POLITICA
El fuego amigo consume a Milei y pulveriza su endeble mayoría en el Congreso
Perdió hasta el manejo de escena. El jueves a la tarde la imagen todo terreno de Patricia Bullrich se desvaneció. No tuvo su “no positivo”, pero fue parecido. En su caso fue un “me voy a abstener de votar en contra” que acompañó con un “no comprometo a mi bloque” para justificar su abierto desafío a los mandatos de Javier Milei. Leyó su posición, mirando hacia abajo. Solo de a ratos levantaba la vista. Minutos antes había discutido con medio recinto, acusada de traidora por propios y ajenos.
La decisión de Bullrich de desmarcarse de los deseos presidenciales de retirar el pliego de María Verónica Michelli por ser cuñada de un periodista pulverizó la endeble mayoría que había conseguido el Gobierno en el Senado, que ahora quedó rehén de su propia torpeza. Los aliados se le escapan, ya no le creen. El oficialismo se va quedando sin recursos para negociar, la interna consume lo poco de coordinación parlamentaria que queda y los proyectos se apagan en la hoguera del fuego amigo.
El Gobierno pasó del 13 a 0 en Diputados a una derrota autoprovocada en el Senado y la apertura de un futuro incierto para el resto de las reformas que emprendió la Casa Rosada. El destino de la jueza quedará en un limbo y los deseos de Milei y Karina podrán concretarse al fin, a pesar de la caída abrumadora que sufrieron esta semana. Pero lo que pasó el jueves va mucho más allá de ese pliego. La consecuencia del desorden hizo postergar el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, por falta de votos, y no está garantizado que el oficialismo pueda llamar a sesión para este miércoles para retomarlo.
La mayoría de los senadores libertarios ya sacó pasaje por pedido de la Casa Rosada, que envió al grupo de wWhatsapp del bloque la orden de que estén en el Congreso. Ningún aliado asegura hoy que pueda concretarse una convocatoria.
Las definiciones comenzarán a verse pasado mañana, cuando vuelva a reunirse la comisión de acuerdos para tratar nuevos pliegos de candidatos a jueces. La pelea es cuerpo a cuerpo. Otra vez no aparecen los postulantes de las provincias, y por ahora se trataría solamente siete candidatos, de los cuales uno solo es del interior. “Si no negocia con nosotros no tiene un solo proyecto más aprobado”, anticipa un senador de trato asiduo con Bullrich.
La senadora está tironeada. Su yo interno le dice que no se va a someter a la conducción de Karina pero su aspiración política, al cargo que sea, le indica que jugar al fleje puede tener consecuencias adversas sobre un electorado, el de Milei, del que depende. Ser el plan B del Presidente la hace caminar por la cornisa de la ambivalencia permanente. Después del desafío público por el caso de Michelli, cuando el lunes comunicó su objeción de conciencia, Karina Milei la convocó a su despacho en la Casa Rosada. La gestualidad de la foto dice bastante de quién fue la promotora del encuentro. Karina está de frente, sonriente, iluminada, y Bullrich de costado, sin rostro. No se le ve la cara. “Ella no se va a someter a su conducción”, insisten al lado de la senadora para defender lo que pareció una marcha atrás. Creen todo lo contrario. Con todo lo que hizo para diferenciarse, ni se animaron a echarla.
Crítica interna
Bullrich mantendrá su juego. Como anticipó Infobae, frenó la campaña porteña y está definido que se retira del territorio de la ciudad hasta nuevo aviso. El viernes tuvo actividad Pilar Ramirez, la mano derecha de Karina Milei y con quien salía a candidatearse pos caída de Manuel Adorni, pero Bullrich no apareció. “Tampoco estaba previsto”, se atajan en el comando libertario. Patrica anticipa a sus allegados que la Secretaria General y líder del partido la quiere usar como anzuelo porteño para negociar con Mauricio Macri. Sostiene que a cambio de bajar al PRO de una candidatura presidencial va a terminar cerrando un pacto para la continuidad de Jorge Macri y su popularidad en terreno porteño va a quedar desechada. “Además necesitan el acuerdo en la provincia”, reflexiona con sus laderos la senadora, que ahora elige salir de recorridas por las provincias, como Mendoza.
