POLITICA
Círculo rojo: desbarajustes en el doble comando y avance sobre la Justicia, dos caras de una misma moneda
Existe una serie de preguntas que se repite de manera insistente entre la dirigencia libertaria, y que repercuten en el humor del círculo rojo. ¿Hasta dónde Javier Milei se involucra en los temas? ¿Quién fue el que se encaprichó con María Verónica Michelli, la candidata a un tribunal federal de La Plata aún en proceso de maduración cuyo pliego el Presidente no pudo retirar del Senado, furioso, aparentemente, por el parentesco de la postulante con el periodista Hugo Alconada Mon? ¿Quién dio la orden, el Presidente o su hermana Karina Milei? ¿Quién ordena la Cámara alta y qué intereses representa Patricia Bullrich? ¿Quién informa a Milei del estado de situación de las cosas? Peor aún: ¿Cómo se informa?
Ese mar de inquietudes volvió a golpear en el casco del bote del Gobierno tras una semana que exhibió, otra vez, serios desbarajustes en el doble comando en manos de los hermanos Milei, que sumaron a la interna despiadada entre la Secretaria General, los Menem y Santiago Caputo y sus seguidores una rebelión cada vez más frecuente de Patricia Bullrich, dispuesta a cualquier tipo de confrontación con los hermanos, pública y privada, con tal de revalorizar su potencia electoral de cara al 2027. Sin embargo, esos desajustes de la conducción libertaria contrastan con el avance fundamental que el gobierno acaba de conseguir en un rubro tan sensible y relevante en la construcción de cualquier proyecto de poder como es la Justicia. A pesar del caos interno: dos caras de una misma moneda.
El jueves, en una sesión alborotada que refrescó toda esa batería de preguntas que inquietan -y desconciertan- al círculo rojo empresarial y político, Milei consiguió, en medio del escándalo en torno a Michelli, la aprobación de otros 73 pliegos por parte del Senado. Hay que remontarse a ocho años atrás, en el 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, que siempre mostró una fascinación especial por el Poder Judicial, para superar ese número: el ex presidente designó entonces 81 funcionarios judiciales de un total de 191.
Milei aspira a superar esa cifra. En realidad, mencionar al Presidente es solo una referencia institucional: entre los interrogantes que atraviesan al Gobierno se destaca qué nivel de relevancia le otorga el mandatario a este proyecto en marcha de reconfiguración del Poder Judicial que sí sigue con interés Karina Milei, influenciada por Martín y Eduardo Menem, “Lule”, y ejecutado por Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, dos funcionarios muy audaces que, en el caso del primero, ya demostró que es capaz de librar una batalla feroz contra viejos camaradas que se enteraron de su designación de ministro por los medios y cuyo desenlace todavía es incierto, pero que ya tiene consecuencias directas sobre expedientes que se tramitan en Comodoro Py.
En el Poder Judicial suele agitarse de todos modos un dicho: “Los jueces son de los jueces”. “En el calendario judicial no figura el 17 de octubre, el Día de la Lealtad”, reflexionó un operador. Puede dar testimonio Cristina Kirchner que solo durante sus dos mandatos como presidenta el Ejecutivo designó 381 funcionarios judiciales, y en los próximos días está por cumplir un año de arresto domiciliario, una condena revisada y corroborada por todas las instancias, incluida la Corte Suprema.
La avanzada de Mahiques bajo el paraguas de Karina Milei y en sintonía con un sector de la Corte que representa su presidente, Horacio Rosatti -su hijo Emiliano consiguió el jueves la aprobación de su pliego-, apunta no solo al envío y la designación de funcionarios, sino a un proyecto más ambicioso. Lo resume un colaborador del ministro: “Se está cambiando un ecosistema por completo, 40% de vacantes, se le saca influencia a viejos operadores, abogados, grupos económicos”. Solo resta saber con qué tipo de artillería está dispuesto a responder el otro bando, y el contenido de una eventual represalia. Tal vez en la suerte de Manuel Adorni, en la causa ANDIS o en el expediente $LIBRA radique parte de la respuesta. “Vamos con chaleco antibalas y casco”, abundaron colaboradores del ministro.
A fines de esta semana, con el Mundial de fútbol recién empezado y la incertidumbre en torno a si finalmente el jefe de Gabinete presentará o no, entre el jueves y el viernes, su declaración jurada –“más que un contador, la está completando con un mago”, bromeó un operador libertario que no quiere nada a Adorni-, el Gobierno podría enviar al Senado otros 50 pliegos de los 190 en poder de Mahiques entre jueces -91-, defensores y fiscales, y por fuera de los que ya remitió a la Cámara alta, 139 en total.
