POLITICA
Polémica en el Consejo de la Magistratura: un juez le abrió la puerta a la reelección del camarista Barroetaveña

El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Valerio Lavié Pico hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el juez Diego Gustavo Barroetaveña y ordenó al Consejo de la Magistratura de la Nación que se abstenga de adoptar medidas que limiten o afecten la posibilidad de que el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal se presente a la reelección como consejero en representación del estamento de jueces para el período 2026-2030.
La resolución tiene un alcance acotado: no reconoce un derecho a la reelección sino que preserva la posibilidad de participar en el proceso electoral mientras se resuelva la cuestión de fondo en esta causa.
El juez Barroetaveña planteó al juzgado una acción declarativa de certeza para que le diga si puede o no plantear su candidatura. Ese es el fondo del caso y por ahora, el juzgado solo resolvió una medida cautelar.
El debate surge porque la ley original del Consejo de la Magistratura de 1998 establecía que los miembros durarían cuatro años en sus cargos “pudiendo ser reelegidos por una vez en forma consecutiva”.
Ese texto fue reemplazado en 2006 por la ley 26.080, que introdujo la restricción de que solo podrían ser reelectos “con intervalo de un período”. La ley del kirchnerismo posterior mantuvo esa restricción.
Pero la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la nueva ley y ordenó que vuelva a tener vigor la vieja norma hasta que el Congreso dictara una nueva ley orgánica. El Congreso nunca lo hizo.
Barroetaveña entiende que, al darle nueva vida a la vieja norma, no solo se modifica la integración del Consejo de la Magistratura con 20 miembros, sino que se renueva la posibilidad de la reelección.
Los que se oponen argumentan que el fallo de la Corte que le dio nueva vida a la vieja ley solo se refiere a la integración del tribunal y a que el presidente de la Corte sea el titular del Consejo de la Magistratura, y que nada dice sobre la reelección de los consejeros.
Lavié Pico no resolvió el fondo, pero consideró que el planteo tiene apariencia de verosimilitud para sostener una cautelar. Entendió que el cronograma electoral, con vencimiento de mandatos el 18 de noviembre y plazos que se proyectan hacia mediados de agosto, configura un peligro en la demora.
El juez sostuvo que la medida no afecta el interés público ni interfiere en el proceso electoral. La cautelar que dictó Lavié Pico rige hasta que recaiga sentencia definitiva o se cumpla un plazo máximo de seis meses, que es el que tienen las medidas cautelares contra el Estado.
La movida de Barroetaveña para ser reelecto no fue recibida en silencio. Su candidatura provocó disensos en la lista Bordó de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la agrupación que bajo la conducción del juez Andrés Basso viene ganando las elecciones del estamento judicial con hegemonía.
El kirchnerismo también se opuso. Los consejeros Vanesa Siley y Mariano Recalde, junto al diputado Rodolfo Tahilade, enviaron una nota a la secretaría jurídica del Consejo señalando que Barroetaveña “pretende forzar” la ley y que su intención “no tiene sustento normativo”, contradice a la Corte y “violenta” las reglas de alternancia.
El Colegio de Abogados de la Ciudad, que fue el autor de la demanda en la Corte para darle vida a la vieja ley del Consejo, se opuso a la reelección de Barroetaveña, pues argumentó que le están haciendo decir a la Corte lo que no dijo.
La asociación civil Será Justicia, integrada entre otros por María Eugenia Talerico, Raúl Aguirre Saravia y Guillermo Lipera, se presentó como amicus curiae ante Lavié Pico para pedir el rechazo tanto de la demanda como de la cautelar, argumentando que admitir la interpretación de Barroetaveña abriría un precedente para la permanencia sucesiva en cargos de enorme relevancia institucional. De la mano de Barroetaveña aspira a la reelección la consejera jueza Agustina Díaz Cordero.
También se opuso a la reelección la ONG Fores, preocupada por la transparencia judicial. Ricardo Lorenzetti, por su parte, está en desacuerdo con la posibilidad de la reelección y Carlos Rosenkrantz no se pronunció. La Corte tendrá que hablar si el asunto sube a sus estrados antes de fin de año.
El juez Lavié Pico delimitó qué hace y qué no hace la cautelar que dictó. Aclaró que no reconoce un derecho de Barroetaveña a ser reelecto ni a integrar una lista. Solo ordena al Consejo que no lo excluya anticipadamente del proceso electoral. Si el espacio del estamento judicial que aglutina la lista correspondiente no lo incluye en su nómina, la cautelar no lo ampara: la integración de una lista depende de las decisiones internas de ese sector.
Lo que la medida impide es que el organismo adopte una decisión institucional que cierre de antemano esa posibilidad antes de que la cuestión jurídica de fondo sea debatida y resuelta. El fallo, sin embargo, tiene un efecto político inmediato: habilita a Barroetaveña a seguir en la negociación interna del estamento judicial con aval judicial provisorio.
El reglamento del Consejo exige conformar listas con cinco candidatos titulares y sus respectivos suplentes, respetando paridad de género, representación territorial y rangos funcionales, lo que hace que el armado sea un proceso que demanda semanas.
El margen para registrar candidaturas, computando hacia atrás desde el vencimiento de mandatos del 18 de noviembre, se agotará en pocas semanas.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Gobierno rechazó la visita de la princesa Ana a las Islas Malvinas y calificó el viaje como “una provocación”

