POLITICA
El fiscal Pollicita ya trabaja en un escrito para que Adorni justifique sus bienes
El fiscal federal Gerardo Pollicita trabaja en un largo escrito en el que le requiere al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que justifique sus bienes, que no llegan a estar cubiertos por sus ingresos.
Esta solicitud, en medio de las investigaciones de supuesto enriquecimiento ilícito, es en general el trámite previo a que el funcionario sea citado a prestar declaración indagatoria.
El fiscal espera el resultado final de un estudio contable que encargó a los expertos contadores de la Procuración General de la Nación que integran la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
Los análisis deberán arrojar un número final sobre los bienes del funcionario y sus ingresos. A este estudio se suma otro sobre criptomonedas y las operaciones realizadas por Adorni.
El fiscal conoce las cuentas nominadas, de donde surge la trazabilidad y las operaciones realizadas, pero espera un informe de dos contadores y un especialista en criptomonedas que reconstruyan el recorrido del dinero de una cuenta a otra.
Ese informe técnico de los expertos contadores de la DATIP es el que dará el numero final del dinero a justificar por Adorni, que aún no presentó su última declaración jurada de bienes.
Independientemente del número que arroje este trabajo, la fiscalía ya considera que no cierran las cuentas y por eso Pollicita trabaja en la redacción del requerimiento de justificación de bienes, dijeron fuentes judiciales a .
Hay muchas páginas ya escritas. El procedimiento en los casos de lavado de dinero es que, si el fiscal entiende que hay bienes que no se cubren con los ingresos, realiza una intimación al funcionario para que justifique esos bienes.
Allí es Adorni el que debe presentar un escrito donde explique en cada caso de dónde surgieron los fondos con los que adquirió esos bienes que la fiscalía considera sin justificación.
Con ese informe en la mano, el fiscal tendrá dos alternativas: considera que las explicaciones fueron suficientes y sobresee a Adorni; o entiende que no justificó los bienes que le reclama y pide entonces su declaración indagatoria.
El trámite es prolongado y no se esperan noticias en tribunales por lo menos en un mes y medio, lo que coincide con el desarrollo del Mundial de Fútbol, que arranca esta semana en México, Estados Unidos y Canadá.
Ese es el plazo que pueden demorar los peritos contadores en terminar de elaborar ese informe. Con esta información, los investigadores buscan bajar las expectativas sobre la causa que va a entrar en un compás de espera en cuanto al patrimonio de Adorni.
En tanto, hay otra causa que está en manos del juez Ariel Lijo referida a las relaciones entre Adorni y su amigo Marcelo Grandio.
El magistrado analiza los contratos entre Grandio y la TV Pública y la relación con Adorni. Por eso, además de los convenios, pidió los cruces de llamadas telefónicas entre Adorni, Grandio y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse, la empresa productora de Grandio.
Lijo citaría a Adorni a prestar declaración indagatoria en esta parte de la causa antes de la feria judicial de invierno, prevista para la segunda mitad de julio.
Sin embargo, en el Gobierno -según fuentes oficiales- no creen que Lijo tome esa decisión, pues entienden que, al mismo tiempo que avanza con esta causa, están pendientes de la decisión oficial los pliegos de ascenso de secretarios y exsecretarios suyos que aspiran a convertirse en jueces federales.
La posible declaración indagatoria sería más “un mensaje” que un acto concreto, dijo una fuente oficial. Es la mirada que también compartió un funcionario judicial.
La indagatoria es un acto de defensa del imputado que el juez decide cuándo tiene elementos de prueba suficientes como para considerar que el sospechoso está incurso en el delito y debe ser interrogado. No implica que sea culpable.
“El juez está a la espera de las últimas medidas de prueba para firmar la citación”, dijo una fuente judicial, que indicó que ello ocurrirá antes de las vacaciones de invierno, previstas entre el 20 y el 31 de julio.
Por lo pronto, Lijo tiene en su agenda un viaje París a realizarse entre el 15 y el 19 de junio para exponer sobre las causas que lleva adelante la Argentina por lavado de dinero, al rendir informes ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Será parte de una comitiva que integran el juez Sebastián Casanello, el director de la oficina de la Corte especializada en investigaciones complejas Tomás Rodríguez Ponte y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.
En Comodoro Py 2002 evalúan que si el juez Lijo decide llamar a indagatoria a Adorni, es porque casi seguro decidirá su procesamiento. En la Justicia Federal es raro pensar en otro desenlace.
La indagatoria sería para responder por su relación con el productor Grandio, dueño de la productora Imhouse. La firma tiene seis contratos de coproducción con la TV Pública y habría realizado transferencias de dinero a Adorni antes de que este asumiera como funcionario.
