La presentación del Presupuesto 2027 abrió un nuevo contrapunto interno luego de que la senadora Patricia Bullrich se mostrara visiblemente molesta por desconocer el detalle de la previsión de gastos, que contemplaba un fuerte ajuste en materia de discapacidad. El episodio, que tensó el vínculo con los aliados en el Congreso, esta vez parece haber tenido otra dimensión.

Tras cuestionar la dinámica de la mesa política, que se encarga de ultimar detalles de la hoja de ruta legislativa y precisar los tiempos, la legisladora que dudó si asistir, finalmente confirmó el domingo por la noche que asistirá al nuevo intercambio que se celebrará este martes a las 13 en Casa Rosada, como ya es habitual. “Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final”, planteó en declaraciones a La Nación+, luego de que Diego Santilli sostuviera que la ex ministra no había estado en la explicación del Presupuesto porque se había retirado antes del intercambio.

“La mesa es para evaluar cómo caen en las cámaras los proyectos, qué es viable y qué no. El año pasado nosotros la pasamos muy mal cuando perdimos gobernabilidad”, expresó Bullrich el pasado viernes. Casi cuatro días después, el reducido círculo volverá a reunirse, pero la senadora evaluó ausentarse. No es el primer traspié de Bullrich con la mesa política. El antecedente más inmediato es el decreto que asignó a Mendoza el 100% de las regalías de la represa hidroeléctrica sobre el río Atuel y dejó a La Pampa sin participación en esos recursos.

“Lo va a tener que pensar. El Senado es profundamente federal y nadie evalúa el impacto de lo que pasó. Si quieren perder en 2027, que le avisen y listo”, precisaron ante Infobae.

La complejidad surgió a raíz de la inclusión de un capítulo en la “ley de leyes” que contemplaba fuertes ajustes en discapacidad y que iba a contramano de un proyecto “superador” en la materia del oficialismo para contentar a los aliados. “Así como está no sale”, advertían varios integrantes del Ejecutivo, que también se enteraron del detalle con el envío o a través del llamado de algún legislador.

La letra de la normativa en la que trabajaban las diputadas bullrichistas Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici encontró reparos entre las filas oficialistas por “no ajustarse a los lineamientos del Poder Ejecutivo”. Por eso, Luis y Santiago Caputo incluyeron “la versión del Presidente” en el Presupuesto.

Por la preparación del discurso que brindará el mandatario en la Asamblea de las Naciones Unidas de Nueva York, la reunión de Gabinete de los lunes fue suspendida pese a que el viernes figuraba en los planes. Por eso, el intercambio de la mesa política será la primera instancia cara a cara que tendrán luego de los resquemores.

El clima al interior de la administración libertaria no es el mejor y los proyectos se apilan a la espera de ser tratados. “Hace tres años que Patricia se desmarca y no pasa nada. Ella cree que es aliada y tiene que marcar sus diferencias para no perder su singularidad”, le facturan desde el karinismo.

La senadora levanta la mano ante lo que considera que está mal y hará lo que haga falta para evitar que el peronismo recupere el poder en 2027. Bullrich responde por los suyos y actúa en línea con lo que le demanda su electorado, consciente de que cuenta con peso específico y buenos números en las encuestas. “Es muy importante que el proyecto reelija”, repite sin dar mayor nivel de detalle.

Por eso, no pierde oportunidad para advertirle a Milei sobre la necesidad de acelerar la recuperación económica y encontrar una respuesta al problema de la morosidad.

La titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, conoce esa dinámica, que fue una de los principales motivos por los que el vínculo con la legisladora se resintió en más de una oportunidad. “Funciona como un régimen soviético que Patricia no está dispuesta a tolerar”, expresó un referente cercano a Bullrich. “No hay nada nuevo en lo que hace Patricia. Está en su ADN”, se expidieron desde el entorno de la menor de los Milei.

Con la instancia de debate designada por Milei en tensión, los libertarios deberán ordenarse para continuar la discusión en torno al detalle del Presupuesto. A la agenda se suman la Ley de Soberanía Nacional, enviada en los últimos días al Congreso, y la necesidad de definir los plazos para el tratamiento en el Senado de la nueva Carta Orgánica del Banco Central, aprobada en Diputados, además de los cambios al régimen de Zona Fría.

La reforma electoral, una de las piezas centrales de la estrategia de La Libertad Avanza para buscar la reelección del mandatario, completa la hoja de ruta con las prioridades legislativas de la Casa Rosada. A 70 días de la finalización del período de sesiones ordinarias del Congreso, el oficialismo deberá intensificar las negociaciones con los aliados para avanzar en la eliminación de las PASO.

Con ese objetivo, esta semana, el jefe de Gabinete recibirá el lunes en Casa Rosada a Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y el jueves a Leandro Zdero (Chaco). La tarea del funcionario es sumar apoyos al Presupuesto 2027 y convencerlos de respaldar la reforma antes de sentarse a conversar los términos y condiciones de los eventuales entendimientos electorales.

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La investigación por los sobresueldos en la Armada Argentina comenzó con una circunstancia fortuita que alteró el recorrido habitual de una novedad administrativa. En los primeros días de febrero de 2026, una teniente detectó que cinco agentes del Departamento Revista habían recibido suplementos salariales que no les correspondían. El capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff, responsable de esa dependencia, estaba ausente. Tampoco se encontraban disponibles otros dos superiores: uno estaba de licencia y el otro había sido trasladado a la Dirección de Personal. La oficial informó directamente la irregularidad a la Jefatura de Administración Financiera, sin imaginar que aquel episodio terminaría exponiendo un mecanismo de desvío de fondos públicos por casi $1.000 millones.

El caso sacudió a la Armada y abrió ahora una segunda etapa que la conducción naval pretende resolver con celeridad. El miércoles 16 de septiembre, un día después de formalizar la denuncia penal, el jefe del Estado Mayor General de la fuerza, almirante Juan Carlos Romay, dispuso apartar de sus funciones a todos los militares alcanzados por las actuaciones e inició una instrucción disciplinaria por una falta considerada “gravísima”. El procedimiento se desarrolla bajo el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas y puede terminar con la sanción más severa prevista para un militar: la destitución, que supone la pérdida definitiva del grado y la baja de la institución.

La decisión fue adoptada después de que la investigación realizada por la propia Armada identificara 645 acreditaciones indebidas a 23 beneficiarios, por un monto histórico de $981.148.567,88, entre julio de 2022 y enero de 2026. El caso llegó al ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, quien ordenó avanzar con todas las medidas correspondientes y separar las responsabilidades individuales de la institución militar.

Infobae reconstruyó los detalles de la investigación interna a partir del acceso a fuentes que siguen de cerca el caso. Los testimonios permiten comprender cómo se descubrieron las irregularidades, de qué manera se aprovechaban fondos destinados a salarios, qué vulnerabilidad informática facilitó los pagos y cuáles fueron las decisiones que permitieron identificar a los beneficiarios y preservar la evidencia entregada posteriormente a la Justicia.

Una de las revelaciones es que el inicio de los desvíos coincide con un cambio de conducción dentro del Departamento Revista, epicentro de los desvíos. Atanasoff ya llevaba aproximadamente dos años trabajando en esa repartición, donde se desempeñaba como responsable de una división vinculada con la liquidación de salarios. En julio de 2022, cuando dejó su cargo quien hasta entonces estaba al frente del departamento, el oficial pasó a conducir toda la estructura.

Los investigadores advirtieron esa coincidencia después de retroceder mes por mes en los archivos bancarios. La revisión permitió encontrar las primeras acreditaciones irregulares en julio de 2022, cuando Atanasoff asumió la jefatura. En el período inmediatamente anterior no se detectaron operaciones con las mismas características.

