El fiscal federal Gerardo Pollicita trabaja en un largo escrito en el que le requiere al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que justifique sus bienes, que no llegan a estar cubiertos por sus ingresos.

Esta solicitud, en medio de las investigaciones de supuesto enriquecimiento ilícito, es en general el trámite previo a que el funcionario sea citado a prestar declaración indagatoria.

El fiscal espera el resultado final de un estudio contable que encargó a los expertos contadores de la Procuración General de la Nación que integran la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

Los análisis deberán arrojar un número final sobre los bienes del funcionario y sus ingresos. A este estudio se suma otro sobre criptomonedas y las operaciones realizadas por Adorni.

El fiscal conoce las cuentas nominadas, de donde surge la trazabilidad y las operaciones realizadas, pero espera un informe de dos contadores y un especialista en criptomonedas que reconstruyan el recorrido del dinero de una cuenta a otra.

Ese informe técnico de los expertos contadores de la DATIP es el que dará el numero final del dinero a justificar por Adorni, que aún no presentó su última declaración jurada de bienes.

Independientemente del número que arroje este trabajo, la fiscalía ya considera que no cierran las cuentas y por eso Pollicita trabaja en la redacción del requerimiento de justificación de bienes, dijeron fuentes judiciales a .

Hay muchas páginas ya escritas. El procedimiento en los casos de lavado de dinero es que, si el fiscal entiende que hay bienes que no se cubren con los ingresos, realiza una intimación al funcionario para que justifique esos bienes.

Allí es Adorni el que debe presentar un escrito donde explique en cada caso de dónde surgieron los fondos con los que adquirió esos bienes que la fiscalía considera sin justificación.

Con ese informe en la mano, el fiscal tendrá dos alternativas: considera que las explicaciones fueron suficientes y sobresee a Adorni; o entiende que no justificó los bienes que le reclama y pide entonces su declaración indagatoria.

El trámite es prolongado y no se esperan noticias en tribunales por lo menos en un mes y medio, lo que coincide con el desarrollo del Mundial de Fútbol, que arranca esta semana en México, Estados Unidos y Canadá.

Ese es el plazo que pueden demorar los peritos contadores en terminar de elaborar ese informe. Con esta información, los investigadores buscan bajar las expectativas sobre la causa que va a entrar en un compás de espera en cuanto al patrimonio de Adorni.

En tanto, hay otra causa que está en manos del juez Ariel Lijo referida a las relaciones entre Adorni y su amigo Marcelo Grandio.

El magistrado analiza los contratos entre Grandio y la TV Pública y la relación con Adorni. Por eso, además de los convenios, pidió los cruces de llamadas telefónicas entre Adorni, Grandio y Hora­cio Silva, socio fun­da­dor de Imhouse, la empresa productora de Grandio.

Lijo cita­ría a Adorni a pres­tar decla­ra­ción inda­ga­to­ria en esta parte de la causa antes de la feria judi­cial de invierno, pre­vista para la segunda mitad de julio.

Sin embargo, en el Gobierno -según fuentes oficiales- no creen que Lijo tome esa decisión, pues entienden que, al mismo tiempo que avanza con esta causa, están pendientes de la decisión oficial los pliegos de ascenso de secretarios y exsecretarios suyos que aspiran a convertirse en jueces federales.

La posible decla­ra­ción inda­ga­to­ria sería más “un mensaje” que un acto concreto, dijo una fuente oficial. Es la mirada que también compartió un funcionario judicial.

La indagatoria es un acto de defensa del impu­tado que el juez decide cuándo tiene ele­men­tos de prueba sufi­cien­tes como para con­si­de­rar que el sos­pe­choso está incurso en el delito y debe ser inte­rro­gado. No implica que sea cul­pa­ble.

“El juez está a la espera de las últi­mas medi­das de prueba para fir­mar la cita­ción”, dijo una fuente judi­cial, que indicó que ello ocu­rrirá antes de las vaca­cio­nes de invierno, pre­vis­tas entre el 20 y el 31 de julio.

Por lo pronto, Lijo tiene en su agenda un viaje París a realizarse entre el 15 y el 19 de junio para exponer sobre las causas que lleva adelante la Argentina por lavado de dinero, al rendir informes ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Será parte de una comitiva que integran el juez Sebastián Casanello, el director de la oficina de la Corte especializada en investigaciones complejas Tomás Rodríguez Ponte y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.

