Chubut, Neuquén y Río Negro volvieron a mostrarse unidos. La firma de un convenio de gas entre Alberto Weretilneck y el intendente de Bariloche, Walter Cortés, funcionó como excusa para una postal que resucita, aunque sea por un momento, el viejo armado federal patagónico: Weretilneck fue el anfitrión en Bariloche, mientras que Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut) se sumaron de modo virtual.

El encuentro tuvo como excusa formal la ampliación de la red de gas en seis barrios barilochenses que beneficiará a más de 1.600 vecinos, aunque la inmediata lectura política fue otra: un trabajo conjunto entre las tres provincias que viene de antes.

Weretilneck resumió el espíritu del encuentro con una frase que apunta directo al vínculo regional: «Sabemos que no hay nada mejor para un patagónico que otro patagónico“.

Torres, por su parte, conectó la obra puntual con una lectura política más amplia sobre el vínculo entre las tres provincias, al calificar la ampliación de la red como una expresión de federalismo y anticipar que seguirán las iniciativas conjuntas con Río Negro y Neuquén.

El trabajo tripartito no es reciente. Los mismos tres mandatarios ya habían escenificado la unidad regional un mes atrás, cuando Torres y Weretilneck cerraron en El Bolsón un litigio judicial de más de 25 años entre Chubut y Río Negro, con un acuerdo de obra eléctrica por $17.000 millones para la Comarca Andina. En esa oportunidad, Torres había anticipado que la sintonía entre las tres provincias seguiría dando frutos en obras conjuntas, y Weretilneck había apelado a la identidad patagónica compartida por encima de los límites provinciales.

A eso se suma la conexión, meses antes, entre el gasoducto San Martín y el Gasoducto Cordillerano, otra obra tripartita que permitió dar factibilidad de gas a más de 12.000 familias de la región.

Aunque desde el entorno de los mandatarios son más escépticos sobre la “foto” y arriesgan que son “cuestiones de gestión”, el rebranding del antiguo grito federal no pasó desapercibido en la gélida región patagónica.

Como dato accesorio, las tres provincias decidieron afrontar erogaciones millonarias para compensar la retracción del Estado Nacional en materia de obra pública.

En el caso de Río Negro, con fondos del erario provincial el gobierno afrontó la culminación de obras en una sede de la Universidad Nacional de Río Negro en Bariloche y la finalización de la construcción de la terminal de ómnibus de la misma localidad cordillerana, entre otras obras.

“Nación abandonó absolutamente el interior del país en todo lo que son obras y acciones” dijo Weretilneck, y ejemplificó con “rutas abandonadas, universidades abandonadas y en todo tipo de acción federal en las provincias”.

Mencionó además que “las provincias encaramos acciones para no fallarle a nuestra gente en la resolución de temas”. Aseguró que debido a la falta de compromiso del gobierno nacional en la ampliación del gasoducto, localidades entre Esquel y Junín de los Andes, incluyendo las de Río Negro, no podían lograr conexiones por falta de disponibilidad”.

“Los tres gobernadores, principalmente Chubut y Neuquén, afrontaron el costo a través de sus bancos para culminar esas obras” dijo el mandatario, y agregó que “la foto de hoy (entre los tres mandatarios), es la unidad de las provincias patagónicas, a sabiendas de que no podemos contar con el apoyo federal”.

Figueroa, por su parte, mencionó que la cooperación entre las provincias “permitió avanzar en soluciones concretas para los vecinos y aseguró que el próximo desafío será continuar ampliando la infraestructura energética para garantizar un abastecimiento seguro y suficiente en toda la región cordillerana”.

En términos políticos, los tres gobernadores están enfrentados al gobierno nacional y disputarán sus espacios con candidatos libertarios.

En el caso de Figueroa y Weretilneck, representan a partidos provinciales y Torres aún integra el PRO.

En las tres provincias, los armadores de Casa Rosada barajan nombres para disputar las conducciones provinciales y deberán compulsar con los mandatarios actuales quienes, a pesar de que aún no arriesgan confirmaciones, irán por sus reelecciones.

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El próximo viernes 7 de agosto, a diez años de la primera peregrinación que visibilizó a cientos de miles de trabajadores de la economía popular que reclamaban por la “Ley de Emergencia Social”, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos centrales de trabajadores —CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma—, y organizaciones piqueteras y sindicatos de bases, convocaron a una nueva marcha desde el santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers hasta Plaza de Mayo, bajo las consignas históricas de Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.

En un duro comunicado, la UTEP describió la situación marco de la protesta: “La jornada de este 2026 se da en un contexto de extrema gravedad. Las organizaciones venimos denunciando el desmantelamiento absoluto de las políticas destinadas a los sectores vulnerables, la eliminación definitiva de herramientas de ingreso para trabajadores de la economía popular como el Volver al Trabajo (originalmente el Salario Social Complementario), el corte sistemático de alimentos a los comedores comunitarios y la parálisis de la urbanización en barrios populares, junto con el avance de medidas que destruyen incluso derechos laborales formales».

