POLITICA
El Gobierno contiene a los aliados, el PJ redobla su ofensiva y Bullrich avisa que no se bajó de la pelea por CABA
El Gobierno empezó a desplegar una estrategia para contener a sus aliados en el Congreso, cumplir compromisos pendientes con los gobernadores y evitar que una incipiente coordinación del peronismo complique las mayorías que necesita para avanzar con su agenda legislativa. La prioridad inmediata está en Diputados, donde el oficialismo prepara una mega sesión para el 26 de agosto. Pero las mayores dificultades aparecen en el Senado, donde La Libertad Avanza perdió previsibilidad sobre algunos de los votos que hasta hace poco consideraba propios o cercanos.
En esa lógica, la Casa Rosada busca blindar votos con los gobernadores, mientras intenta reconstruir un mapa parlamentario que dejó de ser automático. La tensión es doble: hacia adelante, por una agenda que el oficialismo considera ambiciosa; hacia atrás, por compromisos asumidos en negociaciones previas que todavía no se tradujeron en decisiones administrativas.
Una de las primeras estaciones de esa estrategia será este martes en el Ministerio de Economía. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezará una reunión con técnicos de las diez provincias del Norte que reclaman el cumplimiento de un compromiso asumido por la Casa Rosada durante la negociación para modificar el régimen de Zonas Frías.
Cuando la iniciativa se votó en Diputados, el Gobierno se comprometió a compensar a las provincias norteñas mediante un tratamiento diferencial sobre los subsidios a la electricidad durante los meses de altas temperaturas. El acuerdo contempló ampliar los bloques de consumo subsidiado en 300 kWh mensuales adicionales para las zonas muy cálidas —Ia y Ib— y en 200 kWh para las zonas cálidas —IIb—.
La compensación no quedó incorporada en la ley. Debía instrumentarse posteriormente mediante una resolución de la Secretaría de Energía. Esa resolución todavía no salió.
Por eso, Santilli se encontrará este martes con los representantes provinciales y funcionarios del área energética para avanzar en su implementación. Podría participar algún gobernador, aunque en el entorno del jefe de Gabinete aclaran que será esencialmente una reunión técnica y que el objetivo es dejar establecido el mecanismo en la reglamentación si finalmente se sanciona la modificación de Zonas Frías.
Detrás de una discusión aparentemente tarifaria existe un problema eminentemente político: el Gobierno necesita cuidar los votos de los gobernadores.
La prioridad inmediata está en la Cámara de Diputados. Los negociadores libertarios trabajan para construir una mega sesión el miércoles 26 de agosto, con un paquete de iniciativas que la Casa Rosada considera relevantes. El conteo preliminar genera optimismo.
“Los números creemos que están para tener la semana que viene una buena sesión”, aseguró a Infobae una fuente del oficialismo involucrada en las negociaciones.
El escenario es bastante más complejo en el Senado. La Libertad Avanza intenta reconstruir aquel conglomerado de 44 votos que le permitió atravesar votaciones difíciles. Esa mayoría quedó astillada por el portazo de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, y por la crisis de identidad política que atraviesan los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, sacudidos por la reconfiguración del poder provincial y el avance del gobernador Hugo Passalacqua sobre la estructura que durante años controló Carlos Rovira.
En ese contexto apareció una expresión que comenzó a repetirse en conversaciones reservadas del oficialismo: “la nueva coordinación” del peronismo.
No significa que el PJ haya resuelto sus internas. Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa mantienen diferencias profundas y la disputa por el liderazgo del peronismo bonaerense continúa abierta. Tampoco existe una conducción nacional capaz de disciplinar a todos los gobernadores y legisladores.
La novedad es más pragmática: dirigentes y gobernadores que hasta hace poco se movían por separado comenzaron a conversar y coordinar acciones cuando identifican un objetivo común.
Y el Gobierno ya sufrió las consecuencias. La primera demostración ocurrió durante el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El Senado terminó sancionándola el 6 de agosto, pero la Casa Rosada tuvo que resignar dos capítulos que estaban incluidos en el proyecto original: el que flexibilizaba las restricciones para la compra de tierras por extranjeros y el que eliminaba las limitaciones para vender terrenos afectados por incendios.
El oficialismo consiguió la ley, pero quedó con una sensación de derrota.
n La Libertad Avanza reconstruyeron después los movimientos que precedieron a la votación y encontraron conversaciones sigilosas entre dirigentes que conservan relaciones políticas construidas hace años. Massa habló con el gobernador salteño Gustavo Sáenz, quien fue su compañero de fórmula presidencial hace más de una década. También hubo una fuerte presión sobre Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Raúl Jalil, de Catamarca.