Ese plan ejecutado por Mahiques, que aspira a convertirse en un actor protagónico de la Justicia para coronar, de ser posible, con la Procuración, su objetivo de máxima, tendrá este miércoles, en simultáneo, otro mojón en el Consejo de la Magistratura cuando se envíen, de acuerdo a lo previsto, las ternas al Ejecutivo para reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la sala I de la cámara federal porteña. Se sumarían a los pliegos que el Gobierno ya tiene listos para mandar al Senado para integrar cuatro tribunales orales federales también de Comodoro Py, el edificio en el que se investiga al poder político.
Cara y seca. Ese intento de colonización y reconfiguración del Poder Judicial por parte de una mesa a la que se sientan Karina Milei, Mahiques, Viola y los Menem, en conversaciones permanentes con un sector de la Corte y algunos viejos operadores, se da en un campo de batalla que suele ser bombardeado por Santiago Caputo y su agrupación Las Fuerzas del Cielo, marginados del sistema de selección de funcionarios judiciales desde que el Presidente dejó que su hermana se apoderara del Ministerio de Justicia y del control de ese rubro, y que en las últimas semanas sumó una nueva combatiente: la jefa del bloque de LLA en el Senado.
“Karina la va a esperar, ¿pero hoy qué pueden hacer? La respuesta es que no pueden hacer mucho», contestaron desde esa trinchera cuando se consultó por la movida pública de Bullrich de rechazo al retiro del pliego de la jueza Michelli. Las últimas jugadas de la ex ministra, desde el abrazo a Macri en la cena de la Fundación Libertad y el pedido televisivo para que Adorni apure su rendición de bienes, a la presentación de su propia DDJJ y la reciente reprobación a la baja de la postulación de Michelli, tienen un mismo patrón común: ella misma se ocupó en hacer de cada una de esas maniobras un evento político.
La hermana del Presidente está muy fastidiada con esa estrategia, es plenamente consciente de que la senadora tiene su propio proyecto y no es en la capital. Sabe que, si tiene la oportunidad, va a jugar sus cartas. Es un rasgo en las características de la ex ministra que no ve, por ejemplo, en otro de los dirigentes proveniente del PRO como Diego Santilli, capaz de cualquier tipo de sumisión política y demostración de lealtad con tal de que le habiliten, como le prometieron, la postulación a gobernador bonaerense en el 2027.
Bullrich no se cree empleada. Y se aprovechó del desinterés del Presidente en un rubro tan complejo como el de la Justicia para plantear su “objeción de conciencia” y poner en crisis el sistema de conducción de los hermanos Milei, que repercutió en el Senado. El lunes, cuando Bullrich avisó a los senadores que plantearía objeciones, recibió reproches de algunos colegas. Dicen que Nadia Márquez, muy cercana a “El Jefe”, puso el grito en el cielo. Y que fue Agustín Monteverde, que compartió boleta con la ex ministra de Seguridad y que tiene trato directo con el presidente, quien le avisó a Milei antes de que ella le planteara su postura y le pusiera a disposición su renuncia a la jefatura del bloque. Ese dato también se ocuparon de resaltarlo desde el bullrichismo. También hubo mensajes del bloque de la UCR al Gobierno, para alertar por un empecinamiento que terminaría en una derrota, como finalmente ocurrió, pero no surtieron efecto: el pleno del recinto votó en favor de la candidata al tribunal platense, incluso con la abstención de Bullrich.
Ese ida y vuelta en torno al pliego de Michelli desconcertó al bloque libertario en el Senado. Sobrevolaron quejas por la falta de una “bajada de línea” por parte de la Casa Rosada. “Somos senadores nacionales, debería existir otro diálogo con el Ejecutivo”, reflexionó un legislador. Ese desconcierto obligó a algunos senadores a suspender entrevistas, algo que ya ocurrió en estos meses, desde que estalló el escándalo Adorni.
Muchas de esas críticas fueron dirigidas a la Secretaria General, que desde las elecciones de octubre pasado se adueñó de la estrategia política y de la interlocución con el Congreso a través de los dirigentes que le reportan. Esa tarea, en el Senado, quedó en manos de Bullrich mientras, en paralelo, Santilli se dedicó al vínculo con los gobernadores. Pero el desmarque que la senadora empezó a tener de la Casa Rosada terminó por desajustar la coordinación con el Ejecutivo.
La pregunta que flotó esta semana en el aire es entonces quién ordena esa descoordinación, pero quedó en el ambiente otra mucho más profunda: ¿Qué grado de involucramiento tiene Milei con ciertas áreas del Estado por fuera de la economía? “Javier no le da importancia a algunas cosas que no le interesan”, aseguró un legislador libertario.
Los cortocircuitos de esta semana reflotaron en ese sentido las dudas por el flujo interno de la información, intoxicado por la guerra eterna entre las distintas tribus. “El 85% de mi trabajo es contrarrestar operaciones internas”, se despachó un colaborador de uno de esos bandos. Esa batería de operaciones cruzadas impacta de lleno en la comunicación, pero también en la política.
