POLITICA
El Gobierno busca renegociar la concesión de Aeropuertos Argentina, pero rechaza las condiciones de la empresa

El Gobierno quiere renegociar el contrato de concesión de Aeropuertos Argentina —perteneciente a Eduardo Eurnekian a través del holding Corporación América Airports—, pero decidió revisar las condiciones que se habían discutido durante la gestión anterior del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).
Para el Ejecutivo, la necesidad de llegar a un nuevo acuerdo no está en discusión. Lo que cambió es el punto de partida: no quiere garantizar la rentabilidad que pretende la compañía -que nació en 1998 tras ganar la concesión a 30 años para modernizar y operar la red de aeropuertos-, sino determinar primero qué desequilibrio económico corresponde reconocer por la última prórroga del contrato en 2020.
La posición oficial llega después de que revelara que la falta de acuerdo mantiene en suspenso una nueva etapa de inversiones aeroportuarias por más de US$600 millones.
El preacuerdo que había alcanzado la empresa con el extitular del Orsna, Facundo Leal, y que finalmente no prosperó, establecía un plazo de concesión hasta febrero de 2056 y contemplaba la posibilidad de una prórroga adicional hasta 2066. El esquema incluía una tasa interna de retorno (TIR) de 14,45%, aunque la empresa pretendía llevarla a 16,45%, un nivel que, según su posición, tampoco alcanzaba para recomponer completamente la ecuación económica de la concesión.
Sin embargo, para la actual conducción del organismo y de la Secretaría de Transporte, a cargo de Mariano Plencovich, una extensión de ese alcance nunca estuvo sobre la mesa. Según fuentes oficiales, tanto el plazo como la tasa de retorno forman parte de las que consideran “pretensiones exorbitantes” de la compañía. En particular, cuestionan una tasa de retorno garantizada de hasta casi 17%.
Para la gestión libertaria, una tasa de ese nivel no se corresponde con las condiciones actuales de la Argentina. La interpretación oficial es que una rentabilidad de 17% supone un país con un nivel de riesgo elevado y una necesidad de recupero de la inversión acorde con ese escenario. La mejora de las condiciones macroeconómicas permitiría, según el Gobierno, revisar tanto esa referencia como los plazos de la concesión, que son, por ahora, las principales herramientas disponibles para recomponer la ecuación económica.
Fuera de la mesa de negociación quedó, en cambio, la posibilidad de aumentar las tasas aeroportuarias que pagan las aerolíneas, en particular las extranjeras. Según el Gobierno, una suba de esos cargos restaría competitividad al país y podría afectar la cantidad de conexiones aéreas. Tampoco considera viable una reducción de costos que termine deteriorando la calidad del servicio.
El origen del conflicto se remonta a la firma de la última prórroga, en diciembre de 2020, cuando el contrato fue extendido por otros 10 años, hasta 2038. De acuerdo con fuentes oficiales, las proyecciones utilizadas entonces para los años siguientes fueron demasiado optimistas. Como ejemplo, señalan que en 2021 los ingresos de la empresa fueron 50% inferiores a los previstos.
Por esa razón, el Gobierno reconoce que la concesión necesita ser renegociada. El punto de discusión, sostienen, no es si debe recomponerse el equilibrio económico, sino cuánto corresponde reconocer y bajo qué condiciones.
En paralelo, la renegociación está vinculada con un importante programa de inversiones que el Gobierno exige a Aeropuertos Argentina para la renovación y modernización de la infraestructura. Aunque todavía no existen mayores precisiones sobre el detalle de las obras, el monto inicial estimado supera los US$600 millones.
Por eso, tanto para el Gobierno como para la empresa, la conveniencia de alcanzar un acuerdo cuanto antes aparece como un punto de coincidencia. Una extensión de la incertidumbre podría afectar el ritmo de las inversiones y, eventualmente, comprometer los recursos del Fondo de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (Ffsna), al que Aeropuertos Argentina realiza aportes.
Mientras tanto la compañía está próxima a completar el plan de inversiones de US$606 millones que había quedado asociado a la prórroga de 2020.
Horacio Marín habló con universitarios: “A YPF vine a negociar con la vida; no me importa si me rajan”,US$600 millones.,María Julieta Rumi,Comunidad de Negocios,Transporte,Inversiones,Conforme a
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Revelan que Hugo Moyano vació un sanatorio clave de la obra social de Camioneros: todos los detalles – Nexofin

La crisis del sindicato de Camioneros se agudiza y tiene como eje un presunto desfalco de su obra social para tapar el déficit de las empresas que integran el holding familiar de los Moyano.
