POLITICA
El Gobierno aún no pagará la multa por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y se prepara para ir a la Corte Suprema de EEUU

Apurado por los tiempos del proceso, el Gobierno se encuentra preparando la estrategia judicial que utilizará en los próximos días en el marco del juicio en los Estados Unidos por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de revertir el último fallo que le ordenó pagar más de 390 millones de dólares en compensaciones por la decisión que se tomó durante la administración de Cristina Kirchner.
A la defensa en cuestión, que deberá ser presentada en el corto plazo, la está diseñando el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes al tanto de la situación, el escenario más probable es que el Poder Ejecutivo recurra a la Corte Suprema de Estados Unidos para solicitar la suspensión de la pena dictada por la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia.
Fue ese tribunal de Washington el que rechazó el recurso que había interpuesto la Argentina y dejó así firme la condena a favor de Titan Consortium, el fondo que actualmente reclama el dinero.

Sin embargo, las autoridades nacionales aseguran que ir a la Corte no es la única alternativa y que ”existen otras herramientas legales” que también están evaluando.
De hecho, por estas horas en la Casa Rosada se está elaborando una estrategia amplia que permanece bajo un estricto secreto para evitar que la parte demandante tenga tiempo de contrarrestarla.
Otra de las posibilidades que está manejando el equipo de Amerio es la de pedir una revisión del fallo ante la misma Cámara de Apelaciones.
De todas formas, si bien existe una fecha límite para actuar antes de tener que abonar la millonaria cifra, “todavía quedan varios días más” para planificar la defensa.
El procurador del Tesoro viene, junto con la secretaria de Legal y Técnica, de conseguir un importante triunfo en un juicio similar por la expropiación de YPF.

A principios de junio, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria que había solicitado Burford Capital y, de esta manera, favoreció a la Argentina y le evitó tener que pagar 18 mil millones de dólares.
Las autoridades nacionales ven en esa victoria un precedente favorable para el país y un ejemplo a replicar ahora: “Es el mayor juicio de la historia ganado por un Estado”, destacan los que participaron del proceso.
El caso por Aerolíneas Argentinas y Austral comenzó poco después del 2008, cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner logró aprobar en el Congreso una ley para nacionalizar ambas compañías, que estaban hasta ese momento en manos de la española Marsans.
En una primera instancia, el grupo damnificado protestó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral del Banco Mundial.
En 2017, el Ciadi resolvió a favor de la firma europea y estableció una compensación de 320 millones de dólares más intereses, aunque nunca llegó a recibir ese pago y transfirió los derechos del litigio a Burford Capital, el fondo británico que también litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF.

Sin embargo, el bufete vendió posteriormente esos derechos a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa en Washington el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral.
Finalmente, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la obligación de pagar más de 390,9 millones de dólares, lo que representa una de las condenas económicas más elevadas que enfrenta actualmente el Estado argentino en tribunales internacionales.
Durante los 16 meses previos a la confirmación del fallo, el Gobierno no pagó ninguna suma de la condena y es por eso que Titan aceleró su ofensiva judicial.
El trasfondo económico del conflicto remite al estado financiero de Aerolíneas y Austral antes de su estatización. Marsans había adquirido ambas compañías en 2001 por el valor simbólico de un dólar.

Desde ese momento, el Tesoro de España tuvo que aportar aproximadamente 750 millones de dólares para sostener a las dos empresas, que acumulaban pasivos cercanos a 890 millones de dólares.
Durante la gestión de Marsans, se vendieron activos relevantes, como oficinas en ciudades clave —Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas—, además de simuladores de vuelo, y se eliminaron rutas hacia Europa.
Con el cambio de Gobierno a nivel local, la compañía aérea comenzó una etapa de saneamiento y logró registrar ganancias durante dos años seguidos, además de operar sin aportes del Tesoro.
De todos modos, el Gobierno de Javier Milei plantea la privatización de la firma, algo que por lo pronto no pudo conseguir en el Congreso.
Al inicio del mandato, de hecho, durante la discusión de la Ley Bases, la empresa se incluyó en la lista de bienes del Estado que serían vendidos, pero la oposición obligó a que sea retirada.
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POLITICA
“No somos insensibles”: Cornejo se desmarca y anuncia incentivos para paliar la morosidad en Mendoza

