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El Gobierno avanza en Diputados con su proyecto de soberanía sobre las Islas Malvinas: el objetivo es aprobarlo en octubre

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El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional comenzará a debatirse el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, en un plenario de comisiones que se realizará desde las 12. La iniciativa, anunciada por el presidente Javier Milei durante una cadena nacional, será analizada por las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.

Este viernes, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, diagramó el cronograma para el tratamiento del proyecto. La primera reunión será informativa: habrá expositores invitados, pero no se firmarán dictámenes.

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Las tres comisiones que abordarán la iniciativa están conducidas por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.

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El oficialismo prevé una segunda convocatoria para el martes 6 de octubre. Allí buscará cerrar el debate, firmar los dictámenes correspondientes y habilitar el tratamiento en el recinto para el miércoles 7, en una sesión especial que solicitará Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados.

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El proyecto por debatir

La propuesta ingresó a la Cámara baja el pasado 17 de septiembre. El Gobierno fundamentó el proyecto como “un hito en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país”.

La iniciativa ratifica que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.

Según los fundamentos oficiales, busca “castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y dotar al Estado Nacional de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.

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El Presidente Javier Milei presentó a comienzos de este mes en cadena nacional el proyecto sobre la Soberanía en Malvinas junto a todo su Gabinete. (Foto: Presidencia)

Uno de los cambios centrales es la derogación de la Ley 26.659 y la ampliación del esquema sancionatorio a otros recursos naturales, renovables y no renovables, explotados sin autorización de la República Argentina.

El texto prevé además penas de cinco a siete años de prisión, multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial para quienes, a sabiendas, provean bienes o servicios esenciales a sujetos alcanzados por las conductas previstas en la norma.

El proyecto también establece efectos mucho más amplios que los contemplados en la normativa actual. Los sancionados no podrán desarrollar actividades económicas en el país, perderán exenciones impositivas o previsionales, verán revocadas sus habilitaciones y deberán rescindir contratos que se ejecuten total o parcialmente en la Argentina.

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Además, quedarán impedidos de contratar con el Estado nacional, las provincias, los municipios y cualquier persona o empresa radicada en el país.

La iniciativa también crea el Consejo de Seguridad Nacional, que será encabezado por el Presidente de la Nación y funcionará como órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional.

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Entre sus atribuciones figuran asistir al Presidente en cuestiones vinculadas con la seguridad nacional, elaborar la Política de Seguridad Nacional y aprobar las políticas sectoriales de los distintos integrantes del sistema.

Los cuestionamientos al proyecto

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal manifestó su preocupación por algunas de las normas contenidas en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo debate comenzará el próximo miércoles.

En un primer análisis, la entidad estableció que la defensa de la soberanía nacional y la protección de las instituciones democráticas frente a injerencias extranjeras constituyen objetivos legítimos del Estado. Sin embargo, señaló que los instrumentos destinados a alcanzarlos deben respetar los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional.

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“La prevención de injerencias extranjeras no puede traducirse en disposiciones cuya amplitud afecte la libertad de expresión, la circulación de información o la participación en el debate público”, planteó la entidad.

Alejandra García, presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Foto: Colegio Público de la Abogacía.
Alejandra García, presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Foto: Colegio Público de la Abogacía.

Desde esta perspectiva, algunas disposiciones del proyecto no serían compatibles con los principios de un derecho penal liberal. Según el Colegio, algunos de los comportamientos mencionados como merecedores de graves sanciones penales o administrativas presentan tal vaguedad e indeterminación que no permiten delimitar con suficiente claridad su alcance.

El principio de legalidad exige que las conductas prohibidas estén claramente determinadas, en particular cuando pueden dar lugar a sanciones de considerable gravedad.

La presidenta del Colegio de Abogados, Alejandra García, señaló: “La defensa de la soberanía nacional es, desde luego, un objetivo legítimo del Estado. Pero precisamente por la importancia de lo que está en juego, las herramientas que se utilicen deben respetar rigurosamente la Constitución. Nos preocupan especialmente aquellas disposiciones del proyecto que, por su amplitud o falta de precisión, pueden comprometer el principio de legalidad, la libertad de expresión y el debido proceso. La protección de nuestras instituciones democráticas no puede hacerse a costa de las garantías que constituyen su fundamento”.

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El documento del MID

En la previa al debate por la soberanía en Malvinas, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que está representado en el Congreso por los diputados Oscar Zago y Eduardo Falcone, fijó su posición frente al proyecto enviado por el Gobierno y planteó la necesidad de combinar la defensa de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas con responsabilidad institucional, realismo estratégico y una perspectiva de desarrollo nacional.

Entre los principales puntos, el MID afirma que la soberanía no se sostiene únicamente mediante declaraciones y que requiere ampliar las capacidades materiales de la Nación en materia de inversión, infraestructura, energía, industria, ciencia, tecnología, defensa y presencia estatal.