La coordinación funcionó: los dos capítulos terminaron afuera.
Pero el movimiento que más alertó al oficialismo ocurrió después.
El martes de la semana pasada, durante cinco horas, diez dirigentes de peso del peronismo estuvieron reunidos en el Hotel Emperador. La integración de la mesa convirtió al encuentro en una señal política difícil de ignorar.
Allí estuvieron Kicillof, Máximo Kirchner y Massa, los tres principales protagonistas de la interna bonaerense. También participaron cinco caciques provinciales: Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Gildo Insfrán, de Formosa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Sergio Ziliotto, de La Pampa; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. Completaron el grupo José Mayans, presidente del bloque peronista en el Senado, y Germán Martínez, jefe de la bancada en Diputados.
“Hay que reconocer el esfuerzo y el éxito de la reunión a José y Germán”, dijeron en el entorno de Massa, con un forzado disimulo sobre la trascendencia de haber sentado durante cinco horas a dirigentes que todavía mantienen diferencias importantes.
No hubo una reconciliación. Tampoco una nueva conducción. Pero sí hubo acuerdos.
Uno de los pocos compromisos que asumieron los diez participantes fue bloquear a toda costa la eliminación de las PASO, uno de los principales objetivos de la reforma electoral que prepara el Gobierno.
El peronismo tiene una razón práctica para defender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias: necesita un instrumento para resolver una interna que continúa abierta. Pero alrededor de esa necesidad encontró además una causa común para ordenar una estrategia de resistencia frente a Milei.
En el propio espacio opositor describen la defensa de las PASO como una misión menos “piantavotos” que otras banderas de confrontación con el Gobierno. La libertad de Cristina Kirchner sigue funcionando como otro elemento capaz de reunir a los distintos sectores, pero la preservación de las primarias ofrece una batalla institucional y electoral alrededor de la cual pueden coincidir dirigentes que siguen enfrentados por el liderazgo del espacio.
Y hay un dato adicional: la reunión del Hotel Emperador no será la última.
En el peronismo ya anticipan que habrá otro encuentro similar en los próximos días. Todavía no tiene fecha. El objetivo, sin embargo, es sostener el mecanismo de coordinación.
El Senado, la aritmética fina y la reforma electoral
Para el Gobierno, la amenaza llega justo cuando empieza a desplegarse una agenda ambiciosa en el Senado.
En carpeta están el denominado “Súper RIGI”, la Ley Hojarasca, la reforma de la Ley General de Sociedades, cambios en la Ley de Salud Mental, decenas de pliegos de jueces y, finalmente, el premio mayor: la reforma electoral.
La eliminación de las PASO todavía está “verde”, admiten en La Libertad Avanza.
La explicación está en los números. El oficialismo tiene 21 senadores. Antes incluso de intentar convencer a gobernadores o legisladores cercanos al peronismo necesita asegurar dos bloques que considera indispensables: los diez radicales y los tres representantes del PRO.
“Cualquier mayoría requiere, antes que a los peronistas, el apoyo de los diez votos radicales”, explicaron en el oficialismo.
Pero los radicales no están convencidos de acompañar la eliminación de las PASO. Y tampoco están garantizados los tres votos del PRO.
Aun en el escenario más favorable, 21 libertarios más diez radicales y tres macristas suman 34. Son tres menos que los 37 necesarios para alcanzar la mayoría.
La fragilidad de esa matemática ayuda a explicar por qué el Gobierno abrió simultáneamente otra negociación política. La semana pasada, dirigentes de La Libertad Avanza y el PRO volvieron a encontrarse en la Casa Rosada, en una reunión anticipada en exclusiva por Infobae. El encuentro estuvo precedido por una comunicación entre Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y presidenta nacional de LLA, y Mauricio Macri.
Después de meses de distanciamiento, hubo un descongelamiento. No una reconciliación.
Las heridas de la relación continúan abiertas y Macri mantiene una profunda desconfianza frente a los zigzagueos que atribuye a los libertarios. Pero las conversaciones comenzaron y detrás de ellas existe un objetivo más ambicioso: explorar un acuerdo electoral para 2027.
El ex presidente quiere conservar la Ciudad de Buenos Aires, la casa matriz del PRO. Al mismo tiempo, podría acompañar una candidatura de Santilli a gobernador bonaerense dentro de una alianza bicolor, amarilla y violeta.
