POLITICA
El Gobierno restringió el ingreso de los deudores alimentarios a las canchas en el marco del programa Tribuna Segura
Luego de que la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunciara que los deudores alimentarios ya no podrán ingresar a las canchas, la modificación en el programa Tribuna Segura se oficializó esta madrugada en el Boletín Oficial. De esta manera, se amplió el universo de personas que podrán ser excluidas de los eventos deportivos en todo el país.
Por medio de la publicación de la Resolución N° 429/2026, las autoridades determinaron que quienes figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos también serán alcanzados por las restricciones de ingreso a estadios. Así, la medida quedó establecida tras la actualización del artículo 2° de la Resolución 354/2017, al que se le incorporaron 4 incisos.
“Si existiera a su respecto una medida judicial o administrativa que estipulare la restricción de ingreso a estadios deportivos por encontrarse inscripto en un Registro Público de Alimentantes Morosos, o su equivalente, de conformidad con la normativa local”, dispone el inciso h.
Hasta la fecha, el programa Tribuna Segura excluía principalmente a quienes tuvieran antecedentes vinculados con delitos en el contexto de eventos deportivos, conductas violentas y contravenciones relacionadas con los espectáculos. No obstante, las autoridades consideraron que la ampliación del alcance del programa ayudaría a “fortalecer su eficacia también como herramienta de cumplimiento de la obligación alimentaria”.
Según una publicación que realizó la ministra de Seguridad Nacional en la red social X, la modificación fue producto de un trabajo conjunto entre Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “El que no cumple con sus hijos, afuera de las canchas. Más controles y reglas claras”, sostuvo.
Por otro lado, la actualización de la normativa también ratificó la exclusión de individuos violentos. De acuerdo con el inciso e, ahora también serán excluidas aquellas personas que hubieran presentado “conductas violentas contra las personas o las cosas o que afectaren la seguridad, el tránsito vehicular o el orden público”.
En línea con esto, aclararon que se tendrá en cuenta todo tipo de naturaleza, es decir, sin importar que el acto hubiera sido cometido de forma individual o colectiva, en lugares abiertos al público o la vía pública, y si la persona señalada iba a pie o desplazándose en un vehículo.
En el caso del inciso f, las autoridades señalaron que ahora también se tendrá en cuenta a quienes hubieran incurrido en “conductas o prácticas violentas, en su traslado desde o hacia un estadio deportivo, en ocasión de un espectáculo futbolístico”. Incluso, se podrá prohibir el ingreso a quien “alterare el orden público o utilizare servicios de transporte de pasajeros no registrados o habilitados por la autoridad competente”.
.container-video {
position: relative;
width: 100%;
overflow: hidden;
padding-top: 2%;
}
.responsive-iframe-video {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
bottom: 0;
right: 0;
width: 100%;
height: 100%;
border: none;
}
</html
La actualización también alcanzará a aquellas personas que estuvieran imputadas, procesadas o condenadas por delitos incluidos en la Ley de Narcotráfico N° 23.737. Asimismo, aclararon que estos deberían haber sido cometidos en contextos futbolísticos.
Por último, la cartera que encabeza Monteoliva remarcó en el Boletín Oficial que la resolución entra en vigencia de manera inmediata, por lo que la nueva disposición ya se encuentra operativa para los próximos encuentros deportivos en el país.
De esta forma, la modificación buscará profundizar la política de prevención y seguridad en los espectáculos, a la vez que incentiva el cumplimiento de las obligaciones parentales a través de herramientas administrativas.
Incluso, consideraron que la medida implicaría un alineamiento con las políticas restrictivas puestas ya en funcionamiento en otras provincias como, por ejemplo, Salta. Asimismo, argumentaron la decisión al mencionar que “existen otros registros públicos de alimentantes morosos en diversas jurisdicciones del país que producen similares medidas”.
POLITICA
La Corte resolverá el reclamo bonaerense por la eliminación de subsidios al transporte y le dio 60 días a la Nación para responder
La Corte Suprema de la Nación se declaró competente para analizar la demanda de la provincia de Buenos Aires contra el Estado nacional por la supresión del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País.
