POLITICA
El Gobierno busca aprobar la ley de Propiedad Privada en el Senado y negocia voto a voto con sus aliados

Desde el 20 de mayo, cuando se firmaron los dictámenes del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, La Libertad Avanza intensificó las negociaciones para reunir los votos necesarios. En ese camino, introdujo modificaciones a la iniciativa elaborada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con el objetivo de destrabar su aprobación.
El oficialismo buscará avanzar este jueves al mediodía en la Cámara Alta, aunque algunos senadores aliados de la Unión Cívica Radical todavía reclaman cambios en varios capítulos del texto.
Para construir la mayoría, el Gobierno espera sumar a sus legisladores el respaldo del PRO, la UCR y de bloques provinciales vinculados con gobernadores aliados.
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El temario fue acordado el martes de la semana pasada entre la titular del bloque de LLA, Patricia Bullrich, y el resto de los jefes de bloque en la última reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Para la bancada libertaria, este proyecto fortalece la seguridad jurídica e impactará en la producción y en el desarrollo de nuestro país. El senador Pablo Cervi afirmó a TN: “Se busca brindar previsibilidad y reafirmar un principio fundamental: quien trabaja, ahorra, invierte o produce debe tener la certeza de que el fruto de su esfuerzo estará protegido. Se trata de crear las condiciones para que más argentinos se animen a invertir, emprender, producir y generar trabajo”.
Entienden que el derecho a la propiedad privada está establecido en la Constitución Nacional desde hace más de 170 años. El legislador por Neuquén agregó que “la experiencia demuestra que cuando la propiedad privada se relativiza, también se debilitan la confianza, la inversión y las posibilidades de crecimiento. Por eso esta ley no crea un derecho nuevo: lo fortalece, brinda reglas claras y da mayor previsibilidad a quienes producen y apuestan por el país”.
El resto del temario
Además de la iniciativa sobre la propiedad privada, la Cámara Alta tratará los ascensos del personal de la Cancillería y una treintena de pliegos de integrantes del Poder Judicial. Entre ellos se encuentra la extensión por cinco años del mandato del camarista del fuero laboral Víctor Pesino, que requiere el aval de la Cámara alta para continuar en su cargo antes de cumplir 75 años el próximo 27 de julio.
El juez Pesino fue quien habilitó la implementación de la Ley de Reforma Laboral, rechazando el amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y dejó sin efecto la cautelar que suspendía 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral.
La agenda también incluye un proyecto de las senadoras Beatriz Ávila, del bloque Independencia, y Sandra Mendoza, de Convicción Federal, que proponen declarar a San Miguel de Tucumán capital de la República cada 9 de julio.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada
La iniciativa incorpora modificaciones respecto de la versión original impulsada por el Gobierno, que proponía eliminar todas las restricciones para que empresarios extranjeros pudieran adquirir tierras rurales. El dictamen finalmente establece que, en el caso de los inmuebles ubicados en zonas de frontera, las operaciones deberán contar con un doble aval: el de la provincia correspondiente y el del Poder Ejecutivo Nacional.
El proyecto también introduce cambios en la Ley de Tierras, el régimen de desalojos, las expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa se discutió en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los diputados libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez. No obstante, fuentes parlamentarias no descartan que el articulado sea revisado durante su tratamiento en el recinto este jueves.
Entre las modificaciones más relevantes figura la incorporación de los denominados “desalojos exprés” para los casos de inmuebles usurpados o con tenedores precarios. La reforma faculta al juez a ordenar la restitución inmediata de la propiedad cuando el derecho invocado por el propietario resulte verosímil y este preste caución juratoria.
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El proyecto también incorpora ese procedimiento al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y establece que el magistrado podrá intimar, en un plazo de 72 horas, la devolución del inmueble cuando el propietario acredite, mediante prueba documental, la titularidad del terreno, la vivienda o el campo en disputa.
En materia ambiental, la iniciativa deroga un artículo de la Ley de Manejo del Fuego, impulsada por el diputado Máximo Kirchner (Unión por la Patria) en 2020, que impedía durante 30 años modificar el uso de las superficies rurales incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. Desde el oficialismo sostienen que esa restricción “atentó directamente contra la producción”.
