POLITICA
El Gobierno aún no pagará la multa por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y se prepara para ir a la Corte Suprema de EEUU
Apurado por los tiempos del proceso, el Gobierno se encuentra preparando la estrategia judicial que utilizará en los próximos días en el marco del juicio en los Estados Unidos por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de revertir el último fallo que le ordenó pagar más de 390 millones de dólares en compensaciones por la decisión que se tomó durante la administración de Cristina Kirchner.
A la defensa en cuestión, que deberá ser presentada en el corto plazo, la está diseñando el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes al tanto de la situación, el escenario más probable es que el Poder Ejecutivo recurra a la Corte Suprema de Estados Unidos para solicitar la suspensión de la pena dictada por la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia.
Fue ese tribunal de Washington el que rechazó el recurso que había interpuesto la Argentina y dejó así firme la condena a favor de Titan Consortium, el fondo que actualmente reclama el dinero.
Sin embargo, las autoridades nacionales aseguran que ir a la Corte no es la única alternativa y que ”existen otras herramientas legales” que también están evaluando.
De hecho, por estas horas en la Casa Rosada se está elaborando una estrategia amplia que permanece bajo un estricto secreto para evitar que la parte demandante tenga tiempo de contrarrestarla.
Otra de las posibilidades que está manejando el equipo de Amerio es la de pedir una revisión del fallo ante la misma Cámara de Apelaciones.
De todas formas, si bien existe una fecha límite para actuar antes de tener que abonar la millonaria cifra, “todavía quedan varios días más” para planificar la defensa.
El procurador del Tesoro viene, junto con la secretaria de Legal y Técnica, de conseguir un importante triunfo en un juicio similar por la expropiación de YPF.
A principios de junio, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria que había solicitado Burford Capital y, de esta manera, favoreció a la Argentina y le evitó tener que pagar 18 mil millones de dólares.
Las autoridades nacionales ven en esa victoria un precedente favorable para el país y un ejemplo a replicar ahora: “Es el mayor juicio de la historia ganado por un Estado”, destacan los que participaron del proceso.
El caso por Aerolíneas Argentinas y Austral comenzó poco después del 2008, cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner logró aprobar en el Congreso una ley para nacionalizar ambas compañías, que estaban hasta ese momento en manos de la española Marsans.
En una primera instancia, el grupo damnificado protestó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral del Banco Mundial.
En 2017, el Ciadi resolvió a favor de la firma europea y estableció una compensación de 320 millones de dólares más intereses, aunque nunca llegó a recibir ese pago y transfirió los derechos del litigio a Burford Capital, el fondo británico que también litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF.
Sin embargo, el bufete vendió posteriormente esos derechos a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa en Washington el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral.
Finalmente, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la obligación de pagar más de 390,9 millones de dólares, lo que representa una de las condenas económicas más elevadas que enfrenta actualmente el Estado argentino en tribunales internacionales.
Durante los 16 meses previos a la confirmación del fallo, el Gobierno no pagó ninguna suma de la condena y es por eso que Titan aceleró su ofensiva judicial.
El trasfondo económico del conflicto remite al estado financiero de Aerolíneas y Austral antes de su estatización. Marsans había adquirido ambas compañías en 2001 por el valor simbólico de un dólar.
Desde ese momento, el Tesoro de España tuvo que aportar aproximadamente 750 millones de dólares para sostener a las dos empresas, que acumulaban pasivos cercanos a 890 millones de dólares.
Durante la gestión de Marsans, se vendieron activos relevantes, como oficinas en ciudades clave —Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas—, además de simuladores de vuelo, y se eliminaron rutas hacia Europa.
Con el cambio de Gobierno a nivel local, la compañía aérea comenzó una etapa de saneamiento y logró registrar ganancias durante dos años seguidos, además de operar sin aportes del Tesoro.
De todos modos, el Gobierno de Javier Milei plantea la privatización de la firma, algo que por lo pronto no pudo conseguir en el Congreso.
Al inicio del mandato, de hecho, durante la discusión de la Ley Bases, la empresa se incluyó en la lista de bienes del Estado que serían vendidos, pero la oposición obligó a que sea retirada.
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POLITICA
Un concejal de LLA dio positivo en un test de alcoholemia en Pinamar y le suspendieron la licencia de conducir por tres meses
El concejal de La Libertad Avanza en La Plata, Juan Pablo Allan, dio positivo en un test de alcoholemia durante un control de tránsito en Pinamar. El dirigente circulaba en un Toyota Yaris gris cuando fue detenido en la rotonda principal de la ciudad.
El resultado fue de 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre. En la provincia de Buenos Aires rige la tolerancia cero para quienes conducen, por lo que los agentes procedieron a retirarle la licencia.
Según informaron fuentes vinculadas al operativo, la licencia de conducir quedó suspendida por 90 días. El vehículo no fue secuestrado y una persona cercana a Allan se hizo cargo del auto y lo retiró del lugar.
De acuerdo a lo que pudo reconstruir TN, Allan estaba en una cena con su esposa y su hijo, donde tomó “una copa de vino”. La intención del concejal era que maneje la mujer, pero según confiaron allegados al edil, “comenzó a sentirse muy mal y no podía conducir”.