El proceso disciplinario y las posibles destituciones

La conducción naval considera, según pudo saber Infobae, que el descubrimiento de la maniobra exige una respuesta disciplinaria independiente de las consecuencias penales que puedan surgir de la investigación judicial. La decisión de Romay fue apartar de sus funciones de manera sumaria a los militares alcanzados por las actuaciones y poner en marcha el procedimiento establecido por la Ley 26.394, que regula el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.

Fuentes que siguen el caso explicaron a Infobae que la Armada pretende ser expeditiva en la determinación de las responsabilidades y que la destitución aparece como el desenlace disciplinario contemplado para las conductas más graves que puedan acreditarse. Sin embargo, aclararon que la medida no puede aplicarse automáticamente: cada involucrado debe atravesar el procedimiento correspondiente, conocer las imputaciones, ejercer su defensa y recibir una resolución fundada.

El régimen disciplinario castrense distingue tres clases de faltas: leves, graves y gravísimas. Las dos primeras admiten sanciones como el apercibimiento o distintas modalidades de arresto. Las gravísimas, en cambio, pueden terminar con la expulsión definitiva de las Fuerzas Armadas.

El encuadre que se examina en este caso corresponde a la comisión de un hecho que pudiera constituir un delito cometido con motivo o en ocasión de las funciones militares. Esa conducta está prevista en el artículo 13, inciso 23, del Anexo IV de la Ley 26.394.

El Código establece que las faltas gravísimas deben sancionarse con destitución, aunque admite excepcionalmente que, ante circunstancias extraordinarias de atenuación, el órgano disciplinario recomiende una sanción menor. Esa posibilidad deberá evaluarse individualmente y no altera la decisión de la conducción de avanzar con la máxima severidad que permitan las actuaciones.

La destitución tiene consecuencias definitivas para la carrera militar. El artículo 19 del Código establece que implica la pérdida del grado, la baja de las Fuerzas Armadas y la imposibilidad de readquirir el estado militar, salvo las obligaciones generales que pudieran corresponder como ciudadano.

En términos concretos, un capitán destituido deja de pertenecer a la Armada, pierde su jerarquía y cesa en el servicio. La sanción es sustancialmente distinta del relevo preventivo, del pase a disponibilidad o de una suspensión de funciones mientras se desarrolla una investigación.

El procedimiento iniciado la semana pasada tiene, además, varias instancias que deben cumplirse antes de llegar a una resolución.

La primera etapa fue la investigación administrativa realizada por la propia fuerza bajo el Reglamento de Actuaciones Administrativas Militares, conocido como REAAM. Ese relevamiento permitió determinar qué había ocurrido, identificar las acreditaciones irregulares, convocar a personas vinculadas con los hechos, tomar declaraciones y reunir documentación bancaria e informática.

Las actuaciones administrativas constituyeron la base de la denuncia penal. Sin embargo, no equivalen al procedimiento disciplinario que ahora debe determinar la responsabilidad individual de cada militar.

La nueva etapa comenzó con una instrucción por falta gravísima. Para conducirla se designa a un oficial auditor instructor, un abogado militar que debe examinar los hechos, reunir las pruebas pertinentes y establecer si existen elementos suficientes para solicitar la intervención del órgano disciplinario competente.

Según pudo saber Infobae, la Armada ya había avanzado con la designación de un abogado militar para llevar adelante la instrucción. A partir de esa instancia se desarrollará el procedimiento que permitirá determinar las sanciones correspondientes.

Los militares comprendidos en las actuaciones tienen derecho a conocer los hechos que se les atribuyen, designar un abogado defensor o recurrir a los mecanismos de asistencia previstos por el régimen militar, formular sus descargos y presentar pruebas.

La investigación interna ya produjo una cantidad considerable de documentación, pero esas garantías deberán cumplirse de todos modos durante la instrucción disciplinaria.

El artículo 31 del Código establece un plazo máximo de seis meses para que el oficial auditor instructor complete su trabajo y presente el informe correspondiente. La reglamentación aclara que ese término constituye un máximo indicativo y que la actuación debe desarrollarse en el menor tiempo posible.

Dentro de la Armada consideran que el caso podría resolverse antes de agotar ese plazo. La razón es que ya existe una investigación administrativa concluida, cientos de transferencias bancarias identificadas, documentación preservada y declaraciones incorporadas a las actuaciones.

No obstante, las fuentes consultadas evitaron establecer una fecha definitiva. Durante la instrucción pueden surgir nuevas pruebas, explicaciones o cuestiones que requieran verificaciones adicionales.

Una vez completado el trabajo, el oficial auditor deberá presentar un informe con sus conclusiones. Si entiende que existen elementos para sostener una falta gravísima, corresponderá elevar las actuaciones al órgano disciplinario competente.

El Código contempla la intervención de los Consejos de Disciplina y de los Consejos Generales de Disciplina, según la jerarquía del militar y las características del caso. Para las faltas gravísimas atribuidas a oficiales superiores, como un capitán de navío, la ley establece la competencia del Consejo General de Disciplina de la fuerza.

La instancia encargada de resolver deberá realizar una audiencia en la que se examinarán las pruebas y se escucharán las posiciones del instructor y de la defensa.

El procedimiento contempla la intervención de testigos, la posibilidad de formular preguntas, la presentación de documentación y el análisis de los elementos reunidos durante la investigación.

Después del debate deberá dictarse una resolución fundada. Si se determina que existió una falta gravísima y no concurren circunstancias extraordinarias que justifiquen otra respuesta, la sanción prevista es la destitución.

La decisión también puede ser revisada mediante los recursos establecidos por la legislación militar. El régimen prevé una instancia de apelación dentro de la estructura disciplinaria y la posibilidad de control judicial de las sanciones por faltas gravísimas.

La conducción de la Armada pretende que ese procedimiento avance con rapidez, pero las fuentes consultadas insistieron en que la prioridad es producir decisiones formalmente válidas, notificadas a los involucrados y respaldadas por las pruebas correspondientes.

El expediente penal, mientras tanto, seguirá su propio recorrido. La Justicia Federal deberá determinar si existieron delitos y qué responsabilidad corresponde a cada militar, civil o particular involucrado. La Armada puede resolver las responsabilidades disciplinarias sin esperar necesariamente una sentencia penal firme.

El sistema de pagos y las modificaciones de archivos

El Departamento Revista administra la liquidación de los haberes de aproximadamente 24.500 personas. El volumen mensual de recursos destinados al pago de salarios ronda actualmente los $65.000 millones.

La dimensión de esos movimientos ayuda a comprender una de las particularidades del caso: los investigadores encontraron 23 beneficiarios de acreditaciones indebidas dentro de un universo de más de 24.000 destinatarios de pagos legítimos.

Según explicaron a Infobae fuentes que conocen el funcionamiento del sistema, las operaciones irregulares representaban una proporción relativamente pequeña del movimiento general de fondos. Sin embargo, su reiteración durante más de tres años terminó acumulando una cifra cercana a los $1.000 millones.

El Departamento Revista recibía periódicamente información de la Dirección de Personal y de las distintas unidades de la fuerza. Altas, bajas, retiros, fallecimientos, cambios de destino y suplementos salariales alimentaban un sistema que debía actualizarse constantemente.

En términos generales, las liquidaciones comienzan a prepararse entre los días cinco y 10 de cada mes. Alrededor del día 20 se cierran los cálculos y se inicia el procedimiento para ordenar las acreditaciones bancarias.

Pero el cierre de la liquidación no significa que desaparezcan las novedades.