En el caso del pliego de Michelli que ahora el Presidente pretende demorar, por ejemplo, las versiones se bifurcan. Hay quienes aseguran que fue el consultor Caputo el que le avisó del parentesco de la postulante. Otros, que Mahiques ya le había advertido al mandatario, y que le restaron importancia. Si esa información fuera cierta, ¿por qué se envió el pliego al Senado para luego convertirlo en un tema de interés nacional?
Milei no tiene previsto cambiar su método de conducción, y ya dejó en claro que no quiere, o no puede, sentar en una misma mesa a su hermana y a su consultor estrella para dar por terminada una puja que corroe a la administración, y que suma cada vez más intrigas. En medio de esa batalla a cielo abierto se detuvo a Facundo Leal, el ex funcionario de ARSAT y del ORSNA que esta administración heredó de anteriores gestiones y al que le encontraron, en una investigación por el robo de material de fibra óptica en un depósito de San Fernando, USD 2.5 millones y cantidades desproporcionadas de cocaína, ketamina y MDMA en dos propiedades. También un equipo para hacer espionaje. Más allá de la contundencia de las pruebas y la evidente rutina agitada, opulenta y ecléctica que llevaba Leal -tenía previsto un viaje especial para su cumpleaños-, los trascendidos apuntan a un pase de facturas interno y una presunta vinculación con una guerra de espías. A propósito, Milei ni siquiera conoce al jefe actual de la SIDE, no le llegan los reportes diarios y no quiere ni saber lo que pasa dentro de ese organismo.
Su hermana sí está al tanto de esos movimientos: la mantienen informada. Por eso promovió a Sebastián Pareja como presidente de la comisión que debe fiscalizar los gastos y la administración de la SIDE. En el entorno de la hermanísima subrayaron que pretendía avanzar sobre alguna otra área controlada por Caputo -¿podía ser el PAMI?- hasta que Adorni cayó en desgracia cuando decidió comprarse un departamento en Caballito y refaccionar totalmente una casa de fin de semana sin que todavía haya justificado esos gastos. Incluyó una cascada en la piscina. El lujo es vulgaridad. Desde ese momento, la hermana presidencial y sus colaboradores dedicaron buena parte del tiempo a blindar al funcionario, al que sostuvieron mientras arreciaban las críticas internas. Esa defensa acérrima también se inscribe en la interna con Caputo.
La última mojada de oreja de la Secretaria General fue sobre la Fundación Faro, administrada por Las Fuerzas del Cielo, con fuerte presencia de Francisco Caputo, hermano del consultor, cada vez más relevante dentro de la estructura. A través de la IGJ, del organigrama de Mahiques, quiere saber sobre las donaciones a la fundación. Un movimiento llamativo si se tiene en cuenta que en diciembre del año pasado el Presidente fue la figura central de la cena de recaudación de fin de año en Puerto Madero, a la que asistió ella, todo el gabinete y el círculo rojo empresario.
El Presidente hace gestos para tratar de apaciguar los ánimos, como los que realizó después el tedeum del 25 de Mayo en el balcón de la Casa Rosada, pero no son suficientes ni llegan a ordenar el sistema de toma de decisiones que los tiene a él y a su hermana como principales socios. Por el contrario, Milei se recuesta sobre el programa económico: está convencido que la recuperación de la actividad ya empezó, que la inflación seguirá a la baja y que las malas noticias comenzarán a quedar atrás.
Parte de ese diagnóstico fue abordado por Macri en el almuerzo que mantuvo esta semana con Rogelio Frigerio en Entre Ríos, por casi una hora. Muy relajado, hubo pocas definiciones políticas, más bien se desmenuzó la situación económica. El ex presidente deslizó que, después de un primer trimestre muy malo, debería verse cierta mejoría en los dos últimos, pero alertó, sin dramatismo, en que no entiende cómo con este superávit el riesgo país aún no se ubicó en los niveles que él tuvo durante su gestión.
Macri visitó también a Maximiliano Pullaro en Santa Fe, con el que hubo muy buena sintonía, recíproca. Una reunión que alimentó las especulaciones de los que presionan por un remake de Juntos por el Cambio como una alternativa al gobierno. Como se adelantó en esta sección, se habla de hecho del análisis de algunos distritos gobernadores por el PRO y la UCR de converger en un “súper domingo” electoral el próximo año.
Esa hipótesis podría incluir a la ciudad de Buenos Aires, la casa matriz del PRO, que acaba de estrenar nuevo logo pero que arrastra viejos chispazos. Al ex presidente, en realidad, nada la preocupa más que la chance de perder la capital. Por eso es cada vez más comentado el distanciamiento con su primo Jorge Macri, decidido a buscar la reelección, con el que, en verdad, nunca se llevó del todo bien. “Están muy mal”, confirmaron. En la Ciudad circula un fuerte trascendido de un encuentro de tres, entre los Macri y Daniel Angelici, “El Tano” -se involucró en la gestión porteña para intentar acercar posiciones y ordenar la administración y terminó convertido en el hombre más influyente de la capital-, que no habría tenido buenos resultados.
