La relación entre el PRO y La Libertad Avanza tuvo altibajos en los últimos dos años y medio, propios de las idas y vueltas entre el presidente Javier Milei y Mauricio Macri. Alcanzó su pico máximo de tensión con el caso del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, pero con la llegada de Diego Santilli en su lugar el vínculo parece haber retomado cierta normalidad.

En este sentido, en las últimas horas hubo un encuentro en Casa Rosada entre Santilli y los dos legisladores clave del PRO en el Congreso: el presidente del bloque en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, y el titular de la bancada en el Senado, Martín Goerling. También participó el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.

Durante el encuentro analizaron la agenda parlamentaria que el Gobierno nacional impulsa en el Congreso y distintas iniciativas de gestión para la provincia de Misiones.

En tanto, los presentes destacaron la importancia del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Al respecto, sostuvieron que se trata de una herramienta clave para consolidar el proceso de ordenamiento macroeconómico.

Leé también: ⁠En el Gobierno apuntan contra Bullrich por el traspié en el Senado y evalúan cambios en la estrategia legislativa

“En el PRO tenemos una convicción clara: hay que blindar el cambio con leyes, instituciones fuertes y acuerdos que le den previsibilidad a la Argentina”, señaló Ritondo en sus redes sociales al término de la reunión.

“Seguimos trabajando con responsabilidad para impulsar las reformas que consoliden el orden económico y construyan un país con más desarrollo, inversión y oportunidades”, agregó el jefe de la bancada PRO en la Cámara baja.

Semanas atrás, el partido fundado por Mauricio Macri anunció los proyectos a los que le dará prioridad en el Congreso en los próximos meses. En Diputados, impulsarán Ficha Limpia y la reforma del Código Penal como principales iniciativas.

En paralelo a las negociaciones por otros proyectos, el PRO busca instalar una agenda propia en el Congreso con iniciativas vinculadas a seguridad, justicia, producción y modernización del Estado. En la Cámara de Diputados, el bloque impulsa una reforma del financiamiento de los partidos políticos, proyectos para promover el uso productivo de las tierras ociosas ubicadas sobre las rutas nacionales y un endurecimiento de las penas por vandalismo rural.

Los diputados macristas también promueven iniciativas para fortalecer las herramientas de prevención y persecución del grooming, instalar inhibidores de señal de telefonía celular e internet en las cárceles y avanzar con un programa de prevención del suicidio adolescente.

En el Senado, en tanto, el PRO pretende que durante julio se avance con una agenda que incluye la actualización de la Ley de Salud Mental, proyectos para reforzar la protección de la propiedad privada, el agravamiento de las penas por falsas denuncias y el tratamiento del régimen de Zona Fría, que establece beneficios tarifarios para usuarios de gas en regiones de bajas temperaturas.

A esa agenda legislativa, el partido que conduce Mauricio Macri suma otros ejes que considera prioritarios para el segundo semestre: una nueva reforma electoral, medidas para profundizar la desregulación del Estado, el tratamiento de acuerdos judiciales pendientes y el fortalecimiento de la legislación destinada a combatir la criminalidad ambiental.

Diego Santilli, Cristian Ritondo, Congreso

La Ciudad de Buenos Aires registra la planta administrativa más baja de la última década. El gobierno porteño anunció la eliminación de 359 cargos gerenciales, lo que representa más del 20% del total de esa estructura jerárquica. La medida se inscribe en un proceso de reforma del Estado que, desde que Jorge Macri asumió como jefe de Gobierno, acumula la supresión de 8.954 puestos, una reducción del 15% de la dotación total.

El recorte de la estructura gerencial responde, según el Ejecutivo porteño, a la digitalización y modernización de trámites que tornó necesario rediseñar la organización interna del Estado. La automatización de procesos que antes requerían supervisión presencial y capas de gestión intermedias dejó sin sustento funcional a buena parte de esos puestos. No se trató, entonces, de una reducción arbitraria, sino del resultado de un cambio en la forma en que el gobierno presta servicios a los vecinos.

«Eliminamos 359 cargos gerenciales. Ya dimos de baja 9 mil cargos y alcanzamos la planta administrativa más baja de los últimos 10 años. La eficiencia del Estado no solo es una cuestión técnica: es un deber moral con los porteños que lo sostienen con su trabajo. Esto también es orden“, afirmó Macri al anunciar la medida.

El impacto de esta política se refleja en el presupuesto. En 2023, el gasto en remuneraciones al personal representaba el 44% del total del presupuesto de la Ciudad; ese porcentaje bajó al 41% en la actualidad. La planta alcanzó así el mínimo histórico registrado en 2015, un nivel que no se había vuelto a tocar en los años siguientes.

