POLITICA
El gasto de las legislaturas: cada representante provincial cuesta más de $1.500 millones en promedio al año
Cada legislador provincial de los 1.199 que hay en las 24 jurisdicciones del país, le implicará este año un gasto promedio de $1.531 millones a los respectivos habitantes de cada distrito. Esa cifra equivale a cerca de $128 millones mensuales por cada uno. El indicador surge de dividir las partidas legislativas previstas en cada presupuesto provincial para 2026, por la cantidad de integrantes de sus cámaras, según el análisis realizado por la Fundación Libertad.
De los 24 distritos, 8 tienen Legislaturas bicamerales, o sea con un cuerpo de diputados y otro de senadores: Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Catamarca y San Luis.
Si se suman todos los distritos, el presupuesto para mantener las 32 estructuras legislativas asciende a $1.835.300 millones anuales.
“En un país donde todos los días se les pide un esfuerzo a los ciudadanos, la política no puede quedar al margen. Que las legislaturas provinciales cuesten $1,8 billones al año y que cada legislador demande, en promedio, $1.531 millones obliga a preguntarse si estas estructuras están realmente justificadas. No se trata de debilitar las instituciones, sino de terminar con la idea de que el esfuerzo siempre tiene que hacerlo otro: la política también debe revisar sus gastos, eliminar privilegios y rendir cuentas”, le dijo Javier Bongiovanni Director del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE) de Fundación Libertad, a Infobae.
Desde 2018, esta organización con 38 años de trayectoria y sede en la ciudad de Rosario, elabora anualmente este informe con el propósito de estimar cuánto destinan las provincias al funcionamiento de sus poderes legislativos.
Costo anual por provincias
Si se analiza el costo por año de cada representante, el monto varía significativamente entre las provincias.
Tucumán, con 49 legisladores encabeza el ranking. Tiene un presupuesto de $182.504 millones para el ejercicio presupuestario de 2026, lo que implica que el gasto por representante asciende a $3.725 millones por año.
El estudio señala que el costo de un legislador tucumano equivale a más de seis veces el de uno jujeño, pese a que los órganos legislativos de ambas provincias tienen una integración similar 49 y 48, respectivamente.
La Ciudad de Buenos Aires ocupa el segundo lugar, con un costo de $3.402 millones por cada uno de sus 60 legisladores porteños. El distrito capital tiene prevista una partida de $204.092 millones para el funcionamiento de la Legislatura en 2026.
Chaco completa el grupo de las tres jurisdicciones con el costo individual más alto en 2026: $3.057 millones por legislador.
En el otro extremo, San Luis con 43 diputados y 9 senadores, registra el menor gasto: $176 millones por representante.
Luego aparece Santiago del Estero con una erogación anual de $206 millones por legislador. La brecha más pronunciada se observa entre esta provincia y la chaqueña, donde el gasto anual por legislador es casi 15 veces superior al de la jurisdicción santiagueña.
“La distancia entre los dos extremos del listado expone diferencias amplias en los recursos destinados al funcionamiento parlamentario”, advierte el informe realizado por la Fundación Libertad.
Al pararse sobre cada distrito, se despliega la información respectiva:
El gasto legislativo conjunto de las 24 legislaturas, incluyendo las 8 bicamerales, representa el 1,15% de los 24 presupuestos provinciales relevados.
Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, destina el mayor presupuesto legislativo total en números absolutos, con $379.004 millones. El Senado bonaerense tiene 46 integrantes y la Cámara de Diputados, 92 miembros. El gasto anual por cada uno de los 138 representantes es de $2.746 millones.
Le siguen CABA con $204.092 millones para el funcionamiento en 2026 de su Legislatura unicameral, y Santa Fe con $191.813 millones para ambas cámaras, integradas por 50 diputados y 19 senadores,
Tucumán ocupa el cuarto lugar en la asignación anual para el funcionamiento legislativo en valores absolutos, con $182.504 millones. Pero esta provincia norteña presenta la mayor participación relativa, el 3,66% respecto del presupuesto total de ese distrito norteño.