Confían, además, que en el velorio de Luis Brandoni de hace más de un mes atrás, en la Legislatura, los primos hicieron lo imposible para no cruzarse.
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POLITICA
La obra pública en los tiempos de Javier Milei: se demora un proyecto clave para mejorar la calidad de vida de 4,5 millones de personas
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El cambio de gestión y la orden del presidente Javier Milei de ajustar al mínimo –y en lo posible, eliminar– las partidas para obra pública ya dejaron secuelas: dejaron al borde de la parálisis el “Sistema Riachuelo”, un megaproyecto de AySA que al ponerse en funcionamiento podría mejorarle la calidad de vida a un millón y medio de habitantes del conurbano bonaerense, con beneficios indirectos para otros 4,5 millones de usuarios. Con un dato adicional: el Banco Mundial giró a la Argentina los fondos para terminar las tareas, pero los contratistas cobran en cuentagotas y pueden quedar en condiciones de rescindir el contrato, según confirmaron a cuatro fuentes al tanto de lo ocurrido durante estos meses.
Las miradas apuntan al Ministerio de Economía, que demoró las partidas para concluir el “lote 2″ del megaproyecto. Llegó a adeudar varios certificados de obra, incluidos los de abril ($1700 millones), mayo ($6000 millones) y junio ($4800 millones). Hasta que destrabó una transferencia a mediados de septiembre con el que evitó llegar a los 90 días de incumplimiento. Superar ese plazo hubiera habilitado a los contratistas a demandar en los tribunales al Estado nacional, aunque con ese desembolso parcial el Palacio de Hacienda sólo ganó unas semanas. El 1 de este mes debía afrontar otro vencimiento, que ante la consulta de afirmaron que cancelarán en los próximos días.
“El problema no es que se hayan desviado los fondos [que giró el Banco Mundial], ni tampoco es un problema de AySA o de Acumar [por la Autoridad de Cuenca Riachuelo Matanza], sino el límite del crédito presupuestario. Y eso es algo que define Economía”, indicó una fuente que conoce, desde adentro, el desarrollo y ejecución del megaproyecto.
Desde el Palacio de Hacienda confirmaron a las demoras en los pagos, pero cargaron contra la anterior gestión, liderada por Sergio Massa. “Al asumir, la obra se encontraba parada por falta de pago desde agosto del 2023″, indicaron. En marzo se pagó deuda por $15.460.957.664,78″, precisaron. ¿Y qué pasó con los pagos pendientes desde marzo en adelante? Respuesta oficial: “Se encuentra en retraso el pago del certificado de junio que tenía como cronograma de pago previsto el 1 de octubre por $4.820.612.888. El retraso se produjo por falta de reconocimiento de número SWIFT de la casa de origen, más demoras en la acreditación en la cuenta designada para su erogación; previendo regularizar su erogación el 7 de octubre”.
Desde AYSA, en tanto, ofrecieron una respuesta similar, pero distinta: tras aclarar que la ACUMAR opera como unidad ejecutora que gestiona el préstamo y los fondos, para que luego AySA dispone para realizar los pagos, indicaron a los certificados que vencieron en julio y agosto ya fueron cancelados. Ahora, abundó, está “a la espera de que la Acumar transfiera los fondos en las próximas semanas para regularizar el certificado que vencía en septiembre”, para luego indicar que “a pesar de estos retrasos, la obra continuó su ejecución” y que la ACUMAR “está gestionando con el Ministerio de Economía las ampliaciones de crédito presupuestario, a fin de garantizar la continuidad del proyecto”.
Radiografía de la obra pública
Concebido durante los albores del kirchnerismo, el “Sistema Riachuelo” resulta una radiografía precisa de cómo funciona la obra pública en la Argentina. Comenzó a gestarse en 2008 con la promesa de terminarlo en cuatro años, pero se licitó en 2011, se firmó en 2014 y la inauguración se planeó para 2019. Pasó luego para 2022. Y en septiembre de 2023, la entonces titular de AySA, Malena Galmarini, y su marido, el entonces ministro Massa, celebraron el “inicio al proceso de puesta en marcha”, en plena campaña presidencial de Massa. Pero el “inicio” no fue tal. El “Sistema Riachuelo” sigue hoy sin funcionar.
Por su complejidad, el megaproyecto se concibió en tres partes o “lotes”. El 1 y 3 quedaron desde su inicio bajo control y financiamiento del Banco Mundial, mientras que el “lote 2″ quedó bajo fondeo y control de Néstor Kirchner y Julio De Vido, que lo entregaron a constructoras amigas, afrontó todo tipo de vaivenes y hoy, tras ceder los controles y fondeo al Banco Mundial, mejoró su ejecución y los últimos datos oficiales marcan un 86% de avance, aunque actualizado llegaría al 92 por ciento.
