POLITICA
El Gobierno apeló la sentencia que lo obligaba a pagar las deudas con PAMI y otros prestadores de salud
El Gobierno apeló la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja, que ordenaba regularizar en un máximo de 72 horas los pagos adeudados por el PAMI y el programa Incluir Salud a prestadores de servicios para personas con discapacidad.
Según el fallo, la apelación fue concedida con efecto devolutivo, lo que implica que la cautelar mantiene su vigencia hasta que la Cámara Federal se pronuncie.
La resolución judicial surgió de un amparo colectivo y el juez Vaca Narvaja dispuso que el Estado nacional pague las deudas en un plazo máximo de 72 horas y fijó una vigencia de seis meses para la cautelar, o hasta el dictado de una sentencia firme.
El fallo busca garantizar la continuidad de tratamientos, medicamentos y prestaciones esenciales para beneficiarios de pensiones no contributivas y titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), ante el riesgo de interrupción de servicios.
En sus fundamentos, el magistrado señaló que el Estado nacional se encuentra “en mora” en el cumplimiento de sus obligaciones y advirtió sobre las “demoras crónicas” en los pagos a prestadores, así como el “riesgo inminente” para las personas con discapacidad.
La apelación presentada por las autoridades nacionales no suspende los efectos de la cautelar. De esta manera, PAMI e Incluir Salud deben continuar con el proceso de regularización de pagos mientras se tramita el recurso ante la Cámara Federal.
El caso
La medida fue impulsada por el colectivo Defendamos Córdoba, junto a otras instituciones como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y centros terapéuticos locales.
La denuncia de los demandantes sostiene que los prestadores no cobran lo que debe pagar el Estado, por lo que las terapias de niños, adultos mayores y personas con discapacidad se ven interrumpidas y los medicamentos dejan de entregarse.
En ese contexto, Vaca Narvaja instó al Pami y al Ministerio de Salud a cumplir con los pagos, “evitando dilaciones, suspensiones e interrupciones, debiendo a tal fin arbitrar todas las medidas que resulten necesarias para su cumplimiento, bajo apercibimiento”.
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Al dictar la sentencia, el juez citó un informe del programa Incluir Salud del Ministerio de Salud de la Nación respecto a las demoras en los pagos a prestadores. Allí, la cartera que conduce Mario Lugones argumentó que la falta de pagos responden a «un proceso de reordenamiento estructural del área orientado a corregir desvíos acumulados y garantizar su sostenibilidad, como consecuencia de los resultados de la intervención del organismo».
En ese sentido, el reporte sostiene que “la transferencia del Programa al ámbito del Ministerio de Salud de la Nación implicó la incorporación a los estándares de gestión propios de la Administración Pública Nacional centralizada, generando demoras en la etapa inicial de tramitación de los pagos».
PAMI, Gobierno, salud
Luego del trágico accidente en San Juan, donde siete personas perdieron la vida tras la caída de un helicóptero en el Parque Provincial Ischigualasto, el gobernador Marcelo Orrego decidió suspender su agenda internacional y regresar al país para acompañar a la familia y allegados de las víctimas.
El mandatario provincial llevaba a cabo una misión oficial en Londres y tenía como próximo destino Estados Unidos, pero ante el fatal accidente tomó la determinación de volver a San Juan.
A su vez, decretó tres días de duelo, dispuso que las banderas permanezcan a media asta y canceló los actos oficiales por la “profunda conmoción” que generó el accidente, según confirmó la Gobernación sanjuanina mediante un comunicado.
Según pudo saber de fuentes cercanas al mandatario, por las distancias y los vuelos su llegada está estipulada para el sábado a la noche o el domingo por la mañana.
Por otro lado, la Gobernación está evaluando los tiempos judiciales previo a definir un acto oficial de homenaje a las víctimas.
En tanto, la comitiva oficial que acompañaba a Orrego durante la misión internacional continuará con la agenda técnica prevista con el fin de garantizar la continuidad de los compromisos institucionales asumidos.
Asimismo, el Ejecutivo provincial ratificó que todas las áreas continúan trabajando para “brindar acompañamiento y contención a las familias en este momento de profundo dolor”.
El accidente
El siniestro se produjo el miércoles a las 10, cuando el helicóptero en el que iban a bordo siete personas cayó -por motivos que aún son de investigación- en el Parque Provincial Ischigualasto, al noreste de San Juan.
Entre los fallecidos, se hallaban cuatro altos mandos provinciales: Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos.
“Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones”, manifestó Orrego vía X.
Además, perdieron su vida Matías Valenzuela, piloto de la aeronave y Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).
