POLITICA
El Gobierno avanza con un paquete de reformas clave: tratado con Estados Unidos, Hojarasca, pliegos judiciales y la eliminación de las PASO
El gobierno de Javier Milei prepara un conjunto de reformas legislativas que abarcan cambios en la justicia, el sistema electoral, el Código Penal y la adhesión a tratados internacionales. Tras la aprobación de la reforma de la ley de Glaciares, el oficialismo prioriza la discusión de nuevos proyectos que no habían podido entrar en la agenda legislativa de las últimas semanas y que tienen ascendencia en la política desreguladora y exterior del Ejecutivo.
En la madrugada de hoy, el Gobierno logró sancionar la modificación sobre la ley de Glaciares y permite ampliar inversiones mineras por 165.000 millones de dólares para la próxima década, según cifras informadas por el ministro de Economía, Luis Caputo. Con esa normativa que beneficia a varias economías regionales, el oficialismo espera una mayor concesión de parte de estas regiones para algunas iniciativas que el oficialismo impulsará en las próximas semanas.
De acuerdo a fuentes inobjetables, la Casa Rosada impulsa en la Cámara de Diputados la votación de la ley de adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), medida considerada estratégica para afianzar el vínculo comercial con Estados Unidos. El compromiso forma parte del acuerdo comercial firmado recientemente entre ambos países y exige la sanción de esta norma antes de fin de abril.
Asimismo, confirmaron que se buscará tratar de manera rápida en comisiones el denominado proyecto “Hojarascas”, elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a derogar más de setenta normas consideradas obsoletas. La intención del oficialismo es eliminar regulaciones y burocracias que generan sobrecostos e ineficiencias para el Estado y los actores económicos.
Esto sería tratado en primer término mientras se buscan afianzar y negociar las adhesiones políticas para una de las iniciativas que más impacto tienen de cara a la campaña electoral del año próximo.
Se trata de la reforma política, que contempla la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el rediseño de la Boleta Única de Papel y nuevas exigencias para la constitución y el financiamiento de los partidos políticos. El borrador de la iniciativa ya se encuentra en su etapa final y que su presentación en el Congreso y podría concretarse en los próximos días.
Diferentes voceros de La Libertad Avanza (LLA) ratificaron su postura que no se optará por proponer una suspensión de las PASO, sino por su eliminación. “Es algo que el electorado legitimó el año pasado y que varios bloques tienen la presión de apoyar pese a que todavía no están convencidos”, afirmó un estratega libertario.
El oficialismo reconoce que, para avanzar con su paquete legislativo, resulta imprescindible negociar apoyos entre aliados y sectores del peronismo. Voceros parlamentarios admiten que la eliminación de las PASO enfrenta resistencias en bloques dialoguistas y que la obtención de votos requerirá un trabajo minucioso en ambas cámaras.
Aunque planea tratarse más adelante, el paquete de reformas incluye, además, un nuevo proyecto de ley que anticipa la futura reforma integral del Código Penal. El Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, presentará una iniciativa que incorpora nuevas figuras delictivas y aumenta penas para delitos existentes, como “viudas negras”, “motochorros”, “salideras”, fraudes piramidales y delitos migratorios. También se contempla la creación de un criterio de interpretación “pro-víctima” y la participación obligatoria de las víctimas en decisiones procesales clave, como la suspensión del juicio a prueba.
Se prevé que la reforma penal incluya penas específicas para la tenencia de armas en cárceles, incremento de castigos por picadas callejeras, endurecimiento de sanciones por maltrato animal y protección especial para menores en casos de abuso sexual y grooming. El proyecto buscará aprobación inmediata de los puntos urgentes y reservará para más adelante la discusión integral del Código Penal, que ya cuenta con propuestas previas elaboradas por comisiones de jueces y fiscales.
En el ámbito judicial, el Senado prevé tratar más de sesenta pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. La sesión prevista para el jueves marcará el inicio del trámite parlamentario de estas designaciones, que incluyen jueces, defensores, fiscales y conjueces.
Entre las figuras incluidas en este paquete inicial se encuentran Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, propuesto para un tribunal oral de Santa Fe, y Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien interviene en la causa conocida como $LIBRA sobre presunta estafa con criptomonedas promocionadas por el propio Milei. Además, destaca la candidatura de María Julia Sosa, secretaria del juzgado federal de Julián Ercolini, postulada a la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de La Plata.