Ahora, los involucrados afirman que las obras podrían completarse “en meses”, siempre que no haya demoras o imprevistos. Así, 2025 podría ser el año inaugural. Pero tampoco pueden garantizarlo, ya que dependen de las partidas que debe liberar el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, quien sigue las directrices restrictivas de la Casa Rosada.
Las pautas que fijó Milei son claras. “La obra pública se termina. Es decir, no tenemos plata. Hay que recortar, porque el déficit fiscal es muy alto”, afirmó a fines de noviembre, ya como presidente electo. Y Caputo actuó en consecuencia: redujo al mínimo el flujo de partidas, con la consiguiente ralentización o paralización de obras públicas en distintos puntos del país.
El “Sistema Riachuelo” es, sin embargo, distinto. Porque su financiamiento no proviene de las arcas del Estado nacional, sino del Banco Mundial, que ya giró los fondos para completar las obras, a las que asigna prioridad, por los años de retraso y por la cuantía. Son cerca de US$1227 millones, su financiamiento más grande en toda América Latina y el Caribe.
Para los ejecutivos del Banco Mundial, en tanto, el megaproyecto conlleva desafíos y dolores de cabeza recurrentes. Deben lidiar con la realidad argentina y con las preguntas que llegan desde Washington, donde exigen respuestas y resultados. Pero prefieren mantener la vista en la meta: “El proyecto se sigue ejecutando, hubo algún retraso dado el cambio de administración, pero la obra continua y esperamos que se inaugure en 2025″, indicaron ante la consulta de .
Los resultados durante los últimos años, sin embargo, distan de ser los esperados, como consignaron los informes que la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) emitieron en 2018 y 2021.
El informe de la Sigen expuso, entre otras falencias, el “deficiente grado de planificación y programación de las tareas” del Sistema Riachuelo, las “sucesivas modificaciones” que sufrió el megaproyecto, sus “significativos retrasos”, “las redeterminaciones de precios generadas en consecuencia” durante las presidencias de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, y hasta una contratación directa por 14 millones de euros.
Tres “lotes” con recorridos muy distintos
Los tres tramos o “lotes” registraron problemas, pero con diferencias evidentes de avance y transparencia, además de modificaciones periódicas de plazos y costos:
- Lote 1: controlado y financiado por el Banco Mundial, abarcó la excavación de un túnel a entre 12 y 24 metros de profundidad, a lo largo de 30 kilómetros del llamado Colector Margen Izquierda y Desvío Colector Baja Costanera, más obras complementarias. Transportará los efluentes provenientes del margen izquierdo del Riachuelo y la ciudad de Buenos Aires, más una ampliación del sistema Baja Costanera, hasta Dock Sud. Consorcio ganador: la italiana Ghella y la argentina IECSA, la constructora que era de Angelo Calcaterra, luego procesado en el tramo local de Lava Jato y el caso Cuadernos, en el que acaban de beneficiarlo. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses, plazo que se alargó. La obra se terminó en diciembre de 2022.
- Lote 2: controlado y financiado por el Estado nacional y, tras años y marchas y contramarchas, por el Banco Mundial. Abarca la construcción de una estación elevadora de entrada de los efluentes que llegan a Dock Sud por el túnel del Lote 1, más una Planta de Pretratamiento Riachuelo y una estación de bombeo de salida de esos efluentes. Todo, en terrenos ganados al Río de la Plata. ¿Consorcio ganador? Esuco, JCR, CPC y C&E –todas cercanas al kirchnerismo-. Ya en tiempos del macrismo, se convocó a Ghella y se sustituyó a CPC, la constructora de Cristóbal López, por Impregilo, el grupo italiano socio de Sideco, el holding de la familia Macri, en la firma Yacylec. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses. Avance de la obra: 92%.
- Lote 3: controlado y financiado por el Banco Mundial, abarcó la construcción del Emisario Riachuelo que trasladará los efluentes pre tratados en las obras del Lote 2 en Dock Sud a lo largo de 12 kilómetros emisario subfluvial hasta su difusión en las aguas del Río de la Plata. Consorcio ganador: Impregilo SpA, Chediak –cuyo titular, José Chediak, fue luego procesado en la causa Cuadernos– y Healy Company. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses, plazo que se alargó. La obra se terminó en marzo de 2023.
Hoy, con las obras finalizadas, los “lotes” 1 y 3 afrontan otros desafíos: registran períodos de garantía originales vencidos y extendidos ya por segunda vez, a la espera de completar los trabajos del “lote” 2, que a su vez está próximo a comenzar las pruebas finales con líquidos cloacales. Pero la paralización de las obras y las demoras en el pago de los certificados amenaza con postergar, otra vez, el final.
¿Un ejemplo? Según indicaron fuentes al tanto de las negociaciones a , el consorcio contratista avisó que si para el 16 de septiembre no le pagaban los certificados de junio, se cumplirían los 90 días de incumplimiento e iniciaría las acciones de rescisión contractual, imputable al comitente. Es decir, al Estado nacional.
