El gobierno nacional presentó una denuncia ante la Justicia federal para que se investigue un “atentado al orden constitucional y a la vida democrática” durante la manifestación realizada ayer en las inmediaciones del Congreso Nacional mientras el Senado debatía el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

“Los hechos que denunciamos se habrían cometido contra instituciones, poderes y miembros públicos federales en ocasión en la que desarrollaban sus labores y que operaban en el marco de sus funciones”, se sostuvo en la presentación hecha por Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional.

Ayer, luego de casi seis horas de manifestación pacífica, la protesta contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada se desvirtuó a partir de las 17, cuando la Policía Federal Argentina (PFA utilizó gases para desalojar a los manifestantes que enfrentaban el vallado que protegía al Congreso de la Nación.

Los ataques de grupos reducidos de manifestantes, que rompieron veredas y cordones para hacerse de escombros y lanzarlos a los uniformados, además de destruir e incendiar cestos y contenedores de basura, convivieron con la avanzada de grupos de infantería de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, que utilizaron carros hidrantes, gases, balas de goma y divisiones motorizadas para dispersar y perseguir a los violentos y a quienes protestaban sin provocar desmanes.

Hubo 18 detenidos acusados de resistencia a la autoridad, quienes quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal, que conduce el fiscal Federico Tropea.

No se descarta que, además, a algunos de los sospechosos se les impute el delito de daños. De los 18 detenidos, 10 ya fueron liberados durante la jornada. Los restantes deben aún declarar y enfrentar la imputación, según informaron fuentes policiales. No trascendieron las identidades de los detenidos.

Pero el Gobierno sostiene que lo sucedido debe investigarse como un delito de jurisdicción federal.

“Solicitamos a la justicia federal que inicie una exhaustiva investigación con el fin de corroborar la existencia de los hechos denunciados, se individualicen a los responsables y a todos aquellos que hayan colaborado o participado o instigado, propendido a la generación del escenario delictivo y antidemocrático que se denuncia. Los hechos que denunciamos se habrían cometido contra instituciones, poderes y miembros públicos federales en ocasión en la que desarrollaban sus labores y que operaban en el marco de sus funciones”, sostuvieron los funcionarios en la denuncia, a la que tuvo acceso .

Además, se sostuvo: “Como es de público conocimiento, un cúmulo considerable de manifestantes arrojaron piedras, escombros y otros objetos contundentes contra los efectivos de las fuerzas federales de seguridad que se encontraban apostados en el lugar, en el marco de sus tareas de prevención y a fin de garantizar el orden, la seguridad y el ejercicio regular del derecho a manifestarse de aquellos ciudadanos que se apersonaran pacíficamente en el lugar. Sobre ello se advirtió la rotura de baldosas y bancos públicos con el fin de utilizar sus fragmentos como objetos contundentes contra efectivos policiales, siendo algunos de ellos lesionados, como asimismo se produjeron cuantiosos daños en estructuras edilicias y vehículos policiales”.

Pugnaloni y Franco solicitaron que se ordenen “con premura” medidas de prueba para identificar a los responsables.

“El Ministerio de Seguridad Nacional se encuentra en proceso de análisis de los acontecimientos delictivos reseñados precedentemente, a fin de evaluar el acompañamiento de elementos de convicción idóneos para la investigación, estando desde ya a su entera disposición para lo que considere oportuno y necesario a tales fines”, se explicó en la presentación.

El juez federal Ariel Lijo quedó finalmente a cargo de todas las causas por la maniobra realizada por un grupo de financistas durante la gestión del kirchnerismo que conseguían dólares al precio oficial y los vendían en el mercado paralelo con millonarias ganancias.

Así quedó establecido luego de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti se inhibió de seguir interviniendo en una causa de 2021 contra una casa de cambios.

Antes de la feria judicial, la jueza María Servini ya le había enviado a Lijo su expediente tras una intervención de la Cámara Federal.

De esta manera, Ariel Lijo concentró las tres causas principales vinculadas al “rulo financiero”, una maniobra que tiene en vilo a exfuncionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central de la gestión de Sergio Massa y Miguel Angel Pesce.

En la causa “Marvic”, la jueza Capuchetti, a instancias del fiscal Eduardo Taiano, dijo que hay un “núcleo fáctico común”: la presunta utilización de agencias de cambio y otras entidades para acceder a moneda extranjera al tipo de cambio oficial mediante operaciones sin respaldo económico real o sustentadas en documentación apócrifa, con el fin de lucrar con el diferencial cambiario.

Capuchetti mencionó específicamente operaciones de N y M Cambio S.A. y Marvic S.A.

