El Gobierno prepara nuevos cambios en la estructura de la Jefatura de Gabinete y Diego Santilli suma poder sobre áreas que hasta ahora estaban vinculadas al esquema de Santiago Caputo. En Nación aseguran que el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, no seguirá en su cargo y que su reemplazante será definido por el jefe de Gabinete.

El Ejecutivo mantiene la decisión pese a que en el entorno de Genua niegan su salida. En los distintos sectores de la mesa chica sostienen que “Genua ya está afuera” y remarcan que la discusión ahora pasa por el lugar que ocupará su reemplazante dentro del nuevo esquema de poder que se abrió tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.

La Casa Rosada no descarta que Genua continúe en otro lugar de la Administración Pública, pero advierte que ya no seguiría al frente de Innovación. Se trata de un funcionario identificado internamente con el asesor presidencial Santiago Caputo y su eventual desplazamiento es leído como parte de la reconfiguración de fuerzas dentro del oficialismo.

En Balcarce 50 explican que Santilli pondrá al próximo secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología. La decisión se complementa con el traspaso de áreas estratégicas hacia la órbita del jefe de Gabinete y de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, encabezada por Gustavo Coria.

En el entorno del jefe de Estado también anticipan cambios en las cúpulas de los organismos que pasaron a depender de la estructura de Coria. En especial, mencionan modificaciones en ARSAT y en áreas vinculadas a la Subsecretaría de Innovación, que encabeza el abogado Enrique Carrizo.

El Gobierno viene de formalizar un reordenamiento de competencias que fortaleció a Santilli y a su equipo. ENACOM y la Agencia de Acceso a la Información Pública quedaron bajo la órbita directa del jefe de Gabinete, mientras que ARSAT y el Correo Argentino pasaron a depender de Coria, uno de los funcionarios de máxima confianza de Santilli. En la documentación oficial publicada esta semana también aparece la nueva centralidad de la Vicejefatura del Interior: Santilli delegó allí la facultad de asignar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias.

El Ejecutivo lee ese movimiento como una señal de empoderamiento del jefe de Gabinete. En el entorno de Karina Milei lo celebran como una avanzada sobre áreas que venían siendo asociadas al esquema de Caputo. “Se está descongelando lo que arrancó luego de los cambios en Justicia”, agregan.

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En la Casa Rosada, sin embargo, hay lecturas contrapuestas. En el entorno de Caputo rechazan que se trate de una ofensiva contra el asesor presidencial y sostienen que los movimientos fueron parte de un “acuerdo” múltiple dentro de la administración. Buscan instalar que no hay desplazamiento político, sino una reorganización de funcionamiento.

En Balcarce 50 intentan ubicar la decisión en un punto intermedio. En sectores neutrales de la interna remarcan que la lógica detrás de los cambios es “empoderar a Santilli” y descartan que haya una decisión de correr a Caputo de la mesa chica. Bajo esa lectura, el jefe de Gabinete gana herramientas de gestión sin que eso implique una ruptura con el asesor presidencial.

En el entorno del primer mandatario prevén que las modificaciones se concreten esta semana. En despachos oficiales aseguran que los nombres terminarán de definirse durante el fin de semana y que las designaciones deberán quedar oficializadas a más tardar entre miércoles y jueves.

En el Gobierno sostienen que, por ahora, no están previstos cambios en otras áreas sensibles, como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En ambos casos, en Nación remarcan que no forman parte del paquete de movimientos que se negocia para esta semana.

En el Ejecutivo también aseguran que Daniel Scioli recuperará el área de Deportes y que la nueva designación saldrá en los próximos días. La estructura de Turismo, Ambiente y Deportes ya aparece dentro de la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior en documentos oficiales previos, pero en el oficialismo diferencian ese encuadre administrativo de la nueva designación política que preparan para el área.

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La Casa Rosada busca cerrar esos movimientos antes de que vuelva a tomar volumen la agenda política posterior al Mundial. Ponen la mira sobre el eventual recibimiento de los jugadores de la Selección, gane o pierda la final del domingo, y evalúan si esa jornada estará acompañada por un asueto o feriado.

En Balcarce 50 saben que el calendario deportivo condiciona la comunicación de cualquier reordenamiento interno. Por eso, en distintos despachos esperan que la definición de nombres se haga durante el fin de semana y que las oficializaciones salgan una vez despejado el operativo de recibimiento de la Selección.

En el oficialismo también miran esos cambios como el inicio de una etapa más amplia. En algunos despachos advierten que el desplazamiento de Genua y las modificaciones en ARSAT e Innovación pueden funcionar como “puntapié” para acelerar otros procesos dentro del Estado, en especial en áreas con peso presupuestario, tecnológico o regulatorio.