El problema es que el dinero para obras públicas no abunda durante los primeros meses de la gestión Milei. Y conlleva el dilema de la frazada corta. Y así es como el Ministerio de Economía retacea partidas y Acumar giró los pocos fondos de los que disponía a afrontar vencimientos en las obras de la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos (Pteli). Al 31 de diciembre, ese proyecto registró el 79% de avance, según el monitor PISA de Acumar.
Hugo Alconada Mon,LA NACION,Política
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Los motivos ocultos del Gobierno y la CGT para acordar una modificación en la restricción que afectaba a la caja sindical
“Junto con la final contra España, fue el partido más importante que la Argentina pudo haber jugado este fin de semana”, exageró un funcionario libertario ante Infobae acerca de las negociaciones entre el Gobierno y la CGT que terminaron con el decreto 612, publicado este lunes en el Boletín Oficial, para dejar a salvo la caja sindical.
La importancia que le dio la Casa Rosada al acuerdo con los líderes cegetistas tiene razones ocultas: una de ellas es que los problemas generados por la reglamentación de la reforma laboral, que restringió aún más las cuotas solidarias y los aportes especiales pagados por los empleadores en los convenios colectivos, no sólo amagaban con una oleada de causas judiciales para interpretar sus alcances. También están frenando la renegociación de los convenios colectivos de trabajo, objetivo que se propuso el Gobierno con la sanción de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, ante la renuencia de empresarios y sindicalistas a aceptar las limitaciones concretas que aparecieron en algunos ítems.
Como anticipó Infobae, hubo tratativas reservadas entre las dos partes durante semanas que finalizaron este sábado y domingo con la redacción consensuada del decreto para corregir la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, que había perjudicado a los sindicatos en dos puntos clave para su financiamiento.
Por un lado, el decreto 407 cambió sorpresivamente la base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo: mientras la ley decía que “no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores”, la reglamentación afirmaba que estaría constituida por el “salario básico convencional”, una fórmula distinta que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos acordados entre empresarios y dirigentes gremiales.
Ahora, flexibiliza parcialmente el efecto del límite del 2% a esos ítems porque aumenta la base salarial sobre la que se aplica: estipula que para el cálculo deben sumarse las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual de origen convencional y establece que “no integrarán la base de cálculo los conceptos que no constituyan retribuciones normales, habituales y de percepción mensual” como “premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario, plus vacacional, sumas no remunerativas y todo otro concepto, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, origen o denominación, que no se abone en forma normal, habitual y mensual”.
Por otro lado, en el decreto 612 ahora se excluyen del tope del 2% que fija la Ley 27.802 los aportes y contribuciones de los empleadores dentro de los convenios colectivos destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, mientras establece que deben administrarse y documentarse separadamente de los demás fondos sindicales.
Esto permitirá, por ejemplo, que no tengan límites las contribuciones de los empresarios que están destinadas a las obras sociales, que se convirtieron en cruciales para sostener el sistema sindical de salud.
Aun así, la nueva norma exige que esos recursos tengan una administración especial, llevada y documentada por separado respecto de los demás bienes y fondos sindicales. Esto significa que el sindicato debería llevar una contabilidad diferenciada de ese dinero.
¿Qué implica? Que no deberían mezclarse indistintamente con los fondos sindicales ordinarios, que debería poder identificarse cuánto se recaudó, quiénes aportaron, cuál fue el destino del dinero, qué gastos se realizaron y que esos gastos respondan a los fines autorizados: obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural, siempre en interés y beneficio de los trabajadores comprendidos en el ámbito de representación sindical.
Esto supone una restricción importante para los sindicatos porque no bastaría con denominar un concepto como “aporte social”, “contribución especial”, “fondo convencional” o “aporte institucional”, sino que la finalidad real debería encuadrar en alguno de los destinos autorizados por el flamante decreto.
Para la CGT, los cambios sorpresivos del decreto 407, dictado a fines de mayo, rompieron lo pactado con el Gobierno cuando se sancionó la reforma laboral y tuvieron el sello del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el más firme detractor de las cuotas solidarias, que se descuentan en forma compulsiva del sueldo de todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, y se destinan a financiar a los sindicatos.
La nueva etapa de la administración libertaria, que encumbró a Diego Santilli como jefe de Gabinete y esboza una actitud más negociadora para ganar las elecciones de 2027, permitió una mejor predisposición a escuchar las quejas de la CGT por la forma en que el decreto 407 amenazaba con jaquear las finanzas sindicales.
Ahora se destraba una negociación colectiva que, bajo la interpretación anterior, había quedado frenada y empujaba a sindicatos y empleadores a judicializar los convenios: ese límite del 2% había sido interpretado de manera tan amplia que también alcanzaba a los aportes patronales destinados a mutuales, seguros de vida, seguros de sepelio o mejoras en la obra social. Para el Gobierno, esa lectura mezclaba “dos leyes distintas” y “dos cosas distintas”, porque una cosa era la cuota solidaria del trabajador y otra, las contribuciones empresariales administradas por el sindicato en beneficio del trabajador.