El máximo tribunal le otorgó a Nación 60 días para responder y analizará la medida cautelar una vez que llegue esa contestación o venza el plazo.
El planteo busca que se declare inconstitucional la eliminación de un mecanismo creado por ley para financiar el transporte urbano y suburbano fuera del AMBA. La causa se convirtió en el antecedente inmediato de otros reclamos provinciales por el financiamiento del transporte.
Este jueves la Corte también se declaró competente en planteos similares interpuestos por La Rioja y La Pampa. Los fallos llevan las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La provincia de Buenos Aires sostuvo que no recibió transferencias durante 2024 y reclamó los recursos correspondientes a 2023 y al primer trimestre de ese año, junto con los intereses. A partir de la medida cautelar planteada, el tribunal analizará si corresponde ordenar el pago inmediato de esas sumas.
El conflicto se originó el 8 de febrero de 2024, cuando el Gobierno nacional comunicó que dejaría sin efecto los aportes. Días después, el artículo 18 del DNU 280/2024 formalizó la medida. Frente a ello, la provincia inició una acción para que se declare la inconstitucionalidad de ese artículo y para que el Poder Ejecutivo se abstenga de dictar normas o adoptar medidas que contradigan la ley.
El Fondo de Compensación, conocido como FCI, fue creado por el artículo 125 de la ley 27.467 para sostener subsidios al transporte de pasajeros en las ciudades del interior.
Buenos Aires argumentó que el mecanismo seguía vigente cuando fue eliminado: la ley 27.701 lo había prorrogado durante 2023 y el decreto 88/23 extendió su vigencia para 2024. La continuidad también estaba contemplada en la resolución 86/23 del Ministerio de Transporte y en convenios suscriptos con la Nación.
POLITICA
La UBA lanzó una plataforma para rastrear los votos, proyectos e intervenciones de cada diputado y senador en el Congreso
La Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó el Monitor de Actividad del Congreso, una nueva sección de Data CP que reúne y sistematiza información pública de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación para que cualquier persona pueda conocer cómo votó cada legislador, qué proyectos impulsó y cuánto utilizó los pasajes oficiales, entre otros datos.
La plataforma organiza la información en cuatro grandes dimensiones: las votaciones de cada legislador y legisladora, los proyectos que presenta o acompaña, sus intervenciones en el recinto y la utilización de pasajes oficiales. La información abarca distintos períodos legislativos y puede explorarse a través de gráficos, tablas, mapas y visualizaciones interactivas que no requieren conocimientos técnicos especializados para su uso.
Detrás del lanzamiento hay una premisa concreta: si bien los datos del Congreso son públicos, históricamente se encontraron dispersos entre expedientes, actas, versiones taquigráficas y bases de datos de ambas cámaras, en formatos que dificultaban su consulta y comparación. El Monitor apunta, precisamente, a resolver esa dispersión.
Pablo Cerchia, licenciado en Ciencia Política de la UBA y responsable del proyecto, explicó el alcance de la iniciativa: “No alcanza con que la información pública esté disponible: también tiene que ser comprensible, comparable y reutilizable. Queremos que cualquier ciudadano pueda conocer qué hicieron sus representantes, cómo votaron y qué iniciativas impulsaron. El Monitor permite transformar información que antes estaba dispersa en una herramienta concreta para la investigación, el periodismo y el control ciudadano”.
Entre las funciones disponibles, la plataforma permite comparar el comportamiento de los bloques frente a leyes relevantes, analizar la afinidad de voto de los legisladores con el oficialismo y la oposición, identificar coincidencias entre espacios políticos y observar la cohesión interna de cada bloque.
También incorpora mapas de alianzas construidos a partir de la cofirma de proyectos legislativos, rankings de intervenciones en el recinto y herramientas para explorar el vocabulario utilizado por diputados y senadores.
Una de las incorporaciones que distingue al Monitor de otras iniciativas similares es «Armá tu poroteo», un simulador que permite construir escenarios de votación, visualizar posibles resultados en el recinto y exportar imágenes para investigaciones, publicaciones periodísticas y análisis políticos. La herramienta apunta tanto al público general como a periodistas e investigadores que necesitan procesar información legislativa de manera ágil.