Según informó la AFE -que depende del ministerio de Seguridad- la aeronave estaba siendo utilizada para brindar una capacitación en San Juan y tenía como destino final La Rioja, donde “debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal”.
“El último contacto con el helicóptero se registró a las 10:26 horas. Posteriormente, otra aeronave que se encontraba en la zona localizó el lugar del impacto y dio aviso a las autoridades”, agregó.
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POLITICA
La oposición rechazó el DNU migratorio de Milei y buscará frenarlo en el Congreso y la Justicia
La oposición rechazó el DNU 681/2026 firmado por el presidente Javier Milei y adelantó que impulsará acciones tanto en el Congreso como en la Justicia para intentar que sea declarado inconstitucional.
El cuestionamiento apunta a las modificaciones introducidas en la Ley de Migraciones, que incorporan nuevas causales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros que inciten al odio o a la violencia contra ciudadanos argentinos por su nacionalidad, así como de quienes participen en actos de ultraje a los símbolos patrios.
Desde distintos bloques opositores, que sostienen que el decreto vulnera garantías constitucionales, cuestionan tanto su contenido como la decisión del Gobierno de avanzar por la vía del DNU. Además, anticiparon que buscarán su derogación en el Congreso mientras preparan presentaciones judiciales para frenar su aplicación.
Para el diputado socialista por Santa Fe, Esteban Paulón, la medida es “inconstitucional” y carece de efectos prácticos. El legislador advirtió que la norma pretende establecer sanciones administrativas sin el debido proceso ni la intervención del Poder Judicial, por lo que confirmó a TN que impulsarán su derogación y acudirán a la Justicia.
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“Es un decreto que solo declama una intención con fines políticos, sin aplicabilidad real en nuestro ordenamiento jurídico”, afirmó Paulón.
El diputado también vinculó la decisión del Gobierno con el contexto político generado tras la polémica por las restricciones al uso de símbolos vinculados con las Islas Malvinas durante el Mundial. Según sostuvo, el oficialismo intenta recuperar respaldo apelando a un discurso nacionalista.
“Hay una sobreactuación de nacionalismo orientada a encubrir los errores políticos cometidos durante el certamen deportivo y a capitalizar el fervor patriótico de la sociedad. Intentan camuflar con este decreto la falta de postura en el partido contra Inglaterra, pretendiendo tapar con demagogia lo que no supieron defender en su momento”, señaló.
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Las críticas también llegaron desde Unión por la Patria. La diputada Florencia Carignano, exdirectora nacional de Migraciones, sostuvo que existe una contradicción entre el contenido del decreto y el discurso del oficialismo.
“Lo irónico del DNU que acaba de sacar este Gobierno es que sea justo un Gobierno que hace de los mensajes del odio una política de Estado. Si todos los países hiciesen esto, Javier Milei no podría entrar en varios. Se me ocurren por lo menos ocho: Brasil, Chile, México, el Vaticano, España, Colombia, China y Venezuela”, afirmó.
Mientras que el diputado Jorge Taiana le dijo a TN: “El decreto publicado por el Gobierno nacional confirma el carácter racista, xenófobo y discriminatorio de las políticas de Milei y su gabinete”.
“Desde el Congreso vamos a hacer todo lo necesario para frenar este decreto y evitar este nuevo retroceso en materia de derechos”, agregó.
El recorrido parlamentario del DNU
De acuerdo con la Ley 26.122, el jefe de Gabinete debe remitir el DNU a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso dentro de los diez días hábiles posteriores a su firma para que emita dictamen.
La comisión, integrada por 16 legisladores —ocho diputados y ocho senadores—, aguarda el envío por parte del jefe de Gabinete, Diego Santilli. El cuerpo es presidido por la senadora libertaria María Belén Monte de Oca.
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Una vez emitidos los dictámenes, el decreto deberá ser tratado en ambas cámaras. Para que un DNU pierda vigencia es necesario que tanto la Cámara de Diputados como el Senado lo rechacen formalmente. Si solo una de las cámaras lo rechaza o aprueba, el decreto continúa vigente.
Ese fue el caso del DNU 70/2023, el primer decreto de necesidad y urgencia dictado por Milei, que introdujo una amplia desregulación y derogó distintas normas. Aunque fue rechazado por el Senado, nunca fue tratado por la Cámara de Diputados, por lo que continúa en plena vigencia.
Críticas por los cambios a la Ley de Tierras
Durante el debate sobre el DNU también surgieron cuestionamientos vinculados con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que actualmente analiza el Senado y que incluye modificaciones a la Ley de Tierras.
El diputado de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, sostuvo que existe una contradicción entre el discurso oficial sobre la defensa de la soberanía y la iniciativa que impulsa el Gobierno.