La jornada también incluirá acuerdos diplomáticos y militares, además de la designación de Lucila Crexell como embajadora ante Canadá, un paquete de ascensos militares y nombramientos en el Tribunal de Defensa de la Competencia. En el listado de ascensos militares destaca la promoción del jefe del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich; los vicealmirantes Juan Carlos Romay (Armada) y Marcelo Dalle Nogare (Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas) y otros 80 oficiales de las tres fuerzas armadas. En contraste, el ascenso del subjefe de la Fuerza Aérea, Marcelo Monetto, ha quedado pendiente por falta de votos luego de ser impugnado por un supuesto encubrimiento en una denuncia por abuso sexual.
A la espera de la presentación formal de los proyectos, no se descarta que la semana que viene se reúna la mesa política encabezada por Manuel Adorni, Karina Milei, Santiago Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Eduardo Menem e Ignacio Devitt.
POLITICA
El peronismo maniobra para evitar la sesión especial sobre IOMA con la que se buscaba exponer a Kicillof
En la Cámara de Diputados bonaerense, los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Coalición Cívica, la dos bancadas de la UCR, Hechos y Unión y Libertad, impulsaron una sesión especial para debatir iniciativas sobre el funcionamiento de IOMA, prevista inicialmente para el lunes. Ante este escenario, el peronismo mostró unidad, respaldó al titular de la obra social provincial, Homero Giles, y al gobernador Axel Kicillof, y decidió postergar la sesión para el jueves. Ahora trabaja para impedir que la oposición reúna el quórum necesario para llevarla a cabo.
El presidente de la Cámara baja, el peronista Alejandro Dichiara, había concedido la sesión especial tras el pedido en conjunto del grueso de los bloques opositores. Fechó ese encuentro para el lunes, día en el que también se iba a realizar una sesión ordinaria. Sin embargo, en horas de la mañana se definió aplazar ambos encuentros y llevarlos adelante este jueves. La oposición dice que reunía el quórum propio para sesionar, es decir, 47 presentes, y que los proyectos pidiendo explicaciones sobre el funcionamiento de IOMA indefectiblemente iban a aprobarse. La argumentación oficial de por qué no se llevó adelante ninguna de las sesiones es “la necesidad de continuar el análisis de los temas y dar previsibilidad, conforme al Reglamento Interno”. La jugada, que le da un margen temporal al peronismo para bajar nuevamente la sesión, fue criticada por todos los bloques que buscan poner en agenda el tema IOMA, con el tratamiento de doce proyectos de ley.
Hay, además, una estrategia solapada por las autoridades de Cámara. Había legisladores estaban de viaje, incluso fuera del país, y regresaron a La Plata de forma inmediata. Algunos pudieron dejar la fecha de regreso abierta; otros no. Con ese nerviosismo por la logística y el traslado es con lo que juega el peronismo que, por ahora, mantiene amalgamado a todo el bloque pese a las diferencias internas con las que convive. Políticamente, en la lógica de la sectorización peronista, la gestión de IOMA, corre por cuenta del cristinismo ya que Giles es uno de los integrantes de La Cámpora que forma parte del Ejecutivo bonaerense.
Ahora, en los distintos bloques de la oposición admiten que no está tan seguro de que el jueves vayan a reunir las 47 voluntades para darle inicio a la sesión como sí estaba el número para el lunes último. Además, el jueves, a las 14:30, arranca la ceremonia inaugural del mundial de fútbol. Dichiara convocó a sesionar a las 13 horas la sesión especial y a las 14 h, la sesión ordinaria.
El oficialismo busca por estas horas intervenir principalmente sobre la bancada Unión y Libertad que tiene cinco integrantes y fue parte del pedido de sesión especial. En distintas votaciones con intereses del Ejecutivo han facilitado sus votos para, al menos, habilitar el quórum.
“La sesión especial para tratar la crisis de la obra social se suspendió. Sin acuerdos. Sin explicaciones. Clínicas que no cobran. Medicamentos oncológicos que no llegan. Autorizaciones que no salen. El gobernador que no está en la provincia, pero evidentemente tampoco está en los problemas de la provincia. Siete años gobernando la provincia más grande del país y hay millones de afiliados que no reciben su medicamento”, se quejó el diputado del bloque Hechos, Manuel Passaglia, uno de los que había pedido la sesión especial e impulsado distintas iniciativas.