En cuanto al acceso a los datos, el Monitor ofrece descargas en CSV, Excel y JSON, y dispone de una API documentada para desarrollar análisis y visualizaciones propias. El acceso es gratuito y no requiere registro, lo que amplía el espectro de usuarios potenciales más allá del ámbito académico o técnico.
Nicolás Zubiria, secretario académico de la Carrera de Ciencia Política de la UBA, encuadró el lanzamiento dentro de una concepción más amplia del rol de la universidad pública: “Desde la Carrera de Ciencia Política de la UBA creemos que la universidad pública tiene un papel fundamental en la producción de conocimiento y en el desarrollo de herramientas que contribuyan a mejorar la calidad del debate público. Con Data CP buscamos que información relevante para comprender el funcionamiento de nuestras instituciones esté al alcance de cualquier persona, no solamente de quienes cuentan con conocimientos técnicos especializados”.
Con esta nueva sección, Data CP amplía sus herramientas de consulta y análisis de información política argentina, sumando la actividad legislativa a su plataforma de datos electorales. El antecedente directo es la sección Elecciones Legislativas 2025, presentada el año anterior, que centraliza y visualiza información electoral y permite a ciudadanos, periodistas, docentes y estudiantes acceder a datos claros y descargables sobre los procesos electorales argentinos.
La plataforma está disponible en datacp.ar/congreso, mientras que el monitor de elecciones puede consultarse en datacp.ar/legislativas2025.
El Senado comenzó a discutir esta noche la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo pero que sufrió severas modificaciones en su paso por las comisiones y que seguirá sumando cambios cuando se discuta en particular en el mismo recinto.
El debate comenzó pasadas las 22.30, cuando la sesión del Senado ya había superado las ocho horas de duración, razón por la cual la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), anunció la limitación de los tiempos para los oradores en este debate.
El texto sometido a discusión es el dictamen de comisión impulsado por el oficialismo hace dos semanas que, no obstante, sufrió modificaciones hasta minutos antes del inicio del debate con la intención de conseguir los votos que permitan su aprobación.
Por lo pronto, el proyecto que pasará en revisión a la Cámara de Diputados ya no es el que redactó la Casa Rosada con la intención de levantar la prohibición en la creación de manicomios que había establecido la ley sancionada por el kirchnerismo en 2010. Esa restricción seguirá vigente y se considera a la internación como una medida de carácter excepcional.
La iniciativa genera mucha resistencia, como lo afirmó el peronista disidente Guillermo Andrada (Catamarca), quien destacó la voluntad de consensuar manifestada por el oficialismo, pero aseguró que “no alcanza con cambiar el criterio clínico de la internación de un paciente y con aplicar controles judiciales o de internación sino tenemos las herramientas necesarias para controlarlos”.
“No vamos a cercenar garantías y no vamos a cejar para que el paradigma comunitario esté presente”, afirmó el senador catamarqueño, quien reclamó garantías de financiamiento al Estado nacional. De hecho, dijo que una de las causas del fracaso de la ley kirchnerista fue, precisamente, la falta de presupuesto.
En la misma sintonía, se manifestó el misionero Carlos Arce, quien también apoyó el pedido de financiamiento nacional para las provincias, al tiempo que destacó “la enorme importancia de una evaluación clínica integral”, instancia que se incorporó al texto como parte de la discusión entre los bloques del Senado.
La iniciativa en debate busca actualizar el marco regulatorio para garantizar la protección integral de la salud mental incorporando pautas específicas para la prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión comunitaria en todo el territorio argentino.
Entre sus ejes conceptuales, el dictamen define a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, partiendo de la presunción legal de capacidad de todas las personas. Asimismo, reafirma la prohibición estricta de formular diagnósticos basados en criterios discriminatorios -tales como estatus socioeconómico, pertenencia cultural, identidad sexual o demandas familiares-, y establece que la existencia de un diagnóstico no implica por sí misma presunción de riesgo o restricción de la capacidad.
En lo relativo a la conformación de los equipos de atención, el texto dispone que la asistencia estará a cargo de profesionales interdisciplinarios de la salud que incluyan obligatoriamente a un médico psiquiatra, junto a psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y terapistas ocupacionales.
