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El gobierno de Brasil convocó de urgencia al embajador argentino para que dé explicaciones por los dichos de Milei

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil volvió a aumentar la presión diplomática sobre la Argentina y convocó en la tarde de este domingo al embajador del país en Brasilia, Daniel Raimondi, para que brinde explicaciones por los recientes dichos de Javier Milei contra Lula da Silva.

Según diplomáticos citados por el Diario Folha de San Pablo, el embajador argentino fue citado como respuesta a los insultos de Javier Milei contra el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, durante su participación en el lanzamiento presidencial de Flavio Bolsonaro este sábado en San Pablo.

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Además, en el Itamaraty también generó una fuerte repercusión una entrevista del presidente argentino donde este acusó a la administración de Lula da Silva de haber sido el principal financista de una campaña en contra de la Argenitna. Milei también había acusado al Gobierno de México y al Partido Demócrata de Estados Unidos.

“¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil», había afirmado Milei horas atrás durante su paso por La Rural, y agregó: “Después vienen a hablar de interferencia. Además, jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿Usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños?“.

El Gobierno de Brasil convocó al embajador argentino en Brasilia tras los dichos de Javier Milei contra Lula da Silva y su administración. (Foto: REUTERS/Jean Carniel TPX IMAGES OF THE DAY)

“No hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el Jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el Pueblo brasileño”, manifestaron en un comunicado, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

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Asimismo, indicaron que “es especialmente lamentable que ese episodio infamante involucre al presidente de un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación y que tiene, en Brasil, su principal socio comercial”.

Horas antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino ya había decidido llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, para mostrar su insatisfacción por los insultos de Milei a Lula da Silva.

Durante su paso por San Pablo, el argentino no solo tildó a su par brasileño de “presidiario” y “ladrón”, sino que además brindó su apoyo a la candidatura presidencial del opositor Flavio Bolsonaro. Milei también apuntó contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien definió como “basura calva” luego de que este no habilitara su visita a Jair Bolsonaro en su prisión domiciliaria.

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Leé también: Milei respondió al pedido del campo de eliminar para siempre las retenciones: “Estamos en camino de liberarlos por completo”

«¿Por qué se ve amenazado Don Lula? Porque hay alguien que, como sucedió en Argentina, está dispuesto a hacerle frente y convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos. Hablo de Flávio Bolsonaro, hijo de mi gran amigo, el expresidente Jair Bolsonaro», enfatizó el mandatario durante su paso por la Convención del Partido Liberal.

En ese contexto, miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil afirmaron al medio Folha de Sao Paulo que el Gobierno no enfrenta una crisis diplomática de esta magnitud desde el conflicto con Israel en 2024. En aquel entonces, Lula da Silva fue declarado “persona non grata” por el país hebreo por comparar los ataques israelíes contra civiles en Palestina con el Holocausto.

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Javier Milei, Brasil, Lula Da Silva

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El Gobierno quiere capitalizar la sintonía con los aliados para acelerar con el proyecto de Malvinas

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El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional —que busca, entre otros puntos, defender los recursos naturales en las Islas Malvinas— sufrió una demora esta semana en la Cámara de Diputados; , pero el oficialismo se muestra confiado en que conseguirá el dictamen de comisión el próximo martes para poder llevarlo al recinto al día siguiente. En ese marco, un grupo de referentes libertarios trabaja contrarreloj para armonizar el texto con los planteos que hicieron los bloques aliados. “El proyecto no se va a dividir en dos como propone el kirchnerismo , pero vamos a hacer cambios para llegar al consenso más amplio posible”, explicaron desde el bloque violeta.

El oficialismo pretendía firmar el dictamen del proyecto esta semana pero el revuelo que generaron los dos fallos de la Corte Suprema sobre la venta de tierras a extranjeros y el intento fallido de la oposición de derogar el mega DNU 70/23 demoró sus planes. Si todo sale bien para los libertarios, se tratará el mismo día que los proyectos sobre discapacidad, endeudamiento, Inviolabilidad de la Propiedad Privada (incluye la restitución de la ley de tierras), trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural.

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El texto enviado al Congreso por la Casa Rosada agrava las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur pero ya no se limita a la actividad hidrocarburífera, sino que incluye toda explotación de recursos renovables o no renovables. También incluye sanciones para empresas, socios y proveedores: prevé multas y suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina. También incorpora la responsabilidad de proveedores que conozcan que asisten a actividades prohibidas y amplía las restricciones para contratar con empresas o personas inhabilitadas.