Las posiciones se repiten. “Kicillof no quiere dar la cara por el desastre que hizo con IOMA. El kirchnerismo volteó la sesión para no tener que explicar por qué tiene reventada la obra social de millones de bonaerenses. No les importa que los afiliados no consigan prestaciones, medicamentos o turnos. Siguen poniendo a la legislatura de espaldas a la gente”, aseguró uno de los vicepresidentes de la Cámara bonaerense, el libertario Juanes Osaba. El diputado por LLA había impulsado un pedido para citar a Giles a la comisión de Salud de la Cámara baja. Dicha comisión es presidida por el diputado cristinista Martín Rodríguez. Por LLA, el presidente del bloque, Agustín Romo, pidió el saneamiento el saneamiento financiero del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Lo acompañan todos sus compañeros de bloque y de otras bancadas como Passaglia y Juan Esper (Derecha Popular), Agustín Forchieri (PRO), entre otros. Con esa iniciativa, Romo recolectó 31 firmas.
En el radicalismo también cuestionaron la decisión de la presidencia. El diputado Valentín Miranda planteó: “el kirchnerismo volteó la sesión para tratar el abandono de IOMA y quedó demostrado que no le importa la salud de los bonaerenses. Solo fue una puesta en escena, sin interés en dar respuestas concretas al padecimiento de más de 2 millones de afiliados”. Miranda presentó uno de los proyectos en consideración para crear una bicameral de Fiscalización, Saneamiento y Normalización del Instituto de Obra Médico Asistencia.
Fernando Rovello, diputado del PRO, fue uno de los que inicialmente empujó el tema. El legislador junto al presidente de su bloque, Alejandro Rabinovich, Diego Garciarena, Silvina Vaccarezza, Matías Civale -todos de UCR Cambio Federal-, y Andrés De Leo (Coalición Cívica), pidieron por la presencia de Giles. Una vez pospuesta la sesión especial, Rovello remarcó que “Kicillof destrata una vez más a los afiliados de IOMA”, porque “hoy se podría haber sesionado. Por más que no quieran, vamos a seguir, hasta las últimas consecuencias, defendiendo y reclamando por todos los afiliados que se merecen una atención digna”. El bloque PRO que preside Rabinovich, giró un comunicado en el que marcó, entre otros puntos, que “lo ocurrido demuestra la escasa prioridad que el gobernador Axel Kicillof le asigna a la situación de IOMA y a los más de dos millones de afiliados que dependen de la obra social provincial. En lugar de promover la transparencia, brindar información y rendir cuentas sobre el estado de una institución que atraviesa una profunda crisis, el oficialismo optó por bloquear una instancia de discusión legítima en el ámbito legislativo”.
Días antes de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente su declaración jurada patrimonial, su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitó su adhesión al régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”. Lo hizo el 31 de mayo pasado, según consta en registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) obtenidos por este medio.
La constancia oficial −vigente hasta el 9 de julio− indica que Angeletti (CUIT 27-29865407-0) pidió acogerse a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025, esquema que permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos, y será un factor a tomar en cuenta en la investigación criminal que la pareja afronta en los tribunales federales de Comodoro Py.
La Ley 27.799 funciona como mecanismo de sinceramiento para contribuyentes que operaron en la economía gris. Quien se acoge evita sanciones penales y antecedentes, aunque debe regularizar sus declaraciones y contribuciones impositivas. No es un perdón fiscal absoluto, sino una normalización sin castigo. En el caso de Angeletti, la adhesión al régimen y su formalización simultánea en impuestos al valor agregado (IVA) y ganancias en octubre de 2025 sugieren que durante años habría operado sin registración tributaria plena.
El movimiento adquiere particular relevancia por la posición que ocupa Manuel Adorni. El jefe de Gabinete ha sido vocero central de la administración Milei en materia de políticas de transparencia estatal, control del gasto público y lucha contra la corrupción. Como portavoz oficial, fue el encargado de enfatizar el mensaje de austeridad y probidad. En ese contexto político, la regularización tributaria tardía de su cónyuge genera una tensión narrativa evidente entre el discurso y la situación patrimonial del funcionario.
