El Concejo Deliberante de Morón aprobó la interpelación al intendente Lucas Ghi tras el hallazgo de más de medio kilo de cocaína en la vivienda de Luna Suyai Ortigoza, ex directora de Políticas de Género y Diversidad del municipio, quien permanece prófuga de la justicia. La decisión fue impulsada por la oposición, que reunió 16 votos y logró el aval necesario para citar al jefe comunal a dar explicaciones públicas sobre la contratación y los controles internos en el municipio.

La oposición a Ghi reunió los dos tercios del Concejo Deliberante, número necesario para la convocatoria del intendente. Lo hizo gracias a la fractura del peronismo en la localidad, ya que los integrantes de Unión por la Patria que responden al ex intendente Martín Sabatella apoyaron el pedido de interpelación. Los concejales del Movimiento Derecho al Futuro que lidera el gobernador Axel Kicillof, se opusieron al llamado pero perdieron la votación.

El caso Ortigoza sacudió el escenario político local y derivó en una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante en la que se discutieron responsabilidades institucionales y la reacción del Ejecutivo. La figura de la interpelación habilita a que, en un plazo de cinco días hábiles, el intendente o un funcionario designado se presente en el recinto y detalle los mecanismos de selección de personal, los filtros de antecedentes y las acciones tomadas desde que se conoció la investigación judicial. Durante la sesión, la palabra “destitución” resonó entre los discursos.

La sesión estuvo marcada por negociaciones previas y acusaciones cruzadas entre los bloques, pero finalmente la oposición obtuvo el respaldo necesario para avanzar con la citación. Ahora, la atención se centra en la respuesta que ofrecerá el Ejecutivo municipal ante el reclamo de transparencia y rendición de cuentas de la sociedad moronense.

El bloque de La Libertad Avanza defendió la necesidad de que el intendente sea quien dé explicaciones directas ante el Concejo. En su intervención, la concejal Alejandra Liquitay sostuvo que “el intendente tiene la responsabilidad de las personas que integran su gabinete” y cuestionó que se considere “una opereta” el pedido de interpelación. Liquitay subrayó que la ciudadanía demanda respuestas concretas sobre el caso y que la gravedad de la situación amerita la presencia del máximo responsable del municipio.

En relación a la repercusión social, Liquitay remarcó que los vecinos reclamaron información a los ediles desde que trascendió el caso. Planteó que la preocupación no es solo política sino social, por el impacto del narcotráfico en los barrios más vulnerables del distrito. “¿Por qué es tan difícil dar explicaciones de lo que somos responsables?”, se preguntó la concejala, criticando la postura del Ejecutivo de no informar de manera directa y priorizar la comunicación a través de medios externos al recinto.

La sesión también expuso diferencias sobre la gestión de los casos y la respuesta institucional. Desde el Movimiento Derecho al Futuro, la concejal Vanina Moro defendió el proceder del oficialismo y rechazó que se trate de un encubrimiento. Explicó que tanto en el caso de Ortigoza como en el de Karen Cufré, quien ingresó como personal temporario en octubre de 2025, la desvinculación fue inmediata tras la imputación judicial y se puso toda la documentación a disposición de la justicia.

Moro señaló que “la justicia juzga personas y nosotros acá gobernamos”, e insistió en que no se puede generalizar la responsabilidad de un hecho individual a la totalidad de la gestión ni a las organizaciones políticas involucradas. Sostuvo además que la política del gobierno local es la lucha contra el narcotráfico y que se colaboró con la fiscalía y la jueza actuante desde el primer momento, sin demoras ni encubrimientos.

La concejal también advirtió sobre el riesgo de “estigmatizar barrios, vecinos y trabajadores” a partir de un hecho puntual. Rechazó lo que calificó como “operación política berreta para ensuciar”, y defendió la transparencia de la gestión ante el uso de imágenes y mensajes en redes sociales que, según argumentó, buscaron asociar a la organización y al municipio con actividades ilícitas. Para Moro, la responsabilidad del Estado es incluir y no profundizar la exclusión a partir de sospechas infundadas.

En la discusión se sumaron voces que reclamaron mayor rigurosidad en los procedimientos de ingreso y controles preventivos. Se exigió revisar los mecanismos de selección de personal y fortalecer las alertas tempranas para evitar situaciones similares en el futuro. La oposición insistió en la necesidad de rendir cuentas ante la sociedad y garantizar que estos casos sean esclarecidos por la justicia, sin que la política partidaria prime sobre el interés público.

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