“Se hacen los patriotas por DNU por una polémica de redes, mientras preparan la mayor entrega de nuestras tierras para la votación del 6 de agosto. Los símbolos nacionales se respetan, pero la soberanía territorial de la Argentina no se remata”, afirmó.
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En la misma línea, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro aclaró que el debate no pasa por impedir inversiones, sino por preservar recursos estratégicos.
“No se trata de impedir inversiones ni la compra y venta de tierras. Se trata de preservar nuestros acuíferos y reservas de agua dulce, proteger el desarrollo nuclear y científico-tecnológico, resguardar las zonas de frontera y garantizar que estos recursos estratégicos no queden a merced de futuros condicionamientos o discrecionalidad”, sostuvo.
Las modificaciones propuestas también fueron cuestionadas por Unión por la Patria tras una reunión encabezada por el diputado Germán Martínez y el senador Marcelo Lewandowski.
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Martínez afirmó que la iniciativa “está diseñada para facilitar la concentración y la extranjerización de vastas extensiones de tierras ubicadas en zonas estratégicas del territorio argentino” y convocó a “aprovechar al máximo este tiempo para la acción militante” con el objetivo de frenar el avance del proyecto.
Por su parte, Lewandowski calificó la propuesta como “un estatuto tecno-legal del coloniaje” y advirtió sobre sus posibles consecuencias.
“La ley de tierras no es solamente una cuestión de soberanía limítrofe, es también la tierra de nuestra pampa húmeda. Imagínense cuando vengan con el dinero a comprar de a 500 o de 800 hectáreas: van a quedar grandes pooles de siembra, grandes corporaciones que van a determinar cómo vamos a sembrar en nuestra pampa”, concluyó.
Migraciones, DNU, Extranjeros, inmigrantes en la Argentina, Diputados
POLITICA
Grabois volvió a hablar sobre su reunión con Peter Thiel y dijo que “siempre defenderá los mismos intereses”
El diputado de Unión por la Patria (UxP) y referente de Patria Grande, Juan Grabois, volvió a hablar este jueves sobre su visita de principios de junio al multimillonario empresario tecnológico Peter Thiel, aliado de Donald Trump e instalado en Argentina, y dijo ante las suspicacias que generó ese encuentro que “siempre defenderá los mismos intereses”.
“Yo siempre voy a defender los mismos intereses. Y además hay un elemento que ya dije, pero lo voy a decir con mayor claridad. Esta es una reunión que gestionaron las personas de la Santa Sede de Roma, con las que yo trabajé durante muchos años con Francisco”, reiteró.
Grabois volvió a señalar que la reunión, que tuvo lugar el 3 de junio, estuvo vinculada a la discusión sobre la nueva encíclica del Papa León XIV y la necesidad de comprender el proyecto impulsado por lo que llamó las “élites tecnocráticas”.
“Acá hay una visión de los sectores tecnocráticos de que tienen la oportunidad de hacer lo que en otros países, incluido Estados Unidos, no pueden hacer. Porque hay un elemento vinculado a este concepto aceleracionista de quitar cualquier control y generar zonas liberadas para poder experimentar y desarrollar cosas que son inseguras para el resto de la humanidad”, planteó Grabois en declaraciones a El Destape Radio.
Y advirtió sobre una supuesta “idea de prescindir de los controles políticos y delegar la soberanía en corporaciones tecnocráticas, que el día de mañana quieren gobernar, porque esto no es simplemente una élite o una oligarquía sino una plutocracia: quieren gobernar y definir las líneas civilizatorias”, acotó.
El encuentro con Thiel
La reunión había tenido lugar el 3 de junio, pero el dirigente, cercano al kirchnerismo y a la ex presidenta Cristina Fernández, no había hablado públicamente sobre esa cita, que en su momento llamó la atención en los sectores populares.
El magnate
Después de haberse reunido con el presidente Javier Milei, Thiel se instaló a comienzos de abril en Buenos Aires de manera temporal con su marido y sus hijos. El magnate compró una mansión de seis dormitorios en Barrio Parque, la exclusiva zona de Buenos Aires en la que se ubican las principales sedes diplomáticas en el país.
El empresario es una de las figuras más influyentes y controvertidas de Silicon Valley. Nacido en Alemania y criado en Estados Unidos, hizo su primera fortuna en California como cofundador junto a Elon Musk de PayPal, la plataforma de pagos digitales que luego vendería para crear Founders Fund.
Se convirtió en uno de los inversores más exitosos del sector tecnológico: lanzó inversiones tempranas en Facebook y en pequeños emprendimientos que luego se convirtieron en gigantes de la tecnología.
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