El Gobierno evalúa prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso durante diciembre ante el retraso que acumuló la agenda legislativa y la demora en la negociación del Presupuesto 2027. La Casa Rosada había proyectado inicialmente votar la ley de gastos durante la primera semana de noviembre, pero ahora trabaja con un tratamiento en Diputados para mediados o la tercera semana de ese mes.

La decisión todavía no está formalizada, pero en el Ejecutivo consideran que el calendario hace difícil terminar la agenda antes del 30 de noviembre, cuando concluye constitucionalmente el período ordinario. La intención es extenderlo mediante un decreto presidencial y evitar una convocatoria a sesiones extraordinarias.

El cambio comenzó con el desplazamiento de otros proyectos que el oficialismo tenía previsto resolver a comienzos de octubre. Discapacidad y Morosidad quedaron para una sesión que La Libertad Avanza prepara para el 21 de octubre, junto con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional vinculada con Malvinas y, eventualmente, Inviolabilidad de la Propiedad Privada si avanza antes en comisión.

Ese corrimiento impactó directamente sobre el Presupuesto. La planificación original del oficialismo apuntaba a llevarlo al recinto durante la primera semana de noviembre. Ahora, en Balcarce 50 calculan que la votación se realizará después de la visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y ubican la ventana entre mediados y la tercera semana del mes.

En el Congreso comenzó a circular el 17 de noviembre como una fecha tentativa, aunque en el Gobierno no la dan por cerrada. La negociación todavía atraviesa una etapa inicial y el Ejecutivo debe resolver modificaciones reclamadas por los bloques que necesita para aprobar la iniciativa.

Entre los principales puntos pendientes aparecen las partidas destinadas a Discapacidad, el financiamiento de las universidades nacionales y los pedidos de obras y recursos que acercaron los gobernadores. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ya recibió planteos de representantes del PRO, la UCR y bloques provinciales, que condicionan parte de su respaldo a cambios en esos capítulos.

La Casa Rosada considera que el Presupuesto tiene altas posibilidades de avanzar, pero reconoce que el texto todavía no está suficientemente acordado como para acelerar la votación. En el Gobierno le asignan además un valor político y financiero: entienden que conseguir una ley de gastos aprobada funciona como una señal de gobernabilidad ante los mercados y los organismos internacionales.

En medio de las fuertes tensiones internas en el gobierno, el presidente Javier Milei, convocó a la titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, a un encuentro en la Quinta de Olivos.

La reunión se extendió por unas dos horas, en donde debatieron sobre las diferencias legislativas que surgieron en las últimas semanas, sobre todo por los recortes impulsados por el Ejecutivo en el Presupuesto 2027, en áreas sensibles como discapacidad.

La Corte Suprema frenó la derogación de la Ley de Tierras y volvieron las restricciones para extranjeros

“Conversación profunda con el presidente Javier Milei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”, publicó en su cuenta de X (ex Twitter), la propia legisladora.

El mensaje de Bullrich concluyó con la sigla utilizada por el mandatario: “TMAP (todo marcha de acuerdo al plan)”.

Milei arma su estrategia para 2027: acuerdos con gobernadores, pero candidatos propios en las provincias

“Desayuno de trabajo con Patricia Bullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo: MAGA”, posteó el libertario en su cuenta de Instagram, minutos después del encuentro en la residencia presidencial.

Además, el pasado lunes, la senadora había participado de la reunión de gabinete que encabezó el Presidente en la Casa Rosada. Cómo señal de acercamiento luego de cuestionar algunos de los objetivos que pretende lograr la gestión libertaria en el Congreso.

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La ley de Tierras -es decir, la vigencia o no de los límites para la venta a extranjeros- aceleró una decisión de la Corte Suprema que de momento mantiene las restricciones, obligó al Gobierno a encarar una negociación que va a contramano de su posición inicial y volvió a tensar la cuerda en Diputados. ¿Qué pasó para que esta cuestión tenga ahora el impacto que no tuvo su inclusión en el mega DNU inaugural de la gestión de Javier Milei? Y más acá en tiempo, ¿qué ocurrió para que el tema de la extranjerización estallara en el Senado cuando intentaron colarlo en el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada? La respuesta más razonable sería esta: se produjo un cambio de clima social que registraron -cada uno a su tiempo- la cúpula de la Justicia, Olivos y el Congreso.

Ese cambio de clima expone, en parte, una paradoja para el Gobierno. La reinstalación del reclamo histórico sobre Malvinas -que motoriza un debate específico pero que lo trasciende en la Cámara baja- repuso, naturalmente, el concepto de soberanía, hasta entonces extraño al discurso libertario. Descolocó incluso a algunos exponentes del oficialismo, entre ellos el canciller Pablo Quirno, que lo consideró un concepto anticuado. Sectores de la oposición y diferentes organizaciones lograron un éxito público, mediático, al rebautizar de hecho el proyecto sobre propiedad privada como ley de extranjerización de tierras.

El Gobierno podría restringir las consideraciones en esta materia a un error de cálculo, que habría consistido en incluir el capítulo sobre tierras en un proyecto de tan amplio alcance como el de propiedad privada. Eso corre en paralelo con la idea según la cual el giro por Malvinas permitiría “retomar” manejo de la agenda política. Es una visión por lo menos parcial.

