Desde el sábado próximo, y a lo largo de todo agosto, la CGT, las dos CTA, varios sindicatos y los movimientos sociales intensificarán las medidas contra el Gobierno, en el inicio de la temporada alta de protestas tras el paréntesis impuesto por el Mundial de Fútbol.

La temperatura sindical comenzó a recalentarse con la movilización de la CGT ante el Congreso para acompañar a los jubilados, que se hizo el miércoles pasado, pero la presencia cegetista fue testimonial y sus líderes advirtieron que concentrarán sus esfuerzos en las próximas acciones previstas en el nuevo plan de lucha.

De todas formas, la primera medida de fuerza del mes de agosto será la que anunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para el lunes que viene, que consistirá en un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía en reclamo de un aumento salarial de emergencia y contra el vaciamiento de organismos públicos y los despidos en el Estado.

La protesta fue definida este lunes por la conducción nacional de ATE, que lidera Rodolfo Aguiar, en una reunión realizada en el Hotel Quagliaro del sindicato, donde se vinculó la medida con un cuadro más amplio de deterioro social que, según dijeron, incluye el cierre de más de 28 mil empresas, la pérdida de más de 341 mil puestos de trabajo en los últimos dos años y medio y una desaprobación al Gobierno que supera el 58,2%.

En agosto, además, se prevén protestas de los sindicatos educativos agrupados en la CGT, así como de otras organizaciones gremiales del sector, en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo se mantiene desde hace un año en $500 mil.

Todavía no está definida la modalidad de las medidas por aplicarse en agosto, que son coordinadas por la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), e incluirán a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), miembro de la CTA de los Trabajadores, y a distintos gremios universitarios.

Mientras, este miércoles se reunirá la comisión organizadora del plan de lucha de la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales para definir los detalles de la marcha de San Cayetano que se realizará el 7 de agosto, día del patrono del pan y del trabajo.

El titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, anticipó a Infobae que, en principio, la idea sería concretar, como en años anteriores, una peregrinación multitudinaria desde la Iglesia de San Cayetano, ubicada en el barrio de Liniers, hasta Plaza de Mayo, que comenzaría por la mañana con una bendición de herramientas que se hará en la intersección de las avenidas Rivadavia y Jujuy.

El dirigente confirmó que la siguiente medida conjunta será una movilización al Ministerio Economía, con fecha tentativa para la semana del 20 de agosto, que buscará visibilizar el problema de las familias endeudadas en el sistema formal e informal de la economía.

Gramajo señaló que la protesta pondrá el foco en 7 millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito por no haber podido pagar los préstamos tomados e incluye a quienes se endeudan fuera del circuito bancario, sobre todo en barrios populares.

Según su descripción, en los barrios populares esos mecanismos de financiamiento informal aparecen en muchos casos asociados al narcomenudeo, a vendedores de droga y al crimen organizado.

El cronograma trazado por la CGT, las CTA y los movimientos sociales continuará el 2 de septiembre, en coincidencia con el Día de la Industria, con una marcha en lugar por definir para alertar sobre la caída de la actividad productiva y la pérdida de empleo en el sector.

Después de esa instancia, las organizaciones convocantes participarán de la Semana Social que la Comisión Episcopal de Pastoral Social realizará en Córdoba entre el 4 y el 6 de septiembre, y luego, según se prevé, evaluarán cómo continuar con las acciones.

En forma paralela, no hay definiciones sobre alguna medida sindical que acompañe la visita del Papa León XIV a nuestro país. Gramajo afirmó que esperarán la confirmación oficial sobre el viaje por parte del Vaticano y de la Conferencia Episcopal Argentina antes de avanzar en cualquier decisión, aunque reconoció que existe diálogo por este tema con la Iglesia y que una delegación papal, con la presencia del nuevo nuncio apostólico en la Argentina, el arzobispo norteamericano Michael Wallace Banach, trabaja y recorre lugares en el país.

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El exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP, Juan Carlos Santos, declarará este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 en el juicio por la causa Cuadernos. Su testimonio llega semanas después de un insólito episodio: por un error en la citación, se presentó a declarar un hombre de 73 años que tenía el mismo nombre, pero no era el exfuncionario.

Todo ocurrió el pasado 7 de julio, durante una audiencia en Comodoro Py. El hombre, que no tenía relación con la causa, se presentó ante el juez Enrique Méndez Signori y aclaró de inmediato la confusión: “Se equivocaron de Juan Carlos Santos”.

Desde el TOF le preguntaron: “Cuando lo contactaron para prestar declaración en el marco de este juicio, ¿le explicaron los motivos de la citación?”. El contador respondió: “No, nadie me llamó ni me explicó nada. Me llegó un WhatsApp, que me iban a citar. Estaba en el exterior, con mi hija, y me tuve que volver para esto”.