La jefa del bloque UCR Pamela Verasay (de espaldas) dialoga con diputados de LLA

Sin embargo, tanto la oposición dura como los bloques aliados enfocaron sus críticas en la segunda mitad del proyecto, que no se relaciona tan directamente con la cuestión Malvinas. Por ejemplo, el proyecto propone un sistema permanente de coordinación estatal en materia diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa e inteligencia, cuyo órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, integrado de forma permanente por el Presidente, el efe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.

Por otro lado, crea nuevas infracciones y sanciones por amenazas a la seguridad nacional y considera infracción, entre otras conductas, afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones de autoridades argentinas, atacar infraestructura crítica o financiar esas acciones.

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Tanto los aliados del PRO como la UCR adelantaron su rechazo al artículo 111, que establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina. En sintonía con los planteos de organizaciones civiles de periodistas como ADEPA y FOPEA, advirtieron que una redacción tan “laxa” referida a las campañas de desinformación podría afectar la libertad de expresión.

“Nosotros pedimos mayor precisión en la definición del delito de injerencia extranjera, para resguardar la actividad periodística, académica y el debate público”, explicaron desde el PRO a Infobae. Los libertarios ya se comprometieron a modificar la redacción y circularon algunos borradores con cambios específicos.

A pedido de los aliados, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, ya adelantó que se incluirá la creación de una Bicameral de Seguimiento de la Seguridad Nacional a la que el Ejecutivo tendría la obligación de informar para reforzar el control parlamentario.

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Ante la consulta de Infobae, fuentes libertarias al tanto de las negociaciones también reconocieron que se modificarán los artículos que habilitan al Estado a auditar, custodiar o intervenir “infraestructuras críticas”, como redes estratégicas de energía, minería y telecomunicaciones. “Algunos están preocupados porque toda la red de 5G es de la empresa china Huawei”, explicaron. En esa línea, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) también planteó que el régimen sobre infraestructura crítica debería basarse en un esquema de “cooperación voluntaria” entre el Estado y las empresas.

Cristian Ritond, presidente del bloque PRO

Por su parte, los aliados del MID insistieron con que sea el Congreso el que autorice las actividades militares. Según pudo saber Infobae, el viernes recibieron un borrador con cambios en la redacción que analizarán durante el fin de semana.

Otros pedidos de los aliados incluyen la incorporación del Ministerio de Seguridad Nacional como miembro permanente del Consejo de Seguridad y en el Sistema de Seguridad Nacional, “para que cada organismo tenga su rol claro y no haya superposiciones entre Fuerzas Armadas, seguridad interior y Consejo”; una clarificación de las competencias de las Fuerzas Armadas, la Policía y las Fuerzas de Seguridad Federal en la protección de las “infraestructuras críticas”; y aclaraciones sobre cuál será la autoridad de aplicación, que en el texto queda sujeta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

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Durante las primeras reuniones de comisión, desde el peronismo propusieron separar el proyecto en dos partes y adelantaron que podrían apoyar el Título I, que comprende los artículos del 1 al 40, y se enfocan en agravar las sanciones para la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur sin autorización de Argentina.

Pero los libertarios no tienen intenciones de avanzar por esta vía ya que consideran que podrán reunir apoyo suficiente apelando a otras fuerzas y así conservar el grueso del texto enviado por la Casa Rosada.

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Los intendentes del PJ que afrontarán un recambio inédito si es que la ley de reelecciones no se revierte

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Si la Legislatura de la provincia de Buenos Aires no revierte la prohibición de las reelecciones indefinidas para intendentes, el peronismo afrontará en 2027 un recambio inédito en varios de los municipios bonaerenses que constituyen el corazón de su fortaleza electoral.

La Matanza, Quilmes, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Morón, Avellaneda, José C. Paz, Esteban Echeverría y Escobar integran el lote de los puntos más densamente poblados, calientes y determinantes que, salvo un cambio en las reglas de juego que aún son objeto de negociaciones, deberán entrar “en sucesión”.

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En distritos moldeados en torno a la concentración del poder, la sucesión ya pone en carrera a familiares, delfines políticos y dirigentes históricos, mientras varios intendentes se instalan en la competencia por la gobernación. Las herencias municipales abren grietas dentro de los oficialismos locales y alimentan la ofensiva de otras vertientes peronistas, mientras fuerzas externas buscan capitalizar los posibles fines de ciclo.

