POLITICA
Un proyecto de ley propone agravar las penas por pesca ilegal con cárcel y multas millonarias
La presentación de un proyecto de ley para castigar con elevadas penas la pesca ilegal procura ser una barrera más a la intensa depredación de ese recurso ejercida especialmente por flotas extranjeras. La iniciativa legislativa se enmarca en la aplicación de sanciones inéditas y nuevas medidas de control introducidas por las autoridades, que alertan sobre graves daños económicos y ambientales provocados por la explotación en el Mar Argentino.
El proyecto de ley impulsado por el diputado Guillermo Michel propone penas de prisión y sanciones económicas a quienes practiquen la pesca ilegal en aguas argentinas. La propuesta agrava el castigo en casos que involucren embarcaciones extranjeras sin autorización, métodos destructivos, especies protegidas o la intervención de funcionarios públicos.
La iniciativa presentada en el Congreso incorpora una definición precisa de pesca ilegal y delimita un marco penal inédito para la actividad en aguas argentinas. El articulado establece la incorporación de nuevos artículos al Código Penal de la Nación, de modo que quienes capturen, extraigan o den muerte a especies de la fauna silvestre durante períodos de veda, en zonas o cuerpos de agua prohibidos o restringidos, o respecto de especies cuya explotación se encuentre vedada por normas nacionales, provinciales o internacionales, puedan ser condenados penalmente. También se prevén sanciones para el uso de métodos prohibidos por la autoridad competente y para la presentación de declaraciones falsas ante los organismos de control sobre el volumen real de la captura.
La propuesta introduce agravantes que elevan las penas hasta seis años de prisión y multas más severas si el delito afecta especies amenazadas incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), si se utilizan explosivos o métodos masivos, si la actividad ocurre en áreas naturales protegidas, si participan tres o más personas de manera organizada o si intervienen embarcaciones extranjeras sin autorización. La intervención de funcionarios públicos en estos delitos también representa un agravante, con inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
El proyecto avanza sobre la cadena de valor vinculada a la pesca ilegal. En caso de ser aprobado, sancionará con prisión y multas a quienes, a sabiendas de su origen ilícito, vendan, compren, almacenen, transporten, industrialicen o comercialicen productos provenientes de capturas prohibidas. Las penas se agravan si la conducta se realiza en forma organizada, habitual o involucra especies protegidas.
El proyecto de ley prevé también la aplicación de sanciones penales sin perjuicio de las administrativas, ambientales o aduaneras que pudieran corresponder. Ordena el decomiso de especies, productos y bienes empleados en la comisión del delito, como embarcaciones o vehículos. Los ejemplares vivos serán restituidos a su hábitat cuando sea posible o derivados a centros de rescate o investigación. Los productos aptos para consumo humano se donarán prioritariamente a bancos de alimentos y comedores comunitarios. Las embarcaciones y vehículos decomisados podrán ser asignados a la Prefectura Naval Argentina, al INIDEP u otros organismos públicos para tareas de fiscalización o investigación.
Si el Congreso sanciona la norma, las personas jurídicas, como empresas pesqueras, podrán ser sancionadas con multas de hasta el quíntuplo del beneficio obtenido, suspensión de permisos, inhabilitación para contratar con el Estado y la publicación obligatoria de la sentencia en medios nacionales y en el Boletín Oficial con el costo a cargo del sancionado. El dinero recaudado a través de multas y subastas de bienes decomisados integrará el Fondo Nacional de Conservación y Fiscalización Pesquera, destinado a financiar tareas de control, investigación y programas de recuperación de recursos agotados.
La iniciativa incorpora la figura de asociación ilícita para la pesca ilegal, con penas de hasta ocho años de prisión para quienes organicen, financien o lideren bandas dedicadas a este delito de manera permanente o reiterada. Además, el juez podrá disponer la administración cautelar de los bienes secuestrados durante el proceso judicial para reforzar las tareas de control estatal mientras dure la causa.
Dimensión de la pesca ilegal en el Mar Argentino
La presión de las flotas extranjeras sobre la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) y la “Milla 201” alcanza una magnitud sin precedentes. De acuerdo con investigaciones citadas por Infobae y la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), entre 1,5 y 3 millones de toneladas de especies clave son extraídas cada año por buques internacionales, hasta cuatro veces más que el volumen desembarcado por la industria pesquera argentina, que oscila entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales.
