El intendente de Morón, Lucas Ghi, deberá dar explicaciones ante el Concejo Deliberante luego de que la oposición lograra aprobar un pedido de interpelación por el caso de Luna Ortigoza, la exdirectora de Políticas de Género y Diversidad del municipio, a quien le encontraron más de medio kilo de cocaína durante un operativo judicial.

La decisión fue avalada este jueves en una sesión extraordinaria atravesada por fuertes cruces políticos y acusaciones entre oficialismo y oposición. Con 16 votos afirmativos, los concejales opositores consiguieron avanzar con la citación formal al jefe comunal.

Ortigoza está prófuga y es investigada por la Justicia en una causa vinculada al narcotráfico. El caso impactó de lleno en la gestión local y abrió cuestionamientos sobre los mecanismos de control y selección de funcionarios.

A partir de la aprobación de la interpelación, Ghi deberá presentarse en el recinto dentro de los próximos cinco días hábiles para responder preguntas sobre los antecedentes de la exfuncionaria, los procedimientos de contratación y las medidas adoptadas desde que se conoció la investigación judicial.

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Durante el debate, desde La Libertad Avanza insistieron en que el intendente debe asumir la responsabilidad política por las personas que integran su gabinete. La concejal Alejandra Liquitay cuestionó además que el oficialismo intentara minimizar el pedido y aseguró que los vecinos exigen respuestas claras frente a un hecho de semejante gravedad.

“La preocupación no es solamente política, también es social”, sostuvo la edil, al advertir sobre el impacto del narcotráfico en los barrios más vulnerables del distrito. También reclamó que el Ejecutivo brinde explicaciones institucionales en el Concejo y no únicamente a través de declaraciones públicas o medios de comunicación.

Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron las acusaciones de encubrimiento y defendieron la actuación del municipio. La concejal Vanina Moro, del espacio Movimiento Derecho al Futuro, afirmó que tanto Ortigoza como otra trabajadora municipal investigada en una causa distinta fueron apartadas de sus cargos apenas se conocieron las imputaciones judiciales.

Además, aseguró que toda la documentación requerida fue entregada a la Justicia y remarcó que la gestión colaboró desde el primer momento con la fiscalía y la jueza a cargo de la investigación. “La Justicia juzga personas y nosotros gobernamos”, expresó Moro durante la sesión, donde también advirtió sobre el riesgo de estigmatizar a trabajadores municipales y vecinos a partir de un caso individual.

El debate dejó al descubierto las tensiones políticas que atraviesan al distrito y reavivó las discusiones sobre los controles internos dentro del Estado municipal. Desde la oposición reclamaron revisar los mecanismos de ingreso de personal y reforzar las herramientas de prevención para evitar nuevos episodios de este tipo.

Mientras tanto, la expectativa ahora está puesta en la presentación que deberá realizar el Ejecutivo local ante el Concejo Deliberante, en una causa que ya escaló del plano judicial al centro de la disputa política en Morón.

Morón, cocaina, escándalo

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El Concejo Deliberante de Morón aprobó la interpelación al intendente Lucas Ghi tras el hallazgo de más de medio kilo de cocaína en la vivienda de Luna Suyai Ortigoza, ex directora de Políticas de Género y Diversidad del municipio, quien permanece prófuga de la justicia. La decisión fue impulsada por la oposición, que reunió 16 votos y logró el aval necesario para citar al jefe comunal a dar explicaciones públicas sobre la contratación y los controles internos en el municipio.

La oposición a Ghi reunió los dos tercios del Concejo Deliberante, número necesario para la convocatoria del intendente. Lo hizo gracias a la fractura del peronismo en la localidad, ya que los integrantes de Unión por la Patria que responden al ex intendente Martín Sabatella apoyaron el pedido de interpelación. Los concejales del Movimiento Derecho al Futuro que lidera el gobernador Axel Kicillof, se opusieron al llamado pero perdieron la votación.

El caso Ortigoza sacudió el escenario político local y derivó en una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante en la que se discutieron responsabilidades institucionales y la reacción del Ejecutivo. La figura de la interpelación habilita a que, en un plazo de cinco días hábiles, el intendente o un funcionario designado se presente en el recinto y detalle los mecanismos de selección de personal, los filtros de antecedentes y las acciones tomadas desde que se conoció la investigación judicial. Durante la sesión, la palabra “destitución” resonó entre los discursos.

La sesión estuvo marcada por negociaciones previas y acusaciones cruzadas entre los bloques, pero finalmente la oposición obtuvo el respaldo necesario para avanzar con la citación. Ahora, la atención se centra en la respuesta que ofrecerá el Ejecutivo municipal ante el reclamo de transparencia y rendición de cuentas de la sociedad moronense.

El bloque de La Libertad Avanza defendió la necesidad de que el intendente sea quien dé explicaciones directas ante el Concejo. En su intervención, la concejal Alejandra Liquitay sostuvo que “el intendente tiene la responsabilidad de las personas que integran su gabinete” y cuestionó que se considere “una opereta” el pedido de interpelación. Liquitay subrayó que la ciudadanía demanda respuestas concretas sobre el caso y que la gravedad de la situación amerita la presencia del máximo responsable del municipio.

En relación a la repercusión social, Liquitay remarcó que los vecinos reclamaron información a los ediles desde que trascendió el caso. Planteó que la preocupación no es solo política sino social, por el impacto del narcotráfico en los barrios más vulnerables del distrito. “¿Por qué es tan difícil dar explicaciones de lo que somos responsables?”, se preguntó la concejala, criticando la postura del Ejecutivo de no informar de manera directa y priorizar la comunicación a través de medios externos al recinto.

La sesión también expuso diferencias sobre la gestión de los casos y la respuesta institucional. Desde el Movimiento Derecho al Futuro, la concejal Vanina Moro defendió el proceder del oficialismo y rechazó que se trate de un encubrimiento. Explicó que tanto en el caso de Ortigoza como en el de Karen Cufré, quien ingresó como personal temporario en octubre de 2025, la desvinculación fue inmediata tras la imputación judicial y se puso toda la documentación a disposición de la justicia.

Moro señaló que “la justicia juzga personas y nosotros acá gobernamos”, e insistió en que no se puede generalizar la responsabilidad de un hecho individual a la totalidad de la gestión ni a las organizaciones políticas involucradas. Sostuvo además que la política del gobierno local es la lucha contra el narcotráfico y que se colaboró con la fiscalía y la jueza actuante desde el primer momento, sin demoras ni encubrimientos.

La concejal también advirtió sobre el riesgo de “estigmatizar barrios, vecinos y trabajadores” a partir de un hecho puntual. Rechazó lo que calificó como “operación política berreta para ensuciar”, y defendió la transparencia de la gestión ante el uso de imágenes y mensajes en redes sociales que, según argumentó, buscaron asociar a la organización y al municipio con actividades ilícitas. Para Moro, la responsabilidad del Estado es incluir y no profundizar la exclusión a partir de sospechas infundadas.

En la discusión se sumaron voces que reclamaron mayor rigurosidad en los procedimientos de ingreso y controles preventivos. Se exigió revisar los mecanismos de selección de personal y fortalecer las alertas tempranas para evitar situaciones similares en el futuro. La oposición insistió en la necesidad de rendir cuentas ante la sociedad y garantizar que estos casos sean esclarecidos por la justicia, sin que la política partidaria prime sobre el interés público.

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