Además, Adorni viajó a Punta del Este con su familia en el fin de semana largo de Carnaval en un avión privado. Dijo que el pasaje lo pagó con su dinero; sin embargo, la Justicia sospecha que ese vuelo lo abonó Grandio.
Estos vínculos entre Adorni y su amigo podrían complicarlo con imputaciones de negociaciones incompatibles con la función pública o la recepción de dádivas.
La última medida de prueba que ya dispuso el juez Lijo y que espera tener completa para definir su indagatoria es una serie de cruces de llamadas entre el teléfono de Grandio, los de Adorni y el de Horacio Silva, socio fundador de Imhouse
Más allá de abandonar la conducción de la empresa, Grandio no rompió lazos con la firma que –según consta en redes sociales– produce algunos de los programas que, tras el desembarco de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, se emiten en el canal estatal.
En la investigación de los contratos firmados entre la TV Pública e Imhouse SA, Lijo dispuso el cruce de llamadas. No se obtendrán los contenidos de las comunicaciones, sino si hubo contactos y en qué fecha para determinar si se corresponde con la firma de los acuerdos y determinar si existieron intercambios con el jefe de Gabinete. También se analiza la geolocalización de los teléfonos.
“En Ciccone, los cruces de llamadas fueron claves para la condena de Amado Boudou”, recordó un veterano empleado judicial.
Los convenios incluyen programas de entrevistas, ciclos de streaming y un envío radial bajo distintos esquemas de financiamiento y reparto de ingresos publicitarios. Imhouse asume los costos de producción ( incluidos personal, equipamiento y derechos de autor) y también eventuales reclamos judiciales, mientras que accede a los ingresos publicitarios hasta recuperar la inversión y luego comparte utilidades con el Estado.
Los contratos incluyen el programa radial La caja de Pandora, firmado en abril de 2024, y otros envíos como Giros en Línea Recta, Enredados y La Sala. En el streaming de la señal estatal también figura Gritalo Mundial, conducido por Grandio y Renzo Pantich.
En este programa de 2022, a cargo de la productora Imhouse, Adorni llegó a entrevistar a Milei, que por entonces ejercía como diputado nacional por La Libertad Avanza junto a Victoria Villarruel.
En 2024, Grandio fue parte de un programa de radio que se emitió de lunes a viernes por Radio Nacional entre marzo y septiembre de ese año. “Había que tener el visto bueno de Adorni, que por entonces era vocero”, dijo a una fuente al tanto de la producción de ese ciclo.
sus bienes,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Axel Kicillof criticó la decisión de la Corte que eliminó las restricciones para la venta de tierras a extranjeros
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó duros cuestionamientos al fallo de la Corte Suprema que revocó la resolución que declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que había derogado la denominada Ley de Tierras. Kicillof habló de “fallo de la infamia” y acusó al máximo tribunal de “tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”.
La norma tiene entre sus ejes la limitación de la propiedad de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, definiendo criterios y excepciones, busca preservar la soberanía territorial y evitar la extranjerización desmedida de las tierras.
Kicillof dijo en su cuenta de X: “Hace menos de dos meses, miles de argentinos se movilizaron para rechazar la entrega de nuestro territorio y el Gobierno ‘Nacional’ tuvo que retirar su proyecto porque no conseguía los votos en el Senado”.
POLITICA
La oposición criticó a la Corte por el fallo que dejó sin límites la venta de tierras a extranjeros y llamó a otra movilización
La decisión de la Corte Suprema que revocó la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley 26.737 provocó reacciones de dirigentes de Unión por la Patria, el Partido Socialista y el Frente de Izquierda. Los referentes reclamaron que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023 y, en varios casos, convocaron a movilizarse.
El tribunal hizo lugar al recurso extraordinario del Estado, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. La Corte sostuvo que la asociación no acreditó legitimación para llevar adelante la acción colectiva.
La resolución dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, que imponía límites a la titularidad y tenencia de terrenos rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó la decisión como “el fallo de la infamia”. “La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”, escribió.
Kicillof sostuvo que el Gobierno retiró su proyecto en el Senado porque no reunió los votos necesarios. “Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial”, afirmó. Además, cuestionó al presidente Javier Milei y expresó: “Argentina para los argentinos”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo en una entrevista con Infobae en Vivo que, a partir de la resolución, “Argentina no cuenta con una ley que proteja las tierras rurales frente a la extranjerización o la compra por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras o de Estados extranjeros”.
Según su interpretación, el DNU 70/2023 derogó por completo la Ley de Tierras y eliminó las restricciones para la compra de propiedades rurales. El constitucionalista afirmó que el fallo de la Corte “revocó una sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que declaró la inconstitucionalidad del DNU en este punto y conservaba la plena vigencia de la Ley de Tierras”.