En ese sentido, el desfase temporal entre el registro como autónoma y la formalización tributaria es sustancial. Angeletti figura registrada en actividad como trabajadora autónoma desde abril de 2017, bajo el rubro “actividades profesionales, científicas y técnicas”, y se desempeñó durante años como monotributista.
Sin embargo, la esposa de Adorni no formalizó su inscripción en IVA ni en el impuesto a las ganancias hasta octubre de 2025, casi ocho años después, cuando Adorni ya era funcionario público de primera línea, y ambos ya integraban la nómina de “Personas Políticamente Expuestas” (PEP).
Para los investigadores judiciales, la decisión de Angeletti de acogerse al régimen de “inocencia fiscal” abre nuevos interrogantes sobre sus ingresos y movimientos de dinero, según reconstruyó , en tanto que esperan la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete.
De acuerdo con la ARCA, Angeletti se encuentra categorizada como autónoma T2 −con ingresos desde $20.001 anuales− y presentó la solicitud de adhesión al régimen de inocencia fiscal el 31 de mayo pasado. Pero la constancia no detalla montos de regularización ni especifica qué activos fueron declarados bajo la Ley 27.799. Esa información permanece bajo secreto fiscal y no es accesible públicamente.
Lo que permanece desconocido es sustancial. No existe registro público sobre la magnitud de los fondos regularizados, el origen de esos ingresos, ni las razones específicas por las cuales Angeletti decidió sincerar sus números de 2025, año electoral de alto escrutinio sobre el patrimonio de los funcionarios. Tampoco se conoce si la adhesión respondió a una revisión voluntaria de conciencia, a asesoramiento fiscal reciente, a presiones mediáticas o institucionales, o a consideraciones de riesgo reputacional por su vínculo con Adorni.
La familia Adorni ha sido objeto de cobertura investigativa previa respecto a su patrimonio, propiedades inmobiliarias y operaciones financieras. Cuando consultó a Adorni sobre la situación fiscal de su esposa, no proporcionó comentarios.
Los bienes y gastos que se conocen
El domicilio fiscal declarado por Angeletti ante la ARCA figura en Avenida Asamblea 1132, piso 2, departamento A, ciudad de Buenos Aires. Se trata del departamento que habitaba el matrimonio Adorni antes de adquirir el departamento en Caballito, en 2025, por el cual pagaron US$30.000 en efectivo y tomaron una hipoteca sin intereses de US$200.000 por parte de las vendedoras, dos jubiladas, según las constancias de la causa en la que se investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.
En ese expediente, en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, se analizan otras compras y gastos. Por caso, US$120.000 por la casa del country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, por la que el matrimonio pagó en 2024 US$20.000 en efectivo y tomó una hipoteca por US$100.000, esta vez con una policía retirada y su hija. Las mujeres declararon que Adorni aún les debe US$70.000 de esa operación.
A su vez, el contratista Matías Tabar declaró que Adorni le pagó US$245.000 en efectivo, y sin facturar, por refaccionar la casa de Indio Cua. El ingreso a ese country insumió otros US$5000.
Además, la Justicia investiga gastos por US$27.658 en viajes al exterior de la familia Adorni (Aruba, Punta del Este y España), más US$6000 en una escapada a Bariloche y otros gastos en destinos locales.
A esas operaciones se sumó una deuda de Adorni por US$65.000 por un acuerdo de palabra con Pablo Martín Feijoo, según declaró en sede judicial el desarrollador inmobiliario e hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento de Caballito.
Finalmente, Adorni y Angeletti acumularon consumos y gastos por más de $85,1 millones con tarjetas de crédito, sólo durante 2025, a un promedio de $7,1 millones por mes, en momentos en que el sueldo bruto del funcionario ascendía a $3,5 millones por mes y ella figuraba como monotributista, según reconstruyó en base a datos oficiales del Banco Central (BCRA), registros bancarios reservados y fuentes con acceso a información financiera.