También advierte que el alcance integral del proyecto debe ser explicado con transparencia y reclama no desconocer las atribuciones constitucionales del Congreso.

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Diego Santilli pidió acuerdos con los gobernadores para avanzar con las reformas y cuestionó a Kicillof por la falta de inversiones

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, reclamó construir acuerdos políticos con los gobernadores para avanzar con las reformas económicas y atraer inversiones. Durante una exposición en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), sostuvo que el Gobierno busca entendimientos que permitan impulsar cambios estructurales y advirtió que no alcanza con sumar apoyos sin objetivos concretos.

“No se trata de acompañar por acompañar, se trata de acompañar en cosas que te cambian la historia”, afirmó el funcionario. En esa línea, cuestionó los acuerdos que, según planteó, solo buscan sostener determinadas posiciones políticas y remarcó: “No acuerdos de politiquería para sostener cualquier cosa”.

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Santilli destacó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una de las herramientas centrales para promover nuevos proyectos productivos. Según precisó, hay iniciativas presentadas por US$208.000 millones, de las cuales US$60.000 millones ya fueron aprobadas.

El jefe de Gabinete expuso en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y destacó proyectos por US$208.000 millones presentados al RIGI. (Foto: Jefatura de Gabinete)

El jefe de Gabinete identificó cuatro sectores como motores del crecimiento económico: el campo y la agroindustria, el petróleo y el gas, la minería y la industria del conocimiento. El objetivo oficial es aprovechar esas actividades para ampliar la producción, generar inversiones y fortalecer la capacidad exportadora del país.

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Mauricio Macri respaldó el reclamo de un intendente a Javier Milei, pero después borró la publicación – Nexofin

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El expresidente Mauricio Macri respaldó la propuesta del jefe municipal de San Nicolás Santiago Passaglia para eximir del impuesto al valor agregado (IVA) a los municipios. A través de la red social X, el titular del PRO calificó la iniciativa tributaria como una “gran propuesta”.

El planteo denominado “IVA 0, tasa 0” propone quitar el gravamen nacional a las contrataciones y obras locales. A cambio del beneficio fiscal, la comuna bonaerense eliminará la Tasa de Seguridad e Higiene a las PyMEs locales.

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La publicación de Mauricio Macri

El intendente nicoleño formalizó la propuesta mediante una carta dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo. En la misiva, el jefe comunal señaló con firmeza: “bajar los impuestos que cobra otro es fácil”.

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Para fundamentar la medida, Passaglia explicó que un gasto municipal de $1.000.000 en pavimento genera $210.000 adicionales en concepto de tributo. El jefe local busca que el Gobierno nacional comparta el esfuerzo para reducir la carga impositiva.

Aunque la iniciativa requiere una ley del Congreso para su aplicación efectiva, el exmandatario apoyó su debate antes de retirar su mensaje. Al respecto, Macri expresó sobre la exención tributaria que “vale la pena considerarla”, pero horas después eliminó la publicación.

La entrada Mauricio Macri respaldó el reclamo de un intendente a Javier Milei, pero después borró la publicación se publicó primero en Nexofin.

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“Estamos sufriendo”: Kicillof le respondió a Santilli y criticó a Milei en una cumbre de gobernadores

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Un día después de haber participado en las negociaciones para evitar que la oposición sesione para voltear el DNU 70/2023, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, salió a decir que los gobernadores deberían inquietarse ante una eventual victoria de Axel Kicillof y el regreso del kirchnerismo al poder.

Las declaraciones se producen en la etapa final de las tratativas entre los operadores políticos de la Casa Rosada y los gobernadores para que se suspendan las PASO y se cierren acuerdos electorales con vistas al año próximo. Hay casi una decena de los jefes provinciales que están dispuestos a acordar un apoyo político rotundo al Gobierno en el Congreso a cambio de que La Libertad Avanza compita con una “baja intensidad” en sus distritos.

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Aun así, los acuerdos todavía no se están cerrando. En el Gobierno afirman que la gran mayoría de ellos ya dio su palabra para votar la Reforma Política, pero que falta acordar una estrategia para competir el año próximo, tanto a nivel nacional como en el plano de las provincias. “Las negociaciones se están haciendo más largas de lo que esperábamos”, afirmaron esta mañana a Infobae desde una de las provincias más cercanas a la Casa Rosada.

Ante el aletargamiento de las negociaciones, Santilli dijo esta mañana en Radio Mitre: “Los que deberían estar preocupados son los gobernadores. Imaginemos que el kirchnerismo vuelva y gane Kicillof”. En ese sentido, enumeró: “Te sacan la coparticipación a la Ciudad. En el sur avanza otra vez la toma de tierras. ¿Qué va a pasar con Neuquén y Río Negro, ese Abu Dabi y Dubái? ¿Qué va a pensar Córdoba si le vuelven a poner la 125, el gobernador de Santa Fe que lo dejan solo de nuevo contra el narcotráfico, qué va a pensar San Juan que se está poniendo de punta en el proceso minero argentino, o Salta?”. La selección de los ejemplos da pistas de las provincias con las que le gustaría acordar.