MENDOZA.- En medio del debate nacional por la morosidad en los hogares argentinos, impulsado por la oposición y resistido por el oficialismo en el Congreso, el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, aliado a La Libertad Avanza, se desmarcó y lanzó incentivos fiscales para los deudores del sistema financiero.
Se trata de la reducción de dos puntos porcentuales en Ingresos Brutos y la eximición del impuesto a los Sellos, a la par de un acuerdo con el Banco Nación que refinanciará deudas a menos de 40% anual y a 24 meses.
Con estas medidas, explicaron desde el gobierno provincial, se busca que otras entidades crediticias tomen el mismo camino y se logre reducir la situación de 271.000 morosos mendocinos y liberar los ingresos de los deudores.
Con el anuncio, Cornejo busca dejar asentada su posición y se adelanta a las decisiones nacionales que se tomen en la materia, más allá del derrotero que tengan los proyectos que impulsan desde el arco contrario al presidente Javier Milei.
Así, en las últimas horas, el mandatario mendocino no solo activó iniciativas concretas frente a la problemática, sino que dejó definiciones políticas, tomando cierta distancia de lo que finalmente se haga a nivel país.
“Es un problema de privados, pero no somos insensibles”, expresó Cornejo, acompañando la visión del Ejecutivo nacional pero también marcando su postura frente a las críticas que recibe la gestión presidencial sobre la realidad que se vive en millones de hogares.
De esta manera, la provincia cuyana enviará a la Legislatura un proyecto de ley que establece incentivos fiscales para facilitar la refinanciación de deudas a tasas más bajas y plazos más largos, que también incluirá a quienes se encuentran al día.
El anuncio fue realizado por el gobernador junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman.
Cornejo explicó que el aumento de la morosidad está vinculado, entre otros factores, con créditos que fueron tomados con tasas de interés elevadas, en un contexto en el que se proyectaban niveles de inflación superiores a los que finalmente se registraron.
En ese sentido, el gobernador sostuvo que las entidades financieras deben generar alternativas para evitar que sus clientes queden fuera del sistema y que, al mismo tiempo, quienes contrajeron esas obligaciones deben acercarse a refinanciar sus deudas.
“Los bancos tienen que hacer su tarea, tienen que refinanciar para no perder esos clientes y para que no se caigan del sistema financiero. Quienes tomaron créditos, por su parte, tienen que concurrir a los bancos a refinanciar esa deuda”, indicó Cornejo.
Si bien señaló que se trata de obligaciones entre privados, el mandatario aseguró que no es indiferente ante las dificultades que atraviesan las familias y empresas mendocinas. Por ese motivo, explicó que la Provincia realizará un esfuerzo fiscal para facilitar y abaratar las operaciones de refinanciación.
“Si bien es un problema entre privados que el sistema debe intentar resolver, con los bancos por un lado y los deudores por el otro, la Provincia hace un aporte que no es neutro y que es importante para nuestras arcas fiscales”, completó Cornejo.
Fayad, titular de Hacienda, explicó que la expansión del crédito es fundamental para una economía que busca crecer sobre bases sólidas, aunque advirtió que el aumento de la mora genera efectos sobre todo el sistema financiero.
Asimismo, explicó que la Provincia busca generar incentivos para que los acreedores puedan ofrecer mejores condiciones financieras a sus clientes. Esto, afirmó, permitirá reducir progresivamente la mora y liberar parte de los ingresos de quienes puedan refinanciar sus obligaciones en condiciones más favorables.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, sostuvo que el desafío es continuar incentivando a quienes cumplen y, al mismo tiempo, recuperar a la mayor cantidad posible de deudores con voluntad de pago. “La idea es acompañar al sector en este proceso de transición y poder rescatar a la mayor cantidad de personas que, sin duda, tienen voluntad de pagar”, señaló.
Pablo Mannino,Mendoza,Alfredo Cornejo,Conforme a
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El Gobierno cambió la estrategia y dará quórum en la sesión por morosidad y discapacidad en Diputados