Ayudó a la CGT el hecho de que la intimación de la Secretaría de Trabajo a renegociar unos 800 convenios colectivos de trabajo para adecuarse a la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que se hizo a mediados de junio, todavía no trajo ningún resultado concreto. Hubo acuerdos parciales para sumar el salario dinámico o el banco de horas, dos de las innovaciones de la reforma laboral, pero hasta hoy no llegó al escritorio de Julio Cordero ni un solo convenio renegociado integralmente por empresarios y sindicalistas.
“No hay uno solo que venga a sentarse para rediscutir”, admitieron en Trabajo sobre la convocatoria oficial para revisar los convenios vencidos. Según explicaron, los empresarios y sindicalistas preferían ir a la Justicia para conservar cláusulas existentes antes que abrir una negociación nueva bajo un esquema que, en los hechos, impedía pactar aportes adicionales de las empresas.
“Si yo acuerdo con un sindicato dar menos porcentaje de aumento y compensarlo con una contribución para la obra social, que también beneficia al trabajador, ¿por qué se tiene que meter el Estado? ¿Son libertarios o no?“, protestó el dueño de una compañía a un funcionario porque el decreto 407 extendió el tope del 2% a los aportes y contribuciones de los empleadores pactados dentro de los convenios colectivos. Algo que afecta de lleno a la caja sindical, pero, además, a las empresas.
Ese fue un argumento que se multiplicó y que, además de las necesidades electorales del mileísmo, fue clave para que el ala política del Gobierno corrigiera la propuesta diseñada por Sturzenegger en favor del poder sindical.
¿El acuerdo Gobierno-CGT por este tema tan decisivo permitirá que se atenúe el plan de lucha que se iniciará este miércoles con una marcha al Congreso para acompañar los reclamos de los jubilados? “Bajo ningún concepto -advirtió un jefe cegetista-. Esto demuestra que vale la pena apostar al diálogo, pero seguiremos con el curso de acción trazado sin una sola modificación».
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POLITICA
Paro de transporte. El universo de los sindicalistas que pueden frenar los vuelos en el país
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Si el Gobierno no fuerza una conciliación obligatoria, el miércoles próximo habrá un paro nacional de transporte, que nació en rechazo a la intención oficial de privatizar Aerolíneas Argentinas, entre otras demandas. Esto deja en evidencia la articulación de los gremios aeronáuticos con Pablo Moyano, integrante del triunvirato de mando de la CGT y número dos del sindicato de los camioneros.
En el universo aeronáutico hay alrededor de 15.000 trabajadores distribuidos en ocho gremios que tallan en el sector. La gran empleadora es la estatal Aerolíneas Argentinas, con 10.500 personas. El resto forman parte de las nóminas de las low-cost o de otras empresas del rubro.
El gobierno de Javier Milei intentó avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas a través de la Ley Bases, pero no pasó el filtro de la oposición en el Congreso. Por eso, el Presidente emitió hace un mes un decreto que la declara “sujeta a privatización”. En paralelo, habilitó dos proyectos en la Cámara de Diputados que van en el mismo sentido, pero que por ahora no tienen visos de progresar. Uno es impulsado por Pro y el otro por la Conciliación Cívica. Milei reconoció que puede haber otra salida. “La estamos proponiendo privatizar y, si no se puede privatizar, estamos dispuestos a entregársela a los empleados”, dijo la semana pasada en LN+.
A diferencia de otras actividades, los aeronáuticos marcan un récord en la tasa de sindicalización, con picos de más de 90%, salvo en los casos de las low-cost Flybondi y Jet-Smart. ¿Les dará Milei el manejo de Aerolíneas Argentinas a los gremios?
El rompecabezas de sindicatos aeronáuticos se agrietó cuando el Gobierno avanzó con el plan de retiros voluntarios y la reducción de la estructura, y se plantó en su política salarial con ofrecimientos en paritarias de 7% en mayo y un 0% para los siguientes cuatro meses. La mayoría de los sindicatos rechazó la oferta y se abrió el conflicto que derivó en una sucesión de paros que afectaron a miles de pasajeros. Esa pulseada aún no está saldada.
Los dos únicos que aceptaron el aumento de mayo fueron la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, a cargo de Ricardo Cirielli, y la Unión del Personal Superior Aeronáutico, al mando de Rubén Fernández. “Lo aceptamos, pero seguimos un 60% abajo de la inflación”, aclaró Fernández, un aliado histórico de Hugo Moyano, que ahora tomó distancia del bloque combativo que impulsa Pablo. Calculan los sindicatos que la caída salarial en comparación con la inflación fue del 77% desde que comenzó la gestión de La Libertad Avanza.
