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POLITICA

El Gobierno celebró la aprobación de la reforma de la ley de Glaciares: “Devuelve a las provincias la competencia que les corresponde”

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Con 137 votos a favor, la reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada en la sesión de la Cámara de Diputados tras horas de debate. Minutos después, el presidente publicó un comunicado oficial donde destacó que dicha modificación permitirá “garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias” para el uso de sus recursos.

Durante la madrugada, Javier Milei festejó la victoria a través de sus redes sociales y por medio de un comunicado de Oficina de Presidencia destacó que “celebra la sanción de la Cámara de Diputados y la aprobación definitiva del Congreso de la Nación al proyecto de adecuación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que impulsa la precisión de la norma vigente a fin de garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos”.

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“Esta reforma histórica aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, permitiendo, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley”, explicó.

Comunicado de Presidencia sobre la aprobación de la reforma de la ley de Glaciares

La Oficina del Presidente también informó: “La redacción original era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger. Eso llevaba a conclusiones contrarias al artículo 41 de la Constitución (utilización racional de los recursos naturales) y al dominio originario de las provincias (artículo 124)”.

El comunicado subrayó que “al eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso”, el nuevo marco normativo apunta a compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico. El Gobierno también enfatizó que la modificación “reafirma que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos”.

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En otro apartado del mensaje, el mandatario planteó: “Los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empeñados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder. Las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo”.

Reforma de la Ley de Glaciares

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, estableció un marco de protección para los glaciares y el ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce en Argentina. La norma prohibió actividades extractivas de alto impacto en estas áreas y ordenó la elaboración de un inventario nacional de glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Desde su aprobación, la legislación generó controversias entre sectores ambientalistas y gobiernos provinciales, que reclamaban mayor autonomía en la gestión de sus recursos naturales.

La Ley de Galciares fue aprobada con 137 votos a favor

Durante la sesión en la Cámara de Diputados, la reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, tras casi 12 horas de debate. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo nacional y vinculado a los objetivos del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), recibió el respaldo de los bloques aliados al oficialismo y fue acompañado de una fuerte presencia de funcionarios nacionales y provinciales.

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Durante el debate hubo fuertes oposiciones de legisladores de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, quienes alertaron sobre el riesgo de avance de la minería en zonas sensibles y denunciaron una supuesta entrega de recursos estratégicos. El mensaje oficial de la Oficina del Presidente también incluyó un reconocimiento expreso del presidente Javier Milei a los legisladores y gobernadores que acompañaron la iniciativa, así como a los equipos técnicos que participaron en la redacción de la reforma.

Por otro lado, el Gobierno sostuvo que, a partir de la promulgación de la reforma, Argentina recupera un modelo de “verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos”. Según el comunicado, el proceso de elaboración y debate se extendió durante un año, con la intervención de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, la Secretaría Coordinadora de Minería y Energía y la Secretaría de Minería.

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Cristian Ritondo reconoció que creció la morosidad y adelantó que el PRO prepara una propuesta sobre el sistema de crédito

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El jefe del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, reconoció este miércoles la problemática por el crecimiento de la morosidad en las familias y adelantó que su espacio presentará una propuesta propia para abordar el problema, alejada de lo que calificó como salidas “populistas” alentadas por la oposición.

El anuncio de Ritondo llegó tras la sesión especial en la que la oposición emplazó a las comisiones correspondientes a tratar el tema del endeudamiento —por el que hay alrededor de 50 iniciativas— junto con la emergencia en discapacidad.

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En ese contexto, el diputado admitió en diálogo con TN Central que “la morosidad está más alta”, pero planteó: “Antes no había morosidad porque no había crédito, son dos cosas que van de la mano”.

Sin embargo, a diferencia de la postura del oficialismo, que considera que se trata de “un problema entre privados”, Ritondo sostuvo que el endeudamiento “es un tema a atender”.