Bullrich se muestra en la intimidad crítica de la política económica del Gobierno. Sostiene que la macro no llega a la micro y que el oficialismo necesita un golpe de efecto que reactive la actividad. “Los centros urbanos están muy golpeados”, dicen cerca de ella. “Hay tiempo para levantar pero tienen que ordenarse”, se lamenta sobre las internas a pesar de que esta semana quedó ella en boca de todos por su nueva diferenciación.
Lejos del Milei que en público se felicitaba por la fortaleza política que consiguió en el Congreso tras las elecciones de medio término, la senadora cree que todavía es un gobierno débil políticamente y que sin acuerdos no puede avanzar. Es lo que le están advirtiendo los aliados para esta semana. El proyecto de propiedad privada cayó por diferencias en dos capítulos: manejo del fuego y extranjerización de la tierra. “Nunca tuvieron los votos, estaban complicados”, agrega un senador peronista. Lo mismo aporta una aliada no automática. Dicen que el problema que tiene Bullrich es que la presiona la Casa Rosada. En este caso, Federico Sturzenegger, que va por todo. Los senadores dispuestos a apoyar se quejan de que los cambios que aceptan vuelven con retoques menores y no se tienen en cuenta sus aportes. Nadie cree por estas horas que pueda aprobarse esa iniciativa en lo inmediato. La primera disidencia surgió de la senadora Edith Terenzi (Chubut), que avisó que no lo votaba. Lo mismo pasó con los otros tres legisladores enrolados bajo el bloque que conduce la jujeña Carolina Moisés, que ya había presentado un dictamen aparte. Apenas comenzada la sesión, los radicales Maximiliano Abad y Flavio Fama plantearon lo mismo; tampoco estaban Julieta Corroza (Neuquén) y Alejandra Vigo (Córdoba).
En este escenario, es poco probable que avance la reforma electoral, nacida trunca por la obsesión de Karina de eliminar las PASO, la única herramienta que tiene la oposición para ordenarse. Ahí sí pesan los gobernadores y dependerá del acuerdo electoral que terminen haciendo con La Libertad Avanza. No quieren candidatos que empañen sus reelecciones. Se viene el Mundial y con el oficialismo a los empujones, no hay aliado que hoy tenga voluntad política de sesionar.
También quedó tecleando la prórroga para que permanezca en su cargo por otros 5 años más Víctor Pesino, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital, el juez que falló a favor de la reforma laboral e intervino la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Su tratamiento se incluyó a las apuradas el viernes, para llevarlo a audiencia en la comisión de Acuerdos pasado mañana. El malestar se sigue fogoneando entre los aliados por estas incorporaciones sorpresivas del Gobierno. Entre los pliegos que se vienen para esa audiencia, senadores cercanos al oficialismo están atentos a otro caso similar al de Michelli. Es la mujer de otro periodista, que ingresó como candidata a la sala VI de la cámara laboral. Se trata de Marina Edith Pisacco.
Sesión descontrolada
El karinismo le reprocha a Bullrich su intención de meterse en la interna judicial, que ya está atravesada por la pelea dentro de la Corte Suprema, entre el sector de Horacio Rosatti, cercano al Gobierno y al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el de Rircardo Lorenzetti. “No es un error, se pasó de rosca”, definen cerca de la Secretaria General sobre cómo se movió Patricia. Más allá de su posición respecto de Michelli, cuestionada por Milei por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, cerca de Karina se molestaron por la selección de los postulantes que tenían prioridad para ser tratados el jueves. Esa lista quedó en manos de Bullrich. Como ejemplo, cerca de Karina dicen que entró la secretaria del juez Julián Ercolini, María Julia Sosa, pero no Emilio Rosatti, el hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
En la reunión de labor parlamentaria del día anterior, donde participaron los jefes de bloques, se dejó afuera a Michelli y a otros 23 pliegos de candidatos que ya estaban listos para ir al recinto. Michelli necesitaba dos tercios porque su dictamen no tenía una semana. El senador karinista Juan Carlos Pagotto se había encargado de cajonearlo. La propuesta de dejar a una veintena afuera fue un pedido del jefe de bloque del PRO, Martín Goerling Lara, y de Carlos Camau Espínola, en representación de un sector de los provinciales. Lo usaron como anzuelo para obligar a Bullrich a convocar una próxima sesión. Si dejaban sola a Michelli, pasaba automáticamente al olvido. El kirchnerismo jugó la suya. No comprometió en ese momento los dos tercios (que los iba a dar) y dejó que el oficialismo se enredara solo.