Luego de que la princesa Ana arribara a las Islas Malvinas y Georgias del Sur, el Gobierno nacional repudió las actividades oficiales de la hermana del rey Carlos III al sostener que se desarrollaron bajo la ocupación ilegal. Además, por medio de un comunicado, solicitaron que se vuelva a abrir el canal de diálogo por el reclamo soberano con el Reino Unido.
“Dicha visita oficial constituye una provocación en circunstancias en que el Reino Unido está avanzando en la explotación ilegal unilateral de hidrocarburos a través del otorgamiento de licencias ilegítimas”, dijo la Cancillería, dependiente de Pablo Quirno.
Ante estas circunstancias, las autoridades argentinas remarcaron que solicitaron un arbitraje ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Al mismo tiempo, también pidieron medidas provisionales de urgencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

En su pronunciamiento, la Cancillería reclamó al Reino Unido que retome las negociaciones por la soberanía de las islas. El pedido se apoyó en la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de otros pronunciamientos del organismo y de su Comité Especial de Descolonización.
“Es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial”, sostuvieron en el comunicado. Asimismo, el Gobierno argentino ratificó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes son parte integrante de la República Argentina.
La princesa Ana llegó a las Islas Malvinas el lunes 9 de noviembre, junto a su esposo, el vicealmirante Sir Tim Laurence, según confirmaron las autoridades británicas que encabezan la ocupación del archipiélago. Está previsto que los integrantes de la Casa Real Británica abandonen el territorio el próximo viernes 20.
Además de haber participado en la inauguración de obras, la hermana del rey Carlos III rindió homenaje a las tropas británicas. También recorrió los monumentos de guerra que yacen en la zona del Puerto Argentino.

No se trata de la primera vez que la integrante de la Familia Real británica se presenta en las Islas Malvinas, debido a que en noviembre de 2022 también viajó en compañía de su esposo para cumplir funciones oficiales en representación del monarca.
En esa oportunidad, el Palacio de Buckingham informó que visitó la base de Mount Pleasant de las Fuerzas Británicas y recorrió diversos lugares, donde depositó ofrendas florales para conmemorar el 40 aniversario de la guerra ocurrida en 1982.
La princesa Ana aterrizó en las Islas un día antes de que Argentina lleve formalmente el caso de Sea Lion ante el Tribunal Internacional del Derecho Marítimo (TIDM). Las audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania, ante un tribunal integrado por 21 jueces. Fue la primera vez que la Argentina y el Reino Unido debatieron ante una instancia internacional por los recursos marítimos situados alrededor de las islas.

En esa instancia, la delegación argentina planteó que la extracción de crudo puede generar un perjuicio irreversible antes de que quede conformado el tribunal arbitral previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Por este motivo, presentaron cuatro medidas provisionales. La principal buscaría detener nuevas perforaciones, tareas de explotación e infraestructura vinculada con Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Malvinas.
También solicitó que el Reino Unido no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa, que no utilice información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos y que cese las acciones que, según Buenos Aires, le impiden cumplir con sus obligaciones de protección ambiental.
La Argentina también llevó al tribunal el posible impacto de un derrame. El plan de contingencia de la empresa operadora contempla una probabilidad del 30% de que un eventual reventón alcance aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días.

Por este motivo, argumentaron que, ante una emergencia ambiental, la respuesta operativa recaería principalmente en la Argentina por su cercanía geográfica con el área de explotación, mientras que el Reino Unido se encuentra a más de 12.700 kilómetros.
Frente a esto, la defensa británica objetó que el pedido argentino encubre una discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas y que, por lo tanto, el TIDM no tendría competencia para intervenir.
La representación argentina rechazó esa interpretación y afirmó que el expediente no pretende resolver la disputa territorial. Su argumento se apoya en las resoluciones 2065, de 1965, y 31/49, de 1976, de las Naciones Unidas, que reconocen la existencia de la controversia e instan a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras permanezca abierta.