En 2016, la Ley 14.836 fijó un máximo de dos períodos consecutivos para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. En 2021, la Ley 15.315 modificó el cómputo para que el primer mandato alcanzado fuera el iniciado en 2019 y estableció que un segundo período cuenta aunque se haya ejercido parcialmente, cerrando el atajo de las licencias. El último capítulo se abrió en 2025, cuando el Senado bonaerense dio media sanción a una reforma que elimina el tope para legisladores, concejales y consejeros escolares, sin incluir intendentes.

El Movimiento al Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof es el más apurado en retrotraer la normativa vigente, lo que se materializó con la presentación de un proyecto parlamentario, dado que la mayoría de los intendentes alcanzados están enrolados hoy en las filas del gobernador. Esa urgencia, sin embargo, es generalizada entre jefes locales, más allá de sus terminales políticas. Todos pretenden contar con la posibilidad de recluirse en sus distritos frente a una carrera embotellada por la gobernación.

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Desde La Cámpora y aliados tampoco se oponen a dar marcha atrás con la ley. Anticipan que le harán “sentir el rigor” al espacio del gobernador. El Frente Renovador de Sergio Massa, en tanto, recordó que fue el impulsor de la ley original, sancionada durante la gestión de la macrista María Eugenia Vidal, en tiempos de simpatía entre ambos espacios, y prometió no ceder.

Los municipios del PJ “en sucesión”

En La Matanza (1,8 millones de habitantes), epicentro del aparato justicialista, la batalla por la sucesión se cruza con la disputa por la gobernación. Fernando Espinoza, al frente del municipio desde 2005, salvo el intervalo en que lo sucedió Verónica Magario, ya mueve sus fichas para saltar a la pelea provincial. “En el MDF está autorizado para ser candidato”, aseguran fuentes matanceras. Dentro del mismo sello, la vicegobernadora volvería a jugar en su territorio, mientras La Cámpora prepara su propia ofensiva con Facundo Tignanelli, jefe del bloque de diputados bonaerenses de UxP y ladero de Máximo Kirchner.

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En Quilmes (633.000), la camporista Mayra Mendoza asumió como diputada provincial y puso a Eva Mieri, su mano derecha, al frente del distrito. Mientras busca proyectarse a la gobernación desde el kirchnerismo duro y confronta con el armado de Kicillof, Mendoza pretende revalidar con la alcaldesa interina un municipio propenso a la alternancia. Algo similar ocurre en Almirante Brown (587.000), pero por el MDF. Mariano Cascallares interrumpió su tercer mandato al pasar a la Cámara baja bonaerense y dejó el distrito otra vez en manos de Juan Fabiani, una carta que podría jugar en 2027, aunque la jefa de Gabinete, Paula Eichel, ganadora como cabeza de lista de concejales en 2025, también se baraja.

La sucesión en Merlo (580.000) abrió una puja de lealtades entre facciones internas. Gustavo Menéndez, al frente desde 2015 en el municipio, todavía no logra ungir a un heredero. Su hermana Karina Menéndez, presidenta del Concejo Deliberante y exintendenta interina, disputa la carrera con Gustavo “Lagarto” Soos, su lugarteniente en el poder local. Cercano a Cristina Kirchner, pero sin dinamitar los puentes con Kicillof, el jefe comunal buscó refugio en la “Liga de Intendentes Peronistas”, mientras mantiene abiertas las negociaciones para blindar el territorio.

Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, podría impulsar a su hermanaHernán Zenteno

Mariel Fernández no podrá reelegir en Moreno (575.000) y ya manifestó su intención de competir por la gobernación. Considerada la primera intendenta surgida del brazo piquetero del peronismo, por el Movimiento Evita, supo estar muy cerca de Cristina Kirchner tiempo atrás, pero evitó sumarse a la posterior ofensiva camporista contra Kicillof y hoy también integra la “Liga de Intendentes Peronistas”. Para conservar el distrito, impulsa a su hermano Emmanuel Fernández, titular del Concejo Deliberante, aunque el massista Damián Contreras también podría jugar.

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La cuestión familiar atraviesa a otro punto estratégico de zona sur como es Avellaneda (370.000). Jorge Ferraresi dejó anticipadamente la intendencia para dedicarse a su campaña por la gobernación y promueve a su esposa, Magdalena Sierra, a quien dejó al frente del municipio mientras conserva un cargo de “asesor”. La jugada del dirigente del MDF, advierten fuentes locales, “genera resistencias internas”. Por otro lado, el camporista Emmanuel Santalla, senador provincial, ya anticipó que competirá; mientras que la massista Mónica Litza, titular del Consorcio del Puerto Dock Sud, podría sumarse.