El revuelo se generó cuando en la Casa Rosada se enteraron de que en la lista de los 50 a tratar no estaba Emilio Rosatti, de la primera camada de pliegos que envió el Ejecutivo. El teléfono de Bullrich explotó. “La presionaron todos, pobre”, la consuela un senador aliado. Ella rompió el pacto del día anterior, con acta por escrito y todo, y obedeció a las órdenes de Karina. Volvió con todos los pliegos menos el de Michelli, lo que le generó la rebelión de los aliados. “Está muy pegada a Santiago Caputo”, sospechan en el karinismo sobre los pasos que fue dando la senadora. “La selección de los 50 la hizo ella, el gran quilombo fue ese corte. Acá no hay ñoños republicanos, acá hay juego de poder”, le reprochan los que quedaron afuera. Para entonces el bloque libertario era un hervidero y Luis Juez se retiraba para no votar.
La secuencia de cámaras del Senado habla por sí sola. Todo quedó a la vista. El rol de Victoria Villarruel fue clave para el desenlace, jugando abiertamente contra el Gobierno. Ya había mandado el mensaje de que no se estaban poniendo o sacando caramelos sino jueces. Bullrich se pelea con la vicepresidenta delante de todos, en el estrado. El reloj marca entonces las 13.50, la sesión había comenzado casi dos horas antes. Discuten acaloradamente. Acorralada, Bullrich pide el cuarto intermedio. La vuelve a llamar a Karina. No tienen margen. Van todos los pliegos a votación. Quienes participaron de esa negociación no podían creer lo que veían. Villarruel, Bullrich y Ezequiel Atauche peleándose entre ellos.
El Gobierno seguirá jugando fuerte y tiene previsto que Michelli no asuma. Lo que hará es no conformar el tribunal para el que fue elegida, que tiene que ser habilitado por la Corte. Lo dijo sin sutilezas el propio Mahiques, insólitamente, el promotor de Michelli en 2018, cuando era viceministro de Justicia. “Restan una serie de pasos, como por ejemplo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo habilite”, anticipó. A eso el Gobierno espera contar con el paso del tiempo en el Consejo de Magistratura, que preside Rosatti, que tiene que iniciar el proceso para acondicionarlo. Mahiques habló de que falta conseguir “un edificio y poner mobiliario”, algo así como una advertencia: sos jueza, pero no tenes ni silla.
Quién ganó
En el Gobierno se ufanan de haberse salido con la suya al conseguir, al final de todo el escándalo, la aprobación de los 74 pliegos. En el peronismo descartan esa lectura y consideran que el oficialismo perdió la brújula, los aliados se les esfuman y los jueces nombrados no son de Milei, al punto que ellos mismos les dieron los votos. “Acá ganó la familia judicial”, aclaran. Son concursos que existen desde hace más de 10 años y una buena parte se los llevó la provincia de Buenos Aires: 13 en total y 8 de La Plata. “Nosotros no podemos dejar la provincia sin jueces, los revisó Axel”, apuntan en el kirchnerismo del Senado para desmentir que sean jueces que respondan a Milei.
El peronismo incluso cerró filas en la votación, con la aprobación de todos los pliegos menos el de Emilio Rosatti (ahí sólo se ausentó el santafecino Marcelo Lewandowski) y el de la secretaria del juez Ercolini. Entre los nuevos nombramientos está Laureano Durán, que fue protagonista de fuertes polémicas en 2014 cuando el kirchnerismo lo designó para ocupar el estratégico juzgado federal 1 de La Plata, que entiende en temas electorales, que estaba vacante en ese momento por la muerte de Manuel Humberto Blanco. Durán fue votado ahora como vocal de la sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
Caputo, el trader político
Mientras la interna se desangra y el oficialismo ve desvanecerse los proyectos en el Senado, el ministro de Economía apuesta en la ruleta electoral. “Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a USD 400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina. ¿Está claro?”, se ufanó Luis Caputo esta semana en su discurso ante la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña de la República Argentina (CAMBRAS). Los aplausos costaron. Fueron tibios y llegaron tarde. Al menos eso notó el equipo del gobernador. “Pasó de largo, no le importó a nadie”, refieren cerca de Kicillof.