Es allí donde aparece Patricia Bullrich.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado considera “lógico” que Macri pretenda conservar el distrito donde nació y construyó el poder nacional del PRO. Pero cualquier entendimiento, advierte, requiere “buena voluntad”.
Y Bullrich no considera que el inicio de las negociaciones con su antiguo partido signifique que ella haya resignado una eventual candidatura en la Ciudad.
Durante el fin de semana se lo transmitió a un interlocutor en términos inequívocos. “No dije que me bajaba”, afirmó Bullrich, según pudo saber Infobae.
La advertencia tiene como destinatario político al PRO y adquiere relevancia frente a la negociación que comenzó a transitar Macri con los libertarios. Bullrich está dispuesta a acompañar un entendimiento si existe voluntad de acuerdo, pero también dejó planteado que, si esa voluntad no aparece, no tiene inconvenientes en competir en la Ciudad y considera que tiene posibilidades de ganar.
La discusión porteña se convierte así en otra pieza de la negociación nacional. Macri quiere preservar el principal bastión que conserva su partido. La Libertad Avanza pretende construir un entendimiento que incluya también la provincia de Buenos Aires. Y Bullrich avisa que nadie debería interpretar el acercamiento como una renuncia anticipada a disputar la sucesión porteña.
El plan económico que asoma detrás de la estrategia política
Mientras el oficialismo intenta ordenar el Congreso y sus alianzas, en la cúspide del Gobierno apareció otra preocupación que empieza a condicionar toda la estrategia hacia 2027: la necesidad de reactivar la economía.
En los últimos días comenzaron a avanzar las conversaciones sobre una iniciativa de fuerte impacto potencial: utilizar entre USD 2.000 millones y USD 2.500 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para impulsar el crédito hipotecario.
El proyecto todavía está en plena elaboración.
La idea no contempla desprenderse de las acciones ni de los bonos que integran la cartera del FGS. El objetivo es utilizar recursos que el Fondo debe mantener en plazos fijos, fondos comunes de inversión y otros instrumentos para generar colocaciones de largo plazo que permitan a los bancos contar con fondeo estable para ofrecer hipotecas.
La ingeniería intenta resolver uno de los problemas históricos del sistema financiero argentino: el descalce entre la duración de los depósitos y la de los préstamos.
“Los plazos fijos del sistema están a 30 días y los créditos hipotecarios son a 30 años. Ese descalce podría resolverse si el FGS subasta tasas para plazos fijos largos y esos recursos se destinan a créditos”, explicó una fuente calificada del Gobierno que conoce la iniciativa.
El proyecto tiene una sofisticación financiera considerable y una sensibilidad política todavía mayor. El FGS depende de la ANSES, que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, una de las funcionarias de mayor confianza del presidente Javier Milei.
La ministra no rechaza la idea, pero exige garantías antes de avanzar.
“Ella no va a hacer nada que tenga un mínimo de riesgo institucional. No ve con malos ojos esa idea, pero Toto Caputo va a tener que venir con el detalle fino antes de dar luz verde”, explicaron en su entorno.
La definición expone las precauciones alrededor de una iniciativa que involucra recursos del sistema previsional. Pero la existencia misma del proyecto revela otra discusión que empezó a instalarse en la Casa Rosada.
Después de estabilizar las principales variables macroeconómicas, el Gobierno necesita que la economía crezca.
Y necesita que lo haga antes de 2027.
“Si la economía no reactiva, va a ser más difícil ganar las elecciones en primera vuelta”, reconoció un dirigente oficialista involucrado en las discusiones políticas.
Luis “Toto” Caputo parece dispuesto a involucrarse también en esa batalla. El ministro de Economía se convirtió durante las últimas semanas en uno de los voceros más filosos del Gobierno. A diferencia de otros momentos de su gestión, comenzó a involucrarse abiertamente en las discusiones políticas y a responder los cuestionamientos del peronismo.
Este martes dará una señal adicional. Caputo participará de la inauguración de una heladería en la calle Gorostiaga, en Palermo, junto con Pilar Ramírez, presidenta de La Libertad Avanza porteña y una de las principales dirigentes de confianza de Karina Milei.
La escena podría parecer menor. En el Gobierno no la consideran así.
Caputo está dispuesto a mostrarse como una espada del oficialismo también en la arena electoral.
