La oposición enfrenta una pulseada clave en la Cámara de Diputados para reunir el quórum necesario y abrir la sesión especial convocada para este jueves, en la que buscará declarar nulo el DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei. Los bloques que impulsan el debate también pretenden tratar los dictámenes sobre discapacidad y endeudamiento familiar, pero todavía necesitan sumar voluntades para alcanzar los 129 legisladores sentados en sus bancas.

Los mandatarios provinciales tendrán la última palabra con sus diputados este jueves en el Congreso. El salteño Gustavo Sáenz, molesto con la Casa Rosada por la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas; Osvaldo Jaldo de Tucumán; Maximiliano Pullaro de Santa Fe e Ignacio Torres de Chubut, tendrán la posibilidad de abrir o mantener cerrado el recinto de la Cámara de Diputados.

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En el caso de la bancada de Provincias Unidas, integrada por los misioneros de Hugo Passalacqua y del salteño Sáenz, está confirmada la participación en el debate de los diputados de la Mesopotamia, pero no de los tres salteños a quienes el diputado Alberto Arrua llamó personalmente uno por uno para buscar que bajen al recinto este jueves.

“Es hora de cerrar el ciclo de la Ley de Tierras, y para ello hay que derogar o declarar nulo el DNU 70/2023. El Senado ya lo declaró nulo y nosotros tenemos que avanzar en esta línea. Muy poco le va a afectar al Gobierno ya que tiene la Ley Bases y la Reforma Laboral, que fueron dos ejes muy importantes del DNU. Pero cerramos de esta manera la derogación de la Ley de Tierras que establecía el DNU que la Corte Suprema tuvo idas y vueltas y si bien el oficialismo quiso convencer a los diputados con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, agregando un artículo y dejando sin efecto el artículo 154 y restituyendo la Ley de Tierras, sabemos que eso lleva otro debate parlamentario”, dijo a TN el cordobés Juan Brügge.

Y agregó: “Tiene que ir al Senado, este lo puede ratificar o no lo decidido por la Cámara de Diputados y después esta la instancia del veto presidencial. Es decir que seguirá la incertidumbre que generó una reacción del pueblo argentino lo podemos resolver con la derogación del DNU 70/2023 y le dará certezas a todo el mundo”.

Estrategia del oficialismo

El oficialismo desde hace semanas intenta evitar esa sesión. Para ello Martín Menem, presidente de la Cámara, convocó a otra sesión para el 21 de octubre a las 12, con un temario que incluya propuestas de la oposición: los temas de discapacidad y de endeudamiento de las familias, un proyecto del Pro sobre cambios al Código Penal en los hechos de vandalismo rural y el reciente dictamen de Inviolabilidad de la Propiedad que restituye un capitulo referido a la ley de Tierras Rurales.

Este miércoles en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, conducidas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, respectivamente, el oficialismo se alzó con el dictamen de mayoría del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, ya sancionado por el Senado y modificando aquella sanción del pasado 6 de agosto.

En este nuevo proyecto reincorporó un capitulo vinculado a la Ley de extranjerización de Tierras Rurales con el acompañamiento de los representantes del Pro, la Unión Cívica Radical y el santafesino José Núñez de Provincias Unidas.

El radical Diógenes González comunicó la incorporación de un cuarto capítulo compuesto por dos artículos: el 38 que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23; y el 39 que reestablece la Ley de Tierras Rurales. Según dijo, eso fue ideado por el interbloque de Fuerza del Cambio que integran la UCR, el Pro y el MID.

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Posibles presencias y ausencias

A las 14 de este jueves estarán sentados los 92 diputados de UxP de Germán Martínez; los cuatro del Frente de Izquierda; 11 de Provincias Unidas, entre estos estarán los radicales críticos, los cordobeses y los socialistas Pablo Farías y Esteban Paulón; cuatro de Argentina Federal, tres de Elijo Catamarca, la bancada del gobernador Raúl Jalil, dos de la Coalición Cívica, dos de Encuentro Federal, dos del peronismo de San Luis, Marcela Pagano de Coherencia y Natalia de la Sota de Córdoba. Lo que hacen un total de 122 diputados nacionales.

Mientras que no se sentarán los 95 legisladores de La Libertad Avanza, 12 del Pro de Cristian Ritondo, seis de la UCR de Pamela Verasay, los dos del MID de Oscar Zago, los dos de Producción y Trabajo de San Juan que responden al gobernador Marcelo Orrego que este jueves tendrá una audiencia con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, Adelante Buenos Aires de Karina Banfi, la Neuquinidad de Karina Maureira con terminal en el mandatario Rolando Figueroa y José Luis Garrido de Por Santa Cruz del gobernador Claudio Vidal. Alcanzando 120 legisladores que no entrarán a la sesión.