Le siguen Catamarca, con 2,64%, y Chaco, con 2,22% de la asignación en relación al presupuesto provincial total de esas provincias en 2026.
Comparación con otras partidas
El informe de la Fundación Libertad compara el presupuesto asignado a las legislaturas con otras áreas de gobierno.
En Tucumán, por ejemplo, la partida legislativa equivale al 43% de los gastos de capital previstos para este año.
En la Ciudad de Buenos Aires, los fondos para la Legislatura porteña representan el 20% de lo presupuestado para el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
En Santa Fe, el monto legislativo supera en alrededor de 45% al destinado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La provincia de Buenos Aires destina a su Poder Legislativo nueve veces más recursos que al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. La partida parlamentaria equivale, además, a 5,3 veces el presupuesto del Ministerio de Economía bonaerense.
El gasto en personal
Las legislaturas de los 24 distritos tienen un elemento en común: la mayor parte de los fondos legislativos se destina al pago de personal. Ese rubro comprende las remuneraciones de los legisladores, sus asesores, secretarías y empleados, tanto de planta permanente, como los transitorios que llegan y deberían irse al finalizar el mandato del legislador que los nombró.
En las provincias donde fue posible identificar esa información, el gasto en personal representa, en promedio, el 84% del presupuesto legislativo.
Río Negro alcanza el porcentaje más alto, con 95%. Le sigue, Formosa con el 94,2% de sus recursos legislativos destinados al pago de sueldos; y Mendoza y Santa Cruz, que registran una proporción similar del 94%.
En el otro extremo, Santa Fe, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires exhiben las participaciones más bajas del grupo relevado.
Cantidad de empleados por legislador
El promedio de empleados con que cuenta cada legislador es de 27 en las jurisdicciones con datos disponibles.
Los legisladores de Corrientes tienen el número más alto: 3.234 empleados para 45 legisladores, una relación de 72 trabajadores por representante.
Chaco registra 70 empleados por cada uno de sus 32 legisladores, y Formosa, 62 por cada uno de sus 30 representantes.
San Luis se ubica en el otro extremo, con dos trabajadores por cada uno de los 52 diputados y senadores que integran sus dos cámaras.
Le siguen Santiago del Estero, con 5 para cada uno de sus 40 representantes, y Córdoba, con 8 empleados para cada uno de sus 70 diputados.
Legislaturas provinciales vs españolas
El informe de la Fundación Libertad compara el gasto de las legislaturas provinciales con el destinado a las comunidades autónomas de España de poblaciones similares.
Las españolas prevén un gasto legislativo anual, en conjunto, de 446 millones de euros. A la cotización oficial de $1.708 por euro del Banco Central de la República Argentina al 31 de diciembre de 2025, equivalen a $761.166 millones. Con esta conversión, el gasto legislativo argentino de $1.835.300 millones anuales resulta 2,41 veces superior al español.
En tanto, el costo medio por representante arroja un cálculo de $628 millones en España al año, frente a los $1.531 millones por cada legislador en nuestro país.
Así, el costo anual de un legislador de Tucumán ($3.725 millones) es 6,2 veces mayor al de sus pares en Murcia ($601 millones).
El de cada legislador de Santa Fe ($2.780 millones al año) supera en más de cinco veces el de Galicia ($527 millones).
El gasto de la Legislatura de Chaco por cada uno de sus miembros ($3.057 millones) es casi 7 veces más que la de Cantabria ($455 millones por representante).
Y Buenos Aires, con 138 diputados y senadores, desembolsa 5,3 veces más por legislador ($2.746 millones) que la Asamblea de Madrid, que tiene 135 representantes ($515 millones de gasto cada uno).
“En conjunto, las comunidades españolas destinan el 0,15% de sus presupuestos al Poder Legislativo, esto significa que la participación del gasto legislativo en Argentina es aproximadamente 7,9 veces la registrada en España”, analiza el trabajo.
Otra diferencia se refiere a la composición del gasto. Mientras que las legislaturas provinciales argentinas gastan en promedio un 84% en personal, sus pares españolas le destinan un 60%.
