POLITICA
El Gobierno busca aprobar la ley de Propiedad Privada en el Senado y negocia voto a voto con sus aliados
Desde el 20 de mayo, cuando se firmaron los dictámenes del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, La Libertad Avanza intensificó las negociaciones para reunir los votos necesarios. En ese camino, introdujo modificaciones a la iniciativa elaborada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con el objetivo de destrabar su aprobación.
El oficialismo buscará avanzar este jueves al mediodía en la Cámara Alta, aunque algunos senadores aliados de la Unión Cívica Radical todavía reclaman cambios en varios capítulos del texto.
Para construir la mayoría, el Gobierno espera sumar a sus legisladores el respaldo del PRO, la UCR y de bloques provinciales vinculados con gobernadores aliados.
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El temario fue acordado el martes de la semana pasada entre la titular del bloque de LLA, Patricia Bullrich, y el resto de los jefes de bloque en la última reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Para la bancada libertaria, este proyecto fortalece la seguridad jurídica e impactará en la producción y en el desarrollo de nuestro país. El senador Pablo Cervi afirmó a TN: “Se busca brindar previsibilidad y reafirmar un principio fundamental: quien trabaja, ahorra, invierte o produce debe tener la certeza de que el fruto de su esfuerzo estará protegido. Se trata de crear las condiciones para que más argentinos se animen a invertir, emprender, producir y generar trabajo”.
Entienden que el derecho a la propiedad privada está establecido en la Constitución Nacional desde hace más de 170 años. El legislador por Neuquén agregó que “la experiencia demuestra que cuando la propiedad privada se relativiza, también se debilitan la confianza, la inversión y las posibilidades de crecimiento. Por eso esta ley no crea un derecho nuevo: lo fortalece, brinda reglas claras y da mayor previsibilidad a quienes producen y apuestan por el país”.
El resto del temario
Además de la iniciativa sobre la propiedad privada, la Cámara Alta tratará los ascensos del personal de la Cancillería y una treintena de pliegos de integrantes del Poder Judicial. Entre ellos se encuentra la extensión por cinco años del mandato del camarista del fuero laboral Víctor Pesino, que requiere el aval de la Cámara alta para continuar en su cargo antes de cumplir 75 años el próximo 27 de julio.
El juez Pesino fue quien habilitó la implementación de la Ley de Reforma Laboral, rechazando el amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y dejó sin efecto la cautelar que suspendía 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral.
La agenda también incluye un proyecto de las senadoras Beatriz Ávila, del bloque Independencia, y Sandra Mendoza, de Convicción Federal, que proponen declarar a San Miguel de Tucumán capital de la República cada 9 de julio.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada
La iniciativa incorpora modificaciones respecto de la versión original impulsada por el Gobierno, que proponía eliminar todas las restricciones para que empresarios extranjeros pudieran adquirir tierras rurales. El dictamen finalmente establece que, en el caso de los inmuebles ubicados en zonas de frontera, las operaciones deberán contar con un doble aval: el de la provincia correspondiente y el del Poder Ejecutivo Nacional.
El proyecto también introduce cambios en la Ley de Tierras, el régimen de desalojos, las expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa se discutió en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los diputados libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez. No obstante, fuentes parlamentarias no descartan que el articulado sea revisado durante su tratamiento en el recinto este jueves.
Entre las modificaciones más relevantes figura la incorporación de los denominados “desalojos exprés” para los casos de inmuebles usurpados o con tenedores precarios. La reforma faculta al juez a ordenar la restitución inmediata de la propiedad cuando el derecho invocado por el propietario resulte verosímil y este preste caución juratoria.
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El proyecto también incorpora ese procedimiento al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y establece que el magistrado podrá intimar, en un plazo de 72 horas, la devolución del inmueble cuando el propietario acredite, mediante prueba documental, la titularidad del terreno, la vivienda o el campo en disputa.
En materia ambiental, la iniciativa deroga un artículo de la Ley de Manejo del Fuego, impulsada por el diputado Máximo Kirchner (Unión por la Patria) en 2020, que impedía durante 30 años modificar el uso de las superficies rurales incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. Desde el oficialismo sostienen que esa restricción “atentó directamente contra la producción”.