Justo esta semana se conoció una encuesta de Alaska y Trespuntozero en la que se refleja un rechazo a la confianza en la palabra de Caputo. Ante su afirmación de que los próximos 18 meses serán los mejores en décadas, el 69,3% responde que le cree poco o nada. Ante su declaración de que la gente está mejor que en 2023, el rechazo es del 68,6%. Esa misma muestra refleja que algo parecido le pasa a Milei. El 66,5% no cree que “lo peor ya pasó”, frase reiterativa de Milei. Además, el 61% tampoco cree que la inflación se derrumbará y el 67% tampoco está de acuerdo con que la política económica actual no está destruyendo empleos.
Los rojos de la recaudación alertaron a las consultoras económicas y al Fondo Monetario Internacional. La consultora 1816 destacó que los números del fisco cortaron nueve meses de caída, pero de manera coyuntural. Alerta a sus clientes que fue “gracias a la base de comparación del Impuesto a las Ganancias”. “Los datos desagregados no fueron tan positivos: el IVA-DGI cayó 3,0% real, séptima caída al hilo. La asistencia a PAMI de $580.000 millones con Lecap (en lugar de efectivo) y la postergación de los FAL apuntan a no afectar el superávit base caja”, señalan. Justamente, la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral que se conoció esta semana postergó su implementación recién para el 1 de noviembre. En círculos económicos anticipan que fue un pedido del FMI. También 1816 se ocupa de plantear dudas respecto de cuánto le cree el mercado a Caputo. “Ya sin Bonar 27 como alternativa (salvo que abran otra serie corta), ¿la demanda privada podrá canalizarse a los 2028 y/o a bonos más largos? Eso dependerá en buena medida de cuánto penetre la idea de Caputo de que “no hay riesgo político para 2027” y/o la idea de que la economía argentina de los próximos años va a tener tanto flujo de dólares que los bonos 2028 se pagarán sin importar quién gobierne (al final del día, ambas cosas achicarían el riesgo político para el año que viene)”.
Al Gobierno se le complica la narrativa. Muerto el slogan “la moral como política de Estado” y el anticasta, le queda el fantasma del pasado, que choca con la idea de Caputo de que no hay riesgo kuka. Otro dato que aporta la encuesta de Alaska es que se revirtió el factor aglutinante del voto mileísta. Ante la pregunta de quién es el responsable del deterioro económico actual, el 63,6 % lo puntualiza en el gobierno libertario. Es Milei contra Milei. Lo dijo el Presidente cuando confesó en público que compite contra él mismo. Entre las peleas internas y las emocionalidades se le acorta el tiempo para ganarse.
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El Gobierno incorporó un nuevo funcionario a la estructura del Ministerio de Seguridad Nacional, que ocupará un lugar clave en la lucha contra la criminalidad en todo el país.
Mediante el decreto 1044/2026, se oficializó el nombramiento del abogado Pablo Francisco Argibay Molina como subsecretario de Investigación Criminal, dentro de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada.
Anteriormente, el cargo era ocupado por Marcelo Carlos Romero, quien fue designado en 2025 en el cargo. Mientras tanto, Argibay Molina se desempeñó como director nacional de Investigaciones de Delitos Federales y ocupó luego de manera transitoria la conducción de la dirección de Investigación Criminal.
En su nuevo rol, el funcionario deberá hacerse cargo de varios proyectos que impulsó el Ministerio de Seguridad, como el Consejo Federal de Delitos Económicos, mediante la publicación de la resolución 230/2026 de Boletín Oficial.
Este organismo funciona en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal, respondiendo a la necesidad de fortalecer el abordaje integral y federal de la criminalidad económica, con participación de representantes de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las fuerzas federales.
Para tal fin, el consejo cuenta con “un representante titular y un suplente del área con competencia en materia de Delitos Económicos de cada una de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, que adhieran a la presente, y por un representante de la Dirección de Investigación de los Delitos Económicos y un representante de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales” que dependan del Ministerio de Seguridad.
