El Gobierno evalúa distintas alternativas legales luego de que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos confirmara la sentencia contra Argentina en el caso relacionado con la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.

Hay que tener en cuenta que se trata de una resolución que no implica el pago inmediato de la deuda ni tampoco cierra la posibilidad de una defensa por parte del Gobierno argentino.

Cómo el Gobierno quiere frenar el fallo de la Justicia de EE.UU. contra Aerolíneas Argentinas

Es por eso que en la Casa Rosada están analizando diversos caminos que pueden tomar para frenar el fallo. Uno es pedir una revisión del fallo ante la propia Cámara que dio la sentencia en contra de Argentina.

Por otro lado, se podría recurrir directamente a la Corte Suprema estadounidense. Y otra posibilidad es la de solicitar la suspensión de la ejecución mientras se tramitan esos planteos.

La causa enfrenta al Estado argentino con Titan Consortium 1 LLC. Esta firma adquirió los derechos económicos derivados del laudo que iniciaron sociedades españolas del Grupo Marsans por la expropiación ejecutada en 2008. El monto reconocido por la Justicia estadounidense asciende a u$s390.907.115 al 10 de diciembre de 2024, más intereses posteriores a esa fecha.

La Procuración del Tesoro quedó a cargo de analizar los próximos pasos. En la estrategia legal argentina evalúan múltiples opciones antes de que el fallo quede firme y Titan pueda avanzar con medidas de embargo.

Qué recursos judiciales le quedan a Argentina para frenar el cobro

La primera opción apunta a que el mismo tribunal revise su decisión. Se trata de pedirle a los jueces que ya fallaron que reconsideren su propio fallo. Es un recurso excepcional, pero forma parte del menú de herramientas disponibles.

La segunda alternativa busca que el caso sea evaluado por más jueces de la Cámara de Apelaciones. En lugar de que resuelvan solo los tres magistrados que ya se expidieron, el planteo apuntaría a que intervenga una integración más amplia del tribunal.

La tercera vía es avanzar directamente con un planteo ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Esta opción llevaría el caso al máximo tribunal estadounidense, aunque las chances de que acepte revisar el expediente son estadísticamente bajas.

El Ejecutivo también analiza solicitar una suspensión de los efectos del fallo. En términos prácticos, se trata de intentar frenar el avance del cobro y evitar que Titan pueda ejecutar rápidamente medidas sobre activos argentinos en Estados Unidos mientras se resuelven los recursos.

Expropiación de Aerolíneas Argentinas: cómo nació el caso y quién lo compró

El demandante original no fue Titan. El caso arrancó con el grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral cuando el Estado las expropió en 2008.

La operación se hizo con un pago simbólico. Marsans consideró que eso era confiscatorio y reclamó una indemnización ante el Ciadi.

Luego transfirió ese derecho al fondo Burford Capital, el mismo que litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF. Burford se lo cedió finalmente a Titan Consortium.

Los fondos que compran este tipo de litigios son habituales en el mercado financiero internacional. Anticipan el dinero del juicio a cambio de quedarse con una parte de lo que eventualmente se cobre, apostando a que el país termine pagando más de lo que ellos invirtieron.

En 2017, el Ciadi emitió un laudo que ordenó a la Argentina pagar más de u$s320 millones en compensación y casi u$s3,5 millones en honorarios legales. Los intereses corren hasta la cancelación total.

El país intentó anular el fallo en 2019. El Ciadi rechazó el pedido y le sumó más de u$s1 millón en costos y gastos de representación.

Un conflicto que se arrastra desde 2008

El origen del caso se remonta a 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dispuso la reestatización de Aerolíneas Argentinas, entonces controlada por el grupo español Marsans. La medida derivó en una extensa disputa judicial en el ámbito internacional.

En 2017, el Ciadi determinó que el Estado argentino debía pagar una compensación de u$s320 millones, más intereses. Con el paso del tiempo, los derechos de litigio fueron cambiando de manos: primero pasaron al fondo Burford Capital —conocido también por su rol en el juicio por YPF— y luego fueron adquiridos por Titan Consortium, que ahora impulsa la ejecución del fallo.

Durante la gestión de Marsans, la compañía acumuló pasivos cercanos a u$s890 millones y se desprendió de activos clave, como oficinas en distintas ciudades del mundo, simuladores de vuelo y rutas internacionales. Estas decisiones deterioraron la estructura operativa de la aerolínea y su posicionamiento global.

Al momento de la expropiación, las valuaciones de la empresa fueron contradictorias: mientras el banco Crédit Suisse estimó un valor de entre u$s250 y u$s450 millones, el Tribunal de Tasación de la Nación fijó un valor negativo superior a u$s760 millones, cifra que finalmente fue convalidada en el Congreso.

Cómo funciona el cobro cuando un país no paga

El Ciadi no tiene poder para ejecutar sus propias sentencias. Cuando un país se niega a pagar, los beneficiarios del laudo deben ir a cobrar ante los tribunales de cada país donde quieran hacer efectiva la condena.

En el caso de Argentina, el camino natural fue la corte del Distrito de Columbia, en Washington D.C. Allí, en 2021, Titan demandó al país para forzar el cobro.

La Argentina respondió pidiendo que la acción se desestimara por prescripción. La corte rechazó ese argumento: los jueces consideraron que los plazos invocados por la defensa «no son convincentes».

El Estado apeló. Ahora la Justicia de Estados Unidos desestimó esa apelación y el país debe pagar.

Pero existe un mecanismo adicional. Si la Argentina no demuestra buena fe ni voluntad de negociar el pago, los beneficiarios del laudo pueden solicitar autorización para buscar activos soberanos argentinos en otros estados de Estados Unidos y lograr que esas jurisdicciones reconozcan las sentencias ya obtenidas.

Eso es exactamente lo que Titan pidió: que se le permita rastrear y ejecutar activos por todo el territorio estadounidense.