POLITICA
El gobierno de Entre Ríos logró que la Justicia lo habilite a continuar la transformación de su Programa Alimentario Escolar
La transformación del Programa Alimentario Escolar (PAE) de Entre Ríos puede avanzar. El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones Nº 9 de Paraná, Juan Francisco Malvasio, dictó sentencia definitiva el 21 de agosto —en el marco del Legajo N° 36.759— y su alcance fue considerablemente más acotado que lo que reclamaban los accionantes: el magistrado no frenó el sistema centralizado de provisión de alimentos, no anuló la licitación adjudicada ni ordenó retornar al esquema anterior de giro de fondos a directores de escuela. La única prohibición que impuso fue la de distribuir productos con sellos de advertencia en los comedores de los establecimientos educativos públicos dependientes del Consejo General de Educación (CGE).
El fallo dispone que el Poder Ejecutivo provincial se abstenga de ofrecer, servir, entregar o distribuir en los comedores escolares productos alimenticios no perecederos destinados a desayunos y meriendas que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias, conforme al artículo 12 de la Ley Nº 27.642, conocida como la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Al mismo tiempo, la resolución exige que se garantice, de forma simultánea e ininterrumpida, la provisión de productos que no estén alcanzados por esa restricción.
El amparo colectivo había sido presentado el 31 de julio por un grupo de madres y padres en representación de sus hijos, junto con la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Fundación CAUCE. Los accionantes reclamaban frenar por completo el nuevo sistema centralizado y regresar al mecanismo previo. Malvasio no hizo lugar a ese pedido ni en la medida cautelar que dictó el 5 de agosto ni en la sentencia definitiva del 21 del mismo mes.
La discusión se encuadró en la contratación de la firma Teknofood SA, a quien el Gobierno adjudicó la provisión de insumos para comedores mediante la Licitación Pública N° 02/26, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta. A través de ese contrato —que la sentencia no rescindió— el Ejecutivo reemplazó el giro de fondos a directores de escuela por un sistema centralizado de compras que, según argumentó la Provincia, permite ajustar la provisión a la matrícula y la asistencia escolar concreta de cada período, evitar compras excesivas o subejecuciones, y garantizar que el Estado solo erogue por las prestaciones realmente requeridas.
La razón por la que el juez no pudo ir más allá de la cuestión del etiquetado tiene base jurídica: Entre Ríos nunca adhirió a la Ley 27.642. El artículo 12 de esa norma —el que regula comedores y entornos escolares— requiere reglamentación provincial para tener vigencia en cada jurisdicción, y esa reglamentación no existe en la provincia. Lo único con sustento legal firme, independientemente de la adhesión, es la obligación nacional de etiquetado que recae sobre el fabricante. Ese límite normativo dejó al magistrado sin margen para suspender el sistema en sí mismo.
En su resolución, Malvasio fue explícito al respecto: “No importa —como se dijo— que este Tribunal se arrogue facultades de gestión que la Constitución reserva al Poder Ejecutivo. El control aquí ejercido se ciñe a un juicio de legalidad estricto, circunscripto a la verificación del cumplimiento de un mandato legal puntual, previamente definido por el legislador”, según consta en la sentencia publicada por UNO Entre Ríos.
La resolución también ratificó las facultades del Poder Ejecutivo provincial para organizar el PAE, determinar los mecanismos de adquisición, seleccionar los productos dentro del marco legal, establecer los menúes, definir proveedores, disponer controles y administrar los recursos. Además, reconoció valor probatorio a la documentación técnica presentada por la Provincia y consideró acreditado que la centralización de las compras surgió de un diagnóstico previo orientado a mejorar la trazabilidad, los controles y la homogeneidad de la prestación. El magistrado también subrayó que el interés superior del niño es el principio rector en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y que las dificultades administrativas o presupuestarias no eximen al Estado de garantizar los estándares nutricionales establecidos.
El Gobierno de Entre Ríos indicó que adoptará de manera inmediata las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución y realizará las adecuaciones correspondientes respecto de los productos alcanzados por ella. En ese sentido, la administración provincial aclaró que su objetivo no es defender un producto, una marca o una empresa, sino garantizar una mejor alimentación para los estudiantes entrerrianos. El esquema en marcha es mixto: desayunos y meriendas tendrán una organización provincial centralizada, mientras que los almuerzos continuarán bajo la órbita de cada escuela, que seguirá realizando compras en comercios y proveedores de cada localidad.