Cuando una persona deja de estar en condiciones de percibir la totalidad o parte del importe inicialmente previsto, el pago debe bloquearse. Esos bloqueos son normales y los fondos que finalmente quedan disponibles deben regresar posteriormente a la Tesorería de la Armada.

La investigación interna estableció que parte de esos remanentes transitorios era aprovechada para realizar pagos que no tenían respaldo en salarios legítimamente liquidados.

La maniobra tenía dos variantes. En algunos casos se incrementaba el importe destinado a una persona que efectivamente percibía haberes de la Armada. En otros, directamente se incorporaban cuentas bancarias de personas que no tenían ninguna relación laboral con la institución.

El mecanismo se apoyaba en una característica concreta del procedimiento informático.

Una vez confeccionada la liquidación, el sistema generaba archivos en formato TXT que contenían los registros necesarios para ordenar las transferencias al Banco de la Nación Argentina.

Esos archivos podían abrirse y modificarse manualmente. Además, por las características operativas de la transmisión bancaria, era habitual que los encargados los dividieran en diferentes lotes antes de enviarlos.

La investigación determinó que las alteraciones se realizaban precisamente en esa etapa: después de los controles ordinarios sobre la liquidación y antes de la remisión definitiva de los archivos al banco.

Para beneficiar a alguien que ya cobraba un salario, se modificaba transitoriamente el importe que debía acreditarse. Para incorporar a una persona completamente ajena a la fuerza, se agregaba un nuevo registro con sus datos identificatorios y una cuenta bancaria.

La orden quedaba mezclada con los miles de pagos legítimos que la Armada enviaba cada mes.

El sistema incorporaba además una segunda instancia que dificultaba detectar posteriormente las diferencias.

Después de generar los archivos destinados a las acreditaciones, determinados registros eran restituidos a sus valores originales. De esa manera, el importe efectivamente transferido podía resultar superior al que aparecía después en el recibo de haberes publicado para el beneficiario.

La maniobra se producía en una etapa posterior a los controles habituales sobre los salarios. Por eso, las liquidaciones que se utilizaban para otros registros administrativos y presupuestarios no necesariamente reflejaban el dinero que terminaba llegando a determinadas cuentas.

La comparación entre las liquidaciones originales, los recibos publicados, las diferentes versiones de los archivos bancarios y las confirmaciones de las transferencias permitió reconstruir esas diferencias.

El hallazgo de la teniente y los beneficiarios

La teniente que detectó las primeras cinco irregularidades estaba realizando una revisión habitual sobre los haberes correspondientes a enero.

Los casos involucraban a agentes que cumplían funciones dentro del propio Departamento Revista y que habían recibido suplementos superiores a los que les correspondían.

La oficial informó lo ocurrido directamente a una autoridad superior porque, en ese momento, no estaban disponibles los mandos a los que habitualmente debía comunicar una novedad de esas características.

Uno de los superiores se encontraba de licencia, otro había sido trasladado y Atanasoff tampoco estaba en la dependencia.

El episodio fue analizado inicialmente como un posible error en la carga de datos. Los cinco beneficiarios restituyeron los importes y la revisión de los haberes personales de Atanasoff no encontró entonces acreditaciones indebidas a su nombre.

La ausencia de otros elementos llevó a considerar que podía tratarse de una inconsistencia administrativa. Sin embargo, el hecho de que todos los beneficiarios pertenecieran al área responsable de liquidar los salarios motivó una decisión que después resultaría relevante.

En marzo, la Armada separó funciones que hasta entonces estaban concentradas en el Departamento Revista.

La dependencia continuó confeccionando las liquidaciones, pero Tesorería pasó a intervenir en la tramitación de las acreditaciones ante el Banco Nación. Contabilidad comenzó, además, a realizar de manera independiente la conciliación de la cuenta utilizada para pagar los haberes.

Se incorporó también una instancia de transmisión de información mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica, que aumentó la trazabilidad del procedimiento.

Hasta entonces, el Departamento Revista había funcionado con una autonomía operativa considerable. Preparaba las liquidaciones y participaba directamente en la transmisión bancaria de los pagos.

El cambio permitió que otra dependencia verificara parte del procedimiento antes de completar las acreditaciones.

La teniente que había encontrado las primeras diferencias continuó trabajando en el Departamento Revista y realizando controles sobre períodos anteriores.

Las fuentes consultadas por Infobae aclararon que su intervención no respondió a una denuncia como arrepentida ni a una decisión de abandonar alguna presunta organización irregular. La oficial estaba cumpliendo con sus tareas habituales cuando advirtió las primeras inconsistencias.

El punto de inflexión llegó varios meses después.

Entre el 19 y el 20 de agosto, durante una revisión de acreditaciones correspondientes a períodos anteriores, la misma oficial encontró un pago a nombre de María del Carmen Prieto.

Reconoció que se trataba de la esposa de Atanasoff, su jefe durante los últimos años.

Prieto no pertenecía a la Armada y carecía de una liquidación de haberes que justificara la transferencia.

Hasta ese momento, los investigadores habían trabajado sobre anomalías que podían tener una explicación administrativa. La aparición de una persona ajena a la fuerza, vinculada familiarmente con el responsable del área, introdujo el primer elemento que conectaba personalmente al jefe del Departamento Revista con los pagos cuestionados. Y la reacción fue inmediata.

Atanasoff fue relevado preventivamente y se dispuso que dejara de acceder a la dependencia mientras se profundizaba la investigación.

También fue apartada transitoriamente de la tarea de transmisión de archivos una agente civil que tenía acceso a las computadoras utilizadas para enviar las órdenes de pago al Banco Nación.

La decisión respondió a la necesidad de preservar los equipos informáticos y evitar eventuales modificaciones de los registros. No implicó, por sí sola, una atribución de responsabilidad a esa empleada.

Personal de sistemas resguardó las computadoras utilizadas en el circuito y comenzó un relevamiento integral.

El 20 de agosto se elevó el primer informe interno sobre el hallazgo y el relevo preventivo de Atanasoff.

En ese momento, las autoridades todavía desconocían la magnitud de lo que terminaría apareciendo.

A partir de entonces, se ordenó revisar los períodos anteriores y establecer cuándo había comenzado la operatoria.

Los investigadores fueron retrocediendo mes por mes, comparando los archivos utilizados para acreditar los salarios con las liquidaciones que correspondían a cada integrante de la Armada.

El procedimiento permitió encontrar diferencias reiteradas y detectar cuentas que aparecían como receptoras de dinero pese a que sus titulares no tenían ningún haber legítimamente liquidado.

La revisión llegó hasta julio de 2022 y permitió delimitar el período inicialmente denunciado.

Fue entonces cuando se advirtió la coincidencia con la llegada de Atanasoff a la jefatura del Departamento Revista.

La investigación identificó finalmente a 23 beneficiarios de acreditaciones indebidas. Entre ellos había personal militar en actividad, empleados civiles y cuatro personas que no tenían ninguna relación laboral o funcional con la Armada.

Estas últimas concentraron una parte significativa del dinero.

Las cuatro personas externas recibieron 184 acreditaciones por $434.200.718,04, equivalentes al 44,25% del monto histórico total de las operaciones detectadas.

Prieto fue la mayor beneficiaria individual: recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86.

Entre los otros destinatarios externos identificados en la denuncia aparecen Damián Andrés Santana, con 47 acreditaciones por $99.496.225,47, y Amalia Cristina Díaz, con 46 pagos por $91.978.048,38.

Una de las hipótesis que se examinan es la existencia de vínculos personales entre Atanasoff y quienes recibieron dinero sin pertenecer a la institución.