El senador Bartolomé Abdala, presidente provisional del Cuerpo, señaló a TN que “este proyecto va a generar estímulo para invertir en Argentina, que saca las trabas que tenía la ley anterior y que tiene libertad y espontaneidad que se necesita en este momento; por eso este tipo de reformas en nuestro país van a servir para potenciar su nivel de producción en los distintos ámbitos agrícolas, forestales, ganaderos, mineros tecnológicos”.
Y agregó: “Tenemos un país extenso, muy rico en geografía, pero debemos desarrollarlo y esta ley claramente va a ayudar en ese aspecto esencial de la Argentina, además de fortalecer el federalismo de las provincias”.
Senado, sesion, propiedad privada
POLITICA
Dos jueces electorales pidieron prudencia y no generar incertidumbre en medio de la discusión por la eliminación de las PASO
Los jueces con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires Alejo Ramos Padilla y Sergio Torres, pidieron a la dirigencia política tener “prudencia” y evitar generar “incertidumbre” ante cualquier reforma electoral para el próximo año, mientras el Gobierno busca destrabar las negociaciones para eliminar o suspender las PASO.
En un congreso organizado por el Centro de Estudios en Derecho Electoral de la Universidad Nacional de La Plata, Padilla y Torres -el primero a cargo del Juzgado Federal 1 con competencia electoral en La Plata y el segundo presidente de la Suprema Corte bonaerense y a cargo de la Junta Electoral provincial- también enfatizaron que, de haber cambios, estos se definan antes de fin de año para garantizar la previsibilidad.
“Lo ideal es que estas decisiones se tomen en años no electorales”, dijo Padilla, que además defendió a las PASO como “un ordenador de la oferta electoral”. “No es posible que los candidatos se definan en una mesa única. Tiene que haber mecanismos dentro de los partidos. Si se eliminan hay que ver cómo se le da a la ciudadanía una oferta ordenadora”, agregó.
Torres, por su parte, planteó que “los organismos electorales deben actuar con especial prudencia frente a cualquier reforma en el sistema”. Y afirmó: “Los cambios en materia electoral son muchas veces necesarios, pero deben ser cuidadosamente planificados, suficientemente explicados y gradualmente implementados”.
El magistrado también advirtió que si las modificaciones se impulsan sin el tiempo suficiente, podrían ocasionar problemas para la ciudadanía y los partidos políticos. “Las reformas apresuradas, especialmente cuando se aplican inmediatamente después de ser sancionadas, pueden generar incertidumbre, dificultar la capacitación de los ciudadanos y sorprender a los actores políticos con nuevas reglas o procedimientos”, dijo.
El encuentro donde se pronunciaron los magistrados reunió entre el lunes y este martes a más de 100 representantes de la Justicia Electoral de todo el país, además de dirigentes, funcionarios, académicos y legisladores. Entre los ejes de debate figuraron los nuevos desafíos de las democracias y sus regímenes electorales, y el impacto de la tecnología, las redes sociales y la inteligencia artificial en los procesos de votación.
Las advertencias de los jueces llegaron en medio del intento del Gobierno de eliminar o suspender las primarias vigentes desde 2009. Además de los argumentos en contra del costo económico y de evitarle a la población instancias de votación, en la Casa Rosada buscan quitarle a la oposición la herramienta que podría ayudarlos a agruparse. Además, eliminar las PASO postergaría para octubre la campaña, lo cual otorga más tiempo al programa económico para generar una recuperación y evita cualquier reacción negativa de los mercados en caso de una derrota del oficialismo en agosto.
Sin embargo, el oficialismo todavía debe unificar cómo avanzará en las negociaciones con los gobernadores y sus aliados para conseguir los votos en el Congreso. Esa misión demora más de lo previsto, con el año parlamentario cerca de llegar a su fin.
Los docentes universitarios y preuniversitarios iniciarán este miércoles una semana de paro nacional, en medio del reclamo sindical por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la asignación de recursos para el funcionamiento del sistema.
La medida, impulsada por la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica), se extenderá hasta el lunes 3 de noviembre. La federación ratificó este martes, mediante una convocatoria pública, el paro resuelto en su Congreso Extraordinario.
El gremio convocó a la comunidad universitaria a acompañar el plan de lucha ante lo que define como un deterioro de los salarios y un escenario de restricciones presupuestarias para el sistema.
