POLITICA
La Corte revocó un fallo de la Cámara Laboral que, por su cuenta, había multiplicado una indemnización
La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo de la justicia laboral que había multiplicado la indemnización que debía pagar una ART a un empleado por un accidente, a pesar de que el propio trabajado no lo había reclamado.
Así lo resolvieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes entendieron que la Cámara del Trabajo había colocado a la única apelante en una peor situación que en la primera instancia.
La Corte Suprema entendió que la Cámara del Trabajo había violado el límite de su competencia.
El caso se inició por la demanda de un trabajador contra una ART.
El técnico electricista, Sergio Pagani, trabajaba en el traslado de materiales de carga y cobraba unos 10.000 pesos por mes.
En agosto de 2017 se encontraba realizando la instalación de un circuito de cámaras en una concesionaria de autos cuando cayó de una escalera y se golpeó una rodilla contra el piso.
Siguió con su tarea, pero como el dolor seguía, fue días después a una guardia y le diagnosticaron rotura de meniscos.
En 2019, el Servicio de Homologación de la Comisión Médica Nº 10 de la Ciudad de Buenos Aires determinó que el hombre presentaba una “incapacidad laboral permanente parcial definitiva” del 5% como consecuencia del siniestro.
Pagani cuestionó judicialmente esa evaluación y afirmó que la conclusión de la Comisión Médica era errónea dado que, según manifestó, sufría mayores secuelas incapacitantes, tanto físicas como psíquicas.
En primera instancia, el juez le dio la razón, reconoció al trabajador un 16% de incapacidad y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar un resarcimiento de 240.585 pesos más los intereses de acuerdo con actas de la justicia laboral.
La ART apeló diciendo que el monto indemnizatorio se calculó apartándose de lo dispuesto en la ley, pero la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo desestimó el reclamo de la aseguradora.
“Contrariamente a lo sostenido por la accionada entiendo que la condena recaída en autos no solo resulta insuficiente, sino que incluso violenta normas del más claro orden público”, argumentó la Cámara y agregó que advertía “con asombro” que con intereses el monto total ascendía a “994.405,27 pesos”.
Entendió que era poca plata. “Dicho importe no representa siquiera el 60% de lo que hoy sería el tope mínimo para el grado de minoración que presenta el demandante”, señaló la Cámara Laboral.
Afirmó que “nunca podría perforarse por debajo el piso mínimo establecido por el régimen tarifario especial”.
Como consecuencia, la Cámara aumentó la indemnización a 1.619.177,84 pesos más intereses, desde 2022.
La ART apeló.
La aseguradora argumentó que la sentencia era arbitraria porque, aun cuando la actora no lo hubiera solicitado y no hubiera apelado el pronunciamiento de primera instancia, se decidió aplicar el tope establecido por la resolución 51/2022 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y eso violentaba “el principio de congruencia que, en resguardo del derecho de defensa, debe regir el proceso”.
La Corte Suprema hizo lugar al reclamo de la ART al entender que se incurrió en una “reformatio in peius”, que es la regla que prohíbe al juez de segunda instancia empeorar la pena o el fallo inicial si quien apela es solo el condenado.
“Tal como surge de la reseña, la alzada ha colocado a la única apelante en una peor situación que la resultante del pronunciamiento de primera instancia, violando el límite de su competencia, circunscripto a las cuestiones controvertidas”, dijo la Corte Suprema. Y estimó que “corresponde, por consiguiente, en tanto no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias derivadas de la causa, descalificar la sentencia apelada”.
Así el máximo tribunal revocó el fallo apelado y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
“Una gran mesa antikirchnerista”: el bloque político que gobernadores le proponen a la Casa Rosada para 2027
Una vez finalizada la sesión por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la senadora Patricia Bullrich habló en la puerta del Congreso y dio su opinión sobre por qué algunos apoyos con los que el oficialismo contaba para uno de los capítulos terminaron por caerse. Al hablar de los gobernadores, marcó: “Están pensando más en las elecciones que en los proyectos”.