La relación matrimonial con Prieto está acreditada. Respecto de los restantes beneficiarios, las fuentes consultadas por Infobae señalaron que la investigación administrativa recogió el reconocimiento de Atanasoff sobre las acreditaciones realizadas a esas personas, aunque todavía debe determinarse con precisión cuál era el vínculo con cada una.

El oficial fue convocado a declarar durante las actuaciones internas.

Según consta en la denuncia penal a la que accedió Infobae, reconoció conocer las acreditaciones efectuadas a las cuatro personas externas y manifestó que se realizaban manualmente.

También sostuvo que era él quien decidía las operaciones, los beneficiarios y los importes, con la finalidad de favorecerlos económicamente.

De acuerdo con la documentación administrativa a la que accedió Infobae, Atanasoff manifestó que ejecutaba personalmente las modificaciones y que no participaban otras personas junto con él en la adopción de esas decisiones.

La Justicia deberá establecer ahora el alcance de esa declaración y determinar si existieron otros integrantes de la Armada o particulares que conocieran, facilitaran o participaran de la operatoria.

También deberá investigar qué ocurrió con el dinero después de las acreditaciones.

La existencia de transferencias bancarias a las cuentas de los beneficiarios está documentada. Sin embargo, todavía resta establecer si los receptores conservaron la totalidad de los fondos, realizaron movimientos posteriores o mantenían acuerdos con otras personas.

Hasta el momento, las actuaciones administrativas no permitieron acreditar un mecanismo generalizado de retornos. Ninguno de los declarantes reconoció haber entregado porcentajes de las sumas recibidas a Atanasoff.

La eventual existencia de movimientos posteriores o de acuerdos entre los beneficiarios y el exjefe del Departamento Revista será uno de los aspectos que deberá examinarse judicialmente.

Los militares involucrados y la investigación judicial

Dentro de los beneficiarios identificados había nueve uniformados en actividad: ocho capitanes de corbeta y un suboficial.

A ellos se suma Atanasoff, capitán de navío, señalado como responsable de las operaciones. En total, son diez militares los alcanzados por las actuaciones disciplinarias.

Según pudo saber Infobae de fuentes que siguen de cerca el caso, el suboficial comprendido en la investigación se encuentra en una misión en Brasil.

Los uniformados que recibieron acreditaciones indebidas no pertenecían todos al Departamento Revista. Algunos habían pasado por esa dependencia durante sus carreras y otros se desempeñaban en destinos diferentes.

Los investigadores buscan determinar qué relaciones profesionales existían entre los beneficiarios y Atanasoff, si esos vínculos facilitaron las acreditaciones y qué conocimiento tenía cada uno sobre el origen del dinero.

Entre los nombres consignados en la denuncia aparece el capitán de Corbeta Contador Roberto Eduardo Castro, quien recibió acreditaciones en la Argentina durante períodos en los que percibía los haberes correspondientes a un destino en el exterior.

La particularidad de ese caso es que el sistema identifica automáticamente al personal destinado fuera del país y lo excluye de los archivos utilizados para los pagos locales.

Según la reconstrucción interna, los importes recibidos en la Argentina no respondían a una segunda liquidación legítima, sino a registros incorporados por fuera del procedimiento automático.

También fueron detectadas acreditaciones a su esposa, Luana Magalí Piedigrossi, agente civil de la Armada, durante períodos en los que se encontraba de licencia sin goce de haberes.

La denuncia menciona además a los capitanes de Corbeta Contadores Ariel Vicente Gallo, Cristian Sebastián Lobato y Juan Carlos Barrios. Los tres, junto con Castro, realizaron transferencias para restituir importes percibidos en exceso con los haberes correspondientes a enero de 2026.

Otros tres oficiales, los capitanes de Corbeta Gerardo Horacio Heredia, Anabela Alejandra Farias y Mathías Agustín Pieroni, efectuaron el 11 de septiembre devoluciones por la totalidad de las sumas que habían recibido indebidamente.

Las explicaciones de los beneficiarios no fueron uniformes.

Algunos militares sostuvieron durante las actuaciones administrativas que habían interpretado las acreditaciones superiores a sus haberes como posibles errores bancarios.

Según la información examinada por los investigadores, hubo casos en los que las diferencias representaban un porcentaje relativamente pequeño del sueldo y otros en los que los importes adicionales se acercaban al monto de la remuneración mensual.

Entre algunos perceptores civiles aparecieron referencias a pedidos de ayuda económica o anticipos salariales solicitados al entonces jefe del Departamento Revista.

Las explicaciones quedaron incorporadas a las actuaciones administrativas. Su valoración corresponderá tanto a la investigación disciplinaria como a la Justicia Federal.

La devolución de fondos constituye otro elemento que deberá analizarse individualmente. Hasta el momento de la denuncia se habían restituido $42.574.267,63.

Por lo tanto, sobre el monto histórico de $981.148.567,88, permanecía una diferencia de $938.574.300,25.

Las autoridades de la Armada consideran que las restituciones no modifican la cuantificación de las operaciones detectadas: permiten establecer cuánto dinero fue recuperado, pero no resuelven por sí solas las responsabilidades de quienes recibieron los pagos.

La investigación interna concluyó su primera etapa el 14 de septiembre, después de reunir los informes técnicos, las planillas de acreditaciones, los registros bancarios y las declaraciones administrativas.

Al día siguiente, el capitán de Navío Contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, formalizó la denuncia penal.

La presentación puso a disposición de la Justicia la documentación reunida durante la investigación y los equipos informáticos que habían sido preservados cuando se descubrió la vinculación de Atanasoff con las acreditaciones.

El 16 de septiembre, Romay dispuso el apartamiento de los militares alcanzados por las actuaciones y el inicio de la instrucción disciplinaria por una falta considerada gravísima.

La medida respondió a la instrucción impartida por Presti para avanzar con las sanciones internas correspondientes.

En paralelo, la causa penal comenzó a avanzar en los tribunales federales.

El fiscal Ramiro González impulsó formalmente la investigación y solicitó al juez Sebastián Ramos una serie de medidas destinadas a verificar el circuito reconstruido por la Armada.

Entre ellas aparecen los legajos personales de los involucrados, la nómina de quienes trabajaron en el Departamento Revista durante el período investigado y documentación complementaria del Banco Nación.

La Fiscalía también pidió una pericia informática sobre las computadoras resguardadas por la fuerza. El objetivo es identificar qué usuarios accedieron a los equipos, cuáles fueron los archivos modificados y en qué momentos se introdujeron las alteraciones que permitieron realizar las acreditaciones indebidas.

Otra medida solicitada fue la declaración testimonial del capitán de Corbeta Contador Mauricio Fernando Borda, jefe de la División Contabilidad Presupuestaria, quien participó del relevamiento interno que permitió detectar las inconsistencias.

Atanasoff, por su parte, se presentó en la Justicia con un abogado para ejercer su defensa y acceder a las actuaciones.

La investigación judicial comprende inicialmente a 24 personas. La diferencia con los 23 beneficiarios identificados por la Armada responde a que Atanasoff aparece señalado como posible responsable del mecanismo, aunque no figure como receptor directo de acreditaciones indebidas dentro de la reconstrucción original.

La Justicia deberá establecer si actuó solo, como manifestó durante las actuaciones administrativas, o si existieron otras personas que intervinieron en la preparación, modificación, control y transmisión de los archivos.

También tendrá que determinar qué ocurrió con los fondos después de las transferencias y cuál fue el grado de conocimiento y participación de cada beneficiario.