Al menos 400 a 600 embarcaciones, en su mayoría de China, pero también de Corea del Sur, Taiwán y España, concentran su actividad en el borde de la ZEEA. Muchas apagan deliberadamente el sistema de identificación automática (AIS), emplean redes de arrastre prohibidas o eluden los puertos argentinos transfiriendo la pesca directamente a buques nodriza en altamar. El uso de “banderas de conveniencia” permite ocultar la verdadera propiedad de las naves, un método denunciado por el especialista Milko Schvartzman, según recogió Infobae.
El esfuerzo pesquero de la flota china aumentó un 85% desde 2019 y la extracción total de flotas extranjeras creció un 65% en ese mismo período.
Impacto económico, ambiental y respuesta estatal ante la pesca ilegal
Las pérdidas económicas de Argentina por la extracción ilegal superan los 1.000 millones de dólares anuales, según estimaciones de la Subsecretaría de Pesca difundidas por Infobae. La sobreexplotación afecta de manera especial al calamar Illex argentinus ―especie de vida breve y eje alimentario del ecosistema marino― y a la merluza hubbsi, cuya reproducción y migración vinculan los recursos con distintos marcos regulatorios internacionales.
La FULASP advirtió: “En el caso del calamar, que vive apenas uno o dos años y cumple un rol central en la cadena alimentaria, una mala combinación de sobrepesca y cambio ambiental puede generar en poco tiempo el agotamiento de recursos fundamentales para la pesca argentina y todo el ecosistema”, dijo Raúl Cereseto a este medio.
En 2024, las autoridades de las Islas Malvinas suspendieron la segunda temporada del calamar Loligo debido al colapso de la biomasa, mientras que el Reino Unido, a través de la concesión de cuotas pesqueras en Malvinas, extrajo 261.903 toneladas de recursos solo en ese año, equivalentes a más de un tercio de toda la captura argentina. Ello generó ingresos estimados de mil millones de dólares anuales, representando el 65% de los ingresos de las islas, según la investigación de la fundación.
La Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca adoptaron el criterio de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal. Aplicaron, junto a la Justicia nacional, la mayor multa registrada: $1.262 millones impuesta a un buque de capital chino con bandera de Vanuatu capturado dentro de la ZEEA, después de verificar repetidas incursiones ilegales.
Este caso sentó precedente al validar la evidencia electrónica, como la vigilancia satelital y sistemas como Skylight, para la imposición de sanciones. La Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA) destacó “la solidez probatoria” de este tipo de controles y su valor para trasladar la fiscalización del ámbito físico al digital. Para Schvartzman, “la pesca ilegal es la norma para la flota china en el Atlántico Sudoccidental”.
Cooperación internacional y desafíos en la regulación pesquera
El combate contra la pesca ilegal enfrenta vacíos regulatorios en la región y falta de organismos de gobernanza efectiva a nivel global. Instrumentos como el Acuerdo de Medidas del Estado Rector de Puerto, impulsados por la FAO, buscan reforzar los controles portuarios y bloquear puertos de conveniencia como Montevideo, promoviendo el intercambio de información entre autoridades portuarias.
Sin embargo, la presencia británica en Malvinas y la dispersión de responsabilidades complican la creación de organismos internacionales sólidos para la conservación de recursos en el Atlántico Sur. Iniciativas privadas y comisiones regionales no han logrado frenar la actividad ilegítima alentada por apoyo logístico extranjero y la escasez de regulación fuera de jurisdicción nacional.
La presión persistente sobre la fauna marina, la captura sostenida de especies vulnerables y las condiciones extremas de trabajo en estas flotas exigen una respuesta inmediata que trascienda la legislación local y apueste por la cooperación internacional para proteger los recursos y la vida en el Atlántico Sur.
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POLITICA
Un argentino se presentó para ser alcalde en una de las zonas más exclusivas de Miami: la historia de Alberto Zaltzberg
El nombre de Alberto Zaltzberg comenzó a conocerse en las últimas semanas después de que se presentó para competir como candidato a alcalde en la ciudad de Aventura, uno de los municipios más exclusivos del condado de Miami-Dade. Se trata del primer argentino en presentarse para competir por un cargo de gobierno local en las elecciones de Estados Unidos.