La sesión de este jueves fue la primera que se produjo en el Palacio del Congreso luego del receso invernal. El debate de los días anteriores y lo acontecido en el recinto dejaron entrever una cuestión simple: a diferencia de otras sesiones, esta fue la primera en la que el panorama electoral del año próximo no estaba soslayado. Es decir, poco a poco, el cálculo por el 2027 se hace cada vez más presente en las consideraciones de los jefes provinciales.
La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete generó buenas impresiones entre los gobernadores. Lo consideran alguien del sistema y que, por ende, tiene vínculos con muchos de ellos desde hace tiempo, lo cual implica una relativa confianza de que no habrá jugadas “por atrás”.
“Nosotros confiamos en Diego. Le está haciendo muy bien a la gestión, pero lo veo en una posición complicada. Tiene que ser el encargado de la gobernabilidad justo cuando el escenario del oficialismo parece débil”, afirmó uno de los gobernadores más importantes del país a Infobae.
Hay varios indicadores que este dirigente utiliza para justificar aquello. Hace poco se conoció que el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que mide la Universidad Di Tella marcó un retroceso del 6,5 % respecto a junio. Hay encuestas observadas por el mercado, como la de Bloomberg y Atlas Intel, que muestran un crecimiento de la desaprobación al Presidente hasta el 62,4 %, muy cerca del pico histórico de los últimos dos años y medio.
“Yo no veo que vaya a mejorar en el mediano plazo. Puede mantenerse estable, pero si empeora, el Gobierno se va a ver debilitado cada vez más en las negociaciones electorales que quiera hacer”, afirma. Infobae supo de más de un mandatario provincial que están deseosos de que la Casa Rosada llame a “una gran mesa” para plasmar un frente antikirchnerista de cara al año próximo.
Quienes lo piensan, creen que debería tratarse de una suerte de demostración de principios de una parte del sistema de partidos con el fin de mostrar los aspectos en común que tienen entre ellos. Buscan dar certidumbre al mercado de cara a lo que se está percibiendo en las últimas semanas: una pérdida de confianza sobre si La Libertad Avanza tiene realmente el camino allanado en una contienda presidencial.
“Tiene que ser un llamado general, en la que no hayan grandes definiciones, pero que sirvan para plasmar lo que nosotros creemos que es un rumbo de país”, afirman.
En el Gobierno no ven que una convocatoria de ese calibre tenga sentido en esta coyuntura. Consideran que, por el momento, tienen que seguir dándose la dinámica de encuentros bilaterales de los miembros de la cúpula política con cada uno de los gobernadores.
“Todavía es más mano a mano que grupal. La reunión más general la deberíamos hacer al final de las negociaciones. ¿Para qué la vas a hacer ahora si todavía tenés que seguir cerrando acuerdos?”, afirma un miembro del oficialismo que conoce de las conversaciones que se están produciendo.
Diego Santilli y Luis Caputo viajarán la próxima semana a Catamarca para encabezar, junto a los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez, la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. La visita, reprogramada por el alerta meteorológica, se da en un contexto de negociación política en momentos en que el oficialismo busca apoyos para su agenda legislativa.
Tanto Jalil como Suárez fueron dos mandatarios que no aportaron a la masa de votos afirmativos en la sesión de ayer, en la que hubo más de una provincia aliada que se terminó oponiendo a las reformas del Gobierno.
Entre quienes se opusieron en la votación en general del proyecto estuvieron el catamarqueño Guillermo Andrada (Convicción Federal) y los santiagueños Elía Esther del Carmen Moreno y Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago). Jalil ha sido uno de los aliados más estrechos del Gobierno y su posicionamiento no pasó desapercibido, pero en el oficialismo creen que se trata de una cuestión coyuntural y que, de alguna manera u otra, se desembocará a un acuerdo electoral.
Los gobernadores aliados que se manifestaron de manera pública y contundente contra el capítulo de Tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incluyeron a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén) y Gustavo Sáenz (Salta). Hugo Passalacqua (Misiones) fue uno de los que contribuyó a dar de baja el capítulo para la compra de tierras por parte de extranjeros.