Jorge Ferraresi quiere pasar de Avellaneda a la gobernación

A la continuidad conyugal también apuesta Fernando Gray, al frente de Esteban Echeverría (338.000) desde 2007 y antagonista histórico de Máximo Kirchner. Buscará prolongar su dominio mediante su esposa, Magdalena Goris de Gray, que encabezó la lista ganadora de concejales en 2025. La Cámpora podría disputar el distrito con el diputado nacional Horacio Pietragalla. En San Fernando (172.000), el massista Juan Andreotti, intendente desde 2019 e hijo de su antecesor Luis Andreotti, suena como la apuesta para la gobernación por el FR, mientras baraja la sucesión local en familia: la señalada es su hermana Eva Andreotti, secretaria de Desarrollo Social.

Alejado de las principales terminales del peronismo, Julio Zamora, exdelfín de Sergio Massa y hoy su principal adversario en el territorio donde el líder del Frente Renovador forjó su poder, apuntala a su esposa y funcionaria municipal, Gisela Zamora, para 2027. En 2023, el intendente ya frustró la ofensiva de Massa para recuperar el municipio y derrotó a su cónyuge Malena Galmarini, hoy diputada bonaerense y titular de la comisión donde se debate el regreso de las reelecciones indefinidas.

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Julio Zamora, intendente de Tigre, impulsa a su esposa como su posible sucesoraAlejandro Guyot

La ruptura entre el intendente Lucas Ghi, alineado con el gobernador, y su antecesor Martín Sabbatella, fundador de Nuevo Encuentro y referente del kirchnerismo duro, tiene estallado al oficialismo en Morón (334.000). En medio de la implosión, Adrián Grana, funcionario bonaerense del riñón de Andrés Larroque, emerge como la apuesta de Ghi para disputarle el distrito a su exsocio político el año próximo. La pelea tiene un tercer frente con el massista Martín Marinucci, ministro bonaerense de Transporte, que apuesta a abrirse paso en la fractura.

Mario Ishii, “el último barón del Conurbano”, pondrá en juego José C. Paz (323.000), su reducto inexpugnable desde hace 25 años. Tras asumir en el Senado bonaerense, el seis veces intendente dejó el municipio en manos de Lorena Espina, pero la lucha de la sucesión se bate entre dos facciones con otros nombres: la del secretario de Gobierno, Pablo Mansilla, y la del exfuncionario local Roberto “Roni” Caggiano, actual administrador de Vialidad bonaerense y parte del MDF. Aliado de Cristina Kirchner, Ishii tensó su vínculo con Kicillof con críticas abiertas.


Mario Ishii, intendente de José C. Paz
@ishiiargentina.ok

En Florencio Varela (497.000), Andrés Watson, alineado con el MDF, termina su segundo mandato electo sin un sucesor definido. En el territorio, sin embargo, afirman que “la última palabra” volverá a ser la de Julio César Pereyra, seis veces intendente, padrino político de Watson y actual director del Bapro. Por el lado de Escobar (256.000), Ariel Sujarchuk, intendente desde 2015 e integrado al MDF, prepara la continuidad sin nombres definidos, aunque podría recurrir otra vez a Carlos “Beto” Ramil, secretario general del municipio y reemplazo durante sus licencias.

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La proyección provincial también convive con los planes de continuidad local en Malvinas Argentinas (350.000). Leonardo Nardini, otro exponente de la generación que desembarcó en 2015, impulsa a Noelia Correa, actual secretaria general y exintendenta interina, mientras su mentor, el diputado bonaerense Luis Vivona, lo promueve para la gobernación. Parcialmente distanciado de La Cámpora, Nardini también hace su propia campaña.



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Milei se comunicó con el jefe de la diplomacia de EE.UU. para profundizar los vínculos comerciales y ampliar las inversiones

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El presidente Javier Milei se comunicó con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, para profundizar los vínculos comerciales y ampliar las inversiones

La comunicación se conoció durante la visita del mandatario argentino a Washington, donde desplegó una agenda centrada en la relación con el gobierno de Donald Trump, la promoción de la economía argentina y la búsqueda de inversiones.

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El contacto se inscribe en la estrategia de la Casa Rosada para ampliar los vínculos económicos con Estados Unidos. En ese marco, ambos países avanzaron en iniciativas vinculadas con el comercio, la energía, los minerales críticos y la infraestructura.

Según el comunicado oficial, los dos funcionarios reafirmaron la solidez del vínculo entre Washington y Buenos Aires y analizaron oportunidades para fortalecer los lazos económicos. Entre los principales ejes de la conversación estuvieron la ampliación del intercambio comercial, la promoción de inversiones transparentes y el avance de objetivos compartidos en materia de seguridad.

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