El Senado comenzó a discutir esta noche la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo pero que sufrió severas modificaciones en su paso por las comisiones y que seguirá sumando cambios cuando se discuta en particular en el mismo recinto.

El debate comenzó pasadas las 22.30, cuando la sesión del Senado ya había superado las ocho horas de duración, razón por la cual la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), anunció la limitación de los tiempos para los oradores en este debate.

El texto sometido a discusión es el dictamen de comisión impulsado por el oficialismo hace dos semanas que, no obstante, sufrió modificaciones hasta minutos antes del inicio del debate con la intención de conseguir los votos que permitan su aprobación.

Por lo pronto, el proyecto que pasará en revisión a la Cámara de Diputados ya no es el que redactó la Casa Rosada con la intención de levantar la prohibición en la creación de manicomios que había establecido la ley sancionada por el kirchnerismo en 2010. Esa restricción seguirá vigente y se considera a la internación como una medida de carácter excepcional.

La iniciativa genera mucha resistencia, como lo afirmó el peronista disidente Guillermo Andrada (Catamarca), quien destacó la voluntad de consensuar manifestada por el oficialismo, pero aseguró que “no alcanza con cambiar el criterio clínico de la internación de un paciente y con aplicar controles judiciales o de internación sino tenemos las herramientas necesarias para controlarlos”.

“No vamos a cercenar garantías y no vamos a cejar para que el paradigma comunitario esté presente”, afirmó el senador catamarqueño, quien reclamó garantías de financiamiento al Estado nacional. De hecho, dijo que una de las causas del fracaso de la ley kirchnerista fue, precisamente, la falta de presupuesto.

En la misma sintonía, se manifestó el misionero Carlos Arce, quien también apoyó el pedido de financiamiento nacional para las provincias, al tiempo que destacó “la enorme importancia de una evaluación clínica integral”, instancia que se incorporó al texto como parte de la discusión entre los bloques del Senado.

La iniciativa en debate busca actualizar el marco regulatorio para garantizar la protección integral de la salud mental incorporando pautas específicas para la prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión comunitaria en todo el territorio argentino.

Entre sus ejes conceptuales, el dictamen define a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, partiendo de la presunción legal de capacidad de todas las personas. Asimismo, reafirma la prohibición estricta de formular diagnósticos basados en criterios discriminatorios -tales como estatus socioeconómico, pertenencia cultural, identidad sexual o demandas familiares-, y establece que la existencia de un diagnóstico no implica por sí misma presunción de riesgo o restricción de la capacidad.

En lo relativo a la conformación de los equipos de atención, el texto dispone que la asistencia estará a cargo de profesionales interdisciplinarios de la salud que incluyan obligatoriamente a un médico psiquiatra, junto a psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y terapistas ocupacionales.

Como innovación relevante, ante la imposibilidad de garantizar la presencia física del psiquiatra en determinadas jurisdicciones, se autoriza su intervención remota a través de teleconsultas sincrónicas para avalar evaluaciones y tratamientos.

Respecto a las modalidades asistenciales, la iniciativa reafirma que la internación es una medida terapéutica de carácter excepcional que solo procede cuando ofrece mayores beneficios que los abordajes ambulatorios.

Para evitar la institucionalización indefinida, se estipula que desde el primer día de diagnóstico debe elaborarse un plan de egreso que integre la historia clínica, fijando el límite de 180 días para considerar una internación como prolongada, supuesto que activa la intervención de oficio del Órgano de Revisión.

El régimen para internaciones involuntarias exige la verificación de un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, evaluado bajo un criterio situacional e interdisciplinario con la firma de dos profesionales.

Dichas medidas deberán ser notificadas en un plazo máximo de 24 horas al juez competente y al órgano de revisión, otorgando al magistrado un lapso de tres días para convalidar la medida, requerir peritajes adicionales o disponer la inmediata externación.

En materia de infraestructura, las internaciones deberán efectuarse en hospitales generales o centros especializados en psiquiatría y salud mental, prohibiéndose expresamente la creación de nuevos manicomios o el desarrollo de prácticas manicomiales.

El proyecto reconoce la facultad de fijar directivas anticipadas sobre tratamientos futuros y adecuar el consentimiento informado a pautas de pleno discernimiento. En paralelo, se contemplan los derechos de los familiares a recibir psicoeducación y apoyo, al tiempo que se establece la obligación legal de los representantes o allegados de presentarse al momento del alta hospitalaria para acompañar el proceso de externación.