Visualizaciones: Daniela Czibener.
Argentina,legislaturas,Poder Legislativo,arquitectura,edificios gubernamentales
POLITICA
Milei viajará a EE.UU. en una semana caliente para el Congreso por el Presupuesto 2027 y el DNU 70/23 – Nexofin
En lo que se vislumbra como una semana de intensa actividad en el Congreso Nacional, el presidente Javier Milei realizará un nuevo viaje a Estados Unidos. En esta ocasión, el mandatario argentino asistirá a la Gala Oficial de la Herencia Hispánica, que se llevará a cabo en Washington DC.
El jefe de Estado partirá el martes a la capital del país norteamericano para dar el presente en el evento que se celebrará el miércoles por la noche.
El Gobierno busca reemplazar tecnología china por la de EE.UU. en el funcionamiento del Estado
En paralelo a este nuevo periplo presidencial, se desarrollará la reunión de la comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados. En ese marco, los legisladores de La Libertad Avanza impulsarán el debate de la llamada “Ley de Leyes”, con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, según informó Clarín.
El miércoles tendrá lugar la discusión de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y el jueves, la oposición intentará abrir el recinto para voltear el DNU 70/23 y aprobar la extensión de la Emergencia en Discapacidad y una legislación para otorgar herramientas contra el endeudamiento familiar.
La entrada Milei viajará a EE.UU. en una semana caliente para el Congreso por el Presupuesto 2027 y el DNU 70/23 se publicó primero en Nexofin.
Congreso,DNU 70/23,Estados Unidos,Javier Milei,Presupuesto 2027,viaje
POLITICA
Dura advertencia de la Iglesia por el avance narco en barrios populares: “La ausencia del Estado permite que ocupe su lugar”
La Iglesia lanzó una advertencia por el avance del narcotráfico en los barrios populares y vinculó ese fenómeno con el retroceso de la presencia estatal. El obispo de San Justo, Eduardo García, sostuvo que la falta de servicios, oportunidades y respuestas institucionales favorece a las redes criminales. Sus palabras fueron escuchadas por funcionarios bonaerenses, jueces, fiscales y organizaciones sociales.
“La ausencia del Estado permite que el narcotráfico ocupe su lugar al ofrecer una falsa salida que destruye vidas”, alertó García durante la Jornada de Acceso a la Justicia, que se realizó el martes en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), y que llamativamente no contó con la presencia ni del intendente local, Fernando Espinoza, ni de la vicegobernadora y ex mandataria, Verónica Magario. Allí, el prelado describió un circuito que resumió con una fórmula: “Las tres C de la muerte: calle, cárcel y cementerio”. Como contrapartida, reclamó fortalecer “las tres C de la vida: colegio, capilla y club”.
El planteo excedió a un distrito específico y apuntó a una problemática presente en numerosos barrios del conurbano bonaerense: la combinación de exclusión social, economías delictivas y dificultades de acceso a derechos. García relacionó la expansión del narcotráfico con la falta de educación, atención sanitaria, cloacas y oportunidades de desarrollo.
También cuestionó el momento en que las instituciones judiciales toman contacto con esas realidades. Según afirmó, la Justicia ordinaria en los barrios populares “suele llegar tarde, interviniendo únicamente cuando el daño ya está hecho y el delito se ha cometido”. La observación expuso la tensión entre la respuesta penal ante hechos consumados y la prevención de las condiciones que facilitan el ingreso de adolescentes y jóvenes a circuitos criminales.
El encuentro se realizó en el Salón de las Américas de la UNLaM y reunió a representantes de la Iglesia, el Poder Judicial, el gobierno de Axel Kicillof y organizaciones territoriales. Participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena; el juez federal de Morón Jorge Rodríguez; la fiscal general Patricia Ochoa; el diputado provincial Facundo Tignanelli y el rector de la universidad, Daniel Martínez.