La recolección y sistematización de la información proveniente de distintas fuentes, hasta el desarrollo de indicadores y elaboración de informes periódicos.
El artículo 2 de la normativa también subraya la confección de un mapa situacional a nivel nacional, regional y provincial para proponer medidas preventivas. También el intercambio de información para generar alertas tempranas y la formación de grupos de trabajo para analizar coyunturas y situaciones específicas.
No obstante, los integrantes buscan optimizar las acciones mediante la identificación de oportunidades de mejora en los procedimientos de las fuerzas policiales y de seguridad. La coordinación funcional estará a cargo de la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, que también suministrará el apoyo técnico-administrativo necesario. En cuanto a las tareas conjuntas, se espera que el Consejo convoque a especialistas en distintas temáticas para ser abordadas durante los encuentros.
Pueden ser representantes de organismos gubernamentales, nacionales o internacionales, o de entidades privadas o de la sociedad civil, así como cualquier otra persona, organismo o institución, con una participación justificada. Asimismo, deberán reunirse al menos una vez por año, manteniendo comunicación permanente con las jurisdicciones adherentes “en pos de generar y mantener actualizado el estado de situación de la criminalidad económica en el territorio nacional y medidas para su afección”.
Este hecho se da en medio de compromisos internacionales que el Gobierno asumió para identificar bienes y recuperar activos de origen ilícito, en cumplimiento de tratados como la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención contra la Corrupción.
Entre los argumentos esgrimidos por la cartera de seguridad, menciona a la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales, cuya responsabilidad es “articular acciones con los organismos gubernamentales locales, provinciales y nacionales e internacionales que tengan vinculación con los delitos económicos investigados, en el marco de sus competencias”, entre otras.
En este sentido, subraya que este tipo de acciones “se ha convertido en una parte fundamental de toda investigación de casos de criminalidad compleja”, señalando que “la delincuencia económica es aquella dedicada a negocios legales-ilegales de significativa complejidad que puede implicar la participación de instituciones y/o funcionarios estatales, que generan beneficios económicos importantes”.
Entre los ejemplos más claros mencionados, figura el lavado de activos, como uno de los principales pilares; y de otros delitos económicos (tales como el enriquecimiento de funcionarios públicos, el soborno transnacional, la evasión fiscal, etc.). Es por eso que resaltan la bimperiosidad de un “espacio común de abordaje a la problemática delictiva con el objetivo de delinear políticas de seguridad que apunten a generar mecanismos de prevención y lucha contra los delitos económicos”.
POLITICA
Revelaciones de una auditoría en la UOM: el gremio pagó $2400 millones a una microempresa de 5 empleados
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) contrató a la empresa USEM para administrar cuentas y ejecutar pagos apenas 82 días después de la creación de la firma, una microempresa de 5 empleados que percibió $2.466.334.995 en honorarios durante 31 meses. Así lo revela una auditoría preliminar encargada por el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri, y cuyo contenido sobre el convenio firmado durante la gestión de Abel Furlán en el gremio fue trasladado al fuero penal.
Es que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini, lleva delante la causa en la que se investiga la posible comisión de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita, vinculados con la administración de fondos provenientes de los aportes de afiliados de la UOM. Allí están involucrados Furlán y María Soledad Calle, la militante kirchnerista que compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner y que fue, en forma simultánea, empleada de la UOM y una de las dueñas de la empresa USEM.
La auditoría, realizada por BDO Argentina y encargada por la intervención judicial del sindicato, identificó conflictos de intereses, debilidades en los controles internos y una estructura contractual que habría dejado a la UOM y a su obra social en una posición de desventaja.
Uno de sus principales capítulos, que figura en el primer informe de gestión de Biglieri, es el referido al polémico acuerdo firmado con USEM el 27 de febrero de 2023, con una vigencia de 10 años, y que entregó a la empresa vinculada con La Cámpora funciones sobre cuentas, obligaciones y desembolsos de la UOM y de la obra social, e incluso preveía que la firma podía rescindir unilateralmente el contrato con un preaviso de 30 días, mientras que el sindicato metalúrgico no contaba con una facultad equivalente, excepto ante concurso o quiebra del proveedor.