Gobierno, Diego Santilli, cambios

Al interior del Gobierno afirman que “falta muy poco” para la publicación de los pliegos para la privatización del Belgrano Cargas y Logística, una de las compañías públicas que había sido dispuesta para su venta en la sanción de la Ley Bases. Tres fuentes de diferentes sectores del Poder Ejecutivo afirman que, a diferencia de instancias anteriores, debería ser cuestión de días para que las condiciones de privatización de la empresa salgan en el Boletín Oficial.

“Debería estar pronto”, confirmó una fuente inobjetable a Infobae, que agrega que el timing de la publicación sigue estando en la revisión en manos de las plumas legales del Ministerio de Economía. Desde esta última área se limitaron a decir que “todas las medidas que se toman se anuncian oficialmente”.

La Casa Rosada quería comenzar a mostrar avances en las privatizaciones dispuestas en la Ley Bases a comienzos de año, pero el inicio de ese proceso para el Belgrano Cargas tuvo una serie de revisiones cruzadas entre diferentes áreas del Gobierno que forzó a demorarlo más.

Y es que se trata de una de las concesiones más importantes que se pueden poner en juego en la Argentina debido tanto al impacto que supone a nivel de infraestructura y en la matriz productiva como por los 50 años que se estipula en el pliego licitatorio. Se espera que haya un plazo de 90 días para que las empresas interesadas se presenten y que para fin de año o comienzos del próximo se determinen las adjudicatarias.

El proceso abarcará las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que hoy integran Belgrano Cargas y Logística S.A., la empresa estatal que transporta granos, insumos industriales y otras mercaderías desde las economías regionales hacia puertos y centros de consumo. La compañía también administra la infraestructura ferroviaria, el material rodante y los talleres del sistema.

La licitación cambiará el formato de las concesiones ferroviarias de los años 90, porque el negocio se dividirá en tres procesos independientes: la administración de las vías, los talleres y el material rodante. Ese diseño permitirá que una empresa compita por una operación integrada o que distintos actores se repartan cada unidad de negocio.

La novedad que se conoció por estos días es que se habilitará la opción que una empresa o grupo pueda presentarse para todas las unidades en simultáneo.

Es algo que interesa de particular manera a la compañía Ferromex (Grupo México), el principal postulado extranjero para operar de manera integral la red ferroviaria del Belgrano Cargas en Argentina. La compañía impulsa un plan de inversiones de hasta 3.000 millones de dólares para modernizar las líneas estatales.

Pero también figuran otros actores de relevancia en la compulsa, aunque no están precisamente interesados en todas las ramas del negocio. El principal competidor es el consorcio de cerealeras integrado por Bunge, Cargill, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Aceitera General Deheza (AGD) y Louis Dreyfus Company (LDC). También aparecen empresas argentinas ligadas a la infraestructura ferroviaria, como Grupo Roggio.

Para incentivar las presentación de compañías, el Gobierno publicó meses atrás el decreto 282/2026, el cual oficializó la decisión de vender el material rodante -como vagones y locomotoras- y que el monto que ingrese a las arcas estatales sea direccionado directamente para financiar y pagar obras sobre las vías que buscan ser concesionadas.

La transferencia de la operación de la principal red ferroviaria de cargas del país a capitales privados busca, a su vez, forzar un ciclo de inversiones para revertir la baja densidad de carga, los altos costos fijos y el deterioro de la infraestructura. La búsqueda ideal de todo el proceso es incrementar el volumen de capacidad de los transportes para mejorar costos operativos y de rentabilidad del servicio.

Se estima que el plan de obras ferroviarias propiciadas por el Estado sean cercanas a los 800 millones de dólares y que la venta del material rodante cubra algo más de la mitad de este monto.

Otro de los atractivos que colocó el Gobierno para los inversores será que los montos destinados a la concesión por parte de los privados se encuadrarán en los beneficios del RIGI.

Asimismo, el nuevo esquema aplicará plenamente el sistema de acceso abierto previsto en la Ley 27.132 de 2015 para los servicios ferroviarios de cargas. Esa modalidad permite que cualquier operador transporte mercaderías entre distintos puntos de la red, sin depender de la titularidad de las instalaciones de carga o destino, mediante el pago de un canon. El modelo habilita a que una compañía pueda utilizar locomotoras y vagones propios o contrate a un operador privado y pague un peaje por usar las vías.

