Más de 3.000 litros de combustible adulterado, dinero en varias monedas y equipos tecnológicos fueron secuestrados durante cuatro allanamientos realizados por la Gendarmería Nacional en los departamentos Santa Rosa y Lavalle, en la provincia de Mendoza. La causa investiga una presunta red dedicada al acopio y la comercialización ilegal de gasoil.

El operativo fue el resultado de una investigación de tres meses, encabezada por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”. Cuatro ciudadanos quedaron imputados y a disposición del Juzgado Federal de Garantías Nº 2 de Mendoza, aunque permanecen en libertad mientras continúan las actuaciones judiciales.

La investigación apunta a una estructura que habría utilizado camiones cisterna para transportar combustible modificado y distribuirlo en distintos puntos de Santa Rosa. De acuerdo con las constancias incorporadas al expediente, tres de las propiedades inspeccionadas funcionaban como lugares de almacenamiento y despacho no autorizado.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario Los Andes, las tareas comenzaron en agosto, cuando los investigadores de Gendarmería detectaron indicios sobre una posible maniobra vinculada con la venta clandestina de hidrocarburos. A partir de entonces, los efectivos reunieron información para establecer el funcionamiento del circuito, identificar a sus presuntos responsables y localizar los inmuebles relacionados con la actividad.

La pesquisa también permitió identificar a un camionero con domicilio en Lavalle, señalado como responsable de la provisión logística. Su presunta función consistía en abastecer los puntos de venta bajo investigación y organizar el traslado del hidrocarburo hacia los lugares donde era distribuido.

Los allanamientos se concretaron de manera simultánea en cuatro domicilios de ambos departamentos, con movimientos de vehículos que acudían a cargar combustible fuera de los canales habilitados.

El principal resultado material del operativo fue el secuestro de 3.118 litros de combustible. El gasoil quedó bajo custodia formal en los lugares donde fue encontrado, con la figura de depositario judicial, conforme a las disposiciones adoptadas en el marco de la causa.

La Justicia Federal deberá determinar, entre otros aspectos, el origen del producto, el alcance de su adulteración y el destino que tuvo el combustible que habría sido comercializado antes de los procedimientos.

Los investigadores también incorporaron elementos que podrían aportar información sobre el funcionamiento económico y operativo de la red. En ese sentido, fueron secuestrados comprobantes y documentación considerada relevante para la continuidad de la pesquisa.

Durante las inspecciones, el personal de la Gendarmería Nacional encontró dinero en efectivo en distintas divisas. La suma incautada incluyó $ 4.691.700, además de USD 5.615, 114.000 pesos chilenos y 200 pesos bolivianos.

Además, los procedimientos derivaron en el secuestro de cuatro teléfonos celulares, una computadora portátil HP, seis tarjetas de memoria MicroSD y dos chips SIM. El material tecnológico podrá ser sometido a peritajes para identificar comunicaciones, registros de movimientos u otros datos útiles para la causa.

Los efectivos también hallaron 6,8 gramos de marihuana, distribuidos en 16 cigarrillos de confección artesanal. Esa sustancia, junto con los dispositivos y la documentación, quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Por orden del Juzgado Federal de Garantías Nº 2 de Mendoza, cuatro personas fueron imputadas en el marco de la investigación. Los involucrados quedaron supeditados a las decisiones de la Justicia, sin medidas de detención informadas hasta el momento.

La situación procesal de los acusados podrá modificarse de acuerdo con el avance de las pericias sobre el combustible, los dispositivos secuestrados y los papeles incorporados al expediente. También resta profundizar el análisis de la logística atribuida al camionero identificado en Lavalle y de la actividad registrada en los tres predios que habrían funcionado como puntos de acopio.

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TNS

Lo que arrancó como un corte de ruta terminó con depósitos saqueados, corridas, pedradas y más de 50 efectivos policiales desplegados en Aguas Blancas, la localidad de Salta que limita con Bolivia. Los bagayeros —trabajadores de frontera que viven de pasar mercadería entre los dos países— tomaron el paso de El Parador este miércoles para exigir el cierre de las empresas de logística que, aseguran, vaciaron su fuente de trabajo.