El senador Bartolomé Abdala, presidente provisional del Cuerpo, señaló a TN que “este proyecto va a generar estímulo para invertir en Argentina, que saca las trabas que tenía la ley anterior y que tiene libertad y espontaneidad que se necesita en este momento; por eso este tipo de reformas en nuestro país van a servir para potenciar su nivel de producción en los distintos ámbitos agrícolas, forestales, ganaderos, mineros tecnológicos”.
Y agregó: “Tenemos un país extenso, muy rico en geografía, pero debemos desarrollarlo y esta ley claramente va a ayudar en ese aspecto esencial de la Argentina, además de fortalecer el federalismo de las provincias”.
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Así fue la pelea con cuchillo entre un intendente neuquino y su antecesor

Luego del escándalo que se desató en Neuquén entre el intendente de Pilo Lil, Andrés Infante, y el exjefe comunal Eliseo Díaz, quien estuvo al frente de la comuna durante 12 años, se conocieron las imágenes del episodio en el que ambos hombres se trenzaron en una violenta pelea con un cuchillo.
El enfrentamiento sucedió el viernes pasado al mediodía en el salón comedor de un parador turístico de Pilo Lil, pequeña localidad ubicada en la cordillera de Neuquén a unos 55 kilómetros de Junín de los Andes sobre la Ruta Provincial 23.
En el video se ve una secuencia de forcejeos, empujones y la aparición de un arma blanca durante una reunión de trabajo que derivó en una denuncia penal y en una investigación judicial.
Ambos dirigentes habrían comenzado a discutir a raíz del uso de un vehículo oficial de la institución. Luego, sus diferencias escalaron hasta convertirse en un enfrentamiento físico.
En las imágenes que se difundieron hoy se ve que un forcejeo inicial entre ambos. Mientras tanto, las mujeres presentes en el lugar que los acompañaban pedían a ambos que se detengan.
Luego, Infante empujó a Díaz hacia unas mesas ubicadas dentro del salón en un intento por sacarlo de allí. Es en ese momento que el exintendente, se incorporó y tomó un cuchillo y comenzó a avanzar con el arma en la mano. “No seas hijo de puta”, gritaba Raquel Fantini, pareja de Infante.
Frente a esa situación, Infante retrocedió y se escondió detrás de su pareja, quien se interpuso entre ambos para evitar un nuevo contacto. “Voy a llamar a los milicos”, se le escuchó decir a Díaz, mientras con el cuchillo en la mano se retiraba del lugar.
El motivo del enfrentamiento
De acuerdo con la presentación realizada por Infante, el conflicto comenzó durante una reunión de trabajo de la que también participaron la coordinadora regional de la zona Sur, Eliana Rivera, y Fantini. Según relató, la discusión se originó cuando Díaz solicitó utilizar un camión de la Comisión de Fomento para trasladar fardos de pasto.
Infante sostuvo que le pidió al exjefe comunal que presentara una nota formal para justificar el uso del vehículo y el gasto correspondiente. Esa respuesta provocó una reacción inmediata de Díaz.
“Su primera reacción fue de mucha agresión. Me dijo: ‘Hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido’. Y cuando las mujeres le pidieron que se calmara, las insultó también”, afirmó el jefe comunal en declaraciones al medio local LM Neuquén.
Tras el episodio, se dio aviso a la Policía. Hasta el parador se trasladaron efectivos del Destacamento de Pilo Lil y de la Comisaría 25 de Junín de los Andes. Allí mismo, Infante presentó la denuncia. Díaz, por su parte, se dirigió al destacamento para hablar con las autoridades. Sin embargo, fue interceptado en pleno viaje y demorado.
El intendente aseguró que, después del primer episodio, un hijo del exjefe comunal se presentó en su oficina para amenazarlo. “Vino de forma muy de matón a apretarme, diciéndome que me va a hacer cagar. Volví a hacer otra denuncia. Si le pasa algo a alguien de mi familia, los hago responsables”, afirmó.
Del otro lado, Díaz sostuvo que uso el arma blanca para defenderse. “Me hicieron una cama, no lo amenacé de muerte: usé un verijero para defenderme”, relató al medio local citado.
Y agregó: “La mujer le pasó algo a él, no pude ver bien si era tijera, cuchillo o tenedor, pero tenían una herramienta. La vi en la mano de ella y después la tenía él en el disturbio”, denunció.
Sin embargo, su esposa, Belén Griselda Alfonso en diálogo con un medio local, había negado que durante la pelea hubiera existido un arma blanca. Aunque el video del la pelea difundido desmintió su versión de los hechos.