Durante la audiencia, la fiscal general británica Ellie Reeves mencionó un discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para cuestionar el interés argentino en una salida negociada. El embajador Mario Oyarzábal, agente designado por la Argentina, respondió que el mandatario también había ratificado la vía pacífica y el marco del derecho internacional.
La delegación argentina fue encabezada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, e integrada, entre otros, por el embajador Mario Oyarzábal y los especialistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver.
Ahora, la Argentina espera para el 28 de noviembre la decisión del TIDM sobre el pedido contra el proyecto petrolero.
El arbitraje ante el TIDM forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno frente a la explotación de hidrocarburos alrededor de las islas. Ese esquema contempla iniciativas legislativas y causas penales contra los directivos de las compañías vinculadas a Sea Lion, entre ellas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
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Un intendente bonaerense caminará 350 kilómetros hasta La Plata como propuesta de campaña para ser gobernador

Franco Flexas, el intendente de Los Toldos, un pueblo de 20.000 habitantes ubicado al noroeste bonaerense, lanzó a través de su cuenta de Instagram una llamativa propuesta: caminará desde su municipio hasta La Plata con el objetivo de convertirse en el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa comprende 350 kilómetros de distancia y un tiempo estimado de 22 días.
“Siempre pensé que a la Provincia hay que gobernarla como se gobierna un pueblo: cerca de la gente. Por eso voy a empezar caminando”, escribió Flexas en la publicación.
“Desde Los Toldos hasta La Plata, pueblo por pueblo. Sí, caminando de verdad”, se lee en el mismo posteo. Junto al texto, Flexas compartió un video donde se lo ve calzándose las zapatillas y argumentando el por qué de su decisión de ir por la primera magistratura bonaerense.
Según la publicación, “son más de 350 km por caminos de tierra”. Flexas emprendió la travesía el martes 17 y llegaría a destino el 9 de diciembre. Sobre el paso a paso de la llamativa experiencia, Flexas detalla: “La idea es ir despacio, parar, tomar unos mates con ustedes y que me cuenten cómo andan las cosas en cada lugar. Lo que anda mal, pero también todo lo bueno que están haciendo, que es un montón”.
“Si paso cerca de tu pueblo o ciudad, escribime. Me encantaría que nos conozcamos”, cierra su posteo el intendente de Los Toldos.
Flexas es intendente del partido de General Viamonte (cuya cabecera es Los Toldos) desde 2015. Su primer mandato se extendió hasta el 2019, año en el que renovó su cargo hasta el 2023. Una vez allí fue reelecto por tercera vez, período que se desplegará hasta 2027.
Nacido el 11 de mayo de 1977 en General Viamonte, estudió abogacía en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Además, ejerció como docente universitario y se desempeñó como Director de Asuntos Municipales de la Universidad Nacional del Noreste de la provincia de Buenos Aires. En la actualidad se encuentra afiliado a la Unión Cívica Radical (UCR).
Iniciado el recorrido, Flexas compartió a través de sus historias en Instagram lo que fue la despedida de sus seres queridos y el intercambio que tuvo con los primeros vecinos.
Más tarde, y siempre en relación a las primeras 24 horas de la puesta en marcha de su iniciativa, Flexas compartió otra publicación en donde hace un resumen de su primera parada.
“Salimos bien temprano desde Los Toldos y son unos 16 kilómetros hasta San Emilio, nuestra primera parada. Tipo 7.30 de la mañana vamos a estar pasando por la Atalaya, a la salida de Los Toldos, por si alguno quiere sumarse a caminar”, posteó el funcionario bonaerense.
“A los que estén en San Emilio, me encantaría que nos encontremos para charlar un rato y tomar unos mates. Y a los que nos vean pasar por el camino, ¡acérquense!“, agregó Flexas.
En la última publicación alusiva a su caminata, Flexas hace un repaso de las principales reacciones que generó su propuesta. En palabras del intendente de Los Toldos, “el comentario que más se repitió fue ‘¿vas a ir caminando posta?’“.
Otro de las dudas que le plantearon fue sobre quién se quedaría a cargo de la intendencia durante su ausencia. “Bueno, me tomé una licencia por vacaciones”, responde Flexas, y remata: “Y cuando me tomo licencia, queda a cargo Florencia Adamini. La diferencia es que no me voy de vacaciones, pero de todas maneras hay un equipo que va a seguir trabajando”.
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En línea con Nación, Entre Ríos suspenderá las PASO en 2027: el oficialismo prepara un proyecto para modificar el Código Electoral

El oficialismo de Entre Ríos avanzará con un proyecto para suspender las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante 2027. La propuesta, que contempla una modificación parcial del Código Electoral provincial, fue consensuada luego de conversaciones con los partidos que integran Juntos por Entre Ríos y representantes de La Libertad Avanza.
La iniciativa establece que la suspensión tendrá carácter excepcional y regirá únicamente para el próximo turno electoral. Es decir, no supone la eliminación definitiva de las primarias ni una reforma permanente del mecanismo de selección de candidatos.
El alcance de la medida incluirá todas las categorías provinciales, municipales, comunales y las juntas de gobierno. Entre los argumentos del oficialismo aparece la intención de reducir el gasto público y evitar que el Estado deba afrontar la organización de dos instancias electorales en un mismo año.
Con este esquema, los entrerrianos elegirían directamente a sus representantes en los comicios generales, que están previstos para el primer domingo de junio de 2027, aunque también existe la posibilidad de que la votación provincial se realice en simultáneo con las elecciones nacionales.
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