El escenario que empieza a dibujarse combina todos esos movimientos. La Casa Rosada intenta contener a los gobernadores y reconstruir las mayorías que le permitieron avanzar en el Congreso. El peronismo descubrió que puede coordinarse sin necesidad de resolver previamente sus internas y prepara una nueva reunión para sostener esa estrategia. Macri volvió a conversar con los libertarios, pero todavía no existe un acuerdo. Bullrich advierte que la Ciudad continúa disponible para dar una pelea. Y el Gobierno empieza a asumir que ninguna arquitectura parlamentaria o electoral será suficiente si la estabilización no termina convirtiéndose en reactivación.
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POLITICA
Malvinas: el Gobierno denunció a una empresa británica por realizar vuelos sin autorización hacia Chile
El Gobierno denunció este lunes las operaciones realizadas por la empresa británica THALES UK LIMITED en la ruta aérea que conecta las Islas Malvinas con Punta Arenas, en Chile, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas.
El presidente Javier Milei ordenó a los equipos de Gobierno “dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes”.
“La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e Internacional. Las Malvinas son argentinas”, cierra el texto.
Explotación de hidrocarburos
En tanto, el Gobierno intimó formalmente al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para “impedir el inicio o la continuación” de las actividades de explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas.
Milei también instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo, según el comunicado, es impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto Sea Lion, y evitar el otorgamiento de nuevos permisos sobre los recursos de la Plataforma Continental Argentina.
Si Londres no cumple con la intimación, el Gobierno anticipó que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental. El comunicado sostiene que la explotación unilateral de esos recursos es “contraria al derecho internacional” y provoca un “perjuicio irreversible e irreparable”.
“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras”, publicó Milei en sus redes tras compartir el comunicado. En el texto oficial, el Gobierno también manifestó su “rechazo categórico” a la respuesta del Reino Unido frente al discurso del Presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y remarcó: “La pretendida denominación de las Islas Malvinas como “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum unilateral celebrado en 2013 y no reconocido internacionalmente no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas».
POLITICA
Lijo amplió el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito
El juez federal Ariel Lijo ordenó ampliar el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni para el período comprendido entre el 28 de febrero de 1998 y el 31 de diciembre de 2011, es decir, desde que comenzó su vida activa a los 18 años hasta la fecha a partir de la cual ya fue investigado en la causa que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal Gerardo Pollicita había solicitado la medida para acceder a sus declaraciones juradas, inscripciones tributarias, actividades declaradas, datos aportados por terceros y eventuales adhesiones a blanqueos, moratorias o regímenes de exteriorización de activos.
La medida también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti, bajo el mismo criterio, por el período comprendido entre el 10 de octubre de 2000 y el 31 de diciembre de 2011.
Por otro lado, Lijo autorizó la realización de una diligencia probatoria para constatar la explicación brindada por el imputado en el requerimiento de justificación patrimonial.
La medida consiste en convocar al defensor Matías Ledesma para que se presente en Comodoro Py acompañado por el perito de parte, “muñido del sobre en cuestión y de una computadora portátil propia, en miras de que el especialista de la defensa ingrese a las cuentas a través de billetera de administración -como ser Sparrow o Electrum- y consigne en la función ‘Sign’ o ‘Verify Message’, en cada una de estas direcciones de bitcoin, un mensaje que será proporcionado por esta parte en el mismo acto”.
La resolución de Lijo establece que, una vez realizada esa operación, personal técnico de la Policía Federal Argentina efectuará una verificación criptográfica de las firmas correspondientes a cada una de las ocho direcciones. La diligencia será grabada y las claves privadas deberán quedar bajo acceso exclusivo de la defensa técnica.
El requerimiento fiscal
La Fiscalía Federal N° 11 busca reconstruir los ingresos y bienes del matrimonio desde que sus integrantes alcanzaron la mayoría de edad, luego de que la defensa atribuyera el capital aplicado desde 2014 a ahorros familiares previos y a operaciones con bitcoin.
Con esta medida, el Ministerio Público Fiscal busca verificar la explicación de la defensa sobre ocho direcciones de bitcoin que habrían sido utilizadas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018.
Según la presentación de Pollicita, la liquidación de esas tenencias habría generado USD 591.544,61, monto que fue invocado como origen de los USD 565.000 declarados en efectivo en el país bajo el rubro “venta de activos”.
Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá informar las fechas, los montos, las entidades intervinientes, el destino declarado y el resultado de las validaciones de cada operación.
La fiscalía requirió a la ANSES la historia laboral completa de los dos integrantes del matrimonio, con sus aportes, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas previsionales, actividades autónomas o monotributistas y prestaciones registradas.
También pidió a los registros de la propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires información sobre los inmuebles que hubieran tenido a su nombre. El requerimiento incluye las fechas de adquisición y transferencia, los porcentajes de titularidad, los gravámenes y los datos de las escrituras.