Mena coincidió en ubicar a la desigualdad en el centro de la discusión. “Hablar de justicia en la región es hablar fundamentalmente de desigualdad”, afirmó. También se refirió a la relación entre los sectores más postergados y las instituciones: “La mayoría de los ciudadanos vulnerables conocen el sistema judicial a través de su peor cara, que es la Justicia Penal”.
El ministro defendió la necesidad de modificar ese vínculo y ampliar los mecanismos para resolver conflictos antes de que deriven en un expediente penal. Como ejemplo, destacó las visitas de integrantes del Ministerio Público Fiscal al barrio Puerta de Hierro, donde reciben las inquietudes de los vecinos.
Además, valoró la apertura de espacios de los Hogares de Cristo dentro de la Unidad 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Esos ámbitos buscan acompañar a personas privadas de la libertad y ofrecer herramientas para reconstruir sus proyectos de vida.
El debate giró en torno a cómo evitar que el sistema penal se convierta en la única presencia estatal reconocible en los sectores marginados. Para los organizadores, acercar la Justicia supone garantizar la intervención de jueces y fiscales, facilitar el acceso a dispositivos de acompañamiento y promover la cooperación entre organismos públicos y organizaciones comunitarias.
La convocatoria fue organizada por áreas académicas de la UNLaM, el Obispado de San Justo, Cáritas, la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, la Pastoral Judicial y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. También participaron el defensor general Marcelo García, el presidente del Colegio de Abogados local, Martín Rivas, y el juez Franco Fiumara, entre otros referentes judiciales.
Durante la apertura, el rector Martínez sostuvo que el debate sobre los tribunales debe partir de las condiciones materiales de vida de la población. “Cuando hablamos de Justicia, lo primero que tenemos que hablar es de vida, de la gente”, expresó. También aludió a la decisión judicial que ordenó al Poder Ejecutivo Nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y vinculó la educación pública con la garantía de derechos.
Uno de los anuncios políticos de la jornada estuvo a cargo de Tignanelli, vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense. El legislador anticipó que impulsará la incorporación de las denominadas “Reglas del Papa Francisco” como material obligatorio en la Escuela Judicial provincial. La propuesta busca que quienes aspiren a integrar la magistratura conozcan principios orientados a una Justicia cercana a las personas vulnerables y atenta a las desigualdades que condicionan el ejercicio de los derechos.
Tignanelli a su vez destacó el trabajo de la Iglesia a través de los Hogares de Cristo en los barrios más vulnerables de La Matanza: “La Iglesia es el gran articulador de toda esta actividad, es quien convoca a todos los actores que pueden hacer algo para poder dar una respuesta clara a las necesidades que están viviendo hoy los vecinos y vecinas de la Matanza”.
“Es muy importante el trabajo que vienen haciendo en distintos barrios de La Matanza, ahí dónde es más urgente y el Estado abandonó”, afirmó.
La jornada incluyó mesas de trabajo sobre adicciones en el sistema penal juvenil, violencia de género y derecho a la identidad en contextos de marginalidad. Los debates serán sistematizados en un documento académico con conclusiones y propuestas. Según informó la universidad, el material será remitido al papa León XIV y servirá de insumo para continuar el intercambio entre las instituciones participantes.
Los organizadores proyectan conformar una Mesa Territorial de Acceso a la Justicia de La Matanza. La iniciativa busca establecer un ámbito permanente de coordinación para identificar obstáculos, compartir experiencias e impulsar respuestas conjuntas entre los equipos judiciales y las organizaciones que trabajan en los barrios.
POLITICA
Caso $LIBRA: EE.UU. rechazó el pedido de colaboración de la Justicia argentina tras concluir que faltan pruebas de un delito
Un día antes de que una jueza federal de Nueva York desestimara la demanda colectiva (“class action”) que impulsaron afectados por el lanzamiento y colapso de $LIBRA, el gobierno de Estados Unidos había fijado su propia posición, por escrito, que comunicó de manera formal a las autoridades argentinas. Sostuvo que los inversores en criptomonedas asumen los riesgos propios de comprar y vender activos financieros que son especulativos, nuevos y no regulados, y que la publicación viral de un político que promueve un criptoactivo no basta, por sí sola, para demostrar que fueron inducidos a una trampa.