La investigación realizada por la propia Armada permitió reconstruir un mecanismo que funcionó durante más de tres años, identificar a los receptores del dinero y preservar los elementos que ahora serán examinados judicialmente.

El descubrimiento, sin embargo, comenzó mucho antes de que se conocieran las cifras millonarias y los nombres de los involucrados. Empezó con una teniente que encontró cinco suplementos mal liquidados y, ante la ausencia de sus superiores, informó directamente una irregularidad que inicialmente parecía menor.

Meses después, la misma oficial detectó una acreditación a nombre de la esposa del jefe del Departamento Revista. Ese hallazgo terminó exponiendo una presunta trama de complicidades que, según la investigación interna, comenzó cuando Atanasoff asumió la conducción del área en julio de 2022.

La secuencia desembocó en una denuncia penal, actuaciones disciplinarias contra diez militares y una investigación judicial que busca establecer cómo fue posible desviar casi $1.000 millones dentro del circuito destinado a pagar los salarios de más de 24.000 integrantes de la Armada Argentina.

Mariano Llorens heredó de su padre, un médico y militante peronista, El séptimo círculo, la colección de novelas policiales que dirigieron Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Encontró en esas historias de crímenes, investigaciones y personajes oscuros la puerta de entrada a su profesión. No había abogados en su familia, cuenta, pero sí una tradición vinculada a la función pública: su abuelo Emilio Llorens había sido director del Banco Nación, agregado económico en la embajada argentina en Estados Unidos y representante de la Secretaría Regional de ILAFA, y su padre había ocupado un cargo en la Gobernación salteña.

Ingresó al Poder Judicial en 1986 como meritorio y recorrió todos los cargos del escalafón hasta llegar, en 2018, a la Cámara Federal porteña. En esta nueva entrega de Sr. Juez, un ciclo dedicado a explorar las experiencias, pasiones y dilemas que moldean el pensamiento de los jueces más importantes del país, Llorens traza un recorrido por su carrera, cuestiona la implementación del sistema acusatorio y distingue el poder que les otorga la ley a los jueces de la autoridad que deben volver a ganarse de cara a la sociedad.

—¿Qué es El Séptimo Círculo?

—El Séptimo Círculo es la colección, una colección de libros que Bioy Casares y Borges dirigieron hace muchísimos años sobre novela negra, novela policial. A mí me gustaba mucho eso. La heredé de mi padre y fue mi primera aproximación a este mundo que después me atrapó, que es el Poder Judicial, los casos policiales, que era lo que primero me repercutía, los héroes, las heroínas y los personajes oscuros, las situaciones oscuras, cosas extraordinarias que se cuentan en esa obra maravillosa que ellos dirigían, que luego la deformación profesional hizo que yo adoptara como mi medio de vida, digamos, intentando entrar en tribunales para poder aproximarme a ese mundo, a esos mundos que se cuentan, a esos personajes, a esas situaciones que se daban en esas obras, en esos libros, que no son muchos, pero que luego fueron engrosados en mi biblioteca con otros del mismo género.

—¿A este género literario se sumó la presencia de algún abogado en la casa?

—No. Mi padre era médico, mi madre es médica, y en mi casa salvo un abuelo materno, pero que murió en la década del 50, no teníamos ningún registro de abogados. Con lo cual, también la novela negra y la cosa pública, que era parte también de la historia de mi familia, mi abuelo, mi padre, familiares de mi padre.

—¿Con la cosa pública se refiere a la política?

—Bueno, me refiero a situaciones de funcionarios públicos. Mi abuelo fue agregado económico en la Embajada de los Estados Unidos, fue miembro del directorio del Banco Nación, fue el delegado latinoamericano del fierro y el acero, como se llamaba ILAFA en ese momento, el Instituto Latinoamericano del Hierro, en la época de la Argentina industrialista, en la época de la gran expansión industrial del primer gobierno de Perón. Y él tuvo un rol muy destacado en esa época como economista, como ingeniero, pero dedicado a eso.

Entonces, él siempre nos inculcó el valor de la función pública, que mi padre lo heredó también, porque él trabajó en la función pública en Salta. Pero como era médico, la función social siempre está innata a los médicos. Entonces, eso para mí siempre fue algo que yo busqué, averigüé. Obviamente, en la época en la que vivió mi padre, él murió en el 77.

—¿Cuántos años tenía?

—Nueve. Yo tenía nueve años. Yo soy el mayor de mis hermanos. Y a través de la búsqueda de él, de sus historias, de su gente, de sus amigos, de sus recorridos, pude averiguar mucho más de él, ¿no? Acercarme a él. Lo hago hoy también, cuando aparece alguien que lo ha conocido o haya estado en algún lugar con él o haya compartido un espacio de militancia.

Él era militante del peronismo. Yo trato de acercarme y conocerlo un poquitito más… En sus inicios mi abuela lo llevó a la Inmaculada de Santa Fe para que sea sacerdote jesuita y compartió con, en ese momento, su maestrillo, que era Jorge Bergoglio, su primo, Ignacio García Mata, que luego sucedió a Bergoglio como provincial jesuita. Obviamente, él abandonó la vocación de sacerdote, pero como mi abuelo estaba en los Estados Unidos, él se fue a vivir a la casa de sus primos en Córdoba, una Córdoba muy convulsionada, muy militante.

Se recibió de médico en la Universidad Católica de Córdoba y ahí en la pensión de la universidad conoció a sus amigos que estaban en política. Unos fueron luego embajadores como Jorge Vázquez, que fue vicecanciller de Cámpora, y luego fue secuestrado por la dictadura.

Obviamente, a mí me tocó pensar, empezar a pensar y nacer a pensar en la década del 80, a fines de la década del 80, cuando Alfonsín dominaba las calles y la democracia volvía y era todo una fiesta, ¿no? Era todo efervescencia, era todo alegría, a pesar de las noches en las que veníamos, ¿no?

Y eso a mí me volcó muchísimo. Obviamente, me incliné por el derecho a partir de eso. Dejé el fútbol. A mí me hubiera gustado ser jugador de fútbol, pero no lo logré.

—Es decir, la opción B no era dedicarse a la política, sino ser jugador de fútbol.

—No, sí, tal cual. No me encuentro con pasta para ello, digamos. Son vocaciones diferentes, son personalidades distintas. A mí me encanta la función pública, pero obviamente el vínculo con la política no era lo mío, evidentemente. Entonces, muté hacia el derecho penal.

—Su primer encuentro con la Justicia fue el juicio de las Juntas…

—Mamá, más de diez años después de haber enviudado, se casa con un hombre maravilloso que era juez de la Cámara Civil de la Capital. Y yo no tenía registro de nada, digamos, de este mundo, más que el contacto con él.

Y él, con toda generosidad, un día me dijo: “Yo te voy a llevar a un lugar que no es el mío, pero tengo muchos amigos ahí”. Entonces, me da una entrada para ver el juicio de las Juntas y eso fue una bomba para mí, porque de entrada, en el año 84, 85, empecé a vivir lo que era, lo que significaba estar de cara a las víctimas, de cara a los victimarios y el rostro de una decisión que tenía autoridad.

Todo ese proceso que la gente debería recordarlo permanentemente y nosotros en tribunales lo tenemos muy presente. El año pasado se cumplieron cuarenta años y a mí me tocó como presidente de la Cámara hacer el discurso de homenaje a esos jueces que dictaron ese fallo… es una cosa impactante.

Si vos preguntás, en general, quién se acuerda qué pasó, qué decidieron, el 90% de la gente no acertaría el resultado final de la decisión. Ahí hubo condenas, hubo condenas que se aproximaron y que se alejaron de la petición de las fiscalías y hubo absoluciones también. Pero todo el mundo recuerda la autoridad de ese fallo. Y ese es el valor que tiene.