“Le faltan recursos a la gente, nadie se endeuda ni no paga porque no quiere. Lo tenemos que atender, sí, pero tenemos que tener cuidado”, advirtió el legislador. Y agregó: “Si nos excedemos podemos jorobar el tema del crédito. Tenemos que ser responsables. Ni populismo, que esto lo pague el Estado porque después lo pagamos todos, ni corregir de una manera donde le ponemos un límite a la tasa, que tiene que ser una cuestión de mercado”.

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Cristian Ritondo adelantó que el PRO acompañará una iniciativa propia para tratar el crecimiento de la morosidad. (Foto: Cámara de Diputados)

De esa manera, Ritondo afirmó que su espacio trabajará junto a los economistas del bloque para acompañar una propuesta propia y llevarla al recinto. “Lo vamos a anunciar la semana que viene después de la reunión de bloque, la propuesta que nosotros tenemos para el sistema de crédito y morosidad”, adelantó.

Transparencia en los créditos e impuestos sobre la tasa: las dos propuestas del PRO

Para Ritondo, uno de los puntos centrales a abordar es el sistema de oferta de créditos de las fintech y algunos bancos, donde advirtió que “muchas veces el tomador no tiene claridad sobre lo que efectivamente va a pagar”. Rechazó, sin embargo, la idea de incorporar advertencias visuales similares a los octógonos nutricionales: “Tiene que ser mucho más claro”, planteó como alternativa.

El segundo eje que Ritondo puso sobre la mesa fue el peso de los impuestos en el costo final del financiamiento. Según detalló, sobre la tasa de un crédito se aplica un 21% de IVA, un 8% de Ingresos Brutos y tributos municipales adicionales, que en algunos casos elevan al 37% la porción del costo que no corresponde ni al banco ni al propio crédito.

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Leé también: Mauricio Macri criticó a la jueza que frenó la baja de la edad de imputabilidad en PBA: “Es realmente muy preocupante”

“No hay país en el mundo que tenga carga impositiva sobre un crédito”, sostuvo, y planteó que cualquier corrección en ese sentido deberá discutirse a la par de su impacto sobre el déficit fiscal.

Cuestionamientos a la jueza que suspendió el régimen penal juvenil y la posición del PRO ante el proyecto por Malvinas

Consultado por la decisión de la jueza bonaerense que suspendió la aplicación del nuevo régimen penal juvenil, Ritondo consideró que una magistrada puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, pero cuestionó que se frene una ley nacional aprobada tras “años” de debate y “ocho meses” de trabajo en comisiones con especialistas y organizaciones.

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“El principal problema que tiene la provincia de Buenos Aires es la inseguridad, y a alguien se le ocurre suspenderlo porque el Ejecutivo no tiene las condiciones para recibir a los presos, es una locura”, cuestionó. En ese sentido, sostuvo que ante la falta de infraestructura en comisarías y en el servicio penitenciario bonaerense, la respuesta no puede ser la suspensión de la ley sino exigirle al Ejecutivo que la cumpla. En ese contexto, el diputado recordó que su bloque ya impulsa un juicio político contra la jueza en el Senado provincial, impulsado por Guillermo Montenegro, exintendente de Mar del Plata, exjuez y exfiscal.

Leé también: Endeudamiento y discapacidad: cómo fue la sesión en la que el oficialismo y la oposición acordaron el calendario de debate

“En la provincia de Buenos Aires quisimos terminar con la puerta giratoria y no adhirieron a la ley nacional, ahora suspenden esta ley. En el lugar donde hay que dar la batalla contra la inseguridad el gobernador y algunos jueces miran para el costado”, sentenció.

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Finalmente, sobre el proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso vinculado a la soberanía sobre las islas Malvinas, Ritondo remarcó que se trata de “un tema de Estado, no partidario” y que el PRO acompaña al Presidente en la iniciativa. Aclaró, sin embargo, que el bloque todavía no conoce el texto del proyecto y que su respaldo estará condicionado a su lectura previa, asesorados por especialistas: “Si no, estamos diciendo que sí a algo que desconocemos”, cerró.