¿Esto que sucedió es presagio de lo que pueda llegar a acontecer en otras votaciones venideras? No es la lectura que hacen desde los despachos políticos del Gobierno. Afirman que se trató de un caso excepcional y que estuvo signado por diferentes errores políticos por parte de varias alas del oficialismo. Aun así, marcan: “Es cuestión de que se produzca un episodio más de este estilo para que nos empecemos a preocupar”.
“Esto no cambia absolutamente en nada el vínculo con los gobernadores. Muchos estaban a favor. Sí me parece que debilita al Gobierno Nacional como actor negociador”, analizó un operador oficialista que conoce muy bien lo que sucede puertas adentro.
South America / Central America,Government / Politics
POLITICA
El juez Ariel Lijo concentrará todas las causas por los negocios millonarios con el dólar blue durante el cepo
El juez federal Ariel Lijo quedó finalmente a cargo de todas las causas por la maniobra realizada por un grupo de financistas durante la gestión del kirchnerismo que conseguían dólares al precio oficial y los vendían en el mercado paralelo con millonarias ganancias.
Así quedó establecido luego de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti se inhibió de seguir interviniendo en una causa de 2021 contra una casa de cambios.
Antes de la feria judicial, la jueza María Servini ya le había enviado a Lijo su expediente tras una intervención de la Cámara Federal.
De esta manera, Ariel Lijo concentró las tres causas principales vinculadas al “rulo financiero”, una maniobra que tiene en vilo a exfuncionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central de la gestión de Sergio Massa y Miguel Angel Pesce.
En la causa “Marvic”, la jueza Capuchetti, a instancias del fiscal Eduardo Taiano, dijo que hay un “núcleo fáctico común”: la presunta utilización de agencias de cambio y otras entidades para acceder a moneda extranjera al tipo de cambio oficial mediante operaciones sin respaldo económico real o sustentadas en documentación apócrifa, con el fin de lucrar con el diferencial cambiario.
Capuchetti mencionó específicamente operaciones de N y M Cambio S.A. y Marvic S.A.
“Hay una vinculación objetiva, hay relaciones personales, societarias y operativas entre las personas con transferencias entre agencias que aparecen en más de una investigación y las medidas de prueba apuntan a reconstruir operaciones semejantes con las mismas fuentes de información”, argumentó la jueza al momento de aceptar la inhibición;
El expediente principal en manos de Ariel Lijo fue impulsado por el fiscal Franco Picardi e investiga hechos ocurridos entre 2020 y 2023.
Según la hipótesis, financistas, operadores cambiarios y funcionarios públicos habrían intervenido en un mecanismo destinado a conseguir divisas al tipo de cambio oficial mediante distintas casas de cambio para luego derivarlas al mercado paralelo.
Los investigados habrían montado estructuras societarias y operativas diseñadas para eludir las restricciones cambiarias y acceder a volúmenes de divisas muy superiores a los permitidos.
Los indicios muestran que contaban con el beneplácito de autoridades del Banco Central.
El objetivo, según el expediente, era dificultar la trazabilidad de los fondos y obtener billetes físicos que luego se comercializaban en el mercado informal: cuanto más grande la brecha entre oficial y blue, mayor el negocio.
La investigación sumó una segunda línea vinculada con un supuesto circuito de gestión irregular de autorizaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), donde intermediarios habrían facilitado aprobaciones administrativas a cambio de sobornos a funcionarios de distintos organismos, entre ellos el Banco Central.
Las coimas habrían sido de entre el 10% y el 15% para obtener permisos de importación durante el tramo final del gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Massa en Economía.
Las pruebas sobre los trámites irregulares surgieron del teléfono de Martín Migueles, que aportó su clave cuando lo allanaron. El fiscal Picardi identificó a varios de los interlocutores de Migueles y al menos cuatro empresas involucradas.
La causa arrancó en julio del año pasado a partir de una serie de audios aportados por el expolicía Carlos “El Lobo” Smith, contratado por Elías Picirillo, entonces marido de Jésica Cirio, para “apretar” a otro empresario, Francisco Hauque, quien le debía supuestamente seis millones de dólares.