El Gobierno cambió a último momento su estrategia y La Libertad Avanza dará quórum este miércoles en la sesión especial por morosidad y discapacidad. La Casa Rosada había acelerado contactos con aliados para intentar dejar a la oposición debajo de los 129 diputados, pero evaluó que la maniobra tenía pocas posibilidades de éxito.
En Nación explican que el oficialismo decidió sentarse porque vio que el quórum opositor estaba muy cerca de concretarse. La intención es evitar quedar expuesto a una derrota en la apertura del recinto y buscar, en cambio, utilizar la sesión a su favor.
“Cambió la estrategia”, aseguran en el Ejecutivo. La evaluación interna fue que el número estaba complicado y que intentar frenar hasta último momento una sesión que igualmente podía abrirse dejaba al oficialismo en una posición más débil.
Hasta horas antes, la Casa Rosada sostenía que la oposición todavía no tenía garantizados los 129 diputados. Por eso había iniciado acercamientos con bloques aliados y provinciales para intentar restar presencias y evitar el emplazamiento de las comisiones.
Ese escenario se modificó durante la tarde. En sectores de la oposición admitían que la diferencia podía ser de apenas uno o dos diputados, pero Provincias Unidas anticipaba que daría quórum y otros bloques calculaban que el número finalmente iba a alcanzarse.
La Libertad Avanza decidió entonces dejar de disputar la apertura del recinto. El objetivo pasa ahora por participar del debate y tratar de imponer su posición sobre la morosidad, en lugar de quedar afuera de una sesión que la oposición podía abrir de todas formas.
La Casa Rosada mantiene su rechazo a los proyectos que impliquen una regulación fuerte sobre bancos y financieras o un aumento del gasto público. Al mismo tiempo, admite que existen alternativas para atender el problema de las familias endeudadas y busca acercar posiciones con aliados sobre ese punto.
En el Ejecutivo aseguran que no quieren llevar todavía la discusión a una confrontación directa. Si más adelante el Congreso aprueba una ley que contradiga la posición oficial, Javier Milei está dispuesto a vetarla, pero la estrategia inmediata es intentar construir antes una salida distinta.
La sesión de este miércoles no tiene como objetivo sancionar directamente los proyectos. La oposición buscará emplazar a las comisiones y fijar plazos para acelerar los dictámenes sobre las iniciativas vinculadas con morosidad y con la extensión de la Emergencia Nacional en Discapacidad.
El oficialismo ya había reaccionado a la convocatoria con un cronograma propio. La Comisión de Finanzas abrió el tratamiento de los proyectos sobre endeudamiento y planteó una serie de reuniones durante septiembre con la intención de llegar a un dictamen hacia fin de mes.
Leé también: El PRO rechazó la sesión especial de la oposición en Diputados: “Forzar debates no los acelera, los entorpece”
El Gobierno también analiza alternativas que no impliquen intervenir de forma directa en los contratos entre privados. Por el momento, el Banco Central no prepara cambios para este jueves en la norma que regula la forma en la que se informa el Costo Financiero Total (CFT).
La discusión incluye más de 50 iniciativas vinculadas con tarjetas de crédito, préstamos personales, cuentas sueldo, refinanciaciones y distintos mecanismos de alivio para deudores. Algunos proyectos proponen además declarar una emergencia crediticia o crear programas especiales de desendeudamiento.
El otro eje de la convocatoria es la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta fines de 2027. La oposición busca también acelerar ese tratamiento mediante un emplazamiento a las comisiones correspondientes.
El cambio de estrategia evita que el primer dato político de la jornada sea una pulseada por los 129 presentes. La Libertad Avanza asumió que la oposición estaba en condiciones de acercarse al quórum y decidió participar desde el comienzo para disputar el sentido de la sesión.
El próximo paso será definir cómo votará el oficialismo cada uno de los emplazamientos y qué alternativa concreta ofrecerá frente a la morosidad. La Casa Rosada pasó de intentar hacer caer la sesión a buscar utilizarla a su favor, mientras mantiene como límite cualquier iniciativa que implique una regulación fuerte o un nuevo gasto.
Gobierno, sesion, Diputados
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En el Gobierno admiten que es difícil desactivar la sesión e intentarán imponer su propia agenda