La posición oficial del gobierno estadounidense, que hasta ahora no había trascendido y cuya copia obtuvo , fue más lejos. Tras transmitir su parecer, le informó al Gobierno de Javier Milei que no entregará los registros solicitados por la Justicia argentina porque la información aportada desde Buenos Aires fue insuficiente para demostrar que se había cometido un delito.
“Dado que no hay pruebas suficientes para dar curso a la solicitud, estamos cerrando nuestro expediente sobre este asunto”, indicó la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) de la División Criminal del Departamento de Justicia. Y lo planteó mediante una carta de una carilla que remitió al Ministerio de Justicia argentino para que la presente ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de instruir la investigación criminal por presunto fraude en los tribunales federales de Comodoro Py.
La requisitoria argentina había comenzado a tramitarse hace más de un año y medio y el Departamento de Justicia la recibió el 8 de abril de 2025. El pedido buscaba acceder a “registros de suscriptor” para avanzar en la investigación por fraude en torno a $LIBRA, el criptoactivo que impulsaron el estadounidense Hayden Mark Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y que contó con el apoyo del presidente Milei, quien posteó en su cuenta de la red social X el código de 44 letras y números indispensable para adquirirlo.
Según surge de la respuesta oficial remitida desde Washington, funcionarios estadounidenses solicitaron información adicional a los tribunales argentinos en dos ocasiones —el 24 de abril y el 31 de julio de 2025— para evaluar si daban curso a la requisitoria. La primera respuesta argentina llegó el 31 de julio de 2025; la segunda, recién el 7 de mayo de 2026, más de nueve meses después. Pero, al final, la respuesta fue negativa.
“Lamentablemente —indicó la carta, redactada en inglés, con traducción oficial en español, y firmada por la fiscal Mari Aponte—, la información fue insuficiente para obtener los registros solicitados, ya que no había pruebas suficientes que demostraran que se había cometido un delito”.
“Deben existir pruebas suficientes para demostrar que existe una conexión clara entre los sujetos de la investigación y los delitos objeto de investigación y las asistencias solicitadas”, abundó el texto, que en su cuerpo no aludió por sus nombres a Davis, Novelli y Terrones Godoy, entre otros acusados, ni a Milei, que sí figuró en la carátula de la misiva.
“Los inversores de criptomonedas asumen los riesgos de activos financieros especulativos nuevos y no regulados”, fijó como pauta general el Departamento de Justicia. “Las campañas agresivas en las redes sociales sobre un criptoactivo altamente volátil y una publicación viral de un político que lo promueve, por sí solas, no son suficientes para demostrar que los inversores fueron inducidos a invertir mediante falsedades”.
Aunque el texto no aludió a político alguno, esa descripción podría aplicarse a figuras como el presidente Donald Trump, su esposa Melania y Milei, quienes han utilizado sus redes sociales para difundir “memecoins” y otros criptoactivos con sus nombres -$Trump y $Melania- o, en el caso del jefe de Estado argentino, $LIBRA, para darles visibilidad y volumen financiero a esos proyectos.
Tras el colapso de $LIBRA, cabe recordar, Milei borró su posteo original y buscó despegarse del proyecto y de sus protagonistas. Remarcó que él solo se había limitado a “difundir”, pero no a “promocionar” el proyecto, del que empezó por afirmar que serviría para “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”, pero al que luego caracterizó como “ir al casino” o, incluso, una “ruleta rusa”.
En la misiva que llegó a Comodoro Py, el Departamento de Justicia terció en ese contrapunto, acaso sin buscarlo: aludió al político que “promueve” un criptoactivo, en lugar de sostener que se había limitado a difundirlo. La carta, sin embargo, se limitó a cerrar el trámite vinculado al pedido argentino, pero no precisó si la Sección Fraudes de la División Criminal tramita su propia investigación sobre lo ocurrido.