Desde hace tiempo, el flujo de trabajo de los paseros viene en caída. La instalación de empresas de encomiendas en Aguas Blancas desplazó progresivamente a quienes, de manera informal, trasladaban mercadería entre el lado argentino y el boliviano por encargo de comerciantes de ambas márgenes. Esos comerciantes migraron hacia los servicios de logística formales, en parte por comodidad y en parte porque varios de ellos habían denunciado robos de mercadería por parte de algunos bagayeros a quienes les habían confiado sus productos. Esa acumulación de tensiones fue el telón de fondo de lo que ocurrió este miércoles.

El reclamo central de los trabajadores de frontera fue el cierre de esas firmas de encomiendas. Para hacerse escuchar, cortaron el paso de El Parador —uno de los puntos de mayor circulación de personas y mercadería de la zona— y luego un grupo salió a marchar por las calles de Aguas Blancas hasta llegar al edificio municipal. Allí exigieron una reunión con el interventor Adrián Zigarán, quien cerca del mediodía accedió a dialogar con los referentes del sector.

Pero antes de ese diálogo, la situación ya había escalado. La aparición de efectivos de Infantería en el lugar tensó el clima y lo que había empezado como una protesta de carácter pacífico derivó en enfrentamientos: corridas, gritos y pedradas. En ese contexto, dos locales de empresas de encomiendas fueron atacados y saqueados.

Según confirmó el comisario mayor Alfredo Santos, los delincuentes se apoderaron de unas 20 lonas de mercadería en total, un dispenser de agua, una impresora y una motocicleta. El funcionario aclaró al medio local Gente de Salta, sin embargo, que “ya se logró recuperar la mayoría de las cosas para reintegrar a los propietarios”.

La respuesta policial no tardó. Más de 50 efectivos de refuerzo fueron desplegados en el lugar con la instrucción de mantenerse hasta que la situación quede resuelta. El paso de El Parador continuó bloqueado por los bagayeros, con lo cual el tránsito hacia Bermejo quedó restringido a la vía legal: por la ruta nacional 50 a través del tinglado de control rumbo al puente, o para descender a chalanas por el control de Migraciones y Aduana.

La respuesta institucional llegó desde varios frentes. Durante la mañana, el jefe de la Policía de Salta, Walter Toledo, y el director General de Seguridad, Darío Guzmán, se trasladaron hasta la municipalidad local para participar de una reunión que también contó con la presencia de Zigarán, del presidente del Concejo Deliberante, y de autoridades de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval. En una segunda instancia del encuentro se sumaron representantes y voceros de los propios trabajadores de frontera.

Del intercambio surgieron medidas concretas. Se acordó reorganizar la circulación en el Puesto 28 de la ruta nacional 50 para que ese punto concentre sus tareas en el control del narcotráfico, y se dispuso que los tours de compras, los colectivos interurbanos de pasajeros y las encomiendas sean derivados al escáner de Aduana del Área de Control Integrado.

Toledo, por su parte, remarcó que la institución tiene “el compromiso de garantizar la seguridad en todo el ámbito de su jurisdicción, actuando con responsabilidad y resguardando los derechos de los ciudadanos”, al tiempo que recordó que las manifestaciones deben canalizarse por las vías institucionales correspondientes y desarrollarse de forma pacífica.

La postura del interventor municipal sobre el fondo del reclamo fue clara desde el martes: Zigarán sostuvo que las empresas de logística instaladas en Aguas Blancas operan dentro del marco legal y que, por eso, el pedido de los bagayeros de que cierren no tiene sustento.

Más aún, señaló que la desventaja la tienen ellos, en tanto operan desde la informalidad. Esa divergencia entre la demanda de los trabajadores de frontera y la posición de las autoridades municipales es, por ahora, el principal obstáculo para una salida definitiva al conflicto.

Mientras tanto, el ministro de Seguridad provincial, Nicolás Avellaneda, mantiene comunicación permanente con Toledo y con el interventor para coordinar acciones conjuntas. Desde la Intervención Municipal y el Concejo Deliberante reafirmaron el compromiso de articular esfuerzos con las fuerzas de seguridad, los trabajadores de frontera y los organismos competentes para avanzar en soluciones que contribuyan a normalizar la situación en la zona.