POLITICA
El Gobierno consiguió dictamen para el Tratado de Patentes, pero aceptó un cambio pedido por los laboratorios
El oficialismo, con la ayuda de sus aliados, logró este martes el dictamen de mayoría para el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT por sus siglas en inglés), aunque debió ceder en un apartado clave frente a un reclamo de los laboratorios locales.
Así, La Libertad Avanza buscará tratar el proyecto el próximo 20 de mayo, en una sesión donde también entraría la Ley Hojarasca y la modificación al régimen de Zona Fría, que acotará la cantidad de usuarios alcanzados por subsidios en su tarifa de gas.
En cuanto al Tratado de Patentes, la iniciativa permite a una persona, empresa, universidad o centro de investigación presentar una única solicitud internacional de patente para iniciar el trámite de protección en múltiples jurisdicciones. Esto simplifica y centraliza el proceso, en lugar de tener que realizar trámites separados país por país.
La adhesión de Argentina al PCT es un reclamo de larga data de los Estados Unidos, que finalmente lo incluyó como una condición en el acuerdo comercial firmado por ambos países en febrero. No era el único país que solicitaba lo mismo: la suscripción al tratado está entre los compromisos asumidos en los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea y con EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).
La resistencia de los laboratorios y los cambios en un capítulo clave
En un principio, el Gobierno tenía previsto aprobar el Tratado de Patentes en abril, pero el proyecto se demoró por la presión de los laboratorios locales, que rechazaban el capítulo 2 del tratado.
Este apartado permitía que se tome una opinión preliminar de una oficina de patentes extranjera para otorgar el patentamiento local. Para los laboratorios, ese punto facilitaría que los monopolios extranjeros ganen dominio en los mercados, lo cual encarecería los medicamentos y vulneraría la soberanía sanitaria del país.
En ese contexto, para reunir los consensos, el oficialismo aceptó el pedido de los laboratorios y dejó en reserva el Capítulo 2. Así, en caso de que el proyecto tenga el visto bueno de la Cámara de Diputados, deberá regresar a la cámara de origen para aceptar los cambios. El Senado había tratado la medida en 1998 y permaneció a la espera desde entonces.
“Todos los socios comerciales celebran la integración de Argentina con el mundo, pero a la vez nos plantean que Argentina tiene que respetar las reglas en materia de propiedad intelectual. Es necesario claramente para esas inversiones y la relación comercial con nuestros socios el alineamiento de Argentina con los tratados de propiedad intelectual y los estándares internacionales”, remarcó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, cuando acudió a defender el proyecto este martes en el plenario de comisiones.
El tratado que se discutirá en el Congreso establece que una vez registrada una patente por uno de los países miembro, la misma tendrá validez automática durante 20 años en el resto de las naciones adheridas. Hasta ahora son 158.
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De esa manera, el tratado busca impedir la copia de fórmulas. Esto último levanta la guardia de la industria farmacéutica nacional por su efecto en el mercado de medicamentos genéricos, lo cual podría encarecer los precios.
En el Gobierno sostienen que la adhesión al tratado permitirá que los innovadores argentinos ganen tiempo y ahorren burocracia y costos, ya que actualmente deben iniciar el trámite de patentamiento desde el exterior por no contar el país con una oficina receptora.
Patentes, Gobierno, Laboratorios
POLITICA
Caputo cargó contra el kirchnerismo: “Puede haber una invasión extraterrestre, pero no volverán al poder”
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se refirió a las elecciones del año que viene y cargó duramente contra el kirchnerismo en un evento de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña (CAMBRAS).
Tras recordar que Javier Milei “ganó por 17 puntos”, Caputo afirmó que “ni las cosas yendo bien permitirían que pudiera volver el kirchnerismo”.
“No importa lo que pase, puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a US$400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterreste, Kicillof nunca va a ser presidente de la Argentina”, afirmó al referirse a las elecciones presidenciales del 2027.
Caputo sostuvo que el escenario político de cara a 2027 estará condicionado por la marcha de la economía y aseguró que el oficialismo llegará fortalecido a la próxima elección presidencial.