En ese sentido, funcionarios de la Sección Fraudes recibieron al menos un “reporte de operaciones criminales” en los días posteriores al colapso de $LIBRA, según reveló en febrero de 2025, ante la sospecha de una presunta megaestafa por entre 87 millones y 107 millones de dólares, que afectó a miles de inversores de la Argentina, Estados Unidos y otros países, e impactó en empresas del mundo cripto como KIP Protocol, Jupiter y Meteora, donde cayó uno de los máximos ejecutivos. No trascendió si esas actuaciones avanzaron.
Un día antes
La comunicación oficial del Gobierno de Estados Unidos se fechó el 28 de septiembre pasado, en Washington. Es decir, un día antes de que la jueza federal Jennifer Rochon rechazara en Nueva York la demanda colectiva de inversores damnificados por el lanzamiento y posterior colapso de $LIBRA y dispusiera el cierre de la causa que tramitaba ante los tribunales federales de Manhattan.
Rochon admitió así los pedidos de desestimación formulados por Davis y los demás integrantes de Kelsier Ventures, por Benjamin “Ben” Chow y por Dynamic Labs, y rechazó además el intento de los demandantes de ampliar nuevamente su denuncia, por lo que los impulsores de la “class action” deberán evaluar ahora si recurren a la Cámara de Apelaciones.
Rochon concluyó que los inversores Omar Hurlock y Anuj Mehta no habían logrado demostrar sus acusaciones de fraude, conspiración, enriquecimiento injustificado y violaciones de la ley federal RICO —utilizada contra organizaciones que desarrollan un patrón continuado de actividades ilícitas—. En particular, consideró que no habían acreditado el requisito de continuidad exigido para configurar un “patrón” de actividad ilícita bajo esa legislación.
En ese sentido, la jueza mencionó 18 veces a Milei en su resolución y consignó que Davis envió mensajes a terceros afirmando que tenía “control” sobre el jefe de Estado y ofreciendo reuniones con el mandatario a cambio de dinero. También, según surge de los mensajes incorporados a la demanda colectiva, que afirmó que le enviaba dinero a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “y él firma lo que sea que yo le diga y hace lo que yo quiera”.
Rochon también consignó el papel que los propios demandantes atribuyeron a Milei en el lanzamiento del criptoactivo, el 14 de febrero de 2025, a partir de su posteo en la red social X. “En respuesta a su anuncio [por el posteo], el interés de los inversores, el volumen de operaciones y la cotización [de $LIBRA] subieron”, señaló la magistrada.
la demanda colectiva,Hugo Alconada Mon,Escándalo cripto,Conforme a
Milei viajará a EE.UU. en una semana caliente para el Congreso por el Presupuesto 2027 y el DNU 70/23 – Nexofin
Abbas delays Palestinian elections again, making more than two decades without vote
Hollywood jobs flee overseas as Congress scrambles to stop production exodus — with Trump’s blessing
El momento del abandono de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: cuál fue la falla que reportó Alpine
La Roma sobrevive con diez ante el Como de Cesc y ya piensa en el Madrid
Dura advertencia de la Iglesia por el avance narco en barrios populares: “La ausencia del Estado permite que ocupe su lugar”
Escándalo total en la AFA: reventa millonaria, un homenaje paupérrimo a Messi y el pedido urgente de renuncia a Chiqui Tapia
El presidente de Burkina Faso, duro tras el amistoso con la Selección: «Nuestro fútbol está enfermo» :: Olé
100-shot Somali gang gun battle rocks Minnesota as sheriff warns ‘we’re in trouble’
Tobey Maguire se quedaba ciego con el traje de Spider-Man y casi se desmaya durante una prueba: fabricar su disfraz fue una pesadilla
INTERNACIONAL3 días agoGOP accuses Walz allies of burying $52M Medicaid fraud report before election
- DEPORTE3 días ago
El crudo diagnóstico de Tagliafico sobre la derrota con España en el Mundial y la revelación del himno contra Inglaterra
- POLITICA3 días ago
La CGT sale a la calle “en defensa de la industria nacional” y posterga la definición sobre un paro general