PRO, Cristian Ritondo, endeudamiento

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El Gobierno anunció que presentará “nuevas denuncias penales” contra empresas por sus actividades en Malvinas

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El gobierno de Javier Milei anunció este miércoles que presentará “nuevas denuncias penales” contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, en violación de las prohibiciones dispuestas por la Ley N.° 26.659.

“Las denuncias alcanzarán no sólo a nuevas empresas involucradas, sino que también individualizarán a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que han intervenido en decisiones vinculadas con dichas actividades”, anticipó la Oficina del Presidente en un comunicado.

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El comunicado del Poder Ejecutivo

Y agregó que esta acción “derivará tanto en la ampliación de procesos judiciales preexistentes como la apertura de otros nuevos”.

La administración de Milei señaló que “el Estado nacional sigue y seguirá avanzando en la implementación de aquellas acciones que permitan responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando nuestra soberanía nacional”.

“Estas acciones no se limitarán a las personas jurídicas y alcanzarán a quienes, desde sus cargos y funciones, hayan intervenido en la realización de estos ilícitos”, advirtió el Poder Ejecutivo en el comunicado firmado por Milei.

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Y reiteró que “continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos soberanos de la República Argentina y para sancionar a los responsables”.

Canciller Pablo QuirnoCaptura

El martes último el Gobierno había adelantado que sancionaría a 15 empresas internacionales que operan en las islas sin autorización, y que se sumaron al listado de 45 anunciadas el viernes pasado, tras la cadena nacional de Milei del día anterior.

En tanto, el Poder Ejecutivo evalúa extender las sanciones en el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional a otras áreas más allá de las de hidrocarburos, como contempla la legislación actual, por lo que entre los sectores que se verían alcanzados con las modificaciones está el de la pesca, según confirmaron a fuentes oficiales.

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El proyecto legislativo ingresará el lunes próximo al Congreso, por la Cámara de Diputados.

La iniciativa contempla estos cambios a la Ley 26.659, sancionada durante la gestión de Cristina Kirchner, con la búsqueda de aplicar no solo de penas más duras sino también alcanzar a otras áreas como la pesca. La normativa vigente solo contempla sanciones al área de hidrocarburos.

Novedades judiciales

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Por otro lado, la Justicia Federal de Río Grande se declaró competente este miércoles para intervenir en la acción preventiva por daño ambiental colectivo contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development, en tanto que admitió la jurisdicción internacional de la Justicia argentina.

La jueza federal Mariel Borruto dio el primer paso en una causa que apunta a frenar la ejecución de obras del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la costa de las Islas Malvinas.

Javier Milei (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (rtg) (ra) (vf)
[e]MARTIN ZABALA – XinHua

El dictamen de Río Grande da lugar así a la demanda presentada en los tribunales fueguinos la semana pasada —dos días antes de que Milei anunciara sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos hidrocarburíferos en las islas—, por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, AAdeAA, y el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata, CECIM, quienes reclaman la suspensión inmediata de las obras y de las operaciones financieras destinadas al proyecto petrolero.

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Sebastián Galmarini habló sobre la deuda de las familias: “El Gobierno decía que no existía el problema”

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La Cámara de Diputados avanzó con el tratamiento de los proyectos vinculados al endeudamiento de las familias y las empresas. La oposición consiguió emplazar a las comisiones de Defensa del Consumidor y de Finanzas para comenzar a trabajar sobre los más de cincuenta expedientes presentados y definir una iniciativa para llevar al recinto. Para Sebastián Galmarini, el problema ya no admite postergaciones y expone una situación que el Gobierno, hasta hace poco, negaba.