Zaltzberg, de 51 años y oriundo del barrio porteño de Villa del Parque, vive en Estados Unidos desde hace 23 años y hace 15 que está en la ciudad de Aventura. Emigró junto a su pareja Romina, con quien se casó en Estados Unidos, y tiene dos hijos que nacieron en Miami. “En mi casa se habla en argentino. Hinchamos por la selección. Lo raro es encontrar a alguien nacido acá, entonces mi hijo dice que nació en Argentina”, aseguró en una charla con Infobae.
Desarrolló una carrera en el sector inmobiliario y también cuenta con su emprendimiento en la tecnología y en el marketing. Sin embargo, se define como un “hombre de acción”, por lo que decidió entrar en la política local de Miami con el Partido Republicano y asegura que recién es el inicio de su carrera.
En ese sentido, otro de los aspectos que destaca es que es un “enfermo de la inteligencia artificial” y la aplica para todos los momentos de su vida. “Acá me dicen que soy el candidato ChatGPT”, resume.
Para trazar un paralelismo con lo que se vive en la Argentina, las elecciones a las que se presentó Zaltzberg en Aventura serían la representación de unos comicios para un municipio, como un intendente. El siguiente aspecto en Estados Unidos sería un condado y, por último, el estado.
Enfrente está el actual alcalde de Aventura, llamado Howard S. Weinberg, quien fue elegido como autoridad en 2022 y busca la reelección.
En esa línea, aseguró que para presentarse en la política estadounidense el proceso es “muy transparente”. Contó que solo es necesario ser ciudadano de Estados Unidos, mayor de 18 años y tener domicilio desde hace un año y medio en la localidad donde se presentan. Respecto a la financiación, remarcó: “No creo en pedirle la plata a la gente, me financio con mis propios recursos”.
La zona que busca gobernar es uno de los barrios más exclusivos del condado de Miami-Dade. Según las estimaciones del censo de Estados Unidos, Aventura contaba con 39.880 habitantes en 2025.
Allí se encuentra el Aventura Mall, inaugurado en 1983 y que, tras varias refacciones, se transformó en el mayor centro comercial de Florida. Asimismo, actualmente es el tercero más grande de todo Estados Unidos.
Otro dato para tener noción de la exclusividad de la zona, el valor promedio de una vivienda en esta zona oscila entre USD 423.000 y USD 457.000.
Sobre la visión de los latinos respecto a las políticas de Donald Trump, resumió: “No es un rey. Necesita de un Congreso y de los tres poderes. Hay muchos latinos que emigraron e hicieron las cosas bien, ordenadas. Después están los que hicieron todo desordenado y que están en una zona gris. Se arma un folklore con las formas, pero el gobierno de Biden deportó mucha más gente”.
“Este país se hizo de inmigrantes que vinieron a hacer las cosas bien. Es como que yo vaya a tu casa y no acepte las reglas que vos ponés”, agregó.
En su plataforma electoral, Zaltzberg presentó 25 propuestas orientadas a mejorar la movilidad, la salud, la educación, la seguridad y los servicios municipales de Aventura. Una de las más concretas es la instalación de una red de WiFi municipal gratuito que cubra el 100% de la ciudad, con una velocidad mínima propuesta de 100 Mbps.
En materia sanitaria, apuntó a crear un servicio de atención médica básica gratuita para residentes, con consultas preventivas, atención pediátrica y determinados estudios. Además, propone ofrecer subsidios de hasta USD 75.000 para atraer consultorios, clínicas y profesionales al municipio.
Justamente, la candidatura de este año representa el tercer intento de Zaltzberg de acceder a la alcaldía. Sus dos participaciones anteriores concluyeron en derrotas, según los documentos electorales oficiales del condado de Miami-Dade.
En noviembre de 2022 compitió por el puesto 6 de la Comisión municipal y obtuvo 2.943 votos, equivalentes al 28,23%. Su contrincante, Amit Bloom, se impuso con 7.482 sufragios.
Dos años más tarde volvió a postularse, esta vez para el puesto 1 de la misma Comisión. En los comicios del 5 de noviembre de 2024 reunió 1.707 votos, el 11,56% del total, y quedó tercero detrás de Gustavo F. Blachman, con 7.075 sufragios, y de Michael Isaac Jacobs, que sumó 5.979.
De esta manera, el empresario afrontará su tercera elección local en cuatro años, ahora con la alcaldía como objetivo.