La muestra de que el poder civil se impone y que la ley se impone, guste o no guste, frente a quien sea y con toda autoridad y regularidad, cumpliendo lo que la ley manda. Esto es algo que a mí me impactó de entrada.

—¿Cómo fue ese ascenso de meritorio a juez?

—Yo entré en la justicia penal hace cuarenta años. En esa época no había cargos para entrar, entonces uno podía hacer una especie de pasantía no rentada.

Que era también muy significativa hacia adentro, porque esa pasantía no rentada se transformaba en pasantía rentada entre todos los empleados de las secretarías, que aportaban algo para los chicos nuevos que empezaban, que al final eran sus colaboradores. Y empezábamos así a tener una dinámica de grupo que se iba aceitando.

Y eso me llevó a tener unos años con Alberto Piotti ahí en ese juzgado. Luego vino Roberto Marchevitch, con el que estuve muy poco tiempo, hice una experiencia en la Defensoría del Pueblo de la Nación, que a mí no me gustaba porque era un organismo muy nuevo, de la Constitución reciente.

Entonces volví, a pesar de que tenía un cargo muy importante, al Poder Judicial. Me fui a la Justicia Federal de San Martín, donde estuve once años y donde fui secretario del Tribunal Oral Federal 4, con jueces maravillosos como Alejandro Slokar, Lucía Calzaín y Ángela Ledesma, con los que aprendí muchísimo, replicando los liderazgos positivos que aprendí de Alberto Piotti.

Digamos, gente sencilla, gente que se dedicaba solamente a su trabajo, gente que estaba 24/7 dedicada al trabajo y con conflictividad impactante porque la Justicia Federal, sobre todo en las provincias, tiene una impronta muy importante en el territorio.

Ahora, a mí me faltaba algo. Haciendo una maestría en Derecho Penal y Administración de Justicia en la Universidad de Buenos Aires, conocí a Patricia Llerena, que era una juez que daba clases sobre el tema del lavado de dinero, los delitos económicos. Ella perteneció al Programa Mundial de Blanqueo de Dinero de Naciones Unidas en Viena y daba clases sobre eso. Y a mí me encantaba, porque venía de la Justicia Federal y los hechos de narcotráfico importantes, el crimen organizado, todo el tema del lavado está muy vinculado con las organizaciones criminales.

Entablé un diálogo muy bueno con ella y me ofreció ir a la Justicia Ordinaria de la Capital Federal. Yo estaba un poco cansado de la Justicia Federal, ya hacía mucho tiempo que estaba ahí, y me fui al Tribunal Oral ordinario, donde mi formación cambió, se completó de una manera dramática, digamos, porque los juicios y los casos que se vinculan con la justicia de cercanía con la gente son los que a mí me consolidaron en la vocación.

Tuve muchos casos ahí, donde uno ve el corte de la sociedad en estado puro, donde uno puede observar el fracaso de las políticas públicas del Estado, donde uno mira realmente a la sociedad, cómo está evolucionando o involucionando, dónde están realmente los errores que comete la función pública en el desafío de políticas públicas.

Y a mí me maravilló eso. Nosotros no somos personas que estamos solamente puestas ahí como para apretar un botón, decir blanco o negro y volvernos a nuestra casa. Nosotros intervenimos en conflictos donde las personas tienen rostro, donde las víctimas tienen rostro, donde la conflictividad tiene un encadenamiento hacia atrás, donde uno tiene que mirar por qué llegan determinadas situaciones a ese nivel de violencia.

Por ejemplo, una de las cosas que más me impactó es cómo involucionamos como sociedad desde que ingresé yo al Tribunal Oral, ahí en el año 2006, por ahí 2007, hasta que llegué de vuelta, hasta que juré como juez federal, en esos once años, ver cómo los niveles de violencia avanzaban cada día más. Los niveles de violencia aumentaban y la edad de los violentos bajaba.

Nosotros lo tenemos como activo también, porque después en los grupos, los vínculos con el Estado, con los restantes poderes del Estado, tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo, nosotros tenemos en el Poder Judicial un activo donde conocemos mucho de lo que pasa en el terreno como para aportar información, para que determinados instrumentos de política pública se mejoren, se dialoguen, se crezcan.

Porque a veces algunos en la política creen que sancionando leyes a partir de modelos teóricos se resuelven problemas. Y la ley no cambia realidades, las cambiamos los operadores. Y esa interacción tiene que ser muy virtuosa.

—¿Piensa que el Poder Judicial, en su totalidad, está al tanto de su rol como poder del Estado?

—Yo creo que sí. El Poder Judicial tiene muchísimos extraordinarios actores, no solo buenos, extraordinarios actores. Estamos muy invisibilizados.

Nosotros tenemos una práctica muy común y está todavía vigente en muchos, que solo hablamos por nuestra sentencia. Eso es un error. Ya hay que abandonar eso. Hay que salir a mostrar lo que hacemos.

La oralidad en el proceso, en los juicios penales nos da a nosotros una herramienta y una práctica también para mostrar justicia con rostro.

Es cierto que después las salas de audiencias están vacías y las transmisiones de los juicios no va nadie. Pero tenemos que generar también un vínculo virtuoso con ustedes, porque el periodismo es fundamental para que nos conozcan a nosotros y también conozcan qué hacemos.

Nosotros tomamos decisiones todos los días y decisiones que no gustan, que son mal vistas, que son políticamente incorrectas. Pero es lo que la ley manda, ¿no?

Yo sigo mucho a Martin Buber, que es un filósofo muy importante, y hoy se está recordando mucho a Carlos Santiago Nino. Él decía, a partir de las ideas de H.L.A. Hart, que la evolución del derecho de una sociedad ordenada es el cumplimiento de la ley. Y el cumplimiento de la ley debe generarse como una práctica de cumplimiento, no porque solamente la ley lo manda, sino porque es lo que corresponde hacer.

Y esa práctica como sociedad, Nino ya lo advirtió hace muchísimos años en esa famosa obra de Un país al margen de la ley, digamos, esta anomia, esta anomia boba incluso, ahí aparece como tesis central de ese libro, en la que algunos se sienten cómodos. Es algo que hay que desterrar por completo, porque esto es directamente proporcional a su desarrollo, la falta de aplicación práctica de la ley.

Bueno, eso es lo que hacemos nosotros todos los días y por eso nos tenemos que vincular mejor con la sociedad.

—¿Cómo cree que perciben los argentinos a las instituciones?

—Durante muchísimos años hemos estado insatisfechos con los resultados que hemos tenido en nuestra evolución hacia una sociedad ordenada. Entonces, automáticamente, los primeros responsables son la gente que ocupa los lugares de decisión pública, y eso es natural. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de ello.

En lo que nos toca, no puedo hablar de lo que pasa en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, porque son ámbitos completamente distintos a los nuestros, pero en lo que a mí me toca y en lo que yo conozco, nosotros tenemos que lo primero que hacer nuestras mea culpas propias.

El presidente Kennedy lo dijo hace sesenta años: ¿por qué no pensamos en lo que nosotros tenemos que hacer por el país y no por lo que el país tiene que hacer por nosotros? Y en nuestra función tenemos que empezar a hacer eso. Tenemos que empezar a decir lo que tenemos que hacer y lo que hacemos mal y empezar a cambiarlo.

Hay muchas cosas para cambiar. Yo creo que es cierto que hay muchas cosas que también, como nosotros no salimos a explicar, como no damos la cara y hay cosas que se informan mal. Por ejemplo, nosotros tomamos una decisión, una decisión que está percibida como algo equivocado en la sociedad. ¿Por qué no lo explicamos? Seguro que la persona que tomó esa decisión lo puede explicar.