“Hoy se votó el emplazamiento a las comisiones para trabajar, de los cincuenta y pico de proyectos que existen, cuál va a ser el despacho que vamos a llevar al recinto para votarlo y darle media sanción”, explicó en Infobae al Regreso, y apuntó: “Hasta hoy, te diría hasta hace algunas horas, el Gobierno oficialmente decía: ‘No existe problema’”.

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Galmarini sostuvo que los niveles de morosidad reflejan un deterioro que atraviesa a distintos sectores. Mencionó un 12% y pico de irregularidad entre las familias dentro del sistema bancario, alrededor de un 3,5% en las empresas y más de un 33% en el universo de las fintech. En ese escenario, advirtió sobre el recorrido que puede hacer una persona cuando deja de acceder al crédito tradicional: “No pudiste cumplir con el banco, vas a buscar a la fintech, que tiene otro mecanismo de scoreo”.

Según explicó, las fintech evalúan variables diferentes a las de los bancos tradicionales y pueden otorgar financiamiento a personas que ya quedaron afuera del sistema bancario formal. “Básicamente, la fintech lo que hace es que scorean por tu nivel de consumo. No están mirando cuál es tu ingreso formal, cuál es tu recibo de sueldo”, señaló.

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El riesgo, planteó, aparece cuando ese circuito desemboca en el crédito informal. “El final de esa rueda termina yendo al financista del barrio, que te cobra el 5.000% y además viene con un arma y te dice: ‘Si no me pagás, te mato a un chico’”. Por eso rechazó las explicaciones que reducen el endeudamiento a consumos considerados innecesarios.

Para Galmarini, el punto central es que una parte importante de las familias se endeuda para afrontar gastos cotidianos. Citó que el 73% de los endeudados destina esos recursos a alimentos y servicios y señaló que existen asalariados con ingresos promedio de $1,3 millones que acumulan deudas de unos $500.000 y no pueden afrontarlas. “Estás hablando de asalariados de un promedio de un millón trescientos mil pesos, que tienen una deuda media de quinientos mil pesos y que no la pueden pagar”, sostuvo.

La mora, además, puede cerrar el acceso a todo el sistema financiero. “Cuando vos estás irregular en la tarjeta, la irregularidad te toma todos los demás créditos que vos tengas en todo el sistema”, explicó. Y resumió el impacto que tiene quedar registrado como deudor: “El día que entraste al Veraz, al NOSIS, no volviste más”.

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El diputado defendió una política que permita regularizar las obligaciones sin convertirla en una condonación generalizada. “No es salvarnos. Yo creo que lo que hay es que generar incentivos”, afirmó. En esa línea, sostuvo: “No te están diciendo: ‘No la quiero pagar ni me regales nada’. Hay que darle condiciones”.

El legislador planteó que la refinanciación de deudas y nuevas líneas de crédito pueden aliviar a los hogares y sostener la actividad económica sin una condonación generalizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las herramientas posibles, mencionó mecanismos de refinanciación y crédito que permitan aliviar la situación de los hogares y, al mismo tiempo, sostener la actividad económica. “No me traigás a la noche los 100 pesos que me tenés que depositar, depositame 90 y con eso da líneas de crédito a refinanciación, de crédito para inversión productiva, para capital de trabajo”, explicó.

Galmarini también cuestionó las modificaciones recientes en la Carta Orgánica del Banco Central y las vinculó con la discusión sobre el financiamiento. “Eso es lo que el Gobierno, diciendo que no existe el problema, eliminó hace algunos días, por ejemplo, con la reforma de la Carta Orgánica”. Y marcó lo que considera un giro en el discurso oficial: “Dos semanas después dicen: ‘El problema existe, vamos a trabajarlo’”.

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El diputado remarcó que cualquier respuesta deberá contemplar las diferencias entre las entidades financieras y sus clientes. “Es un universo muy heterogéneo. Hay deudas de distinta naturaleza”, sostuvo. Y agregó: “No es la misma cartera de clientes la de un banco privado que la de un banco público. El nivel de ingreso de los clientes no es el mismo, el nivel de deuda no es el mismo, la irregularidad no es la misma”.