De allí la llave para abrir el recinto o mantenerlo cerrado está en manos de los tres diputados salteños, los tres de la bancada Independencia de Tucumán, Gisela Scaglia de Santa Fe y Jorge Ávila de Chubut. Todos responden a los mandatarios provinciales y a ellos los llaman desde la Cámara de Diputados y desde la Casa Rosada.

DNU, Diputados, sesion

La convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada por estudiantes, docentes, no docentes y rectores, sumó el respaldo de organizaciones sociales, gremios y distintos sectores políticos, que se movilizarán este jueves al Congreso mientras la oposición intentará abrir una sesión especial en Diputados para tratar una serie de proyectos que el oficialismo busca frenar.

El reclamo por la educación pública, una causa que reúne apoyos más allá de las diferencias partidarias, volverá a representar un desafío político para el gobierno de Javier Milei, que enfrenta cuestionamientos por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una nueva resolución judicial en su contra.

La movilización, que se prevé que será nuevamente multitudinaria, tendrá como escenario central la Plaza de los Dos Congresos, donde confluirán las columnas universitarias con sindicatos y organizaciones que también reclamarán el rechazo del DNU 70/2023, medidas para las familias endeudadas y respuestas a la situación de las personas con discapacidad.

La disputa por el financiamiento universitario sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando el juez federal Martín Cormick impuso una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir una medida cautelar que exige actualizar los salarios docentes y no docentes y garantizar los fondos destinados a las becas. La sanción se sumó a las resoluciones judiciales que obligan al Gobierno a aplicar una ley que Milei vetó y que el Congreso ratificó.

Quiénes se suman a la quinta Marcha Federal Universitaria

La movilización convocada por estudiantes, docentes, no docentes y autoridades de universidades públicas contará además con la participación de la CGT, las dos CTA, ATE y organizaciones políticas y sociales. Entre ellas estarán el Movimiento Derecho al Futuro, que conduce Axel Kicillof; La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner; el Frente Renovador, de Sergio Massa; sectores de la Unión Cívica Radical no alineados con Milei; el Movimiento Evita, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Libres del Sur y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

Las primeras concentraciones universitarias en la Ciudad de Buenos Aires comenzarán a las 12.30 y la convocatoria principal será desde las 13 en Plaza Houssay. Las columnas marcharán hacia el Congreso, donde a las 16 está prevista la lectura de un documento conjunto. También habrá manifestaciones en distintas ciudades del país, entre ellas Córdoba, Rosario y San Nicolás.

El Movimiento Evita y la UTEP anunciaron que se concentrarán desde las 14 en la Plaza de los Dos Congresos para exigir el rechazo del DNU 70/2023 y acompañar los reclamos por el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.

Libres del Sur convocó desde las 13 para reclamar que el Congreso avance con medidas contra lo que considera “tasas de interés abusivas” y las “prácticas de cobranza ilegales”. Su dirigenta nacional, Silvia Saravia, también exigió el cumplimiento de la legislación universitaria y de discapacidad.

El SUTNA, por su parte, concentrará a las 13.30 en Avenida de Mayo y Sáenz Peña, con reclamos en defensa de la educación pública y la industria nacional. ATE convocó a un paro de 24 horas y a movilizarse al Congreso, mientras el Gobierno confirmó que descontará el día a los empleados públicos nacionales que adhieran a la huelga.

La marcha coincidirá con el intento opositor de sesionar en Diputados

Mientras las organizaciones se concentren frente al Congreso, los bloques opositores intentarán reunir los 129 diputados necesarios para habilitar una sesión especial que incluye el rechazo del DNU 70/2023 y proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.

“En la Plaza de los Dos Congresos se va a expresar una agenda muy amplia de reclamos vinculada a la universidad, a las familias endeudadas, a la discapacidad, al DNU 70/23”, afirmó el secretario general de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro “Peluca” Gramajo.

En la Casa Rosada sostienen que la oposición todavía no cuenta con el quórum y trabajan con bloques aliados para impedir que comience el debate. La convocatoria de sindicatos, organizaciones sociales y sectores políticos coincidirá así con una negociación parlamentaria en la que el oficialismo busca evitar que avancen iniciativas contrarias a su agenda.

El juez federal Martín Cormick impuso sanciones económicas de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli. La medida responde al incumplimiento de la cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución exige actualizar los salarios del personal docente y no docente de las casas de altos estudios. Asimismo, el fallo obliga al Gobierno a garantizar los fondos para las becas estudiantiles.

Ante la falta de ejecución, Cormick hizo efectivo el apercibimiento y dispuso “la aplicación de astreintes diarias al funcionario”. El pedido fue impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional para presionar el pago.

La norma prevé una recomposición del 40,25% para compensar la inflación registrada hasta julio de 2025. Sin embargo, el magistrado consideró que las autoridades nacionales no acreditaron el cumplimiento total de las obligaciones requeridas.

La sanción judicial coincide con la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso. Los manifestantes reclamarán el jueves el cumplimiento de la ley durante la jornada de protestas en todo el país.

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