallaron que requiere controles clínicos especializados, dieta adecuada, administración permanente de medicación e infraestructura sanitaria idónea. También tuvieron en cuenta -relataron- que recientemente padeció un episodio cardíaco y que fue calificado por los expertos como un paciente de alto riesgo cardiovascular.

Los camaristas destacaron que el Cuerpo Médico Forense había advertido que, si no se cumplía total o parcialmente con las exigencias señaladas, el entorno carcelario se consideraría un lugar inadecuado para el alojamiento de De Vido, porque se incrementaría el riesgo de descompensaciones y de la aparición de trastornos irreparables para su salud.

En cuanto al incidente recientemente padecido por De Vido, los jueces relataron que cursó una internación por arritmia y que se le realizó “una cardioversión eléctrica con retorno al ritmo sinusal y una cinecoronariografía con posterior revascularización con angioplastía con implante de stent (…), indicando tratamiento con anticoagulación (apixaban) y antiarrítmico (amiodarona), además de su tratamiento de base”.

Los camaristas entendieron entonces que los medios con los que cuenta la cárcel donde está detenido, no resultaban suficientes y adecuados para cubrir todas las condiciones que el Cuerpo Médico indicó como imprescindibles para atender la situación de De Vido.

En noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena de De Vido por la tragedia que ocurrió en la estación ferroviaria de Once el 22 de febrero de 2012, que provocó la muerte de 51 personas. Se dispuso entonces el traslado de De Vido a la cárcel.

El exministro no había sido incluido, en 2015, en la primera sentencia del caso, cuando el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó al maquinista Marcos Córdoba, los propietarios y exdirectivos de TBA -concesionaria del servicio ferroviario-, así como de los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Según se determinó en ese juicio, el choque ocurrió por el mal estado de funcionamiento del tren, ya que no tenía el mantenimiento que requería a pesar de los fondos que el Estado destinaba y por una actitud negligente del conductor. En los fundamentos de ese fallo se ordenó investigar la responsabilidad del exministro de Planificación.

En 2018, el Tribunal Oral Federal Nº 4 condenó a De Vido a la pena de cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta, al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA).

Sin embargo, en contra de lo pedido por la fiscalía y la querella, fue absuelto en cuanto al delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones que provocó el choque del tren.