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El miércoles a la noche, con la euforia en las calles del triunfo contra Inglaterra, y la bandera por Malvinas hecha con sábana blanca y aerosol posada en el pasto verde del estadio de Atlanta, recorriendo el mundo, Javier Milei se comunicó con Gianni Infantino, el titular de la FIFA.

Ya había recibido el mail obvio de invitación a la final de la Copa, pero la conversación tenía un foco solo anclado en esa escalada indetenible que contiene la herida abierta de las Islas Malvinas para cualquier argentino, un punto nuclear que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había puesto a arder con declaraciones previas al partido cuando dijo: “Está definido que ni mensajes de odio ni contenido político, y ‘las Malvinas son argentinas’ es un mensaje político”. Algo parecido al terror atravesó las mentes de varios funcionarios de alto rango cuando la vieron por televisión. Sus dichos le valieron la implementación de un bozal comunicacional en el que quedará -dicen- hasta después del domingo mientras está a cargo de las más sensibles de las tareas: el operativo que vendrá con la vuelta de la Selección al país.

Alrededor del Presidente, aseguran que Infantino le trasladó quejas del Gobierno británico por la bandera, pero que fue naturalmente una charla en buenos términos. Milei sostuvo a los suyos que Infantino también le habló de Victoria Villarruel. Esa combinación acelerada de factores con el fútbol y Malvinas en el medio hizo que durante 24 horas el Gobierno acelerara un mensaje urgente de nitidez sobre la comprensión de un dolor y una demanda social históricos y sobre la posición oficial con respecto a la soberanía de las islas, una zona donde discuten capital simbólico con Villarruel. Son, a esta hora, vestigios de política que desaparecen ante la inminencia de lo que pasa.

Las horas que faltan hasta la resolución de la Copa del Mundo son un tiempo de descuento completamente abarcador. Absoluto. Para la Rosada, como pasó hace casi cuatro años post Qatar, se impone una responsabilidad gigantesca sobre el operativo que tendrá que suceder una vez que Leo Messi y el equipo pisen suelo argentino. Sobre todo porque sin importar el resultado, está descartado que el país querrá recibirlos. Es la última de Leo.

En la reunión de la mesa política de esta semana, se expresó esa preocupación. Diego Santilli repite ritual desde otro lugar: en 2022 era ministro de Seguridad porteño, ahora jefe de Gabinete. Aquella caravana mágica, pero descontrolada estuvo plagada de diálogos inolvidables y por momentos irreproducibles entre Tapia, Berni, Santilli, tratando de ordenar el recorrido con el colectivo frente a los más de cinco millones de argentinos que querían saludar a la Selección. Nadie quiere que ese caos se repita porque salió bien de milagro. ¿Es cierto que el Gobierno piensa en un asueto?

El Presidente, que tiene un diálogo que se desconocía con Lionel Scaloni, manda mensajes ofreciendo opciones sin esperar respuesta. Así fue que no solo pública, sino privadamente propuso vaciar la Rosada y dejarla para los festejos. Hay miedo en la organización de la Seguridad porque cinco millones de personas queriendo llegar a la Plaza de Mayo puede ser una encerrona.

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Chiqui Tapia, en el contexto de esta pelea muchas veces engañosa e indescifrable con el Gobierno, esta evitando diálogo directo con funcionarios de alto rango y viceversa. Aseguran en la Rosada que el ministro de Justicia, de buen diálogo con Tapia, no activó ese canal. Nadie se lo pidió. Se están dibujando entre los equipos de Seguridad y la AFA en Buenos Aires algunas opciones. “Esto va a ser igual que en Qatar. Leo y los jugadores terminan el partido, van al vestuario y en algún momento avisan lo que quieren. Lo que quieran, se hará”, dice alguien de alto rango que sabe de estas gestiones. Se habla de armar un escenario en el Obelisco, de bajar ahí a los jugadores el martes a la mañana. ¿Es verdad que el Chiqui Tapia está buscando canales para darle algún protagonismo político a alguien del gobierno bonaerense? Intereses personales en medio de la felicidad colectiva.