El sanatorio que habría sido vaciado por Hugo Moyano.
La lupa judicial se encuentra posada sobre un sanatorio clave que funciona en el Partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, que resulta clave para el funcionamiento de la cobertura de salud a los trabajadores afiliados.
Se trata del Sanatorio 15 de Diciembre, el cual dejó de brindar atención médica en varias áreas sensibles, como cirugías y guardias, siendo que el único sector que funciona de forma regular es el de laboratorio.
Hugo Moyano quiere cerrar una causa por fraude millonario en un hotel de Camioneros
Esta situación tiene como trasfondo una caída de afiliados y recortes efectuados por el gremio, así como conflictos por problemas en el pago de salarios en cuotas al personal.
Posible triangulación de fondos
Sin embargo, según Clarín, también habría movimientos financieros sospechosos que indican un vaciamiento de la institución médica, pues la Justicia investiga transferencias multimillonarias desde las cuentas del sindicato y la obra social hacia fideicomisos relacionados al holding empresarial del clan Moyano, los cuales administra la esposa del sempiterno líder gremial, Liliana Zulet por medio de firmas como IARAI.
Este accionar derivó en denuncias internas y disputas dentro del gremio por el opaco manejo de los fondos de Camioneros y su obra social.
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Camioneros,Holding familiar,Hugo Moyano,Obra Social,Triangulación de fondos,Vaciamiento
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Roberto Baratta fue autorizado a recibir el año nuevo en las playas brasileñas de Buzios

El exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, que fue la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal, recibirá el 2027 en las playas de Buzios, en las afueras de Río de Janeiro. Autorizado por la Justicia, tendrá ese beneficio a pesar de haber sido condenado a 3 años y medio de prisión por fraude y de tener otras cuatro causas en trámite.
Por mayoría, el Tribunal Oral Federal 3 lo autorizó a salir del país entre el 28 de diciembre y el 6 de enero. El viaje es por motivos de recreación familiar, argumentó el exfuncionario, que deberá presentarse en tribunales al tercer día de su regreso al país, a más tardar.
La autorización se dictó en una causa en la que se lo juzga por defraudación en perjuicio de la administración pública por el manejo de la “caja chica” del Ministerio de Planificación durante la gestión kirchnerista.
Pero Baratta está condenado por el Tribunal Oral Federal 7 a 3 años y 6 meses de prisión en la causa por la compra de gas natural licuado (GNL); sin embargo, no irá a prisión hasta que el fallo quede firme. Se lo consideró coautor de “administración fraudulenta agravada” por las compras con sobreprecios de gas natural licuado.
El tribunal también ordenó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de De Vido y Baratta, y dio por probado que la maniobra en la adquisición de 11 buques con GNL con fondos públicos le provocó al Estado un perjuicio de más de 5,5 millones de dólares.
El mismo tribunal oral lo juzga ahora en la causa de los Cuadernos de las coimas, en la que está acusado de ser uno de los recaudadores del esquema de sobornos de la obra pública.
En marzo de este año declaró en indagatoria en ese juicio. Ese mismo día, el TOF 3 lo autorizó a viajar a Brasil con su familia. En la instrucción, el juez Julián Ercolini también lo había procesado por “admisión de dádivas” por parte de directivos de Techint para que intercediera ante el gobierno de Venezuela, que pretendía expropiar Sidor.
Además, el TOF 3 lo juzga por defraudación en perjuicio de la administración pública por el manejo de la “caja chica” del Ministerio de Planificación. En esa causa se le dictó el embargo que nunca pagó.
En paralelo, Ercolini procesó por enriquecimiento ilícito a Baratta, por un aumento de su patrimonio que, según el juez, “carecería de sustento”. Antes, el juez federal Luis Rodríguez lo había procesado sin prisión preventiva por irregularidades en el manejo de fondos para la remodelación de la mina de Río Turbio.
Los detalles del viaje
Al realizar el pedido de autorización para el viaje, la defensa de Baratta presentó las reservas de los pasajes y del hotel. También acompañó las constancias del permiso que ya le había dado el Tribunal Oral Federal 7.
Ahora los jueces Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni dieron el permiso. Basso consideró que no se podía “soslayar” la autorización del TOF 7 y que, en el estado actual del expediente, la presencia del imputado no es necesaria.
Machado Pelloni dijo que no hay elementos objetivos que hagan pensar que Baratta vaya a fugarse. El fiscal no se opuso. La única condición es que Baratta se presente ante el tribunal dentro del tercer día hábil posterior a su regreso.