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“La economía va a llevarse puesta cualquier intento de desestabilización política. El kirchnerismo no es una opción en la Argentina. Es el infierno. La prueba fueron las elecciones de medio término”, afirmó durante su exposición.
En ese sentido, insistió en que no ve posibilidades de un regreso del espacio político que gobernó el país entre 2019 y 2023. “El kirchnerismo no es una opción en Argentina, no importa lo que pase”, remarcó.
Caputo también se mostró confiado respecto de las perspectivas electorales del Gobierno y pronosticó un amplio triunfo de Javier Milei en caso de buscar la reelección. “El 2027 va a ser un año muy diferente a lo que se espera y el Presidente va a ganar por paliza. No hay margen para que las cosas salgan mal”, aseguró.
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Durante su exposición, el ministro buscó transmitir un mensaje de previsibilidad a empresarios e inversores y pidió dejar atrás los temores vinculados a un eventual retorno de gobiernos identificados con el kirchnerismo.
En ese contexto, hizo referencia a la serie El Eternauta y vinculó una de sus frases más conocidas con la situación política argentina. “Yo no vi la película, pero vieron El Eternauta, donde se hizo famosa la frase esa de: ‘En Argentina lo viejo funciona’. Bueno, la mayoría de la gente en Argentina tiene claro que lo viejo no funciona. Eso está claro, así que no hay posibilidad de eso”, señaló.
A continuación, planteó que podrían surgir otras alternativas políticas en el futuro, aunque descartó de plano una vuelta del kirchnerismo al poder. “¿Podrá venir otro? Eventualmente, no sé. Ahora, seguro no es el kirchnerismo. Por lo tanto, ese temor a volver al pasado sáquenselo, porque no va a estar”, afirmó.
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Las declaraciones fueron realizadas en el marco del Cambras Business Day, un encuentro organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña bajo el lema “Hacia una nueva dinámica de negocios”.
A lo largo de su exposición, Caputo defendió el rumbo económico del Gobierno y vinculó las perspectivas políticas de los próximos años con los resultados del programa económico impulsado por la administración de Milei.
Luis Caputo, Kirchnerismo, Elecciones
POLITICA
Alertan que la ley de lobby de Milei podría perjudicar a organizaciones civiles que monitorean al Estado
El proyecto que el Gobierno presentó la semana pasada para regular el lobby encendió alarmas en organizaciones de la sociedad civil dedicadas a promover la transparencia, la cooperación internacional y controlar la actuación estatal. Aunque reconocen la necesidad de transparentar la influencia sobre las decisiones públicas, advierten que la iniciativa no distingue entre quienes buscan defender intereses particulares y quienes impulsan causas de interés público, una definición que, sostienen, podría alcanzar actividades habituales de incidencia ciudadana y monitoreo del poder.
“La definición de gestión de intereses es demasiado amplia”, afirmó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. Según explicó, cualquier reunión, llamado telefónico o correo electrónico dirigido a un legislador o funcionario con el objetivo de promover cambios en una política pública podría quedar alcanzado por el régimen.
“Una cosa es un interés particular de una empresa y otra muy distinta impulsar mejoras en una ley de acceso a la información pública o una política vinculada al fortalecimiento democrático”, planteó.
Ese es uno de los principales cuestionamientos que las organizaciones formulan al proyecto. La iniciativa define como “gestión de intereses” a toda actividad de promoción, representación, intermediación, asesoramiento o incidencia destinada a influir en una decisión pública, ya sea realizada por personas físicas o jurídicas, con o sin fines de lucro, de manera gratuita u onerosa. También alcanza a quienes actúen en representación de terceros.
Según pudo saber , la medida genera reparos, además, en asociaciones de magistrados que observan que la redacción puede confundir el ejercicio profesional con lobby.
En Poder Ciudadano advierten que el texto no diferencia entre actividades de lobby orientadas a obtener beneficios particulares y acciones de incidencia vinculadas al interés público. Temen que organizaciones que promueven reformas legislativas, monitorean políticas públicas o buscan mejorar mecanismos de transparencia queden sujetas a las mismas obligaciones que empresas o consultoras especializadas en representación de intereses.