Baja de la edad de imputabilidad

Galmarini también cuestionó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en los términos en que está planteado. Recordó que el Frente Renovador acompañó la reducción de la edad, pero sostuvo que una modificación legal no alcanza para resolver el problema si no está acompañada por infraestructura y políticas de reinserción.

Galmarini advirtió que la morosidad alcanza a familias, empresas y fintech, con un nivel de irregularidad que supera el 33% en ese último segmento (Infobae en Vivo)

El punto crítico por el cual todos votamos en contra de esta ley en particular fue porque ni bajar la edad de imputabilidad ni dejar a los chicos en la calle resuelve el problema”, afirmó.

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Su principal reclamo apunta a la falta de establecimientos adecuados para los menores que ingresan al sistema penal. “Lo que nosotros necesitamos es que se hagan las obras para reinsertar a esos chicos que entraron al delito a esa edad, siendo más o menos conscientes de lo que están haciendo y del tipo de delito”.

Por eso, reclamó que los plazos previstos para la implementación de una reforma estén acompañados por un cronograma concreto de obras y aperturas: “Pongamos un plazo de obra, pongamos una rendición de que se vayan haciendo, que se vayan abriendo toda la infraestructura que se necesita”.

Massa, las PASO y el futuro del peronismo

Sobre el escenario electoral de 2027, Galmarini evitó anticipar una candidatura de Sergio Massa. “Todavía el que te diga que es candidato te está mintiendo”, sostuvo. Sí destacó el rol que el exministro de Economía conserva dentro del Frente Renovador: “Sergio siempre estuvo laburando mucho, siempre fue el líder del Frente Renovador, de nuestro partido, de nuestro espacio”.

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Galmarini planteó que el peronismo debe concentrarse en ampliar su representación y sostener la unidad. “El peronismo tiene que ir unido porque lo que nos reclama gran parte de la sociedad es que hay que ganarle a Milei”, afirmó.

Sobre el peronismo y la corrupción, Galmarini defendió las PASO, pidió unidad para 2027 y propuso un organismo autónomo para investigar casos con mayor rapidez (REUTERS/Francisco Loureiro)

También pidió revisar discusiones internas que considera agotadas. “Nosotros tenemos que ampliarnos, tenemos que dejar un montón de peleas en el pasado que ya no tienen sentido, que están prescritas”. Como ejemplo, mencionó la Ley de Medios y cuestionó que el espacio siga concentrado en un debate que, a su entender, quedó desactualizado frente a los cambios tecnológicos.

Para ordenar la competencia interna, defendió un mecanismo que permita resolver las candidaturas y respaldó las PASO. “Las PASO es un buen mecanismo, lo conocemos todos, es legítimo. Lo hizo presidente a Milei, entre otras cosas”.

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Consultado sobre un eventual respaldo de Cristina Kirchner a Massa, respondió: “No lo he hablado, no tengo idea”. De todos modos, consideró que la expresidenta conserva un lugar relevante dentro del peronismo: “Es un actor político importante del peronismo, sin ninguna duda”.

Una propuesta contra la impunidad

En materia de corrupción, Galmarini reclamó fortalecer las herramientas institucionales para investigar y resolver los casos con mayor rapidez. “Hay que generar instituciones, organismos y mecanismos para que se investigue y se resuelvan rápido, porque lo peor de todo es la sensación de impunidad”.

El diputado recordó que presentó un proyecto de ética pública para crear un organismo apartidario, con autonomía y autarquía, que pueda llevar adelante investigaciones. “¿Por qué no armamos un organismo que sea apartidario, que tenga cierta autonomía y autarquía para que pueda investigar?”.

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Para Galmarini, la discusión no debería quedar limitada a los discursos políticos, sino traducirse en instrumentos concretos que permitan avanzar sobre las denuncias. “Lo que tenés que hacer es generarle instrumentos para que eso se pueda investigar y a veces rápido”.

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