El Poder Judicial es un poder muy preparado, es un poder con gente muy honesta, muy preparada, muy dedicada a su trabajo, que incluso frente al resto de los poderes del Estado, somos los que más críticos con nosotros mismos somos, porque hasta nosotros mismos hemos corrido de nuestro lado a los que son corruptos, a los que se vinculan con el crimen organizado, a los que están enquistados con las mafias.

El propio Poder Judicial los ha denunciado. Y yo desafiaría a cualquier otro de otros poderes a que digan de su propio poder a quienes enfrentaron a la sociedad y lo sacaron de encima.

Nosotros lo hacemos todo el tiempo. El Consejo de la Magistratura trabaja muy bien en eso. Y parte del Consejo de la Magistratura son los representantes de los jueces, los cuatro representantes de los jueces. Trabajan muy bien en eso. Y dando nuestro testimonio, obviamente con los matices que pueda haber en cada lugar.

Pero la realidad es que nosotros nos hacemos cargo de nuestros problemas, muchas veces en silencio, muchas veces sin explicarlo. Y es una de las razones por las que yo estoy acá y acepté tu invitación, porque es parte de nuestra obligación. No es que yo estoy acá porque sea importante.

Es parte de nuestra responsabilidad como juez, desde el primero al último, dar respuesta y dar explicación y dar la cara adelante de ustedes, que son nuestro vehículo con la sociedad. La gente no lee sentencias, no va a los juicios, los lee a ustedes, los escucha a ustedes y eso es muy bueno. Por eso que nosotros tenemos que acercarnos a ustedes para darles todo lo que necesitan, para que después la sociedad decida.

—¿Un juez tiene que caer bien? ¿Tiene que ser simpático?

—No, no, claramente no. No. Y la lógica de los procesos te lo indica. Siempre hay un vencedor y un vencido. El vencido nunca le va a caer bien lo que nosotros hacemos, y en todos los procesos pasa eso. Nosotros tomamos decisiones que son siempre ajustadas a la ley, incluso cuando la ley no gusta y a nosotros nos pasa mucho eso.

Te pongo un ejemplo. Código Procesal Penal Federal, el sistema acusatorio que se está implementando en todo el país. A mí no me gusta. A mí, personalmente, Mariano Llorens, no me gusta, tiene cosas para cambiar. Hay cosas que hay que modificar, no están bien, pero es una ley vigente. Jamás podríamos decir nosotros no aplicamos la ley, esto es una locura.

Así como otras normas, yo he escuchado algunos funcionarios judiciales que se quejan de las soluciones alternativas. El Parlamento sancionó soluciones alternativas dentro del proceso penal. Pero algunos dicen: “No, eso es ponerle precio a la impunidad”. No, pero señores, es una ley del Congreso. ¿Te gusta? No, bueno, no gusta. Si es inconstitucional, hay que declararla inconstitucional. Pero si no se declara inconstitucional, porque supera el estándar de constitucionalidad de la norma, hay que aplicarla.

Es así, no nos queda otra. Obviamente, siempre hay un margen de interpretación. La interpretación de la norma…Esto es lo que dice Martín Bohmer siempre. Siempre hay un conflicto con la interpretación de las normas y siempre hay un margen. Ahora, lo que no podemos decir nosotros es que no la aplicamos. Tenemos que volver a ser un país normal, un país en donde la ley se respete.

La ley se respeta siempre y la autoridad nuestra tiene que ir de la mano de la percepción de la sociedad de que nosotros estamos haciendo cumplir la ley, porque para eso nos designaron, para hacer cumplir la ley y para cumplirla nosotros.

Hubo un gran debate con el tema de ganancias. Bueno, un tema que fue muy ríspido, digamos, y muy debatido internamente. Los jueces no discutimos eso, no lo discutimos. A algunos les gustará más, les gustará menos. Obviamente, había un margen para poder ajustar la imposición del tributo, que es una ley del Congreso.

Yo te podría decir, como creo y estoy convencido, que los trabajadores en relación de dependencia, el salario de los trabajadores en relación de dependencia no puede tributar ganancias, porque no es ganancia, es salario. Eso no hay ninguna duda, yo lo tengo recontra claro. Pero si hay una ley del Congreso que dice otra cosa, ¿qué tenemos que hacer? O la declaramos inconstitucional o la cumplimos.

No está declarada inconstitucional, hay que cumplirla, punto. Luego puede haber una discusión acerca de cómo se implementa, que es lo que se discutió, que se saldó y está resuelto. Nosotros pagamos ganancias en la manera que tenemos que pagarlo, aplicándolo en los porcentajes de tributo donde corresponden. Listo.

Pero esas discusiones que son, que la sociedad no las ve, porque son internas, porque cree que tenemos privilegios.

Esto también, que se ha instalado mucho, los jueces tienen muchos privilegios. No es cierto, nosotros no tenemos privilegios.

Nosotros tenemos situaciones que la Constitución nos otorga, como por ejemplo la estabilidad en el cargo, por una cuestión de protección a los intereses de la sociedad, porque con jueces que puedan ser molestados por sus decisiones o removidos por alguna decisión, la que se perjudica es la sociedad.

Es un poder que es contramayoritario, como es un poder que no depende de las mayorías que la política consagra en los parlamentos, que es un poder que le tiene que poner límites al poder todo el tiempo, no solamente al poder político, digamos, el poder político se auto también regula, a los poderes fácticos, al poder económico, al poder real.

Nosotros estamos designados para eso, ¿no? Para decir: hasta acá llegamos. Estas son las reglas del juego, esta es la cancha.

Y el único programa que nosotros defendemos es el programa de la Constitución Nacional.

La Constitución es clarísima. Todo lo demás es derecho constitucional reglamentado. Entonces, todo tiene que tener ese tamiz, todo tiene que pasar por ese tamiz.

Y nosotros estamos entrenados para eso.

Por eso, yo también defiendo mucho la carrera judicial. La carrera, el hombre que empezó como yo, desde meritorio, cosiendo expedientes y llevando una cosa para la otra y sacando firma y construyendo la carrera desde abajo, cuando llega a los lugares donde yo llegué, a partir del año 2018, que yo soy juez de la Cámara Federal, sabe muy bien que este chip lo tenemos incorporado.

Y esto es lo que tenemos que hacer, no importa quién esté adelante.

—Me detengo en dos palabras que usó. Una es autoridad, la otra es poder. ¿Los jueces tienen poder?

—Los jueces tenemos mucho poder porque nos lo da la ley y la Constitución. Lo que hemos perdido, y es algún desafío que tenemos, es autoridad frente a la sociedad. Nuestras decisiones no son bien vistas y no tienen esa autoridad que tuvo, por ejemplo, el fallo de la causa de las Juntas.

Para mí, eso es un reflejo de a dónde debemos ir.

Esas decisiones que uno las recuerda, pero no las tiene presentes, porque pasaron de autoridad de cosa juzgada. Y esa autoridad que dio el fallo nadie la discute. Eso es algo a lo que nosotros tenemos que volver, y es algo que a mí me ocupa permanentemente.

Nosotros tenemos este gran desafío, enorme desafío en el Poder Judicial de devolverle a nuestras decisiones ese vínculo con la sociedad que nos da la autoridad, la autoridad que nos reconozcan a nosotros.

Eso tiene que ver también con los liderazgos. El liderazgo que tenemos que conseguir nosotros los jueces es horizontal: es un liderazgo reconocido, no impuesto, ¿no?