La transformación del sistema comenzó a trabajarse desde el inicio de la gestión y, tras más de un año de elaboración, derivó en la licitación pública ya adjudicada. El Ejecutivo provincial informó que continuará analizando los fundamentos jurídicos de la sentencia y los pasos procesales correspondientes, al tiempo que avanzará con el cambio de sistema fortaleciendo los controles, la transparencia y la calidad de la alimentación que reciben los alumnos.
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POLITICA
En medio de la tensión con el Reino Unido por Malvinas, Milei viajará a EE.UU. para encabezar un foro internacional sobre seguridad
El presidente Javier Milei volverá a viajar a Nueva York el próximo 23 de septiembre para encabezar un foro internacional centrado en la libertad económica y la seguridad estratégica del hemisferio occidental en medio de su avanzada diplomática por las Islas Malvinas.
El evento, denominado “Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica”, está organizado por la Fundación Federalismo y Libertad —con sede en Tucumán— junto al Instituto Internacional Republicano (IRI por sus siglas en inglés), y tendrá como anfitrión al banco Citibank.
Según informó la fundación a través de su sitio web y de su cuenta de X, el encuentro tendrá a Milei como principal orador en un evento que reunirá a intelectuales, académicos, empresarios, inversores, líderes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de think tanks e instituciones de Estados Unidos y América Latina.
El objetivo del panel será analizar “de qué manera la libertad económica y las instituciones democráticas sólidas pueden contribuir a promover la prosperidad y la seguridad, enfrentar la influencia de regímenes autoritarios y fortalecer al hemisferio occidental frente a los desafíos geopolíticos actuales”.
En ese sentido, durante su intervención el Presidente abordará su visión sobre los valores democráticos, la libertad económica y la seguridad estratégica, además de referirse a la importancia del vínculo bilateral entre la Argentina y los Estados Unidos. La actividad será exclusivamente por invitación.
El primer viaje a EE.UU. tras los dichos de Trump y el giro sobre Malvinas
La confirmación del viaje llegó pocos días después de que Milei anunciara una batería de medidas para reforzar el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas, luego de que Donald Trump dejara abierta la posibilidad de revisar la histórica neutralidad de Washington en la disputa por el archipiélago.
A partir de esos dichos y los avances del proyecto petrolero offshore en Malvinas de Sea Lion, el Presidente anunció envío al Congreso de una reforma legislativa para endurecer las sanciones contra las empresas nacionales y extranjeras que participen de la explotación hidrocarburífera en las Islas e instruyó a la Cancillería a avanzar en ese sentido con nuevas denuncias.
Leé también: El Gobierno anunció que presentará nuevas denuncias penales contra petroleras que operan en Malvinas
“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, advirtió Milei en su discurso, donde también comunicó que retomará la construcción de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.
En ese marco, la agenda en Nueva York con eje en “seguridad estratégica” y la relación entre la Argentina y los Estados Unidos buscará amplificar dos focos que pueden ser cruciales para apuntalar el reclamo argentino.
Javier Milei, Islas Malvinas, Estados Unidos, Reino Unido
El diputado chileno Javier Olivares Avendaño, del Partido de la Gente, salió al cruce de las críticas que recibió tras sus declaraciones en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de Chile y ratificó cada una de sus palabras. “Mi publicación fue muy clara y no necesita demasiadas interpretaciones”, sostuvo el legislador en diálogo con Infobae.
El contexto en el que Olivares Avendaño eligió pronunciarse no fue menor. Sus dichos del martes 8 de septiembre llegaron en el marco de un debate parlamentario que ya cargaba con semanas de un ida y vuelta entre Santiago y Buenos Aires, disparada por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien a fines de agosto se había referido al Estrecho de Magallanes como un espacio de “soberanía”.
Fue en ese escenario que el diputado, también presidente de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, tomó el micrófono durante una sesión en la Cámara chilena y trazó el paralelo que causó revuelo durante las últimas horas.
Al ser consultado por este medio, Olivares Avendaño fue explícito sobre la intención que lo motivó. Según explicó, la equiparación entre las Islas Malvinas y el Estrecho de Magallanes no buscó cuestionar la reivindicación histórica de Argentina sobre el archipiélago, sino fijar un criterio uniforme para hablar de soberanía territorial. “Si vamos a hablar de soberanía, hablemos con claridad y con los mismos estándares para todos”, afirmó.
En esa línea, el legislador reconoció que Argentina “tiene derecho a sostener” su posición sobre las Malvinas “por las vías diplomáticas que estime pertinentes”, aunque aclaró que “una reivindicación no cambia por sí sola la realidad existente ni convierte automáticamente un territorio en propio”. Y del mismo modo, indicó, ese mismo razonamiento debe aplicarse cuando se habla de territorio chileno.