La Corte Suprema dictó un fallo que, en la práctica, quita los límites a la venta de tierras a extranjeros, al poner una vez más en vigencia un artículo del megadecreto de Javier Milei de 2023.
Se trata del artículo 154 del megadecreto 70/23, del inicio del gobierno de Milei.
Ese artículo, que derogaba la ley de Tierras y, por lo tanto, sus límites a la venta de tierras a extranjeros, había sido frenado por una presentación de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
Los excombatientes alegaron que estaban legitimados en tanto defensores de la soberanía nacional, pero ese argumento fue rechazado por la Corte Suprema.
En su fallo, la Corte fue muy crítica al advertir a los tribunales inferiores sobre reconocerles capacidad de iniciar acciones colectivas a actores que no tienen esa representatividad.
Un tribunal había dictado la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/23 que derogaba la Ley de Tierras.
La Corte Suprema revocó ese fallo.
El constitucionalista Andrés Gil Dominguez, sostuvo en las redes que a partir del fallo “cualquier persona física o jurídica extranjera o cualquier Estado extranjero pueden comprar toda la tierra rural a donde quieran -incluida las zonas de frontera- sin límite alguno”.
Noticia en desarrollo
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
“Una sola copa había tomado”: un concejal libertario dio positivo de alcoholemia en un control en Pinamar
Juan Pablo Allan, concejal de La Libertad Avanza en el Consejo Deliberante de La Plata y director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), fue demorado durante un control de tránsito realizado el último fin de semana en la rotonda principal de Pinamar luego de que un test de alcoholemia arrojara resultado positivo.
Según confirmaron fuentes vinculadas al operativo, el dirigente circulaba al volante de un Toyota Yaris gris cuando fue detenido en el marco de un control de rutina. La prueba realizada en el lugar marcó 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando en toda la provincia de Buenos Aires rige el régimen de tolerancia cero.
Las actuaciones fueron realizadas por el Ministerio de Tránsito bonaerense, que compartió el video del momento en sus redes sociales. En las imágenes se ve cómo sopla el dispositivo y también que no contaba con la licencia de conducir física, algo que la agente encargada del operativo también le remarcó como obligatorio.
El propio Allan reconoció la infracción en declaraciones al sitio 0221, aunque discrepó con la cifra del operativo. “Una sola copa había tomado y me dio 0,25 y ahora es cero tolerancia. Antes era 0,50”, explicó ante el medio platense.
El concejal además justificó su decisión de conducir: afirmó que tomó el volante porque su esposa se sentía mal y no estaba en condiciones de manejar. “Manejé porque mi esposa estaba descompuesta”, señaló. El vehículo no fue incautado; la mujer se hizo cargo del automóvil y retiró a su marido del lugar. Allan también aclaró a 0221 que no le retuvieron la licencia de conducir y que la multa correspondiente ya fue abonada.
Sin embargo, del acta labrada durante el operativo se desprenden otros detalles que complican el cuadro. Allí figura que el dirigente presentó la licencia de conducir en formato digital, pese a que la normativa provincial exige el carnet físico para circular. Además, el acta consigna que la infracción corresponde al artículo 38, inciso M de la ley 13.927, que prevé la inhabilitación para conducir por 90 días.
Un dato que cobra relevancia en este contexto: durante su paso por el Senado bonaerense, Allan votó a favor de la ley de Alcohol Cero sancionada en 2022, norma que redujo a cero el límite permitido de alcohol en sangre en todo el territorio provincial.
La trayectoria de Allan es extensa en el tablero político del conurbano bonaerense. Fue senador de Juntos por el Cambio (JxC) por La Plata durante ocho años —entre 2015 y 2023—, integró el Consejo de la Magistratura bonaerense y, en 2023, se midió en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) contra Julio Garro en la carrera por la intendencia local, contienda que perdió.
Desde diciembre de 2025 ocupa una banca en el Concejo Deliberante por el bloque libertario, en paralelo a su rol al frente del RENAR. En su cuenta de Instagram, además, se presenta como escribano público.
Un funcionario de Mendoza también dio positivo en alcoholemia
En julio pasado, el funcionario del Gobierno de Mendoza y coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Rafael, Diego Silvestre, dio positivo en un control de alcoholemia y luego presentó su renuncia a raíz de la trascendencia del caso. El abogado tenía 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra más de cuatro veces superior al límite permitido en la provincia, y circulaba sin licencia de conducir, cédula del vehículo ni seguro obligatorio.
Mientras se desplazaba en una camioneta Fiat Strada por las inmediaciones de San Rafael, Silvestre fue detenido durante un operativo de control vial. Luego del resultado positivo, los efectivos retuvieron el vehículo y lo demoraron. Según la información oficial, el funcionario estuvo detenido durante 48 horas.
El caso derivó en su dimisión como coordinador del ETI de San Rafael, organismo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y de la Dirección General de Escuelas (DGE). También renunció a la reciente designación que tenía como representante de los abogados en el Consejo de Minería de Mendoza.
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