La investigación también alcanzará a los vehículos y motovehículos registrados, con detalle de dominios, marcas, modelos, años, altas, bajas y prendas inscriptas. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios deberá remitir esos antecedentes.
políticos
POLITICA
El Gobierno avanza con su estrategia por Malvinas: reclamo ante organismos internacionales, presión sobre petroleras y medidas contra una empresa aérea
El Gobierno sumó este lunes un nuevo capítulo a la ofensiva por las Islas Malvinas que el presidente Javier Milei lanzó a comienzos de septiembre. Desde la cadena nacional, la Casa Rosada avanzó en una batería de medidas para reclamar la soberanía del archipiélago: firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), denunció penalmente a petroleras, envió una nueva ley de Soberanía al Congreso y ahora buscará llevar al Reino Unido al Tribunal Internacional de Derechos del Mar.
En un comunicado difundido hoy, el Gobierno informó el inicio de un arbitraje internacional contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion y la intimación a Londres para que frene la explotación en la Cuenca Malvinas Norte en un plazo de dos semanas. Si no cumple, la Argentina pedirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar los derechos que reclama sobre su plataforma continental.
Además, sumó otro frente: la aviación. Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas contra la empresa Thales UK Limited, a la que acusó de operar en la ruta aérea entre las islas y Punta Arenas, en Chile, con una aeronave de matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas. La medida coincidió con el Punta Arenas Business Showroom, un encuentro que se realiza entre este lunes y martes con unas 40 empresas para el lanzamiento de la ruta comercial que buscará conectar esa ciudad chilena con las islas.
Una por una, todas las medidas que tomó el Gobierno por Malvinas
La escalada comenzó el 3 de septiembre, cuando Milei habló en cadena nacional. En ese mensaje anunció sanciones para las petroleras que exploran en la zona, la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia y la formación de un Consejo de Seguridad nacional.
Al día siguiente, las medidas se instrumentaron a través del Decreto 868/2026 y del Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026, publicados en el Boletín Oficial. El primero designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que sanciona la exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización argentina. También dispuso que las empresas que incumplan esa ley no puedan vincularse con proyectos admitidos en el RIGI. El DNU, por su parte, reforzó el presupuesto militar: el Gobierno amplió en casi $218.000 millones las partidas de Defensa, aunque solo una parte irá a infraestructura, con eje en la Base Naval Integrada de Ushuaia, un proyecto que había quedado prácticamente congelado durante buena parte de esta gestión.
En paralelo avanzó el frente administrativo. La Cancillería abrió un proceso sancionatorio contra 45 personas humanas y jurídicas de 11 países, entre petroleras, accionistas, fondos, proveedores y asesores, la mayoría vinculadas a Sea Lion. El 8 de septiembre se sumaron otros 15 sujetos y el total llegó a 60 expedientes, aunque la apertura de esos procedimientos no implica sanciones firmes.
También hubo acción penal. El canciller Pablo Quirno y el Procurador General del Tesoro, Sebastián Amerio, presentaron una denuncia contra cinco empresas vinculadas con la actividad petrolera en la Cuenca Malvinas Norte, que quedó radicada en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, a cargo de Julián Ercolini. Los denunciados son Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas. Luego el Gobierno anunció una nueva presentación contra firmas de Rockhopper, Borders & Southern y Desire Petroleum e identificó a 27 empresarios y directivos de esas compañías.
El 17 de septiembre llegó el paso legislativo. Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone modificar la Ley 26.659, vigente desde 2011, y crear un Sistema de Seguridad Nacional junto con la protección de infraestructuras críticas. La iniciativa prevé multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo y penas de 15 a 20 años de prisión por la extracción, transporte o almacenamiento no autorizado de hidrocarburos. El texto extiende el régimen a todos los recursos naturales, renovables o no, y habilita la intercepción y eventual uso de la fuerza contra aeronaves que violen reglas de vuelo o desobedezcan órdenes argentinas, con orden expresa del Presidente para las medidas más drásticas.
Un último eslabón ocurrió la semana pasada en Nueva York. Ante la Asamblea General de la ONU, Milei reclamó al Reino Unido retomar las negociaciones por la soberanía y cuestionó la explotación de recursos en la zona. La respuesta británica fue inmediata: Londres sostuvo que no puede haber diálogo sobre soberanía salvo que los isleños lo deseen, defendió su derecho a desarrollar los recursos naturales y afirmó que la legislación argentina no se aplica en las islas.
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