En la antesala de este miércoles, el Gobierno prácticamente se resignaba a que la oposición consiguiera el quórum para sesionar este miércoles con dos temas urticantes para la administración nacional: el creciente endeudamiento y la morosidad de las familias, y la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año.
Dejaban trascender que, pese a los intentos y diálogos con los diferentes sectores de la oposición, en especial buena parte de los gobernadores y los bloques más dialoguistas, el desafío de que no hubiera sesión era difícil. Casi imposible. Y en ese sentido se barajaban distintas alternativas.
“Están justos, pero parecerían estar. No sé si hay mucha chance de desactivarla”, admitieron en Balcarce 50 sobre los números que tendría la oposición de conseguir la sesión de mañana.
En ese marco también buscaban relativizar la situación al hacer hincapié en que la sesión de mañana es “preliminar” y en que ellos tienen sus propios proyectos sobre ambos temas, los que buscarán imponer y así, intentar mantener un control de la agenda.
“No se les tiene que caer ninguno. Tienen que estar todos. No es fácil, pero tampoco imposible”, evaluó otro sobre el número que, todo indica, podría ubicarse en los 131 votos para empezar la sesión, superando el mínimo para el quórum. En el final de este martes había quienes no descartaban incluso que la propia bancada violeta también bajara a dar quórum.
En la Casa Rosada mencionaban los nombres del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, como las personas con más diálogo con la oposición como los responsables de los diálogos con la oposición y la definición de la estrategia legislativa que se desarrollará en las próximas horas.
Los tres junto a Ignacio Devitt, segundo de Santilli, estuvieron en la mesa política que este martes al mediodía se desarrolló en Casa Rosada, y en la cual, como sucede semanalmente, se abordó la agenda legislativa.
En el corazón del gobierno libertario consideraban que mientras la búsqueda inicial y de máxima era lograr que se caiga la sesión, también trabajaban para que, en caso de que se avance con ambos temas, lograr imponer sus propios proyectos sobre esos temas.
“Hay varios escenarios. Obviamente el primero es desactivar la sesión”, comenzaban enumerando los escenarios. Y rápidamente ampliaban a que, de no conseguirse esa desactivación, avanzarían con su segundo plan.
“Lo que pide la oposición ya se hizo. Sobre morosidad hay muchísimos proyectos dando vuelta y sobre discapacidad hay un fallo de la justicia on el que el Gobierno está cumpliendo con las partidas”, decían. Al tiempo que consideraban que la decisión de avanzar con ambos temas por parte de la oposición era eminentemente “show político”.
Sobre esos mismos puntos también fue el comunicado de Pro dado a conocer en el atardecer de este martes.
“Es un tema político, pero de todas maneras lo estamos trabajando con los aliados. Hay proyectos sobre deudas, créditos y finalmente si la sesión logra quórum la idea es poder presentarlo”, aseguraron fuentes de la administración libertaria.
En Casa Rosada creían incluso que la oposición podría llegar a tener algo más de los 129 diputados necesarios para abrir el debate. Aunque los números están ajustados, creen que pueden llegar a 131, pese a los intentos para desbaratar el quorum.
Al tiempo que insistían en relativizar lo que puede suceder durante la jornada de este miércoles mencionando que se trata de una sesión para emplazar a las comisiones correspondientes para fijar una fecha de dictamen sobre los dos temas: el de la creciente morosidad, principalmente entre los jóvenes, y una nueva prórroga de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia vencerá a fin de año.
Cecilia Devanna,Conforme a
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