La consultora BDO emitió el 28 de agosto de 2026 un informe de investigación especial de carácter preliminar, que, se aclara, no constituye una auditoría integral ni determina responsabilidades civiles, penales, administrativas o laborales, pero relevó contratos, movimientos financieros, rendiciones, comunicaciones y antecedentes de las personas involucradas.
En el informe figura que USEM S.A. fue constituida el 7 de diciembre de 2022 por Adalberto Raúl Braconi, presidente de la sociedad, y María Soledad Calle, directora suplente. Cada uno suscribió el 50% del capital social, sin cambios posteriores identificados.
La compañía no registraba actividad comercial relevante fuera de los contratos con la UOM y su obra social, asegura el informe, y aun así se le asignaron tareas como analizar, auditar y validar obligaciones de pago, administrar cuentas, efectuar desembolsos, rendir cuentas y destinar personal con exclusividad.
La revisión halló que la intervención concreta de USEM habría sido principalmente operativa: recibía instrucciones previamente autorizadas, precargaba archivos, gestionaba pagos bancarios y remitía comprobantes. No se encontró prueba suficiente de que hubiera realizado las funciones de análisis, auditoría y validación previstas en el contrato.
La auditoría realizada sobre el contrato con USEM también advirtió inconsistencias sobre la dotación comprometida. Braconi habría mantenido en períodos coincidentes una relación laboral con el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, mientras que 7 integrantes de áreas vinculadas a la operatoria de pagos dijeron no conocer ni haber trabajado con Rodrigo Braconi, identificado por USEM como responsable de pagos extraordinarios desde comienzos de 2026.
El principal conflicto de intereses documentado en la auditoría involucra a Calle, empleada de la UOM entre junio de 2021 y mayo de 2026 y, al mismo tiempo, dueña del 50% de USEM. La contratación efectuada por el gremio no contó, según el relevamiento, con una compulsa competitiva de empresas, comparación de precios, evaluación formal de antecedentes, declaración de conflicto de intereses ni mecanismos suficientes de independencia entre las partes.
La remuneración de USEM, de acuerdo con el informe, equivalía al 0,50% de los fondos ingresados a los fideicomisos, sin una relación establecida con la cantidad de operaciones, la complejidad de las tareas, el personal involucrado ni resultados verificables. El mecanismo permitía que el cobro creciera junto con la recaudación de la UOM y de la obra social, aunque la prestación no aumentara en la misma proporción.
Las cotizaciones de mercado consultadas por los responsables de la auditoría llegaban hasta $40 millones mensuales para una estructura comparable. El costo de un proveedor idóneo, aseguran, podría haber representado el 50% o menos de lo abonado a USEM.
Los balances de la empresa mostraron márgenes de rentabilidad antes de impuestos de entre 52% y 63%, dividendos en efectivo por unos $223,48 millones a valores de diciembre de 2025 y la compra de un inmueble por aproximadamente $150 millones. La documentación de esa adquisición no fue entregada a la intervención.
El análisis también estimó un impacto potencial de $901.501.216 para la UOM y de $ 2.011.316.033 para la obra social por el impuesto sobre débitos y créditos bancarios, entre enero de 2024 y mayo de 2026. La cifra deberá validarse desde el punto de vista fiscal y operativo, pero el informe considera que la carga podría haberse evitado sin la estructura de USEM.
En el informe figura, además, que los estados contables al 31 de diciembre de 2025 registraron saldos a favor de Ingresos Brutos por $196.927.433,36 cuya composición, origen, recuperabilidad y titularidad económica no pudieron establecerse. También se detectó un monto aproximado de $389 millones expuesto simultáneamente como activo y pasivo por créditos vinculados al impuesto bancario de terceros.
Parte de esos fondos, señala la auditoría, habría sido utilizada para cancelar obligaciones propias de USEM en el impuesto a las ganancias y luego devuelta. Una rendición de mayo de 2026 identificó un reintegro cercano a $34 millones, una operatoria que el personal administrativo y contable de la UOM dijo desconocer.
Las rendiciones y registraciones revisadas mostraron deficiencias en las autorizaciones previas, los comprobantes de respaldo, la identificación de beneficiarios y la separación de funciones entre quienes preparaban, aprobaban y ejecutaban los pagos.