Picirillo le armó una causa a Hauque plantándole cocaína y un arma para presionarlo, con la ayuda del expolicía Smith. Para mejorar su situación, Smith aportó un pendrive con los audios que prueban las maniobras a las que se dedicaba Picirillo, hoy preso en prisión domiciliaria, y Hauque.
En esa causa hay menos cinco funcionarios y 34 empresas en la mira del fiscal. Las casas de cambio investigadas registraron ventas por $660.127 millones entre 2022 y el primer semestre de 2024, con el 91,5% concentrado en 2023.
Entre las personas investigadas se destacan Piccirillo, su exsocio Martín Migueles, Francisco Hauque y Matías Bocca, además de los cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA.
A ellos se agregan los allanados Gonzalo Roberto Calo, más conocido como “Gonzalote”, el financista Fernando Rubén Tacchi y Alejandro “El Turco” Calian.
En un anillo más reciente aparecen Jorge Blanco, a quien un dictamen de Picardi describe como socio de Piccirillo y ubica, a través del Banco Sucrédito, en el presunto circuito de billetes físicos hacia el blue, y el banquero y excandidato Juan Napoli.
La Justicia levantó el secreto fiscal, bancario y bursátil de Napoli Inversiones, y el expediente registra supuestas ventas de dólares de Sucrédito a casas de cambio por US$484 millones.
Entre las casas de cambio y entidades investigadas se destacan Arg Exchange, de Piccirillo y Migueles, que compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar entre enero y diciembre de 2023, Fast Cambio (que según el dictamen del fiscal le compró US$91,7 millones a SuCrédito, mientras Arg Exchange adquirió de Fast Cambio unos US$48 millones), y Fenus y Centenera, que aparecen entre las casas de cambio que recibieron transferencias en pesos de multiplicidad de personas sin registrar operaciones de cambio a su nombre, según el sumario del BCRA que menciona también a Gallo Cambios como origen de dólares.
Los funcionarios del BCRA investigados son Diego Volcic, inspector jefe de Supervisión de Entidades no Financieras; Analía Jaime y Romina García, inspectoras generales de ese sector; Fabián Violante, gerente de Entidades Financieras; y María Fernández, inspectora jefa de Supervisión de Entidades no Financieras.
Todos fueron allanados y sus dispositivos secuestrados; algunos aparecen mencionados en las conversaciones grabadas entre Piccirillo y Hauque.
En medio del tironeo por las causas, Hauque salió a mencionar a exfuncionarios cercanos a Alberto Fernández como el extitular del BCRA Miguel Ángel Pesce. La omisión a otros funcionarios que dependían de Massa generó sospechas y un cruce de reclamos. Los mensajes llegaron a Comodoro Py.
La hipótesis de Picardi es que podrían haber realizado actividades contrarias a sus funciones para favorecer a casas de cambio y financieras vinculadas a Piccirillo.
María Servini ya le había enviado a Lijo su expediente tras una intervención de la Cámara Federal.,surgieron del teléfono de Martín Migueles,el banquero y excandidato Juan Napoli.,Hauque salió a mencionar a exfuncionarios cercanos a Alberto Fernández,Hernán Cappiello,Nicolás Pizzi,Conforme a
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Sindicatos, movimientos e izquierda marcharon por San Cayetano y prometieron profundizar los reclamos callejeros
La movilización por San Cayetano volvió a reunir a sindicatos, movimientos sociales y partidos de izquierda, que tras confluir en la Plaza de Mayo prometieron intensificar los reclamos callejeros.
La jornada comenzó en el santuario de Liniers con una concentración encabezada por las organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y culminó en Plaza de Mayo, en donde se sumaron los sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT), de las dos CTA y sectores de izquierda.
El cierre tuvo una breve introducción a cargo de Alejandro Gramajo, conductor de la UTEP, quien agradeció a aquellos “que han caminado más de 13 kilómetros para seguir defendiendo al pueblo trabajador” y dio lugar a la lectura de un documento que cuestionó con dureza el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.
En ese sentido, el texto cuestionó la premisa oficialista sobre el equilibrio fiscal al manifestar que “se sostiene sobre un creciente endeudamiento y la especulación financiera”, en detrimento de la producción y el empleo.