Con Cirielli y Fernández apostando al juego propio, el resto de los sindicatos decidió unirse y armar un bloque común, en el que conviven dirigentes de la CGT, de las dos vertientes de la CTA, peronistas y hasta trotskistas.
El sindicato más poderoso, por su cantidad de afiliados e influencia, es la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que encabeza el kirchnerista Edgardo Llano. Tiene 8000 afiliados, muchos de ellos afiliados a La Cámpora, y nuclea a maleteros, administrativos, sector de rampa, de free-shop y de check-in, entre otros. También cobraron protagonismo Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y Pablo Biró (Pilotos), ambos alineados con el moyanismo. Al margen de las posturas y las divisiones, el sector aeronáutico es particularmente sensible a la conflictividad gremial porque basta con que adhiera una sola rama para que la actividad se detenga.
Detrás de la pulseada entre Aerolíneas y los gremios
La pulseada entre Aerolíneas Argentinas y los gremios aeronáuticos se extiende mucho más allá de la pelea por un incremento salarial y la posible privatización de la aerolínea estatal. Para ambas partes está en juego la redefinición de la política aerocomercial y un cambio en las condiciones laborales, con reducción de costos, flexibilización de leyes y controles y hasta el posible final de los convenios colectivos.
Los gremios clásicos y tradicionales rechazan de manera unánime la decisión de abrir cada vez más rutas a las low cost, a las que consideran como un desafío a su poder de representación. No poder afiliar a los trabajadores de las líneas de bajo costo inquieta a los sindicalistas. Leen con preocupación que se agranda el mercado, pero que se les achica su negocio, según interpretan fuentes oficiales.
El Gobierno se encontró en la justicia laboral con un obstáculo en su intento por neutralizar a los sindicatos de esta actividad. En un fallo de primera instancia, el Juzgado de Trabajo N° 42, a cargo de Ricardo Hierrezuelo, dejó sin efecto los decretos presidenciales que establecían al servicio aeronáutico como esencial. Hierrezuelo reforzó su argumento con la resolución del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que blinda el derecho de huelga y lo considera legítimo.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, un histórico habitué de las conferencias anuales de la OIT, reconoció en reserva que instrumentar la esencialidad no sería una tarea sencilla. Si se resuelve en el corto plazo la judicialización del decreto, la cartera laboral debería convocar a una comisión de garantías para acordar la implementación de la esencialidad. La comisión estaría integrada por dos representantes de la compañía (en este caso, Aerolíneas Argentinas), dos representantes sindicales y dos académicos vinculados al derecho laboral.
Cordero ya definió que el experimentado abogado Guillermo Comadira presida la comisión en caso de conformarse. De no alcanzar un acuerdo entre las partes, la Secretaría de Trabajo podría intervenir de manera directa. “¿Cómo definimos qué avión sale y cuál no?”, se preguntaron en un despacho oficial. “Si no cumplen con las conciliaciones obligatorias podría haber medidas contra los gremios, desde sanciones económicas hasta la quita de la personería gremial”, respondió Cordero recientemente frente a un auditorio de estudiantes. Surge un problema ante el paro de transporte del miércoles próximo: los aeronáuticos tienen agotadas las instancias de conciliación, por lo que en ese sector la huelga sería inevitable.
Pasajeros varados y nuevo paro confirmado
En el comunicado emitido para ratificar el paro de transportes del próximo 30 de octubre, el conflicto aeronáutico ocupa un lugar de relevancia entre los argumentos esbozados. “Es en reclamo al ajuste impulsado por el gobierno de Milei, el aumento de los boletos tras la quita de subsidios, el intento de privatización de Aerolíneas Argentinas, el ataque a los jubilados y en rechazo al aumento de la pobreza”, consignaron.
La llamada Mesa Nacional del Transporte confirmó la medida de fuerza tras un encuentro que fue encabezado por Moyano, escoltado por su hijo Pablo. Participaron Omar Maturano (La Fraternidad), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Brey (Aeronavegantes) y Biró (APLA), expulsado días atrás del directorio de Aerolíneas Argentinas, otro capítulo de la disputa.
“En su doble rol de dirigente del gremio APLA y como director de la compañía, tan solo este año, Biró participó y promovió 13 medidas de fuerza contra la aerolínea, muchas de ellas escudadas en supuestas asambleas informativas que en realidad eran paros encubiertos. Como agravante, y ante los esfuerzos de la compañía por mitigar el impacto de estas acciones en los planes de viaje de sus pasajeros, las medidas fueron adaptadas por los gremios para provocar el mayor daño posible en la operación, corriendo los horarios de las protestas para afectar la mayor cantidad de vuelos posibles”, acusó la empresa.
Las imágenes de pasajeros varados durante jornadas interminables por las medidas de fuerza se convirtieron este año en postales del complejo conflicto, que sigue latente y abre nuevos frentes. El próximo miércoles se pueden volver a repetir.
Nicolás Balinotti,LA NACION,Política
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