Para respaldar la posición de Chile sobre el Estrecho, Olivares Avendaño recordó que Chile tomó posesión efectiva del Estrecho de Magallanes en 1843 y que, con posterioridad, ambos países establecieron sus límites mediante tratados internacionales. “Nuestra soberanía sobre el Estrecho no puede transformarse en una controversia cada cierto tiempo dependiendo de una declaración política o de un mapa que alguien decida exhibir”, subrayó, en una referencia directa al detonante de la crisis con Buenos Aires.
Más allá de la firmeza en la defensa del territorio, el diputado fue cuidadoso en separar esa postura de cualquier lectura que pudiera interpretarse como una confrontación con el pueblo argentino. “Yo respeto profundamente al pueblo argentino. Somos países vecinos, tenemos una frontera gigantesca, compartimos historia, cultura, comercio y miles de familias a ambos lados de la cordillera”, afirmó Olivares Avendaño en declaraciones a Infobae.
Sin embargo, esa cercanía no implica, a su criterio, que Chile deba guardar silencio cuando está en juego su soberanía. “La amistad entre países no significa que Chile tenga que guardar silencio cuando se trata de defender su territorio, su historia o su soberanía”, precisó el legislador. Y fue más lejos: “Como diputado de la República de Chile, en esto no voy a tener complejos”.
En esa misma dirección, Olivares Avendaño aclaró que la disputa sobre las Malvinas es un asunto entre Argentina y el Reino Unido, y que Chile no tiene por qué convertirse en protagonista de esa controversia.
Las palabras del diputado resonaron de forma particular porque se produjeron en un momento en que el gobierno de José Antonio Kast mantenía una postura diferente. El propio mandatario había respaldado los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes durante su visita a Santiago del presidente Javier Milei, y ambos mandatarios acordaron por escrito, el 3 de septiembre, que “el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo”.
Ante ese escenario, Olivares Avendaño cerró su explicación sin matices. “Chile debe relacionarse con Argentina desde la amistad, la cooperación y el respeto, pero nunca desde la subordinación ni desde el temor a decir aquello que corresponde decir”, señaló. Y reiteró que, como representante electo de los chilenos, su mandato es defender a Chile, sin vacilaciones, en aquellas materias en las que la soberanía nacional está en juego. “Sostengo cada palabra de lo que publiqué”, completó.
Javier Olivares Avendaño,Chile,Diputado
POLITICA
El Gobierno suma una función a Cancillería: alinear la política exterior al reclamo por Malvinas
El Gobierno oficializó este viernes la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. La medida busca regular las acciones de todos los organismos públicos que puedan incidir en las relaciones internacionales de la Argentina y reforzar la postura diplomática sobre la soberanía de las islas Malvinas.
A través del Decreto 983/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció que todas las dependencias de la Administración Pública Nacional deberán informar al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre cualquier reunión, comunicación, negociación o acuerdo con autoridades extranjeras u organismos internacionales.
La norma toma como sustento la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía” sobre el archipiélago y fija su recuperación como un objetivo “permanente e irrenunciable” del Estado.
El esquema normativo dispone que cada área estatal designe a un enlace institucional para canalizar los datos hacia Cancillería. En caso de detectar actividades que puedan afectar la política exterior, se podrán formular advertencias y recomendaciones “debidamente fundadas”.
Además, las jurisdicciones podrán pedir la asistencia de diplomáticos del Servicio Exterior de la Nación para participar en gestiones estratégicas, mientras que quedan excluidas de este control las gestiones puramente financieras ante bancos multilaterales.
La postura sobre Malvinas
La instrumentación del nuevo mecanismo se conecta con las medidas que anunció el presidente Javier Milei durante una cadena nacional emitida desde el Salón Blanco de la Casa Rosada.
En su mensaje, el mandatario advirtió sobre las operaciones de exploración petrolera en el Atlántico Sur y cuestionó la falta de acatamiento británico a las resoluciones internacionales. También denunció el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la plataforma continental argentina.
“Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días”, declaró Milei al respecto.
En ese marco, el Gobierno anunció la ampliación de recursos para el Ministerio de Defensa, destinados a construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
En el plano legislativo, el Ejecutivo enviará un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para modificar la norma 26.659 y sancionar a las firmas sin autorización. Esta iniciativa contempla también la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y la inclusión de declaraciones juradas obligatorias en trámites de hidrocarburos y en el RIGI.
Finalmente, como parte de las acciones diplomáticas, el país envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 gobiernos involucrados en proyectos no autorizados dentro de la zona en disputa, tal como informo .
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