La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal. La Justicia deberá analizar las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de los cuatro testigos presenciales para establecer cómo se desarrolló el enfrentamiento y determinar las eventuales responsabilidades penales.
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Acusaciones cruzadas en el Gobierno por los cambios en la emergencia en Discapacidad que incluyó el Presupuesto

La primera gran polémica del Presupuesto 2027 se concentró en los fondos para Discapacidad. Así se desató otro altercado puertas adentro de la Casa Rosada, con acusaciones cruzadas sobre el origen y las intenciones del articulado, mezcladas asimismo entre las internas del oficialismo.
“Un quilombo”, resumió una alta fuente libertaria.
Otra vez, en la gestión de Javier Milei la discapacidad vuelve a ser un tema de discordia, en medio de los recortes sobre un área de altísima sensibilidad, sobre la que además hubo graves denuncias de corrupción y sobreprecios que tramitan en la Justicia. Esto al mismo tiempo que las familias y los pacientes siguen en la calle con marchas y reclamos por los déficits prestacionales.
La nueva tensión se detonó anoche cuando diputados libertarios notaron que el texto que su propio gobierno remitió al Congreso iba en un sentido opuesto en Discapacidad a las conversaciones ya encaminadas en la Cámara baja. El Presupuesto descarta la actualización obligatoria de las prestaciones, y habilita a las obras sociales y a las prepagas a fijar sus propios precios, sobre un mínimo.
Esta tarde, con la polémica detonada, en la Casa Rosada se pasaban la pelota entre las áreas por la redacción del apartado y las teorías fluían.
Ante la consulta de , desde el Ministerio de Salud, donde reporta la Secretaría de Discapacidad, se limitaron a remitir las inquietudes a la Casa Rosada. De esta forma, y sin decirlo, se despegaron de la redacción y por ende de cualquier responsabilidad. Las voces autorizadas del Gobierno evitaron asimismo una réplica oficial.
No obstante, en los distintos despachos se deslizaron todo tipo de versiones. Hubo fuentes que refirieron que el titular de Diputados, Martín Menem, no sabía lo que incluía el Presupuesto oficialista en Discapacidad, una cuestión que se debate en la Cámara que preside. Hay voces que mencionaron que ni el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ni su vicejefe Ignacio Devitt (otro de los arietes con el Legislativo), conocían el texto al detalle. En la Jefatura de Gabinete esta tarde primó el silencio, a la vez que Santilli recibía a gobernadores en un intento de limar las asperezas que se multiplicaban en el Congreso.
Algunos dirigentes apuntaron los cañones contra la Secretaría de Legal y Técnica, ya que marcaron que los textos no salen de Balcarce 50 sin “pasar por el filtro” del área que conduce María Ibarzábal, el “cerebro” caputista y jurídico de la gestión Milei.
Por el contrario, otras fuentes de la Casa Rosada -las únicas que intentaron un justificativo de la norma- refirieron que en el Presupuesto se incluyó el proyecto de Discapacidad “que aprobó el Presidente”, que no es el mismo que Menem y el jefe de Discapacidad, Alejandro Vilches, debaten actualmente con la oposición ya que, acusaron esas voces, “rompe el equilibrio fiscal”.
Una parte del oficialismo dijo que el Presupuesto se gestó en el Ministerio de Economía, por lo que la cartera de Luis Caputo debía dar las explicaciones. Hasta el momento de la publicación de esta nota, los voceros del Palacio de Hacienda no dieron declaraciones oficiales.
“Vamos a cumplir la ley como venimos haciendo. Si implica que algunas partidas tengan que subir, entonces se reasignarán. Nosotros no nos correremos un ápice de la ley”, fue lo único que dijo Milei hoy en Neura.
En la Cámara baja optaron por continuar con el debate en comisiones. Así buscaron calmar las aguas con los socios diciéndoles que las conversaciones mantendrían el sentido que ya traían. La idea del oficialismo en Diputados es lograr dictamen hacia el 23 de septiembre y tratarlo antes del debate del Presupuesto, lo que obligaría -en caso de aprobarse ese proyecto que llaman “superador”- a después modificar la letra del esquema de gastos previstos por el Ejecutivo para el año que viene.
Ahora la pregunta es si el Gobierno no vetará una iniciativa que -pese a estar acordada con los aliados- va a contramano de lo que el mismo Ejecutivo planteó en el Presupuesto.