En otro pasaje se afirmó que el deterioro de las condiciones sociales “no es una crisis inevitable, sino el resultado de decisiones políticas”.
La lectura se centralizó así en el impacto sobre “los sectores más vulnerables”.
En ese marco, el documento defendió “el trabajo registrado, los convenios colectivos, las organizaciones sindicales” y “un Estado presente”.
Finalmente, convocó a fortalecer la unidad del movimiento obrero y de las organizaciones populares para enfrentar las políticas oficiales.
Frente al escenario, que se montó delante de la Pirámide de Mayo (mirando al Cabildo), hubo un recinto destinado a referentes sociales, curas villeros e invitados: el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie. Allí se pudo ver a dirigentes como Emilio Pérsico, el diputado nacional Juan Grabois, el Padre “Toto” de Vedia y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.
“Le estamos pidiendo un milagro a San Cayetano que es tierra, techo y trabajo”, señaló Pérez Esquivel, que fue uno de los oradores antes del cierre.
Las CTA de los Trabajadores y la Autónoma arribaron por Diagonal Norte y acompañaron de cerca, junto al gremio de los estatales ATE.
En tanto, la CGT ingresó por Diagonal Sur y tuvo un papel secundario.
El grueso de la central obrera se mantuvo sobre la avenida lateral Yrigoyen y no subió a la plaza, que lució a medio llenar. Aun así, hubo presencias de casi todos los sindicatos y de buena parte de los directivos de la primera plana que se congregaron en la cabecera de la columna cegetista.
Ahí estuvieron los triunviros Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), junto con José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), entre otros.
La nueva movilización se desarrolló un día después de la masiva protesta frente al Congreso contra el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada del Gobierno, una jornada que derivó en graves incidentes por los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos de manifestantes, en su mayoría cuando las columnas de las organizaciones políticas y dirigentes que desfilaron ya se habían retirado.
Tras el final, Grabois cuestionó el uso de la fuerza policial durante la movilización de ayer, al señalar que el Gobierno “nos tiene acostumbrados a operativos de ese tipo” y afirmar que el despliegue de fuerza refleja “una debilidad en las ideas” por parte de la administración de Milei.
Pablo Moyano, que más temprano se mostró con la columna de Camioneros, también se refirió a la sesión de ayer en el Senado. “Se logró un objetivo, que fue voltear la ley de tierras, que era venderlas al extranjero”, afirmó. En esa línea, lanzó una provocadora frase contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien responsabilizó por la iniciativa: “Sturzenegger, la tenés adentro porque no pudiste vender las tierras al extranjero”, lanzó Moyano.
A pesar de los incidentes, Moyano desafió: “La calle va a seguir intensificándose con los reclamos”.
El titular de La Bancaria y diputado nacional, Sergio Palazzo, fue otro de los secretarios generales presentes que marchó con la columna de su sindicato, de extracción más kirchnerista. “Cuando ves que el nivel de los ingresos cae y el nivel de endeudamiento de las familias aumenta, empieza a tener otro componente la calle”, aseveró.
Las organizaciones de izquierda, por su lado, se plegaron tras concentrar en Plaza Constitución, encabezadas por el Polo Obrero, con el foco de rechazo al cierre definitivo del programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo).
Semanas atrás, un reclamo encabezado por la UTEP y el Polo Obrero en Puente Pueyrredón por la restitución del programa había derivado en incidentes con las fuerzas policiales.
Aunque de manera casi testimonial, la CGT repitió con la marcha de San Cayetano su estrategia de reforzar las protestas en las calles. Ahora, como adelantó , la conducción de Azopardo 802 ya trabaja en la organización para la última semana de agosto de una “gran marcha federal”, con epicentro en el Ministerio de Economía, bajo consignas por “el endeudamiento de las familias trabajadoras”.
Aunque puertas adentro los dirigentes admiten la dificultad para recuperar el poder de convocatoria y la capacidad de movilización de otras épocas, apuestan a capitalizar “el creciente malestar social” para confluir en “una protesta significativa” ante el Palacio de Hacienda.
Manuel Casado,Conforme a
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