Mientras nadie nos ve

La feria judicial empezó el viernes. Un impasse conveniente para la adrenalínica cantidad de movimientos implementados mientras mirábamos el Mundial. A la vuelta del receso del Poder Judicial, podrán verse resultados. Un éxito indiscutible de gestión. Cabe preguntarse si para el lado de la Justicia. Un pequeño recap de cosas que pasaron los últimos días y muestran la intensa aceleración de hechos trascendentes:

• El Senado prorrogó por cinco años el mandato del juez que dio de baja la cautelar que frenaba la reforma Laboral promovida por el Gobierno. Víctor Pesino cumplía 75 años y al día siguiente de su fallo -en mayo pasado-, el gobierno pidió al Senado que avale su continuidad a pesar de tener la edad para jubilarse.
• La misma suerte que tuvo el papá del ministro de Justicia, Coco Mahiques, un juez de Casación que llegó al máximo tribunal penal del país trasladado desde el fuero ordinario (es decir, no concursó para este puesto). Cumplió 75, el Gobierno pidió su continuidad y el Senado lo avaló abrumadoramente ya hace un tiempo.
• Esta misma semana salió el decreto presidencial designando jueza a la esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo la fangosa investigación por la cripto Libra. Quiso la casualidad que en la previa al partido contra Cabo Verde, Martínez De Giorgi firmara un fallo que dejó afuera de la causa a los querellantes -esto es, a las supuestas víctimas de la estafa y principales promotores del avance de la causa-. Poco más de diez días después, su mujer se convirtió en magistrada. Ahora, la revisión de ese fallo, que pone en jaque el esclarecimiento de la maniobra en el caso Libra -probablemente el que más preocupa a los hermanos Milei- está en manos de la Cámara Federal, el tribunal de apelaciones de las causas que tramitan en Comodoro Py. Es un laberinto tedioso de comprender pero imprescindible. En la Sala I, dos de sus integrantes son jueces que fueron trasladados -como Mahiques- durante el macrismo desde otro Tribunal. Son Bruglia y Bertuzzi, magistrados fundamentales en la confirmación de las investigaciones de las causas de corrupción del kirchnerismo. Un fallo de la Corte pidió regularizar los jueces designados por traslados y hacer los concursos, pero esa condición se aplicó sólo a estos casos, no a todos los magistrados. Por eso Bruglia fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bertuzzi eligió concursar. Quedó en el puesto 22 de orden de mérito, pero en la entrevista personal que le hizo el Consejo de la Magistratura logró escalar exitosamente hasta quedar en la terna que ahora el Gobierno mandó al Senado junto a Pablo Yadarola, otro magistrado que ocupará una de las posiciones en la Cámara Federal. Un éxito de locuacidad. El asunto es, para simplificarlo: en la segunda semana de agosto, Bruglia, Bertuzzi y Llorens tienen la audiencia para validar o no lo que hizo el juez Martínez de Giorgi con el fallo por Libra. Bertuzzi -que está a punto de ser avalado por el Senado-, ¿qué opinará? Son intrigas sobre un movimiento terminado. La Cámara inaugurará muy pronto una nueva composición y habrá que mirar con atención la nueva era.
• La suerte de Manuel Adorni se está plasmando en un documento revelador. Los peritos contables de la DAFI están entregando el peritaje de su patrimonio donde todo lo que dijo se cotejó con las pruebas que se juntaron. Desaparecido de la escena, Adorni deberá volver después de la feria para responder el requerimiento de justificación patrimonial de todo el escándalo que lo tuvo de protagonista durante casi cuatro meses. ¿Habrá sorpresas?
• Hechos desopilantes están sucediendo también alrededor de la investigación por la mansión de Pilar adjudicada a Toviggino. En Y Mañana qué, por TN, revelamos en octubre la existencia de esa chacra fastuosa mientras se iniciaba una investigación judicial que ya lleva más de siete meses, trece magistrados interviniendo, demoras imposibles de explicar, intervenciones de tribunales de distinta jerarquía y fueros y ninguna declaración indagatoria. En plena euforia mundialista, otro fallo más vino a ayudar a este trámite pastoso: los jueces Barroetaveña y Borinsky de Casación aceptaron ahora un pedido de los supuestos testaferros de Toviggino para que se discuta si se investiga en el fuero en lo Penal Económico o en la justicia criminal y correccional Federal. Aburre y suena a tecnicismo, pero es una gema de la técnica del dislate. Barroetaveña, para más datos, es un juez que hasta hace unos meses presidía el Tribunal de Ética de la AFA y se hizo famoso por firmar un fallo desde ese órgano resolviendo que Chiqui Tapia no tiene condición de Persona Políticamente Expuesta ante organismos antilavado. Una verdadera osadía administrativa. Ahora, justo en la semana finalista, Barroetaveña con Borinsky aceptaron a pedido de los acusados de ser testaferros de Toviggino volver a discutir en una audiencia el 13 de agosto, qué magistrado finalmente investigará si hubo lavado de dinero en la construcción de la mansión de Pilar. La causa entonces, sigue sin movimientos y sin juez. Argentina, no lo entenderías.

Javier Milei, Axel Kicillof, Chiqui Tapia