La jornada comenzará a las 8 de la mañana en la intersección de las avenidas Cuzco y Rivadavia, frente a la Basílica de San Cayetano, con la tradicional bendición de herramientas de trabajo a cargo del arzobispo Jorge García Cuerva. Desde allí, la columna avanzará por la Avenida Rivadavia hasta Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, donde a las 13 se realizará el acto central y la lectura de un documento unitario de las organizaciones.

A lo largo del trayecto se irán sumando organizaciones sociales, políticas, piqueteras, entre ellas el Polo Obrero, el MST, Libres del Sur y Territorios en Lucha. El grueso de los sindicatos que integran la CGT, como Bancarios, UOM, SMATA, entre otros, recibirán a los peregrinos en la cabecera de Plaza de Mayo, frente al palco desde el cual se leerá un único mensaje que ya consensuaron los dirigentes a cargo de la organización de la protesta contra Javier Milei.

A las 11 de la mañana, sobre Avenida de Mayo, a la altura del Congreso de la Nación, está previsto “un verdurazo masivo”, una feria de producción agraria y cooperativa, y se inaugurará una muestra fotográfica que repasa la historia de la movilización desde sus orígenes en 2016.

El secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, trazó el hilo entre aquella primera convocatoria y la de este año: “Hace 10 años comenzó a visibilizarse la Argentina profunda, miles de trabajadores que se inventan su propio trabajo ante el descarte del sistema, pero que reclaman reconocimiento y derechos. Aquel 2016 logramos instituir el Salario Social Complementario, que hoy este gobierno le está queriendo arrebatar a la economía popular como herramienta de subsistencia. Por eso seguimos caminando, por reconocimiento de nuestro trabajo y por mayores derechos”.

Aquella primera marcha de los denominados “Los Cayetanos” fue el puntapié de un proceso que derivó, meses después, en la sanción de la Ley de Emergencia Social (Ley 27.345). Entre otros espacios, esa masiva movilización, que unió a casi 300 mil personas, fue organizada por la UTEP, por entonces liderada por Esteban “Gringo” Castro; la CTEP, fundada por Juan Grabois; la Corriente Clasista y Combativa (CCC), conducida por Juan Carlos Alderete; y dirigentes de la talla de Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita;y Daniel Menéndez coordinador nacional de Barrios de Pie.

La normativa conquistada en base a esos reclamos, de los cuales también participaron las CTA y gremios de la CGT, instituyó el Salario Social Complementario como instrumento de ingreso para los trabajadores de la economía popular. Ese derecho conquistado es precisamente el que hoy el gobierno de Javier Milei busca desmantelar a través del cierre del Programa Volver al Trabajo, predecesor del Potenciar Trabajo.

La secretaria general adjunta de la UTEP, Dina Sánchez, precisó el alcance de los reclamos de este año: “Eliminaron el Salario Social Complementario. Desde este mes de agosto, más de 900 mil trabajadores dejan de cobrar su único ingreso fijo: una ofensiva cruel contra quienes nos organizamos”. La dirigente también señaló que la movilización del 7 de agosto se realiza “en unidad con las centrales sindicales, la universidad pública y los organismos de derechos humanos, con la convicción de no dar ni un paso atrás”.

Otro de los dirigentes que participará de la peregrinación de San Cayetano a Plaza de Mayo es uno de los primeros organizadores, Esteban “Gringo” Castro, actual referente del Movimiento Misioneros de Francisco. En diálogo con Infobae recordó: “El primer 7 de agosto sintetizó fe y lucha. En tiempos maravillosos, de nuestro amado papa Francisco, nuestro papa argentino, que tanto nos bancó predicando las ‘TresT’, Techo, Tierra y Trabajo. Pero esto empezó antes. Fue Saúl Ubaldini (ex secretario general de la CGT ya fallecido) quien lideró la primera marcha contra los milicos genocidas. Desde la cancha de Vélez al santuario de San Cayetano. Fue un 7 de noviembre de 1981. Él lo dice en un reportaje. Mientras las instituciones se cerraban, San Cayetano los recibió. Pero esto viene aún de más atrás. Cuando en 1930, con la sequía, un anónimo laburante del campo deja una espiga a los pies de la imagen del santo en nuestra querida iglesia en Liniers. Ahí empieza esto tan criollo, tan nuestro, que el santo venido de Nápoles, Italia, por San Mama Antula se hace patrono del pan y el trabajo porque logra que llueva en la sequía”.

Las organizaciones denuncian además el corte sistemático de alimentos a los comedores comunitarios, la parálisis de la urbanización en barrios populares y el avance de reformas que afectan derechos laborales formales. Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur —una de las agrupaciones de Territorios en Lucha que también participará de la jornada—, advirtió que “casi 8 de cada 10 familias están salteando comidas” y que “lo que hay de fondo es un problema de modelo de país”.