Esta última reducción no llegó de forma aislada. La gestión de Macri aplicó una serie de medidas escalonadas que prepararon el terreno: congelamiento de ingresos, planes de retiro voluntario, optimización de dotaciones y una nueva evaluación de desempeño para el personal. Cada una de esas acciones contribuyó a la baja sostenida del número de empleados públicos en el distrito.

En paralelo, el gobierno porteño avanzó en la modernización del control de asistencia. Se instalaron relojes biométricos en más de 1.200 escuelas para registrar la presencia del personal docente a través de huella digital, un sistema que también se extendió a todos los establecimientos administrativos del Estado. Para los agentes que cumplen funciones en la vía pública, se puso en marcha la Hoja de Ruta Electrónica, una herramienta que permite registrar la asistencia desde el teléfono celular.

El control de las licencias médicas fue otra área de intervención. A principios de 2025, el gobierno implementó un nuevo procedimiento para todos los empleados de la administración pública porteña. El resultado fue una caída del 28% en la cantidad de días solicitados por este concepto respecto del año anterior, una variación que el Ejecutivo atribuye directamente al nuevo esquema de fiscalización.

La reforma también incluyó una apuesta por la formación del personal. Durante 2025 y los primeros meses de 2026, más de 15.000 agentes en calle —policías, agentes de tránsito, de prevención e inspectores— recibieron capacitación con herramientas orientadas a mejorar la atención al vecino en el espacio público. El objetivo declarado fue dotar a quienes tienen contacto directo con la ciudadanía de recursos concretos para resolver situaciones cotidianas.

Con un enfoque distinto pero complementario, el gobierno lanzó el Programa de Especialistas Profesionales (PEP), orientado a jerarquizar a los empleados públicos con formación técnica o universitaria. Al momento del anuncio, 1.326 agentes participaban del programa, que busca retener y potenciar perfiles profesionales dentro de la administración estatal.

horizontal

El motivo de la demora en tomar una definición sobre el asueto o el operativo para el regreso de la Scaloneta no tiene tanto que ver con especulaciones sobre el nivel de convocatoria que tendrá, porque se descarta que el aluvión de fanaticos que irá a recibirlos o los acompañará en el recorrido a casa será masivo, pase lo que pase en el encuentro del domingo. El problema, admitieron en Balcarce 50, es que están decididos a no ofender a la Selección.

Esta semana, con el pulso del nivel de compromiso más alto, el Gobierno arrancó a diseñar con mayor dedicación el operativo para el regreso de los jugadores al país, y en la lista de posibilidades está la chance de declarar feriado o asueto el lunes o el martes. Pero en la Casa Rosada informarán ese detalle de alto nivel de importancia para aquellos que trabajan, estudian o tienen que viajar en transporte público, etcétera, después del partido contra España, el próximo domingo.

“Dejemos de mufar”, dijeron en la Casa Rosada. Según revelaron altas fuentes, el Seleccionado no quiere que el Gobierno hable del tema de su regreso, y están seguros de que les valdría fuertes críticas adelantarse en el operativo. Cosa que, por supuesto, deben hacer con antelación de cualquier forma, aunque sea por lo bajo, para evitar que el inescapable evento social se desborde.

“La selección no quiere saber nada con que hablemos del tema”, confesaron en Gobierno. Serán ellos quienes decidan en el vestuario, post partido, qué hacer. “Vamos a poner todo a disposición, pero depende de ellos”, sostuvo un funcionario.

La palabra del grupo de Lionel Scaloni es clave para que el Gobierno tome decisiones, y desde Estados Unidos ya les avisaron que no tienen intención de discutir “de nada antes de jugar”. En la Casa de Gobierno acatan con buena predisposición la determinación. “No mufemos”, dicen.

De todas formas, sin decir nada en voz alta -sobre todo después de las críticas que le valió la conferencia de prensa sobre los recaudos ante Argentina-Inglaterra – este mediodía, la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, encabezó una reunión de coordinación en la sede de la cartera.

El encuentro contó con la participación de las Fuerzas Federales, Casa Militar y la cartera de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, dijeron en Gobierno, en tono muy formal. El objetivo fue “comenzar a diseñar el operativo de seguridad para el regreso del seleccionado argentino la próxima semana, tras finalizar su participación en el mundial de fútbol disputado en Estados Unidos”.

Noticia en desarrollo…

South America / Central America,Government / Politics