Como innovación relevante, ante la imposibilidad de garantizar la presencia física del psiquiatra en determinadas jurisdicciones, se autoriza su intervención remota a través de teleconsultas sincrónicas para avalar evaluaciones y tratamientos.
Respecto a las modalidades asistenciales, la iniciativa reafirma que la internación es una medida terapéutica de carácter excepcional que solo procede cuando ofrece mayores beneficios que los abordajes ambulatorios.
Para evitar la institucionalización indefinida, se estipula que desde el primer día de diagnóstico debe elaborarse un plan de egreso que integre la historia clínica, fijando el límite de 180 días para considerar una internación como prolongada, supuesto que activa la intervención de oficio del Órgano de Revisión.
El régimen para internaciones involuntarias exige la verificación de un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, evaluado bajo un criterio situacional e interdisciplinario con la firma de dos profesionales.
Dichas medidas deberán ser notificadas en un plazo máximo de 24 horas al juez competente y al órgano de revisión, otorgando al magistrado un lapso de tres días para convalidar la medida, requerir peritajes adicionales o disponer la inmediata externación.
En materia de infraestructura, las internaciones deberán efectuarse en hospitales generales o centros especializados en psiquiatría y salud mental, prohibiéndose expresamente la creación de nuevos manicomios o el desarrollo de prácticas manicomiales.
El proyecto reconoce la facultad de fijar directivas anticipadas sobre tratamientos futuros y adecuar el consentimiento informado a pautas de pleno discernimiento. En paralelo, se contemplan los derechos de los familiares a recibir psicoeducación y apoyo, al tiempo que se establece la obligación legal de los representantes o allegados de presentarse al momento del alta hospitalaria para acompañar el proceso de externación.
Para la franja infantojuvenil y el abordaje de consumos problemáticos en menores, se fijan salvaguardas específicas que imponen la atención en dispositivos diferenciados de los adultos, restringiendo las internaciones en unidades de adultos únicamente a casos excepcionales y por el tiempo mínimo. Asimismo, la normativa garantiza la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la no criminalización de las situaciones de consumo en niños, niñas y adolescentes.
Por último, el proyecto incorpora un esquema de financiamiento federal mediante el cual el Estado nacional brindará asistencia técnica y económica a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de convenios bilaterales. Estos recursos, coordinados en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA), se destinarán prioritariamente al fortalecimiento de personal, desarrollo de telemedicina, dispositivos comunitarios y partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud de la Nación.
Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a
Bajo cero y con los puños en alto: la foto de Diego Maradona en la Muralla China que nació de una promesa a sus hijas
Martín Redrado: "En 2027 vamos a tener tensión con el dólar y hay que estar preparados"
La Corte resolverá el reclamo bonaerense por la eliminación de subsidios al transporte y le dio 60 días a la Nación para responder
Un hombre se negó a pagarle a una trabajadora sexual y murió tras saltar desde un hotel alojamiento
Ley de Justicia Energética beneficia a más de 1,800 abonados y permite regularizar deudas sin multas en Honduras
Nadia Podoroska dio otro paso en Querétaro y habrá duelo de argentinas en Curitiba
Medios brasileños afirman que Flávio Bolsonaro escapó del país y está en vuelo a Estados Unidos
El acusado de amenazar a Waldo Wolff reconoció el delito, pidió disculpas en un video y visitará dos museos
Jugó un Mundial con la Selección, el Dibu le regaló sus guantes y apunta a enfrentar a Messi
El video revelador sobre el toque que dejó afuera a Franco Colapinto del GP de los Estados Unidos de Fórmula 1
INTERNACIONAL2 días agoMedios brasileños afirman que Flávio Bolsonaro escapó del país y está en vuelo a Estados Unidos
- POLITICA3 días ago
De Bullrich a Lula da Silva: a Milei se le abrieron dos frentes de conflicto con resolución incierta
- SOCIEDAD2 días ago
Avanza la búsqueda de los hermanos desaparecidos que fueron arrastrados por la corriente de un río en Santa Cruz