“Con esa información el Estado podría, por ejemplo, presionar a funcionarios, legisladores, o asesores que se reúnen con la sociedad civil que tenga visiones diferentes a las del Estado en determinado tema”, explicó Secchi.
Las preocupaciones también aparecen en la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI), una federación que nuclea a más de 280 organizaciones de todo el país. En un comunicado, tras la presentación del proyecto oficial, advirtió que la amplitud de las definiciones podría abarcar buena parte de las actividades habituales de incidencia que realizan. Entre los riesgos identificados menciona posibles situaciones de estigmatización pública, sobrecarga administrativa, incremento de controles, campañas de desinformación y una eventual utilización política de los registros.
“Si bien formalmente se presenta como una ley de transparencia y regulación del lobbying, la amplitud de sus definiciones, el enfoque sobre ‘intereses extranjeros’ y la incorporación de sanciones penales generan preocupaciones relevantes para organizaciones que trabajan en incidencia pública y cooperación internacional”, advierten.
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico comparte parte de esas objeciones. Si bien considera legítimo que exista una regulación de la actividad de lobby y señala que existen antecedentes internacionales en esa materia, cuestiona que el proyecto someta bajo un mismo régimen a organizaciones civiles y actores económicos con intereses comerciales. “No es lo mismo una actividad realizada por intereses económicos que otra impulsada por organizaciones de la sociedad civil que buscan promover causas de interés público”, sostuvo.
También cuestionó la severidad del régimen sancionatorio. “La pena de prisión es absolutamente desmedida”, afirmó. Según señaló, el ordenamiento jurídico ya contempla figuras como el tráfico de influencias para sancionar conductas orientadas a obtener beneficios indebidos mediante la influencia sobre funcionarios públicos.
Talerico agrega otro elemento: la desconfianza que genera que la iniciativa provenga de un gobierno que ha hecho de la desregulación una de sus principales banderas. Según plantea, existe además una tensión con la reforma política impulsada por el oficialismo, sobre todo el punto de financiamiento político, donde observa una flexibilización de controles que contrasta con el nivel de supervisión previsto para organizaciones de la sociedad civil.
La propuesta oficial
La iniciativa, denominada “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, fue girada a la Cámara de Diputados la semana pasada. Este miércoles iniciará su debate en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
La regulación alcanzaría tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo y busca transparentar quién intenta influir sobre decisiones públicas, en nombre de quién y sobre qué asuntos. Para ello propone crear un Registro Público de Gestores de Intereses, donde deberán inscribirse obligatoriamente las personas físicas o jurídicas que realicen estas actividades, y un Registro Público de Gestión de Intereses, donde los funcionarios deberán informar cada contacto mantenido con gestores, detallando participantes, fecha, organismo involucrado y temas tratados.
El régimen obligaría además a informar quiénes son los clientes o beneficiarios finales de cada gestión, sobre qué asuntos buscan incidir y si representan intereses extranjeros. También establece la presentación de reportes trimestrales con el detalle de las actividades realizadas.
Uno de los puntos que se observa con atención es el listado de actividades excluidas. El proyecto establece que no estarán alcanzadas las actividades académicas, científicas, técnicas, periodísticas o de difusión general. Sin embargo, introduce una aclaración que genera reparos: la excepción rige únicamente cuando esas actividades no tengan por objeto influir en una decisión pública determinada.
Otro de los capítulos sensibles es el referido a los llamados “intereses extranjeros”. El proyecto obliga a declarar expresamente cuando una gestión se realiza por cuenta, financiamiento o beneficio de gobiernos, empresas, partidos políticos o personas del exterior y habilita requerimientos adicionales de información en determinados casos.