Diego Santilli (Jaime Olivos)

El jefe de Gabinete estará este viernes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires para asistir a la Cumbre Federal de Logística que organiza el Consejo Federal de Inversiones (CFI), por el que pasaron gobernadores de distinto espectro político. Esta mañana participaron en un panel conjunto Axel Kicillof (Buenos Aires), Elías Suárez (Santiago del Estero), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

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La alocución de los primeros mandatarios tuvo partes con críticas a la administración nacional, algo esperable dado que no son cercanos al Gobierno. “Se está discutiendo dónde nos vamos a ubicar en la cadena alimenticia: si la Argentina va a ser presa o si va a participar de los lugares donde se acumula”, dijo Kicillof durante su alocución.

“Me parece que es central darse una perspectiva nacional de planificación. No podemos pensar que el interés nacional va a tener su mejor evolución si se somete a intereses que no son propios [en referencia a los vínculos del Gobierno con Estados Unidos]. Es fundamental que tengamos un plan que permita una Argentina más integrada y una Argentina más federal. Y hoy estamos sufriendo todos la interrupción de toda la obra pública desde el nivel nacional”, concluyó.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof (CFI)

Por su parte, Llaryora criticó la visión del Gobierno respecto a las políticas de infraestructura: “La Nación no construye ni un bicicletero, sino se meten en un programa nacional de infraestructura, cada provincia puede hacer cosas, pero necesitamos un programa nacional”. Y agregó: “Sin infraestructura no existe la posibilidad de la llegada de inversión. Sin infraestructura no podés construir un parque industrial. El octavo país más grande del mundo no se puede mover en camión, no puede no tener salidas. El desarrollo de toda esta potencia argentina necesita un acuerdo básico”.

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Santilli estará esta tarde junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en un panel con funcionarios del Ejecutivo Nacional. También se prevé la asistencia del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. Una vez finalizado, el ministro coordinador tiene agendada una reunión bilateral con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, que busca acercar posiciones para un acuerdo político para las elecciones nacionales.

Ayer se dilucidaron cuáles son los gobernadores que están dispuestos a colaborar con la Casa Rosada, incluso en situaciones de altísimo voltaje.

El gobierno nacional logró evitar la sesión impulsada por la oposición gracias al aporte de varios gobernadores aliados, que ordenaron a sus diputados ausentarse del recinto. Los casos más determinantes fueron los de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Carlos Sadir (Jujuy): ninguno de los legisladores que responden a ellos —Gisela Scaglia, José Núñez, los tres diputados de Jaldo, además de María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti— bajó al recinto. También colaboró el chubutense Ignacio Torres, que restó el voto de Jorge Ávila.

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La Cámara de Diputados, sin quórum para debatir la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70

En el bloque de Gustavo Sáenz (Salta) hubo divisiones: Pablo Outes y Bernardo Biella asistieron, pero Yolanda Vega se ausentó alegando enfermedad, mientras que otros diputados cercanos al salteño, como Gustavo González (Formosa) y Claudio Álvarez (San Luis), tampoco se presentaron. Finalmente, la oposición quedó a ocho votos de alcanzar el quórum necesario de 129 legisladores.

En el peronismo también hubo fisuras favorables al oficialismo: pese a que Martín Llaryora mantiene una relación “oscilante” con Javier Milei, uno de sus diputados, Ignacio García Aresca, contribuyó a bloquear la sesión con su ausencia, al igual que Alejandra Torres, mientras que el resto del bloque cordobés —Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez y Juan Brügge— sí asistió para respaldar a la oposición.

También resultaron sorpresivas las ausencias de Agustín Tita y Estela Neder, vinculados a los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero), respectivamente. En contraste, el catamarqueño Raúl Jalil, pese a ser uno de los mandatarios más cercanos a la Casa Rosada, mantuvo a sus tres diputados del bloque Elijo Catamarca en la sesión, en defensa de la Ley 26.737.

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Santilli se mostró optimista sobre las chances del Gobierno de avanzar con la reforma política. “Nosotros vamos camino a lograr un proceso que los ciudadanos desean”, destacó Santilli. “Decían que no íbamos a tener el número para sacar las reformas estructurales y salieron. Yo estoy convencido. ¿Qué diputado o senador va a estar en frente de la sociedad que no quiere votar seis veces o que le cueste USD 200 millones una elección para dirimir la interna de los partidos políticos? Creo que vamos a estar bien y vamos a tener reforma electoral”, cerró.

CFI

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