La movilización del 7 de agosto viene precedida, además, por una marcha al Congreso el jueves 6 de agosto. Ese día, la UTEP, junto a organizaciones sindicales y sociales, repudiará el debate en el Senado del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que propone la derogación y modificación de aspectos centrales de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737). La norma impulsada por el oficialismo eliminaría el tope del 15% vigente para la extranjerización de tierras rurales y lo elevaría al 25% y quitaría restricciones para adquirir tierras que contengan recursos hídricos y minerales.

La secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, sintetizó las demandas del sector al decir: “Marchamos para que a ninguna familia le falte su vivienda, su techo. Marchamos por ningún campesino sin tierra para producir, porque queremos la tierra en manos de quienes la trabajan y no en manos extranjerizadas. Estas son nuestras demandas históricas y, como decía nuestro hermano el papa Francisco, son derechos sagrados”.

La secretaria general adjunta Norma Morales remarcó el carácter colectivo de la construcción. “Aprendimos que ningún derecho se conquista en soledad, sino con la organización popular de las cooperativas, los espacios de cuidado, las promotoras, vendedores ambulantes, cartoneros, las mujeres y quienes sostenemos la vida todos los días”, dijo.

El secretario de Organización de la UTEP, Ramiro “Vasco” Berdesegar, amplió el horizonte político de la convocatoria: “Este 7 de agosto volvemos a ganar las calles con la unidad del conjunto de los trabajadores y sus organizaciones. Juntando fuerzas que nos permitan construir un proyecto político que termine con tanta sumisión al FMI; que le ponga fin a tanto ajuste y sufrimiento a nuestro pueblo”.

La marcha de San Cayetano es el primer hito de un agosto con agenda sindical densa. La siguiente acción conjunta de la CGT, las CTA y los movimientos sociales está prevista para la semana del 20 de agosto: una movilización al Ministerio de Economía para visibilizar la situación de siete millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito. El calendario continúa el 2 de septiembre con una marcha en el Día de la Industria, y entre el 4 y el 6 de septiembre con la Semana Social.

La Casa Rosada siguió de cerca este lunes las repercusiones del paro nacional docente y en qué distritos se garantizó el servicio mínimo del 75% de actividad en las escuelas. Además, apuntó contra la provincia de Buenos Aires por “escatimar” la información y evitar las inspecciones de Nación.

“Nosotros nos ocupamos de fiscalizar el cumplimiento de la jornada escolar como marca la ley. Si eso no se logró, seguramente habrá sanciones a los gremios”, enfatizaron a TN desde Balcarce 50, donde aclararon que las eventuales consecuencias no alcanzarán a los docentes que adhirieron a la medida de fuerza.

Para dar cuenta del cumplimiento de los pisos de prestación mínima establecidos por la Ley de Modernización Laboral, la Secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero instruyó a sus inspectores en las 43 agencias territoriales que se despliegan a lo largo del país que realicen un muestreo.

Fuentes oficiales aseguraron a este medio que tanto la Ciudad de Buenos Aires como Mendoza, San Luis y Santa Fe superaron el nivel mínimo de actividad en sus escuelas. En contraposición, que la provincia de Buenos Aires obstaculizó la recopilación de información sobre las escuelas en su jurisdicción.

A su vez, en Entre Ríos, Chubut y San Juan informaron que hubo un “muy bajo acatamiento” a la medida.

Los cuestionamientos de la Casa Rosada al gobierno bonaerense tienen que ver con una comunicación interna de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense dirigida a inspectores regionales, distritales y equipos directivos para fijar un criterio para actuar frente a los eventuales pedidos de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Se informó que el Ministerio de Trabajo bonaerense realizó una presentación formal ante el área que dirige Julio Cordero para que se abstuviera de solicitar información a las instituciones bonaerenses para realizar cualquier tipo de fiscalización sobre el empleo público del distrito.

En ese sentido, el texto argumentó que el artículo 6 de la Constitución Nacional prohíbe que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias sin el proceso político-parlamentario correspondiente y sostuvo que la medida del Ejecutivo constituye “un avance ilegítimo sobre la autonomía local”.

“El punto es la incoherencia. La provincia de Buenos Aires termina admitiendo lo que el Gobierno dice, (el paro) es un tema de ellos”, replicó un funcionario nacional a TN. En ese sentido, la Casa Rosada cuestionó el accionar de los gremios docentes de realizar un paro nacional cuando las negociaciones salariales son responsabilidad de las provincias. “La medida de fuerza se tornó muy politizada”, remarcaron.

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CTERA justificó la convocatoria al paro de 24 horas en todas las escuelas del país en el rechazo del Gobierno de convocar a una Paritaria Nacional Docente en un contexto donde el sueldo mínimo de los docentes continúa alrededor de los $500 mil.

Así, el sindicato reclamó un aumento salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) —herramienta para pagar un adicional a los maestros y profesores que fue eliminada en 2024— y un mayor financiamiento para el sistema educativo, entre otros puntos. Para el sindicato, la jornada de huelga tuvo “un altísimo acatamiento en todo el país”.

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