En Como­doro Py 2002 eva­lúan que si el juez Lijo decide lla­mar a inda­ga­to­ria a Adorni, es por­que casi seguro deci­dirá su pro­ce­sa­miento. En la Jus­ti­cia Fede­ral es raro pen­sar en otro desen­lace.

La inda­ga­to­ria sería para res­pon­der por su rela­ción con el pro­duc­tor Gran­dio, dueño de la pro­duc­tora Imhouse. La firma tiene seis con­tra­tos de copro­duc­ción con la TV Pública y habría rea­li­zado trans­fe­ren­cias de dinero a Adorni antes de que este asu­miera como fun­cio­na­rio.

Ade­más, Adorni viajó a Punta del Este con su fami­lia en el fin de semana largo de Car­na­val en un avión pri­vado. Dijo que el pasaje lo pagó con su dinero; sin embargo, la Jus­ti­cia sos­pe­cha que ese vuelo lo abonó Gran­dio.

Estos vín­cu­los entre Adorni y su amigo podrían com­pli­carlo con impu­ta­cio­nes de nego­cia­cio­nes incom­pa­ti­bles con la fun­ción pública o la recep­ción de dádi­vas.

La última medida de prueba que ya dis­puso el juez Lijo y que espera tener com­pleta para defi­nir su inda­ga­to­ria es una serie de cru­ces de lla­ma­das entre el telé­fono de Gran­dio, los de Adorni y el de Hora­cio Silva, socio fun­da­dor de Imhouse

Más allá de aban­do­nar la con­duc­ción de la empresa, Gran­dio no rom­pió lazos con la firma que –según consta en redes socia­les– pro­duce algu­nos de los pro­gra­mas que, tras el desem­barco de La Liber­tad Avanza en la Casa Rosada, se emi­ten en el canal esta­tal.

En la inves­ti­ga­ción de los con­tra­tos fir­ma­dos entre la TV Pública e Imhouse SA, Lijo dis­puso el cruce de lla­ma­das. No se obten­drán los con­te­ni­dos de las comu­ni­ca­cio­nes, sino si hubo con­tac­tos y en qué fecha para deter­mi­nar si se corres­ponde con la firma de los acuer­dos y deter­mi­nar si exis­tie­ron inter­cam­bios con el jefe de Gabi­nete. Tam­bién se ana­liza la geo­lo­ca­li­za­ción de los telé­fo­nos.

“En Cic­cone, los cru­ces de lla­ma­das fue­ron cla­ves para la con­dena de Amado Bou­dou”, recordó un vete­rano empleado judi­cial.

Los con­ve­nios inclu­yen pro­gra­mas de entre­vis­tas, ciclos de strea­ming y un envío radial bajo dis­tin­tos esque­mas de finan­cia­miento y reparto de ingre­sos publi­ci­ta­rios. Imhouse asume los cos­tos de pro­duc­ción ( inclui­dos per­so­nal, equi­pa­miento y dere­chos de autor) y tam­bién even­tua­les recla­mos judi­cia­les, mien­tras que accede a los ingre­sos publi­ci­ta­rios hasta recu­pe­rar la inver­sión y luego com­parte uti­li­da­des con el Estado.

Los con­tra­tos inclu­yen el pro­grama radial La caja de Pan­dora, fir­mado en abril de 2024, y otros envíos como Giros en Línea Recta, Enre­da­dos y La Sala. En el strea­ming de la señal esta­tal tam­bién figura Gri­talo Mun­dial, con­du­cido por Gran­dio y Renzo Pan­tich.

En este pro­grama de 2022, a cargo de la pro­duc­tora Imhouse, Adorni llegó a entre­vis­tar a Milei, que por enton­ces ejer­cía como dipu­tado nacio­nal por La Liber­tad Avanza junto a Vic­to­ria Villa­rruel.

En 2024, Gran­dio fue parte de un pro­grama de radio que se emi­tió de lunes a vier­nes por Radio Nacio­nal entre marzo y sep­tiem­bre de ese año. “Había que tener el visto bueno de Adorni, que por enton­ces era vocero”, dijo a una fuente al tanto de la pro­duc­ción de ese ciclo.