Para la franja infantojuvenil y el abordaje de consumos problemáticos en menores, se fijan salvaguardas específicas que imponen la atención en dispositivos diferenciados de los adultos, restringiendo las internaciones en unidades de adultos únicamente a casos excepcionales y por el tiempo mínimo. Asimismo, la normativa garantiza la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la no criminalización de las situaciones de consumo en niños, niñas y adolescentes.

Por último, el proyecto incorpora un esquema de financiamiento federal mediante el cual el Estado nacional brindará asistencia técnica y económica a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de convenios bilaterales. Estos recursos, coordinados en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA), se destinarán prioritariamente al fortalecimiento de personal, desarrollo de telemedicina, dispositivos comunitarios y partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud de la Nación.

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) descartó una resolución inmediata sobre el pedido de revisión de la condena de la expresidenta, Cristina Kirchner, y sostuvo que la decisión sobre el caso “no es inminente”.

“Habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años”, se pudo leer en el documento que compartió el organismo, según consignó la agencia de noticias EFE.

La declaración de la ONU no amilanó al entorno de la expresidenta. “No comunicó nada formalmente. Respondió a una requisitoria periodística de la agencia EFE. Lo que dice la ONU en esa respuesta periodística es que la cuestión de fondo va a llevar muchos años. Sabemos que la cuestión de fondo, que [Cristina] está mal juzgada, va a durar mucho tiempo”, indicaron cerca de la expresidenta.

De todos modos, sumaron: “Ahora bien, las cautelares, sobre todo la vinculada a la recuperación de sus derechos políticos y a morigerar sus condiciones de detención, pueden salir en cualquier momento”, afirmó una fuente de trato cercano con la expresidenta y su equipo de abogados.

Dentro del Movimiento Derecho al Futuro, espacio interno del gobernador Axel Kicillof, enfrentado con el cristinismo en del PJ, remarcaron que desean una rápida resolución de la ONU contra la condena de la exmandataria.

“Nosotros queremos que el dictamen, informe o fallo salga cuanto antes, porque Cristina está injustamente presa”, dijo a una fuente del campamento del gobernador bonaerense.

En otros sectores del peronismo, en tanto, advirtieron que la expresidenta quedó “entrampada” por su propia decisión de acudir a la ONU, luego de que el comité de Derechos Humanos anticipara que la resolución de fondo -sobre si está bien o mal condenada- tardará “años” en ser adoptada.

Antecedentes

En julio, Cristina Kirchner llevó su caso ante la ONU, para intentar que se revise su condena por el caso Vialidad (cumple en prisión domiciliaria una pena de seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos). Sus abogados solicitaron una revisión total del fallo confirmado en la Argentina por la Corte Suprema de Justicia, basados en lo que consideraron un alto nivel de “arbitrariedades”.

Los letrados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego argumentaron que en la condena contra la exvicepresidenta de Alberto Fernández existió manipulación en la asignación de la causa y lazos entre jueces, fiscales y dirigentes opositores, además de una violación de la garantía contra el doble juzgamiento por un mismo hecho y vulneración de la presunción de inocencia.

Los abogados presentaron tres cautelares; una, destinada a que se suspenda la inhabilitación perpetua que pesa contra Cristina; otra, con el pedido de que se modifique su régimen de prisión domiciliaria (entre otras medidas, que se le quite la tobillera electrónica y se eliminen las restricciones para las visitas); la tercera, con el objetivo de que se disponga un restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema.

El 29 de septiembre, los abogados de la exmandataria introdujeron una adenda del caso ante el Comité de Derechos Humanos para pedir la suspensión de la pena de inhabilitación para ejercer cargos. Denunciaron actos de “intimidación”, en particular por la difusión de imágenes del allanamiento del domicilio privado de Cristina Kirchner, en violación del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del comité, según indicaron.

En el agregado a la presentación original, los abogados de Cristina añadieron un nuevo elemento probatorio que consideraron “decisivo” para la causa Vialidad. “La condena sostuvo que el Decreto 54/2009 había permitido utilizar recursos del fideicomiso vial Sisvial (Fuente 14) para favorecer al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez. La defensa había solicitado durante el proceso prueba sobre el destino efectivo de esos recursos, pero su producción fue rechazada por las distintas instancias judiciales”, indicaron los letrados.