En los pasillos del Gobierno las especulaciones sobre lo que ocurrió con esta parte del articulado que desató la controversia fueron variadas.
Algunos comentaron que pudo estar vinculado a la interna entre karinismo y caputismo; otros, que tal vez responda a las disidencias dentro del propio Ministerio de Salud; más voces, que se haya incluido para generar ruido público y que así pasen por debajo del radar otros vericuetos del Presupuesto.
“Nosotros tenemos dos proyectos de ley que estamos analizando: uno es el presentado por Unión por la Patria junto con otros diputados que proponen la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad; y otro, que no está en tratamiento de manera directa, pero que sí está sobrevolando esta sala, es el de Presupuesto que entró ayer. Tal como lo dice su título, ambos son ‘proyectos’. De manera que está sometido a consideración de los bloques de esta Cámara qué artículos o qué contenido finalmente va a quedar de esas dos cuestiones”, refirió esta tarde en el Congreso la diputada libertaria -ex Pro- Laura Rodríguez Machado, a quien el menemismo ungió como “la voz oficial” en materia Discapacidad.
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Causa AMIA: el juez Rafecas sumó a un nuevo acusado para que sea sometido a juicio en ausencia

El juez Daniel Rafecas resolvió este miércoles que Alí Asghar Hejazi sea sometido a juicio en ausencia por su presunta participación en el atentado contra la AMIA.
La decisión se adoptó a pedido del fiscal Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, y se fundó en la “actitud obstructiva” del imputado y en la “ausencia de cooperación efectiva” de Irán ante los pedidos de detención preventiva para una eventual extradición.
Hejazi se suma al resto de los iraníes que ya tienen pedido de captura internacional en la causa y fueron incluidos en el mecanismo de juicio en ausencia: Mohsen Rezai, entonces comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica; Ahmad Vahidi, responsable de la Fuerza Al Quds; Alí Fallahian, a cargo del Ministerio de Inteligencia; y Alí Akbar Velayati, responsable de Asuntos Exteriores.
Hejazi tiene captura nacional e internacional desde el 10 de abril, cuando fue citado a indagatoria. Ese mismo mes se pidió a Interpol la difusión roja. Se publicaron edictos, se requirió a Irán la detención provisoria con base en la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal y se notificó al Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.
En mayo se le comunicó la declaración de rebeldía por exhortos. El juez consideró cumplidos los requisitos para avanzar sin su presencia y descartó “toda posibilidad razonable de desconocimiento del proceso judicial”.
En la resolución, Rafecas afirmó que el imputado “adoptó una conducta orientada deliberadamente a sustraerse de la acción de la justicia argentina, eludiendo comparecer en el proceso pese a su efectivo y demostrado conocimiento”.
También señaló que, por el rango que ocupó y por la “gran atención internacional” de la causa, resulta “prácticamente imposible” que no hubiera sido informado de los requerimientos. “Pese a tener conocimiento, optó por eludir, no presentarse, responder o acatar” las medidas, concluyó el magistrado.
En el mismo fallo se indicó que las conductas atribuidas pueden considerarse constitutivas de crímenes de genocidio y de lesa humanidad.
El atentado a la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994 cuando un coche bomba destruyó la sede de la mutual judía en Pasteur 633, en el centro de Buenos Aires. Murieron 85 personas. Según la acusación fiscal, la planificación, la decisión y la ejecución del operativo estuvieron a cargo de agencias del régimen iraní “estrechamente ligadas” a las oficinas de Khamenei.
La resolución judicial sostiene que la decisión concreta de atentar contra la AMIA se definió en Teherán, en el Comité Vijeh, un organismo estatal encabezado por el líder supremo y dirigido por Hejazi.
Ese comité, de acuerdo con la investigación, reunía información, analizaba el objetivo y elaboraba la propuesta del ataque.
El juicio en ausencia
La Ley 27.784 fue sancionada en febrero de 2025 y se limita la figura del juicio en ausencia a causas de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, agresión o instrumentos internacionales contra el terrorismo.
El 26 de junio de 2025, Rafecas aceptó los pedidos de familiares y de la fiscalía y ordenó el juicio en ausencia. La Cámara Federal porteña confirmó esa decisión en octubre. El defensor oficial Hernán Silva apeló y el expediente quedó en Casación.
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