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Luego de que la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunciara que los deudores alimentarios ya no podrán ingresar a las canchas, la modificación en el programa Tribuna Segura se oficializó esta madrugada en el Boletín Oficial. De esta manera, se amplió el universo de personas que podrán ser excluidas de los eventos deportivos en todo el país.

Por medio de la publicación de la Resolución N° 429/2026, las autoridades determinaron que quienes figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos también serán alcanzados por las restricciones de ingreso a estadios. Así, la medida quedó establecida tras la actualización del artículo 2° de la Resolución 354/2017, al que se le incorporaron 4 incisos.

“Si existiera a su respecto una medida judicial o administrativa que estipulare la restricción de ingreso a estadios deportivos por encontrarse inscripto en un Registro Público de Alimentantes Morosos, o su equivalente, de conformidad con la normativa local”, dispone el inciso h.

Hasta la fecha, el programa Tribuna Segura excluía principalmente a quienes tuvieran antecedentes vinculados con delitos en el contexto de eventos deportivos, conductas violentas y contravenciones relacionadas con los espectáculos. No obstante, las autoridades consideraron que la ampliación del alcance del programa ayudaría a “fortalecer su eficacia también como herramienta de cumplimiento de la obligación alimentaria”.

Según una publicación que realizó la ministra de Seguridad Nacional en la red social X, la modificación fue producto de un trabajo conjunto entre Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “El que no cumple con sus hijos, afuera de las canchas. Más controles y reglas claras”, sostuvo.

Por otro lado, la actualización de la normativa también ratificó la exclusión de individuos violentos. De acuerdo con el inciso e, ahora también serán excluidas aquellas personas que hubieran presentado “conductas violentas contra las personas o las cosas o que afectaren la seguridad, el tránsito vehicular o el orden público”.

En línea con esto, aclararon que se tendrá en cuenta todo tipo de naturaleza, es decir, sin importar que el acto hubiera sido cometido de forma individual o colectiva, en lugares abiertos al público o la vía pública, y si la persona señalada iba a pie o desplazándose en un vehículo.

En el caso del inciso f, las autoridades señalaron que ahora también se tendrá en cuenta a quienes hubieran incurrido en “conductas o prácticas violentas, en su traslado desde o hacia un estadio deportivo, en ocasión de un espectáculo futbolístico”. Incluso, se podrá prohibir el ingreso a quien “alterare el orden público o utilizare servicios de transporte de pasajeros no registrados o habilitados por la autoridad competente”.

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La actualización también alcanzará a aquellas personas que estuvieran imputadas, procesadas o condenadas por delitos incluidos en la Ley de Narcotráfico N° 23.737. Asimismo, aclararon que estos deberían haber sido cometidos en contextos futbolísticos.

Por último, la cartera que encabeza Monteoliva remarcó en el Boletín Oficial que la resolución entra en vigencia de manera inmediata, por lo que la nueva disposición ya se encuentra operativa para los próximos encuentros deportivos en el país.

De esta forma, la modificación buscará profundizar la política de prevención y seguridad en los espectáculos, a la vez que incentiva el cumplimiento de las obligaciones parentales a través de herramientas administrativas.

Incluso, consideraron que la medida implicaría un alineamiento con las políticas restrictivas puestas ya en funcionamiento en otras provincias como, por ejemplo, Salta. Asimismo, argumentaron la decisión al mencionar que “existen otros registros públicos de alimentantes morosos en diversas jurisdicciones del país que producen similares medidas”.

El oficialismo, con la ayuda de sus aliados, logró este martes el dictamen de mayoría para el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT por sus siglas en inglés), aunque debió ceder en un apartado clave frente a un reclamo de los laboratorios locales.

Así, La Libertad Avanza buscará tratar el proyecto el próximo 20 de mayo, en una sesión donde también entraría la Ley Hojarasca y la modificación al régimen de Zona Fría, que acotará la cantidad de usuarios alcanzados por subsidios en su tarifa de gas.

En cuanto al Tratado de Patentes, la iniciativa permite a una persona, empresa, universidad o centro de investigación presentar una única solicitud internacional de patente para iniciar el trámite de protección en múltiples jurisdicciones. Esto simplifica y centraliza el proceso, en lugar de tener que realizar trámites separados país por país.

La adhesión de Argentina al PCT es un reclamo de larga data de los Estados Unidos, que finalmente lo incluyó como una condición en el acuerdo comercial firmado por ambos países en febrero. No era el único país que solicitaba lo mismo: la suscripción al tratado está entre los compromisos asumidos en los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea y con EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

La resistencia de los laboratorios y los cambios en un capítulo clave

En un principio, el Gobierno tenía previsto aprobar el Tratado de Patentes en abril, pero el proyecto se demoró por la presión de los laboratorios locales, que rechazaban el capítulo 2 del tratado.

Este apartado permitía que se tome una opinión preliminar de una oficina de patentes extranjera para otorgar el patentamiento local. Para los laboratorios, ese punto facilitaría que los monopolios extranjeros ganen dominio en los mercados, lo cual encarecería los medicamentos y vulneraría la soberanía sanitaria del país.

En ese contexto, para reunir los consensos, el oficialismo aceptó el pedido de los laboratorios y dejó en reserva el Capítulo 2. Así, en caso de que el proyecto tenga el visto bueno de la Cámara de Diputados, deberá regresar a la cámara de origen para aceptar los cambios. El Senado había tratado la medida en 1998 y permaneció a la espera desde entonces.

“Todos los socios comerciales celebran la integración de Argentina con el mundo, pero a la vez nos plantean que Argentina tiene que respetar las reglas en materia de propiedad intelectual. Es necesario claramente para esas inversiones y la relación comercial con nuestros socios el alineamiento de Argentina con los tratados de propiedad intelectual y los estándares internacionales”, remarcó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, cuando acudió a defender el proyecto este martes en el plenario de comisiones.

El tratado que se discutirá en el Congreso establece que una vez registrada una patente por uno de los países miembro, la misma tendrá validez automática durante 20 años en el resto de las naciones adheridas. Hasta ahora son 158.

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De esa manera, el tratado busca impedir la copia de fórmulas. Esto último levanta la guardia de la industria farmacéutica nacional por su efecto en el mercado de medicamentos genéricos, lo cual podría encarecer los precios.

En el Gobierno sostienen que la adhesión al tratado permitirá que los innovadores argentinos ganen tiempo y ahorren burocracia y costos, ya que actualmente deben iniciar el trámite de patentamiento desde el exterior por no contar el país con una oficina receptora.

Patentes, Gobierno, Laboratorios