Y es un trabajo arduo, porque también hay otro, ese, el otro tipo de liderazgo, el vertical, el impuesto, capaz que se puede conseguir mucho más rápido, pero es nocivo, es pernicioso.

Yo creo en los liderazgos horizontales.

—En esta reconstrucción de la autoridad, ¿por qué piensa que el sistema acusatorio no es el mejor camino?

—Para mí la norma en tanto sistema normativo es un modelo teórico difícil de bajar a la tierra y está generando algunos problemas en su implementación.

El modelo acusatorio no es ese código.

El modelo acusatorio ya está en la Constitución, desde la Constitución está legislado el juicio por jurados, el poder del pueblo y la razón por la cual la acción penal pública se tiene que defender frente al pueblo. Desde las bases de Alberdi que está ahí.

Luego, los modelos legislativos, normativos, intentan replicar eso, pero para mí, desde su lectura, es un puro modelo teórico, probablemente construido por gente que no ha trabajado en tribunales, la mayoría, teóricos del derecho, que tienen muy buenas intenciones, no hay ninguna duda, pero se testea en el terreno.

Y yo creo que no se testeó suficiente en el terreno.

—Se cruza su vecino en el ascensor, ¿cómo le explica que funciona el sistema acusatorio?

—El sistema acusatorio tiene un pilar básico que es que la acción penal pública está en cabeza de los fiscales. Los jueces solo tenemos que decidir, abandonando un sistema mixto que tenía una herencia de un sistema inquisitivo en el que el juez era todo y era todo, literalmente todo, desde iniciar la acción hasta defender a los intereses del imputado, obligando a la designación de un abogado defensor. Esos roles empiezan a romperse a partir de la implementación de la oralidad en el sistema penal.

Y empieza a aparecer esta necesidad de que sea el fiscal el que impulsa, el fiscal el que es el único titular de la investigación y el que promueve todas las instancias.

Los jueces no es que desaparecen, eso también es una concepción errada, digamos.

Los jueces no desaparecen de la escena ni pierden poder, entre comillas, porque el poder de decisión lo van a tener, lo vamos a tener siempre. Lo que hemos delegado es todo ese trabajo de seleccionar el caso.

Porque también hay algo que me dijo un antropólogo muy lúcido: “Mariano, ustedes son demasiado católicos apostólicos romanos. Con el castigo expían todas las culpas. Nosotros, los anglosajones, no tenemos que ser castigarnos para que Dios nos perdone. Tenemos que ser útiles a Dios. Por eso los jueces en este país no hacen justicia, resuelven problemas”.

Y ese es un modelo que nos sorprende, porque nosotros importamos mucho del modelo anglosajón pero en la base de nuestra concepción chocan.

Tenemos que también empezar a pensar qué modelo de juez queremos como sociedad. Un juez que resuelva problemas o que solamente imponga penas, con todo el costo que eso implica. No solamente porque el que comete un delito tiene que sufrir la sanción que la ley dice que tiene que sufrir, sino porque también hay un montón de modelos alrededor de reparación.

Todo el modelo de reparación integral, ¿por qué no pensarlo? La sociedad tiene que pensarlo también. La sociedad ya lo legisló por intermedio de sus representantes. ¿Por qué genera tanta tensión? Es algo para preguntarse. Muchas normas, leyes, no invento de los jueces, sino normas generan tensión en la sociedad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que espera de nosotros la sociedad? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que quieren las instituciones? ¿Qué es lo que quiere la Constitución para nosotros?

Yo escribí mi tesis de maestría en la Universidad de Bolonia sobre esto, sobre el deber de los jueces, porque tenemos un deber político también, no político partidario, político de cosa pública, de ofrecerle incluso a la política, a la política pública. Testeamos las normas… Todo ese activo nosotros lo tenemos en todas las instancias y en todos los fueros. No solamente el penal, el civil, que es la cercanía con la gente, civil, comercial, de familia.

—El Poder Judicial es, en definitiva, una estructura jerárquica y habló hace un rato de liderazgos horizontales. ¿Cómo es su estilo de liderazgo?

—Aprendí con Alberto Piotti, una persona extraordinaria que nos mostró el camino de darle confianza a las personas que uno tiene alrededor, generar microequipos de trabajo para determinados temas específicos, en donde él siempre saldaba, en donde él siempre estaba presente para tomar la última decisión.

Luego me tocó también con Alejandro de Corves y Lucía Casain y Patricia Llerena y otros más, Manuel García Reynoso y Marta Yungano, que también hacían lo mismo, generar equipos de trabajo en donde el juez se hace el responsable. Los jueces no delegan su función nunca a nadie. Lo que hacen es compartir, apoyarse en equipos de trabajo para tomar la mejor decisión, para prepararse de la mejor manera. Yo aprendí de ellos, por ejemplo, a criticarme. Yo en mis equipos de trabajo lo primero que les digo es: a mí critíquenme, no me digan todo que sí.

Tenso la cuerda hasta el final de la decisión y en el momento que tengo que tomar la decisión, me recluyo. Nosotros escuchamos a todo el mundo, debemos escuchar a todo el mundo, como regla y como práctica. Escuchamos a todo el mundo y decidimos en soledad. Eso es lo que tenemos que hacer. En el momento de tomar la decisión, nos retiramos y hacemos lo que tenemos que hacer nosotros solos, pero sin hacérselo cargo a nadie.

Eso es el liderazgo horizontal, en el que todos se sienten parte. Socializo permanentemente lo que tengo, la decisión que tengo que tomar. No hay decisiones que yo me las mantenga, me las quede yo solo, porque testeo lo que pienso todo el tiempo, porque soy crítico conmigo mismo, no tengo la verdad. Solamente tengo la necesidad y el deber y la obligación de firmar cuando estoy convencido de algo. Todo lo que yo decido lo puedo defender. Para llegar a ese momento, me nutro de la gente que colabora conmigo. Y eso tiene que ver con el liderazgo horizontal, no con el liderazgo de que me siento arriba de un pedestal o de una poltrona y bajo el martillo. Eso es una imagen que a mí no me gusta, porque nosotros somos personas comunes y corrientes que traemos nuestros conflictos de la calle.

Yo doy vuelta en la llave de mi despacho y me vuelvo a mi casa, a mi barrio, a mi club, a lo que he hecho todos los días, al mismo barrio donde vivo hace más de cincuenta años. Y nosotros no tenemos que tener conflicto con eso. Somos importantes en el momento en que tomamos una decisión importante, que le importa a gente a veces importante, pero nosotros no somos importantes.

Nosotros en la Justicia Ordinaria tuvimos el caso de una chica que fue asesinada intentando defenderse de un abuso grave, un hecho gravísimo. Al juicio venía mucho la familia, y sobre todo el padre, una persona muy militante de la causa. El día que venían los médicos del cuerpo de peritos, de los médicos forenses, yo le digo a esta persona: mire, si quiere se va al bar de la esquina, porque van a venir médicos, van a hablar de cosas feas, fotos a lo mejor… Y él me miró con una cara de paz que yo no me voy a olvidar nunca más y me dijo: “Mariano, a mí la verdad me va a sanar, no lo que ustedes hagan. Yo le agradezco”. Se dio media vuelta y se fue. Y yo me quedé en mi despacho y le fui a hablar con la juez que lideraba y le digo: Patricia, nos acaban de decir lo que somos nosotros: nadie. Nosotros no somos nadie. Los hechos que nosotros podemos ayudar a revelar son lo único importante. Nosotros nos enfrentamos siempre a esa necesidad de dar una respuesta, de que la persona que tenemos enfrente pueda sanar su propia verdad. Somos solo un vehículo, nosotros no hacemos nada.