Hugo Alconada Mon,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,El armado porteño. Karina Milei lanzó la escuela de dirigentes de LLA en la Capital y corrió a Adorni de la dirección,,Del caso Adorni a «Chiqui» Tapia. Cuál es el impacto del Mundial sobre el tablero político, según analistas,,Semana clave. Adorni se apresta a presentar la declaración jurada, ya pasado un mes de la promesa de Milei
A un año de la confirmación de la condena de Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia, el peronismo reforzará la presencia en la calle del reclamo por su libertad y la denuncia de lo que consideran una proscripción política de la expresidenta, con una agenda de actividades políticas, movilizaciones y propuestas culturales en distintos puntos del país. “La idea es que haya muchas actividades en muchos distritos al mismo tiempo”, confirmaron a TN desde La Cámpora.
Para definir los detalles, se reunió este martes el PJ nacional en la sede de la calle Matheu, en un encuentro encabezado por José Mayans ante la imposibilidad de que la propia Cristina Kirchner, presidenta del partido, participe de los encuentros, por cumplir con su detención domiciliaria en San José 1111.
Intendentes, legisladores nacionales, autoridades partidarias y representantes de más de 20 partidos políticos y organizaciones sociales participaron del encuentro en el que se terminó de delinear una serie de acciones que se extenderán durante los próximos días y tendrán su punto más visible el 20 de junio, con un “Banderazo por Cristina Libre y contra la proscripción”, en Parque Lezama.
La convocatoria busca dar continuidad a las actividades que se vienen organizando desde la confirmación de la condena y poner el foco en la situación judicial de la exmandataria, una bandera que el kirchnerismo convirtió en uno de los principales ejes de su agenda política.
Una semana de actividades
La primera parada será este miércoles, cuando se cumpla un año de la confirmación de la condena de Cristina Kirchner. Desde el PJ informaron que habrá actividades en distintos puntos del país y también en San José 1111.
Además, senadores y diputados de los bloques de Unión por la Patria convocaron a una conferencia de prensa en el Senado. El encuentro está previsto para las 13 en el Salón Provincias Unidas y servirá para presentar un documento que luego será entregado a la Corte Suprema. Reiterarán su rechazo a la condena y denunciarán lo que consideran una situación de persecución política.
En el texto sostienen que la situación constituye “ni más ni menos que la actuación de un poder del Estado atentando contra la propia democracia y ejecutando una proscripción política inadmisible en tiempos democráticos”.
También cuestionan las condiciones de detención de la expresidenta, que describen como “objetivamente injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias”, y afirman que “ninguna democracia puede considerarse plenamente saludable cuando la principal dirigente de la oposición se encuentra proscripta e injustamente privada de su libertad”.
Del Senado a la exESMA
Para este sábado está previsto el festival “Cristina Libre” en la exESMA, una convocatoria de organizaciones de derechos humanos con expresiones culturales y políticas alrededor del reclamo por la situación judicial de la exvicepresidenta.
La iniciativa forma parte de una serie de actividades que los organizadores pretenden sostener durante todo el mes, con el objetivo de mantener el tema en el centro de la discusión pública y ampliar la participación de sectores políticos y sociales que acompañan el planteo del peronismo.
Dentro de la agenda de actividades, la movilización del Día de la Bandera será el evento en el que prevén la mayor convocatoria. El encuentro se realizará en Parque Lezama y reunirá al PJ, partidos aliados y organizaciones sociales bajo la consigna “Cristina Libre y contra la proscripción”.
El documento que llegará a la Corte
Además de las actividades en las calles, los bloques legislativos avanzaron en una presentación dirigida a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura. Allí sostienen que la confirmación de la condena contra Cristina Kirchner tuvo consecuencias que exceden el expediente judicial.
El texto recuerda que el 3 de junio de 2025 la expresidenta anunció su candidatura a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral y remarca que siete días después quedó firme la sentencia que incluyó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los legisladores afirman que la decisión judicial tuvo “la finalidad política explícita de frustrar dicha candidatura, excluyendo de la competencia electoral a la principal dirigente de la oposición argentina y presidenta del Partido Justicialista”.
Sobre el cierre del documento, sostienen que “la democracia no puede naturalizar que el Poder Judicial se convierta en un actor de disciplinamiento político” y concluyen que la detención de Cristina Kirchner “constituye lisa y llanamente una forma de proscripción política que hiere la legitimidad democrática de la República Argentina”.
cristina kirchner, PJ, Peronismo
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