La auditoría realizada por BDO detectó asientos manuales por pagos a proveedores sin documentación suficiente por unos $149.003.348 en la UOM y $40.041.398 en la obra social. También identificó transferencias a cuentas de personal de USEM por $3.760.919 para gastos operativos y peajes sin comprobantes o solicitudes institucionales que las justificaran.
Entre las operaciones bajo revisión figuran pagos por $98 millones registrados en mayo de 2026 con el concepto “Aires del Sur”. El dinero fue distribuido mediante múltiples transferencias de $1 millón a distintas cuentas, sin respaldo que permitiera determinar el objeto de los desembolsos, las autorizaciones otorgadas o los beneficiarios finales.
La revisión encontró, además, que una misma persona de USEM preparaba y autorizaba transacciones bancarias. Esa concentración de tareas, junto con conceptos genéricos en las rendiciones y reposiciones de caja chica sin criterios uniformes, impidió reconstruir una trazabilidad transparente de los fondos.
La intervención judicial suspendió preventivamente la operatoria de USEM y recuperó la administración directa de los fondos. En la próxima etapa, como explica en el informe de gestión de Biglieri, deberá preservar pruebas, reconstruir circuitos de autorización, conciliar fondos y rendiciones, validar el tratamiento tributario y requerir explicaciones a los involucrados antes de evaluar la resolución de los contratos, el recupero de sumas y eventuales acciones administrativas, civiles o penales.
Contraofensiva de Furlán
Hace 24 horas, como anticipó Infobae, el abogado de Furlán, Alejandro Rúa, reclamó al juzgado de Ercolini el cierre definitivo de la causa por supuesta administración fraudulenta al afirmar que las acusaciones de la intervención judicial carecen totalmente de sustento de hecho y de derecho.
El escrito sostiene que la intervención de Biglieri no sólo incumplió su única misión —convocar a nuevas elecciones—, sino que además aplicó cuestionamientos infundados sobre la gestión financiera de la UOM aunque los propios balances y auditorías internas, según se afirma, desmienten todas las sospechas.
La defensa de Furlán señaló que la contratación de USEM respondió a la exigencia contractual del nuevo convenio de fideicomiso con el Banco de la Nación Argentina, y la constitución de la empresa 82 días antes de iniciada la relación comercial obedeció a “la necesidad de contar con un intermediario para la gestión bancaria en beneficio de las seccionales de todo el país”.
El escrito enfatiza que la contratación cumplió con todos los procedimientos internos requeridos: por “unanimidad del Secretariado Nacional” de la UOM, con derivación directa del Consejo Directivo en julio de 2022 y tras debates y asesoramiento técnico previos a resoluciones formales. La comparación con la contratación pública —pilar de la denuncia mediática y la intervención judicial—, según el escrito, es “sin sustento jurídico ni normativo”: ni la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, ni el estatuto de la organización, ni las normas para entidades sindicales imponen prohibiciones automáticas para contratar con sociedades en las que participen empleados o ex empleados, ni exigen licitaciones competitivas obligatorias como en el Estado.
Para la defensa, la supuesta “incompatibilidad” es un error conceptual: “No existió, en definitiva, autocontratación, decisión sobre intereses contrapuestos ni intervención de Calle desde ambos lados de la relación jurídica”, reza el texto.
Añade que no hay indicio alguno de perjuicio patrimonial para el gremio metalúrgico: la remuneración de USEM era variable según la recaudación, los servicios efectivamente prestados están documentados en contratos, facturas, registros y la operatoria con las 53 seccionales del país, y todos los circuitos quedaron auditados bajo norma ISO 9001:2015.
La presentación argumenta incluso que el reemplazo del sistema anterior por el administrado junto a USEM posibilitó una reducción de comisiones, impuestos e intereses, además de ampliar las posibilidades de inversión sindical —punto del que deriva la cifra de ahorro millonario y el refuerzo patrimonial—, dejando sin sustento la hipótesis de daño económico.