La iniciativa prevé además un régimen de sanciones administrativas y penales. Las multas pueden ir de cinco a 500 salarios mínimos y escalar hasta 2000 salarios mínimos en casos agravados. También contempla penas de prisión para quienes realicen gestiones sin inscripción previa, oculten información relevante o actúen clandestinamente en representación de intereses extranjeros en áreas consideradas sensibles.
regular el lobby,May 29, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,Financiamiento universitario. La reforma propuesta por Milei está frenada en Diputados por falta de avales,,“Tuvimos miedo”. Marcela Pagano anunció el nacimiento de su segundo hijo tras un embarazo complicado,,La aristocracia vial
POLITICA
Universidades y Gobierno acercan posiciones por los fondos, pero la disputa judicial frena el acuerdo
El Gobierno y los rectores de universidades nacionales mantuvieron este lunes una nueva reunión en busca de una solución al conflicto por los fondos. Las partes están más cerca de un acuerdo, pero todo está condicionado a qué hacer con el reclamo judicial de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que está bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia.
Ayer, se reunieron Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias (SPU), que integra el ministerio de Capital Humano, y los rectores de la Universidad de Rosario (UNR), Franco Bartolacci y Anselmo Torres, de Río Negro (UNRN), en su rol de presidente y vice del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En el encuentro se puso en consideración una “propuesta intermedia”, que permita recuperar puntos del 45,6% que perdió en términos reales el sistema universitario desde 2023.
Uno de los puntos críticos del reclamo es la cuestión salarial. La propuesta oficial es un ajuste superior del orden del 24%: un aumento del 21,33% para el salario de junio más un 3% en octubre, según deslizaron varias fuentes a Infobae tanto de las negociaciones. Plantearon, además, un compromiso para no seguir perdiendo por la inflación de 2026.
El número surge de una recuperación teórica de 4 puntos de atraso correspondiente a 2024, y del orden del orden del 12% en 2025. Además, se prevé una suba del 20% para los gastos de funcionamiento, junto con una partida extra para los hospitales universitarios.
En principio, la oferta tendría cierto aval por los actores de la comunidad universitaria, pero el avance de las negociaciones se trabó porque el Gobierno quiere que los rectores retiren la medida cautelar que presentó en la Corte.
“Se está viendo legalmente cómo destrabar eso, para que las partes queden en reserva de ratificar sus posiciones”, señaló una alta fuente universitaria al tanto de las negociaciones. Se está ajustando el texto que conforme a ambas partes, para que los abogados del Estado y del CIN puedan avanzar sin renunciar a los derechos en juego.
Para los rectores, no hay alternativa posible de resignar el reclamo de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “Sostenemos el mantenimiento de la acción judicial. No vamos a retirar la denuncia”, afirman desde el CIN.
La demanda judicial de las universidades cuenta con una medida cautelar favorable, dos veces ratificada, aunque actualmente se encuentra suspendida tras un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. Ahora, la decisión final recae en la Corte Suprema de Justicia, que no tiene un plazo definido para expedirse.
Esa incertidumbre política es que la habilitó a los rectores a buscar algún tipo de solución. “El problema principal es que la Justicia no resuelve y mira para otro lado. El Gobierno puede tener un acuerdo con la Corte… y en el medio se te van los profesores”, graficó una autoridad universitaria.
El Gobierno considera que la ley sancionada por el Congreso es “ilegal” porque, según su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera, que establece que toda ley debe especificar la fuente de los fondos. Por eso, insiste en que la continuidad de la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico de partes.
Por su lado, un sector de los sindicatos docentes y no docentes desconfían de estas tratativas. Incluso, los rectores reclaman que cualquier tipo de solución salarial debe incluir una “apertura de una instancia paritaria real y la construcción de un acuerdo con las organizaciones gremiales”.
“Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años”, indicaron desde Conadu.
Las universidades continúan en estado de alerta. El martes 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y distintas organizaciones de la comunidad universitaria realizaron una jornada de clases públicas frente al Palacio de Justicia, en Tribunales, para visibilizar el conflicto y reiterar a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz que se expidan sobre la cautelar. En los últimos días, estudiantes de los colegios preuniversitarios del Nacional Buenos Aires (CNBA) y Carlos Pellegrini tomaron los establecimientos como medida de protesta.
En estas instituciones de nivel medio, la situación del personal docente es especialmente crítica ya que también perdieron poder adquisitivo por la quita del Fondo de Incentivo Docente (FONID). En las negociaciones también se está discutiendo una partida para este sector.
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