“Hay una vinculación objetiva, hay relaciones personales, societarias y operativas entre las personas con transferencias entre agencias que aparecen en más de una investigación y las medidas de prueba apuntan a reconstruir operaciones semejantes con las mismas fuentes de información”, argumentó la jueza al momento de aceptar la inhibición;

El expediente principal en manos de Ariel Lijo fue impulsado por el fiscal Franco Picardi e investiga hechos ocurridos entre 2020 y 2023.

Según la hipótesis, financistas, operadores cambiarios y funcionarios públicos habrían intervenido en un mecanismo destinado a conseguir divisas al tipo de cambio oficial mediante distintas casas de cambio para luego derivarlas al mercado paralelo.

Los investigados habrían montado estructuras societarias y operativas diseñadas para eludir las restricciones cambiarias y acceder a volúmenes de divisas muy superiores a los permitidos.

Los indicios muestran que contaban con el beneplácito de autoridades del Banco Central.

El objetivo, según el expediente, era dificultar la trazabilidad de los fondos y obtener billetes físicos que luego se comercializaban en el mercado informal: cuanto más grande la brecha entre oficial y blue, mayor el negocio.

La investigación sumó una segunda línea vinculada con un supuesto circuito de gestión irregular de autorizaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), donde intermediarios habrían facilitado aprobaciones administrativas a cambio de sobornos a funcionarios de distintos organismos, entre ellos el Banco Central.

Las coimas habrían sido de entre el 10% y el 15% para obtener permisos de importación durante el tramo final del gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Massa en Economía.

Las pruebas sobre los trámites irregulares surgieron del teléfono de Martín Migueles, que aportó su clave cuando lo allanaron. El fiscal Picardi identificó a varios de los interlocutores de Migueles y al menos cuatro empresas involucradas.

La causa arrancó en julio del año pasado a partir de una serie de audios aportados por el expolicía Carlos “El Lobo” Smith, contratado por Elías Picirillo, entonces marido de Jésica Cirio, para “apretar” a otro empresario, Francisco Hauque, quien le debía supuestamente seis millones de dólares.

Picirillo le armó una causa a Hauque plantándole cocaína y un arma para presionarlo, con la ayuda del expolicía Smith. Para mejorar su situación, Smith aportó un pendrive con los audios que prueban las maniobras a las que se dedicaba Picirillo, hoy preso en prisión domiciliaria, y Hauque.

En esa causa hay menos cinco funcionarios y 34 empresas en la mira del fiscal. Las casas de cambio investigadas registraron ventas por $660.127 millones entre 2022 y el primer semestre de 2024, con el 91,5% concentrado en 2023.

Entre las personas investigadas se destacan Piccirillo, su exsocio Martín Migueles, Francisco Hauque y Matías Bocca, además de los cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA.

A ellos se agregan los allanados Gonzalo Roberto Calo, más conocido como “Gonzalote”, el financista Fernando Rubén Tacchi y Alejandro “El Turco” Calian.

En un anillo más reciente aparecen Jorge Blanco, a quien un dictamen de Picardi describe como socio de Piccirillo y ubica, a través del Banco Sucrédito, en el presunto circuito de billetes físicos hacia el blue, y el banquero y excandidato Juan Napoli.

La Justicia levantó el secreto fiscal, bancario y bursátil de Napoli Inversiones, y el expediente registra supuestas ventas de dólares de Sucrédito a casas de cambio por US$484 millones.

Entre las casas de cambio y entidades investigadas se destacan Arg Exchange, de Piccirillo y Migueles, que compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar entre enero y diciembre de 2023, Fast Cambio (que según el dictamen del fiscal le compró US$91,7 millones a SuCrédito, mientras Arg Exchange adquirió de Fast Cambio unos US$48 millones), y Fenus y Centenera, que aparecen entre las casas de cambio que recibieron transferencias en pesos de multiplicidad de personas sin registrar operaciones de cambio a su nombre, según el sumario del BCRA que menciona también a Gallo Cambios como origen de dólares.

Los funcionarios del BCRA investigados son Diego Volcic, inspector jefe de Supervisión de Entidades no Financieras; Analía Jaime y Romina García, inspectoras generales de ese sector; Fabián Violante, gerente de Entidades Financieras; y María Fernández, inspectora jefa de Supervisión de Entidades no Financieras.

Todos fueron allanados y sus dispositivos secuestrados; algunos aparecen mencionados en las conversaciones grabadas entre Piccirillo y Hauque.

En medio del tironeo por las causas, Hauque salió a mencionar a exfuncionarios cercanos a Alberto Fernández como el extitular del BCRA Miguel Ángel Pesce. La omisión a otros funcionarios que dependían de Massa generó sospechas y un cruce de reclamos. Los mensajes llegaron a Comodoro Py.

La hipótesis de Picardi es que podrían haber realizado actividades contrarias a sus funciones para favorecer a casas de cambio y financieras vinculadas a Piccirillo.