En el mensaje difundido por la federación, la organización planteó que lleva más de un año sin cumplirse la normativa aprobada para financiar a las universidades nacionales. “Frente al ajuste salarial y el ahogamiento presupuestario, respondemos con organización y la fuerza de la docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país”, señalaron en el comunicado.
La medida de fuerza tiene tres demandas centrales. La primera es el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación es objeto de reclamos gremiales y judiciales. La segunda consiste en el pago de la deuda salarial que, según los sindicatos, afecta a docentes universitarios y preuniversitarios. El tercer punto apunta a garantizar partidas para las actividades de enseñanza, investigación, extensión y gestión de las instituciones.
CONADU Histórica cuestionó la situación de los haberes y advirtió sobre las consecuencias que el conflicto puede tener para la continuidad de las tareas académicas. “Sin salarios dignos no hay universidad pública”, expresó la federación en la convocatoria que acompañó con la consigna “Milei cumplí con la ley”.
Según datos difundidos en una reunión de rectores, desde diciembre de 2023 las universidades nacionales registraron una caída presupuestaria real del 41,6%, mientras que los salarios del personal universitario perdieron más de 30% de poder adquisitivo. Las cifras forman parte de los argumentos que los sectores docentes incorporaron a sus reclamos.
Los paros se extenderán hasta mediados de noviembre
La Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) anunció cuatro jornadas de paro de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo. La primera será este miércoles 28 de octubre, en simultáneo con el inicio de la medida convocada por CONADU Histórica, mientras que las restantes se realizarán el 3, 12 y 16 de noviembre.
La huelga alcanzará a las 30 facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico y el Centro de Estudios Bariloche. FAGDUT indicó que durante las jornadas de protesta no habrá clases presenciales ni virtuales en esas instituciones.
Al igual que FAGDUT, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) realizará paros de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, el 28 de octubre y el 3, 12 y 16 de noviembre. Las medidas alcanzarán al personal no docente de las universidades públicas.
La resolución de FATUN fue adoptada por su Consejo Directivo, con representantes de 54 organizaciones sindicales. La federación también prevé impulsar acciones ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que los montos de la garantía salarial se incorporen a los salarios básicos, según lo previsto en el convenio colectivo.
En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) confirmó su adhesión al paro nacional docente y preuniversitario hasta el 3 de noviembre. En cambio, la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), que representa al personal no docente, no integra el cronograma de medidas convocado por FATUN para esas fechas, según informó AGD-UBA.
El comienzo simultáneo de las medidas docentes y no docentes podría alterar el dictado de clases y otras actividades en las universidades públicas, que informarán su modalidad de funcionamiento durante los días de protesta.
Tras la finalización del paro el 3 de noviembre, CONADU Histórica reunirá a su Congreso Extraordinario el día 6 para definir los próximos pasos del plan de lucha. Las medidas de FAGDUT y FATUN continuarán con nuevas jornadas previstas para el 12 y el 16 de noviembre.
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POLITICA
La estrategia del PRO para negociar una eventual alianza con Milei en 2027 sin perder protagonismo y poder territorial
La felicitación de Mauricio Macri a Lula da Silva por su triunfo electoral en Brasil fue una nueva señal de distancia entre el PRO y Javier Milei. Pero detrás de ese gesto hay una discusión más profunda sobre el futuro de la relación entre ambos espacios y las condiciones en las que podrían competir juntos en las elecciones de 2027.
“Cada vez me cuestiono más la alianza”, reconoció a TN una fuente del PRO que sigue de cerca las negociaciones con La Libertad Avanza. En el partido creen que todavía falta tiempo para definir el esquema electoral y advierten que un acuerdo sin condiciones podría dejarlos con menos poder territorial, menos representación y escaso margen para discutir candidaturas.
La estrategia, por ahora, es evitar una negociación apresurada, ordenar al partido en las provincias y conservar las herramientas necesarias para sentarse a discutir con el oficialismo cuando el escenario esté más claro. “De mínima, queremos conservar lo que tenemos”, sintetizó un dirigente.
En el PRO explican que la decisión de felicitar a Lula no fue solamente un gesto diplomático. También buscó recuperar una de las marcas históricas del partido: las relaciones internacionales y la defensa de los intereses nacionales por encima de las diferencias ideológicas.
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