Abel Furlán,Unión Obrera Metalúrgica,sindicalismo
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente consideró como “matices de opinión” las internas en el Ejecutivo
Dos diputadas radicales denunciaron un presunto caso de adoctrinamiento en una escuela primaria de Formosa. Agostina Villagi y Carla Zaiser difundieron imágenes tomadas el viernes durante un acto en un establecimiento educativo de la pequeña localidad de Gran Guardia, a 80 kilómetros de la capital formoseña.
En el clip se puede ver a una delegada zonal que les recuerda a los alumnos que los guardapolvos, útiles escolares, zapatillas y el servicio de comedor que reciben son entregados por el gobernador Gildo Insfrán.
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Una semana después de haber enviado al Congreso un proyecto de ley de presupuesto que avanzaba sobre el corazón de la ley de discapacidad, el Gobierno empezó a desandar parte de ese camino. Los libertarios negocian con sus principales aliados un nuevo proyecto que mantendría el nomenclador y la actualización automática de las prestaciones, dos puntos que el texto del Poder Ejecutivo proponía eliminar. A cambio, buscan endurecer los criterios para otorgar las pensiones.
Es la salida intermedia con la que el oficialismo intenta cerrar una crisis que volvió a abrir roces hacia adentro del gabinete y a enfrentar al Gobierno con sus socios parlamentarios.
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La carrera electoral para renovar el Consejo de la Magistratura a fin de año ya comenzó. Los cambios en el organismo que designa y remueve a los jueces federales y nacionales de todo el país anticipan alteraciones en la actual distribución de poder, donde los jueces son los que mantienen su hegemonía.
Las elecciones de jueces y de abogados para el Consejo de la Magistratura abren un nuevo escenario, pues habrá cambios en los nombres de los consejeros pero puede haber también modificaciones en la distribución de fuerzas.
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El objetivo político de intendentes bonaerenses y del gobierno provincial de Axel Kicillof de restablecer la posibilidad de la reelección indefinida para jefes comunales y legisladores provinciales y municipales, está paralizado en una comisión del Senado de Buenos Aires.
La iniciativa lleva más de un año de presentada, pero nunca logró avanzar, afectada por la interna peronista y, ahora, por una inmovilidad que impide su paso desde una comisión (la de Legislación General), controlada por el kicillofismo, a otra (Reforma Política y Régimen Electoral), que maneja el massismo.
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Un diagnóstico aparentemente correcto y seductor, con herramientas y recursos insuficientes. Así definen sectores castrenses el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso, que a partir de las tensiones con el Reino Unido por Malvinas crea el Consejo de Seguridad Nacional y dispone que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para participar en “operaciones militares convencionales y no convencionales”.
La evaluación entre los militares se completa con el análisis de otro proyecto sensible remitido a la Cámara de Diputados; el presupuesto 2027, que aumenta los recursos asignados al área de Defensa en un 20%, un porcentaje inferior a la inflación anual que la propia administración libertaria y consultores privados estiman en un 30 por ciento.
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Los últimos cortocircuitos entre la Casa Rosada y la Cámara de Diputados abrieron un frente colateral: un nuevo desmarque de Patricia Bullrich. Por lo menos, el tercero de peso desde que asumió como jefa del bloque de LLA en el Senado. Pero ¿qué hay detrás de sus movimientos? ¿Una estrategia con miras a 2027, genuino desgaste parlamentario o un intento de marcarle la cancha a Javier Milei y, de paso, hacer valer su poder de fuego frente a Karina? “Ella juega su juego”, repiten los suyos.
“Todos los peros tienen un porqué”, refuerza la propia Bullrich en el posteo que subió tarareando la canción “No me importa”, de Lali Espósito —blanco de críticas del Presidente—, un día después de pedirle al Ejecutivo que no la tome por tonta. Toda una declaración de guerra que la Casa Rosada intentó moderar.
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El presidente Javier Milei definió este domingo como “matices de opinión” a las diferencias dentro del Gobierno, en medio de la creciente tensión entre Patricia Bullrich y los hermanos Milei. Lo hizo al responder a una publicación en X que planteaba que el oficialismo debía resolver sus internas para que la gente se sintiera segura de votarlo.
“Ayudaría mucho si esas MIERDAS HUMANAS MAL CAGADAS que se hacen llamar periodistas (95%) no mintieran tanto ni llamen internas a matices de opinión… pero eso les reduce el tamaño del sobre…”, escribió el mandatario.
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