POLITICA
Diputados: el papel de Santiago Caputo en la huida de Bolsonaro tensiona a los aliados y puede frenar el avance de la ley Malvinas
Horas después de que el oficialismo lograra avanzar la semana pasada con el dictamen de la “Ley Malvinas”, el asesor presidencial Santiago Caputo quedó en la mira por su presunta participación en la salida de Flavio Bolsonaro del país. Casi en simultáneo los diputados de La Libertad Avanza (LLA) defendían el ambicioso texto de ocho títulos, de los cuales solo uno refiere a la defensa de la soberanía de las Islas, ante la desconfianza de la oposición y los múltiples pedidos de cambios de los aliados. También de Washington.
Pero el operativo de viaje del frustrado candidato presidencial brasileño amenaza con reavivar un frente de discusión que el Gobierno consideraba saldado: las atribuciones de la SIDE, que se encuentra bajo el ala política de Caputo, y que están contempladas en el proyecto oficialista.
La controversia le dio nueva tela para cortar a la oposición, que en menos de 48 horas reclamó la interpelación de funcionarios ante el Congreso, promovió tres denuncias judiciales a través de distintos diputados y avanzó con un pedido de informes en la Comisión Bicameral de Inteligencia.
Este último punto es sensible para Caputo, dado que si bien no puede ser interpelado -eximido por no figurar en el organigrama del Ejecutivo- su nombre aparece en varias de las 14 preguntas que los diputados de la oposición Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez presentaron ante la Bicameral que preside el libertario Sebastián Pareja.
Exigen respuestas acerca de si el organismo de inteligencia contribuyó al traslado de Bolsonaro y su familia a Puerto Iguazú, si se dispusieron recursos públicos y el papel que desempeñó el asesor presidencial en la maniobra. También buscan determinar qué contactos tuvo con el titular de la SIDE, Cristian Auguadra. “La intención es demostrar lo que funciona como un secreto a voces: el poder de Caputo dentro de la SIDE”, señaló un diputado peronista, sin mucho optimismo de que el informe sea devuelto con algo más que “evasivas”.
Mientras tanto, los movimientos del asesor en Misiones, donde fue identificado desde el lunes previo a la salida de Bolsonaro, siguen sin estar claros incluso para algunos sectores del propio oficialismo. En distintos despachos libertarios de la Cámara de Diputados miran con cierta inquietud cómo su implicancia en el episodio podría agitar a la oposición contra el proyecto de Ley Malvinas, a menos de cuatro semanas de que termine el período ordinario de sesiones.
De hecho, hubo opositores que hasta deslizaron la posibilidad de convocar a una sesión especial para presionar con los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el canciller, Pablo Quirno. Sin embargo, las elecciones de este martes en Estados Unidos, por las que varios legisladores viajaron a ese país, y la próxima llegada del papa León XIV, prevista para el domingo, se prevé que pongan en pausa la agenda legislativa y, por ende, cualquier nueva embestida opositora.
Más allá de cualquier impasse en el recinto, los libertarios se muestran confiados en reunir los avales necesarios para aprobar el proyecto el próximo 18 de noviembre. Sin embargo, admiten que los interrogantes sobre el rol de la SIDE en la salida de Bolsonaro del país podrían ofrecer a los bloques más críticos un nuevo argumento para cuestionar una iniciativa que amplía las facultades del Ejecutivo mediante la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
Presidido por Milei e integrado exclusivamente por funcionarios del Gobierno, entre ellos el titular de la SIDE, el organismo podrá adoptar decisiones sin intervención del Congreso y bajo un régimen de confidencialidad. Un aspecto que ya había encendido las alarmas entre los aliados, al punto de exigir la incorporación de una comisión bicameral para supervisar su actuación.
Interna libertaria
Subyace, en tanto, una cuestión de fondo que volvió a quedar en evidencia durante la última semana: la propia interna libertaria. Desde que el proyecto de ley Malvinas fue girado a Diputados, la iniciativa incomodó a un sector del bloque violeta, que no esconde sus diferencias con buena parte del articulado.
En el peronismo, lo describen como un “caballo de Troya” con el que Caputo busca introducir, bajo la bandera de la soberanía sobre las islas, reformas en materia de seguridad nacional y una ampliación de las facultades del Ejecutivo.
De un lado y del otro coinciden en que solo responde a los intereses de Caputo. Algo que quedó en evidencia durante el tratamiento en comisiones, donde la única representante del Ejecutivo fue la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, una de las principales laderas del asesor todoterreno.