El verdadero Juan Carlos Santos es el exfuncionario de la AFIP que se desempeñó durante la gestión de Alberto Abad. Ya había prestado testimonio en Comodoro Py en otras causas, entre ellas la de Oil Combustibles durante la pandemia.

Su citación en el juicio de los Cuadernos está destinada a reconstruir la actuación de la AFIP entre 2018 y 2019, período en el que recibió oficios judiciales vinculados a la investigación por sobornos.

Además de Santos, declararán Pedro Mario Majul, Samanta Fagan, Miriam De Luca y Beatriz Zoe López.

Funcionarios de ARCA revelaron las maniobras que usaban empresarios para retirar dinero en efectivo de la obra pública

Días atrás, cuatro funcionarios de ARCA detallaron en el juicio de la Causa Cuadernos las maniobras utilizadas por empresarios investigados para extraer fondos en efectivo de contratos de obra pública adjudicados durante los gobiernos kirchneristas.

Las operatorias incluían la contratación de proveedores calificados como “no confiables”, la emisión de facturas de dudosa consistencia y la compra de dólares en efectivo entregados a apoderados de las uniones transitorias de empresas (UTE).

Entre las firmas investigadas aparecen Isolux, Fainser, Sacde (ex IECSA) y Esuco. Todas ellas formaban UTE para proyectos específicos de infraestructura. Al recibir adelantos o pagos parciales del Estado, contrataban a proveedores que emitían facturas sin contraprestación comprobada. Esos egresos se registraban contablemente como gastos comerciales ordinarios vinculados a la obra, lo que permitía la salida de dinero sin respaldo documental.

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Uno de los casos mencionados es el de Isolux, que se adjudicó en 2007 la construcción de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio por más de 2000 millones de pesos. Empleados de la ex AFIP detectaron que parte de los fondos se derivaba a través de intermediarios en Nueva York hacia cuentas en la Banca Privada de Andorra.

Una de las testigos dijo: “Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa”.

cuadernos, Comodoro Py, Justicia

En medio de la reestructuración del Gobierno nacional tras la salida de Manuel Adorni, el Ejecutivo nombró a tres funcionarios que ocuparán roles claves en la Jefatura de Gabinete, así como en los ministerios de Seguridad Nacional y Justicia.

El primero en ser designado fue Gonzalo Martín Del Huerto, quien se encargará de la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La medida fue oficializada por el Decreto 668/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial.

De acuerdo con lo dispuesto, su nombramiento responde a la necesidad de fortalecer la articulación institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación, para facilitar el tratamiento de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo y promoviendo el diálogo entre bloques parlamentarios.

En tanto, a través del Decreto 663/2026, el Gobierno nacional designó al abogado Matías Axel Manfredi al frente de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia.

Manfredi fue nombrado para desempeñar funciones en una subsecretaría que tiene como misión central la articulación y coordinación de vínculos entre el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y el ámbito académico.

La decisión responde a la necesidad de fortalecer los canales de diálogo y cooperación entre el Ejecutivo y los actores del sistema judicial, así como con universidades y centros académicos dedicados al estudio y la investigación en materias jurídicas. La Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica cumple un rol clave en la construcción de consensos y la elaboración de propuestas que requieren el aporte de diferentes sectores.

Entre sus funciones principales se encuentra la gestión de asuntos vinculados a la cooperación interinstitucional, la promoción de actividades académicas conjuntas y el seguimiento de iniciativas que requieran la participación de operadores judiciales y miembros de la comunidad universitaria.

Finalmente, a partir del 24 de junio de 2026, el Gobierno nacional dispuso la designación de Enrique Braun de Corral en el cargo de subsecretario de Articulación Federal, del Ministerio de Seguridad Nacional.

Braun de Corral asumirá las funciones en una área estratégica para la coordinación y vinculación entre las distintas jurisdicciones y el Estado nacional en materia de seguridad pública.

La designación responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de articulación federal en el ámbito de la seguridad, promoviendo el trabajo conjunto entre el Ministerio y las autoridades provinciales y locales.

El subsecretario de Articulación Federal tiene como responsabilidad principal la gestión de políticas y programas orientados a mejorar la cooperación interjurisdiccional y optimizar la implementación de estrategias de prevención y respuesta frente a situaciones de riesgo.

La incorporación de Braun de Corral apunta a reforzar la capacidad operativa del área y mejorar la respuesta institucional ante hechos que demandan intervención conjunta.

Y su llegada se formaliza en el marco del fortalecimiento institucional promovido desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la expectativa de optimizar la articulación entre los diferentes niveles de gobierno y mejorar la capacidad de respuesta ante los desafíos que presenta el escenario de la seguridad pública en todo el país.

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