El juez Javier Ríos votó en disidencia. Recordó que él mismo había votado a favor de otros viajes de Baratta, en diciembre de 2023 y en noviembre de 2024.
Pero dijo que en esos casos el exfuncionario había acreditado que viajaba por trabajo. Según Ríos, así evitaba la “ineludible contradicción” de decir que no tiene bienes ni dinero para satisfacer el embargo dictado en la causa y, a la vez, pedir permiso para viajar al exterior, con los gastos que eso implica.
Esta vez el motivo es “de recreación familiar”. Por eso Ríos propuso que, antes de viajar, Baratta acreditara el origen de los fondos que va a usar, o bien que pagara el monto del embargo. Sin embargo, su postura quedó en minoría.
No es la primera vez este año. En marzo pasado, el mismo tribunal y con la misma mayoría ya había autorizado a Baratta a viajar a Río de Janeiro en abril para encontrarse con su esposa y sus hijos.
La causa de la “caja chica” nació de una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) del 13 de octubre de 2016. La OA denunció el manejo irregular de los fondos rotatorios y de la caja chica del ex Ministerio de Planificación Federal.
La presentación se basó en un informe de auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Señalaba gastos injustificados, desdoblamiento de compras para evitar procesos formales de contratación, sobreprecios y presupuestos apócrifos para favorecer a proveedores predeterminados. Para la OA no fueron hechos aislados, sino una práctica habitual.
Entre los gastos cuestionados había compras de café, el alquiler de aviones para viajes del entonces ministro y la compra de 585 ejemplares del libro Técnica de procedimiento penal a La Página S.A., por $234.000.
La denuncia apuntó a Baratta y a Luis Vitullo, entonces director general de Administración del ministerio. Según la OA, ambos habrían intervenido en un circuito de expedientes armados y “administraron y direccionaron una contratación que aparece encaminada a satisfacer intereses pecuniarios ajenos a la administración”.
El 27 de noviembre de 2017, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Baratta y a Vitullo como coautores de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. También procesó a otras nueve personas como partícipes necesarias.
Hernán Cappiello,Conforme a
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Hernán Lacunza se desmarca de Pro, defiende las PASO y mantiene su candidatura: “Hoy mi partido eligió otro camino”

Hernán Lacunza, exministro de Hacienda de Cambiemos y precandidato presidencial de Pro, se desmarcó de la decisión de acompañar la suspensión de las PASO que tomó la cúpula del partido tras una reunión encabezada por Mauricio Macri.
“Hoy mi partido eligió otro camino. Lo respeto, claro. El Pro es un partido plural, eso lo hace más valioso, no menos”, escribió en la red social X. A su vez, pese al guiño que le hizo Macri al Gobierno mientras avanzan las negociaciones en torno a un acuerdo electoral, Lacunza advirtió que mantiene su deseo de enfrentar a Javier Milei en 2027.
Para el economista, las PASO deben sostenerse para que “los candidatos los elija la gente, no la casta”. También está a favor de mantenerlas porque, arguyó, “cambiar las normas en el vestuario es lo contrario a tener reglas claras”. Asimismo, Lacunza resaltó que “si competir es bueno para producir y consumir, más lo es para postularse y votar”. Es por esto que consideró que las primarias son “importantes”.
En el texto que publicó en su cuenta de la red social “X”, el exministro de Hacienda de Macri cuestionó los argumentos esgrimidos por quienes apoyan la suspensión de las PASO, eje central de la reforma electoral que impulsa Milei. Dijo que el costo de estos comicios podría financiarse reduciendo la cantidad de asesores de senadores y diputados, y que el “problema” de “votar tantas veces seguidas” se soluciona con un menor desdoblamiento provincial.
El proyecto de reforma electoral que se discute en el Senado contemplaría la incorporación de las listas de acople o adhesión para los gobernadores aliados. Por ahora, solo se conoce un borrador.
En ese contexto, Lacunza dijo que las colectoras son “otra maniobra para desviar la voluntad popular”. “Adelante con todo con ficha limpia, pero no como prenda de cambio por menos democracia. Las colectoras son otra maniobra para desviar la voluntad popular, como firmamos por decreto en 2019”, puntualizó.
En el cierre de su mensaje, Lacunza ratificó su intención de competir en las elecciones del año próximo: “Soy candidato a presidente; desde allí vamos a seguir construyendo una alternativa para el país. Como diría Charly García: ‘Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien; los que estén en el camino, bienvenidos al tren’”.
de la decisión,November 17, 2026,Hernán Lacunza,Conforme a
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