Cerca de Martín Menem no ocultan su poco interés en sostener la iniciativa. “Está de acuerdo con el espíritu, pero no con el resto de los artículos”, aclara un parlamentario de LLA. El riojano no solo se mueve en las antípodas de Caputo, en línea directa con Karina Milei, sino que además dio señales de distancia respecto del episodio de Bolsonaro, después de compartir en X un mensaje del diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch en el que reconocía el triunfo de Lula en Brasil.
La molestia se cuela en la bancada que conduce Gabriel Bornoroni, sobre todo entre quienes llevan semanas sosteniendo un proyecto que no termina de convencerlos. Es el caso de Silvana Giudici, encargada de las negociaciones con aliados, que derivó en una serie de cambios a la propuesta inicial.
Entre los más significativos, la transformación el artículo que contemplaba penas de cinco a doce años de prisión para quienes, financiados o bajo instrucciones de un Estado extranjero, impulsaran “campañas de desinformación masiva” con el objetivo de influir en los resultados electorales o manipular la opinión pública.
También hubo ajustes en el título I, referido a Malvinas, el único que contaba con un respaldo casi unánime, incluido el del peronismo. En este caso, las modificaciones respondieron a los reclamos de Washington, transmitidos durante las recientes visitas de los funcionarios norteamericanos Christopher Landau Juan Pablo Segura, quienes pidieron delimitar “correctamente” los tipos penales y el alcance de las sanciones.
Fue después de estas concesiones que el oficialismo consiguió el dictamen favorable para llevar el proyecto al recinto. No obstante, pese a que su tratamiento está previsto para el 18 de noviembre junto con la reforma del la carta orgánica del Banco Central, algunos libertarios aseguran que seguirán trabajando en nuevos ajustes a pedido de los aliados.
No faltan los más desconfiados que ven en esta postura una forma de presión de Giudici sobre Caputo para negociar cambios en los puntos que más incomodan, como aquellos vinculados con la libertad de expresión. Resta saber si el episodio de Misiones terminará por demorar el tratamiento de una iniciativa a la que buena parte del universo libertario parece haberle soltado la mano.
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POLITICA
Estudiantes y docentes de la UBA realizarán una marcha de velas para exigirle al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario
Las federaciones estudiantiles y los gremios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocaron para este miércoles a una marcha de velas para exigir al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización comenzará en Plaza Houssay y terminará frente al Palacio de Justicia, donde se realizará una clase pública.
La protesta, organizada bajo el lema “No permitamos que se apague la Universidad”, reunirá a la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la Federación Universitaria Argentina (FUA), los docentes representados por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y los no docentes por la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), y distintos centros de estudiantes.
Según el cronograma difundido por los organizadores, la concentración comenzará a las 17 en Plaza Houssay, en Córdoba y Junín. A las 18, los manifestantes marcharán con velas encendidas hacia Tribunales y, a las 19, participarán de una clase pública de Derecho Constitucional frente al Palacio de Justicia.
El conflicto por el financiamiento universitario
La nueva movilización se realizará en medio de la disputa entre las universidades nacionales y el Gobierno por los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones, los salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles.
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en agosto de 2025, establece mecanismos para recomponer los fondos universitarios y actualizar los salarios. Aunque Milei vetó la norma, el Congreso insistió en su aprobación con los dos tercios necesarios. El Ejecutivo la promulgó, pero condicionó su aplicación a la disponibilidad de partidas presupuestarias.
El 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la disposición del decreto 759/2025 que había permitido suspender su ejecución y ordenó al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la ley. La sentencia de primera instancia fue apelada por el Gobierno.
En ese contexto, entre las autoridades universitarias advierten un creciente clima de tensión en las casas de estudio y alertan sobre la posibilidad de que comiencen a sucederse medidas de fuerza cada vez más drásticas. “La universidad es una olla a presión, es inevitable. Esto no arranca el año que viene si no se resuelve. Por condiciones objetivas salariales y materiales, y por el estado de ánimo de la comunidad universitaria”, explicaron a TN.
La discusión también alcanza el Presupuesto 2027 en el Congreso, en el que el Gobierno prevé transferencias por $7,7 billones, mientras que las universidades reclaman $11 billones. Mientras el Gobierno sostiene que cualquier incremento debe respetar el equilibrio fiscal, las autoridades universitarias buscan el respaldo de los bloques opositores y los gobernadores para incorporar mayores recursos.
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