Gil Domínguez calificó la sentencia como “dogmática” y “arbitraria”. También cuestionó que la Corte negara legitimación al CECIM de La Plata: “¿Quién más va a estar con legitimación procesal, con representación colectiva adecuada, que un centro de excombatientes de Malvinas, que tiene dentro de su objeto social la defensa de la integridad territorial?”.
Sobre la posibilidad de una nueva judicialización, señaló: “La Corte dice ‘acá no, pero en otro caso sí’. Ahora, para la Corte solamente se puede acceder a la Justicia si se titulariza un derecho individual”.
El senador de Unión por la Patria, Mariano Recalde, afirmó que “la Corte Suprema falló en contra de la Ley de Tierras que el pueblo defendió en las calles”. También sostuvo: “Si no alcanzó con una enorme movilización, vamos a tener que hacer dos”.
“El Senado ya rechazó el DNU 70 que derogó la Ley de Tierras. Si Diputados lo rechaza completamente, frenamos la venta del país”, escribió Recalde, quien cerró su mensaje con una convocatoria: “Es ahora, en el Congreso y en las calles”.
El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, cuestionó a los integrantes del máximo tribunal y señaló que “la misma ley” cuya derogación quedó vigente “quiso modificarse en el Senado y una enorme movilización popular lo impidió”.
“Hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros”, expresó Martínez. Luego fijó los “objetivos” de su espacio: “Pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”.
La diputada Julia Strada, también de Unión por la Patria, pidió “bajar ese DNU en el Congreso” y cuestionó la decisión judicial en un mensaje que tituló: “Sobre la ley de tierras y el escándalo de los tres tipos de la Corte Suprema reviviendo un capítulo frenado del DNU 70 para vender el país”.
El diputado socialista Esteban Paulón sostuvo que la resolución restableció la derogación de la Ley 26.737 y afirmó que esa norma fijaba límites a la adquisición de terrenos por extranjeros.
“Ahora, la responsabilidad está en el Congreso. En Diputados debemos rechazar el DNU 70/23, tal como hizo el Senado”, planteó. También hizo “un llamamiento” a sus pares para convocar “urgente una sesión especial”.
La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman reclamó “anular el decreto 70/23” y afirmó que el tratamiento pendiente corresponde a la Cámara de Diputados. “Integrantes del Frente de Izquierda nos hemos puesto a disposición reiteradamente para llamar a una sesión especial”, indicó.
“Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”, agregó Bregman.
La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz publicó el mensaje “Argentina: se vende” y cuestionó que “después de semanas de debate y movilizaciones, tres jueces decidan por todo un país”.
“A los legisladores nos votó el pueblo y tenemos la responsabilidad de representarlo”, sostuvo Tolosa Paz. “No podemos permitirlo. Algo de la República debe quedar en pie, a pesar de este Gobierno vendepatria”, agregó.
La ex secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra también criticó la sentencia. “La Constitución dice que son nulos de nulidad absoluta, pero la CSJN vuelve inaplicable esa disposición y le permite a Milei gobernar por DNU”, expresó. Luego reclamó: “Que se muevan los diputados”.
A pesar de la presión y las sanciones de la Argentina, la empresa británica Rockhopper confirmó que mantiene su objetivo de extraer petróleo en las Islas Malvinas en 2028, en el balance de resultados del primer semestre que publicó la compañía.
Se trata de su proyecto Sea Lion, que la empresa confirmó que sigue vigente, para empezar a producir petróleo en el primer trimestre de 2028. La petrolera destacó que el gobierno de las Islas y Reino Unido tildaron de “ilegítimas y carentes de justificación jurídica” a las medidas del Gobierno, que esta semana redobló la ofensiva por la soberanía del archipiélago.
Este mes el presidente Javier Milei intensificó la estrategia de reclamos de soberanía de las Islas. A principios de septiembre dispuso una batería de medidas, con la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), denuncia penal a petroleras, envío de una nueva ley de Soberanía al Congreso y ahora la intención de llevar al Reino Unido al Tribunal Internacional de Derechos del Mar.
Las claves de la confirmación de la petrolera Rockhopper de su plan de extraer petróleo en Malvinas en 2028, pese a las sanciones de la Argentina
Rockhopper posee el 35% de Sea Lion, mientras que la la petrolera israelí Navitas, que cotiza en la bolsa de Tel Aviv, tiene el 65%. Ambas compañías ya habían ratificado sus intenciones de seguir adelante con el proyecto, además de plantear que las licencias que poseen fueron “legalmente otorgadas” por el gobierno local de las islas.
El director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, habló de un “período decisivo” para la empresa, confirmó el objetivo de “lograr la primera producción de petróleo para el primer trimestre de 2028” en Sea Lion.
El directivo destacó la “reciente ampliación de capital, que garantiza la financiación total hasta la primera producción de petróleo, y al continuo y firme respaldo de los gobiernos del Reino Unido y de las Islas Malvinas”.
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