Una mirada más amplia sobre el impacto de la ley de Tierras agrega otros elementos de peso en cuanto a climas colectivos. Resultan significativos -y es algo que asoma en variadas encuestas- distintos síntomas de disgusto o insatisfacción en un cuadro económico de mínima complejo para franjas extendidas de la sociedad. Eso, a diferencia de jugadas propias, escapa a la voluntad del círculo de Olivos, aunque tiene que ver con la huella de la gestión: pasaron casi tres años desde la firma del DNU 70/2023. Y eso corre para los créditos inaugurales de gobierno. No es algo nuevo.

Siempre es difícil precisar la dimensión de las modificaciones en el humor social, combinación de distintos elementos. Pero existe un dato concreto que es la percepción -y las reacciones- desde el poder, entendido en sentido amplio. Eso es visible en el camino recorrido por la Corte en pocos días, en el viraje del oficialismo -ahora dispuesto a mantener restricciones que buscaba eliminar anulando la ley de Tierras- y en la pulseada -con cruce de convocatorias a sesiones- entre el oficialismo y la oposición en Diputados.

En apenas diez días, el máximo escalón de la Justicia protagonizó una sucesión de noticias de diferente repercusión, pero significativas. El 29 de septiembre, había dejado en pie, de hecho, el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia -que derogaba la ley de Tierras-, al rechazar el planteo del centro platense de ex combatientes de Malvinas, por considerar que carecía de legitimidad. Fue tal el impacto de la decisión, que casi de inmediato difundió un comunicado –algo inhabitual– para destacar que no se había pronunciado sobre la cuestión de fondo, es decir, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de aquella decisión presidencial.

La medida judicial generó reacciones duras por el efecto práctico, junto a críticas, en el ámbito del Derecho, por el “sentido limitativo” del concepto de legitimidad utilizado para rechazar la medida cautelar. Todavía con ese eco, el siguiente paso público fue la convocatoria de la Corte a conjueces, frente a la falta de acuerdo entre sus tres miembros para pronunciarse, sin pérdida de tiempo, sobre el pedido de los protagonistas de un reclamo similar. En este caso, no estaba planteado en base a consideraciones sobre la soberanía sino por cuestiones medioambientales.

Tanto oficialistas como aliados y opositores especulaban sobre la posibilidad de que la Corte, en la práctica, volviera a dejar el tablero tal cual estaba antes de su intervención. Dicho de otra forma: que suspendiera el efecto del artículo específico del DNU y dejara en manos de la política la resolución sobre la suerte de la ley de Tierras. Claro que el cuadro ya no es el mismo: ahora no se trata de dejar el tema en el olvido -suspendido por una cautelar-, sino de resolverlo en el plano legislativo.

El oficialismo sintió que así como la primera medida de la Corte lo había enredado en un tema por el cual ya había pagado costos en el Senado, además de postergar su plan legislativo, la segunda decisión le dio oxígeno a sus esfuerzos para desmontar una ofensiva opositora en Diputados. De todos modos, resultó ser más que eso, porque la necesidad de una respuesta surgió de inmediato desde los espacios aliados -PRO, bloque oficial de la UCR, provinciales-, que no quieren quedar expuestos sin una salida razonable en un tema tan delicado como el de las tierras.

El juego en el Congreso se viene expresando en movimientos previsibles. La oposición había convocado antes del segundo capítulo de la Corte a una sesión especial, para el jueves de la semana que viene, con el objetivo de voltear el DNU, íntegramente, y tratar otros dos temas ácidos para el oficialismo: emergencia en discapacidad y morosidad en el endeudamiento familiar. En respuesta, LLA finalmente convocó a una sesión para la semana siguiente, con esos temas y una concesión significativa: el sostenimiento de las limitaciones a las ventas de tierras a personas y empresas extranjeras.

La oposición tiene realmente difícil la tare de asegurar quórum, sobre todo después de la decisión del máximo escalón de la Justicia, y habrá que ver si tiene cintura para explotar la marcha atrás libertaria con la ley de Tierras. El oficialismo ya venía haciendo trascender su cambio de posición, que sería concretada incluyendo un artículo específico con restricciones a la venta de tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esa idea sería tratada en plenario de comisiones y luego en el recinto, el miércoles 21, según la convocatoria violeta.

Podría cerrase así un círculo realmente extraño. El oficialismo daría ese paso para frenar la movida opositora y, a la vez, atender las presiones de socios y dialoguistas que reclaman una salida que evite mayores costos. Para hacerlo, incluiría el tema en el referido proyecto de propiedad privada, que llegó hace dos meses a Diputados después de que el bloque violeta se viera obligado a podar el capítulo que anulaba la ley de tierras -cuando ya se desmarcaban sus aliados- para lograr la sanción en el Senado. La Corte repuso el tema, pero después rápidamente volvió a dejarlo en manos de la política. Y ahora el foco se concentra en el Congreso. A veces, el cambio de clima social provoca este tipo de revolcones.

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