POLITICA
El exgobernador Sergio Urribarri fue trasladado a una cárcel de Gualeguaychú: cómo es la granja penal donde quedó alojado
Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, fue trasladado durante la madrugada del viernes a la Unidad Penal N°9 – Granja Penal “El Potrero, de Gualeguaychú, para cumplir su condena por administración fraudulenta.
El exmandatario provincial fue trasladado desde la UPP1 de Paraná junto al exministro Pedro Báez y su cuñado Juan Pablo Aguilera, también condenados por el mismo hecho de corrupción. El operativo comenzó cerca de las 4:30 y concluyó alrededor de las 8:20, cuando ingresaron al penal de Gualeguaychú bajo custodia del Servicio Penitenciario provincial.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná lo había condenado a Urribarri en abril de 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Lo declaró culpable de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. Había sido detenido previamente en su domicilio de Concordia y alojado de manera transitoria en la cárcel de la capital entrerriana.
El esquema de penal granja
La llegada de los tres condenados se enmarca en un establecimiento que combina un régimen de seguridad con tareas agropecuarias, talleres de oficios y producción de alimentos.
La Unidad Penal 9 está ubicada sobre la ruta nacional 136, a la altura del kilómetro 26,5, y tiene capacidad para unos 500 reclusos. Dispone de diez pabellones para varones y uno para mujeres. Los internos son distribuidos según el tipo de causa que enfrentan y el régimen se apoya en la reinserción social mediante el trabajo.
La actividad agropecuaria es uno de los rasgos centrales de El Potrero. En el predio se crían cerdos, ovejas y gallinas, mientras que los detenidos participan en la faena, la producción de alimentos y el mantenimiento de la granja. La unidad cuenta además con una sala de faena de ovinos y una panadería que abastece de comida al penal, y ofrece tareas de albañilería, carpintería, tapicería y costura como parte de la capacitación laboral.
Uno de los proyectos desarrollados dentro de la cárcel es un taller de confección artesanal de pelotas de fútbol instalado en la biblioteca. La iniciativa surgió a partir de los conocimientos de un interno y luego se extendió a otros establecimientos penitenciarios de la provincia.
Además, durante el último año, la Unidad Penal 9 incorporó un Centro Operativo de Monitoreo para vigilar las áreas críticas del establecimiento en tiempo real. El sistema incluye domos de alta definición, cámaras en puntos estratégicos y un dron de observación táctica, y permite supervisar el perímetro, atender situaciones críticas, controlar aspectos sanitarios y registrar incidentes durante las 24 horas.
El detalle de las condenas
Báez, exministro de Cultura y Comunicación, y Aguilera, expresidente del Partido Justicialista entrerriano y cuñado de Urribarri, recibieron penas de seis años y seis meses de prisión efectiva. El primero fue condenado por su intervención como funcionario y el segundo como autor material de los delitos investigados.
La sentencia determinó que Báez completará su pena en mayo de 2031, Aguilera en enero de 2033 y Urribarri el 15 de julio de 2034. La resolución de la Corte Suprema habilitó al Ministerio Público Fiscal a pedir la detención inmediata de los tres condenados.
La investigación examinó maniobras iniciadas en 2010, cuando Urribarri encabezaba el gobierno provincial. La acusación sostuvo que se direccionaron contrataciones de publicidad estatal hacia empresas vinculadas a Aguilera mediante un esquema de testaferros y cartelización para captar fondos de la pauta oficial.
El proceso reunió a 13 imputados y abarcó cinco hechos principales. Entre ellos figuraron la contratación de la firma Global Means antes de su existencia formal, el manejo durante cinco años de la cartelería oficial a través de Tep SRL y Next SRL, y las operaciones identificadas como la causa del “Sueño Entrerriano”.
Las maniobras también incluyeron contratos para promocionar una Cumbre del Mercosur y la instalación de un parador publicitario en Mar del Plata durante la temporada de verano. La Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena el 31 de mayo de 2024 y rechazó una impugnación extraordinaria en agosto de ese año.
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos habilitó en octubre de 2024 el recurso ante la Corte Suprema, que dejó firme el fallo. Urribarri se convirtió así en el primer gobernador argentino que ingresó efectivamente a prisión por una condena firme por corrupción.
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POLITICA
La Libertad Avanza Misiones impulsa la boleta única y la eliminación de la ley de lemas para las elecciones locales de 2027
El proyecto que presentó La Libertad Avanza Misiones en las últimas horas en la Legislatura unicameral se sustenta en tres ejes. Por un lado, instituye a la boleta única de papel como instrumento para la votación de cargos provinciales y municipales. Además, elimina el mecanismo de lemas en la elección de intendentes. Por último, incorpora la figura de “ficha limpia”, una idea que el oficialismo provincial había impulsado antes de su fragmentación.
El debut de esta reforma electoral sería en los comicios del año próximo, en los que el actual mandatario, Hugo Passalacqua, buscará la reelección. LLA, a través de su presidente, Adrián Núñez, o del diputado nacional Diego Hartfield, intentará dar la sorpresa y quedarse con la gobernación.
La propuesta de una Boleta Única Misionera (BUM) establece que el instrumento de votación sea una papeleta donde se reúna toda la oferta electoral tanto provincial como municipal y de ambos poderes: ejecutivos y legislativos.
“Queremos que haya fila para cada cargo y columna de cada partido. Que sea del mismo tamaño y con igual trato gráfico. Y que tengamos una boleta en color”, detalló Nuñez en declaraciones a Infobae.
Cómo funciona la BUM
El esquema prohíbe la doble candidatura y las colectoras. “En ningún caso se permitirá que una misma lista de candidatos se encuentre en más de una columna de la Boleta Única Misionera”, indica. Además, prohíbe que una agrupación política adhiera sus candidatos a los de otra.
Por otro lado, el elector deberá marcar con una cruz su opción en cada categoría. No existe, como en otros distritos que recurrieron a este mecanismo, una alternativa de “lista completa”.
Con el sistema BUM, “se terminan las boletas que faltan y las robadas. Y también la ventaja del que tiene aparato para imprimir y repartir (papeletas) por toda la provincia”, señaló Núñez.
Para la elección de gobernador, vicegobernador e intendentes, la boleta deberá contener los nombres, apodos y apellidos de los candidatos con sus respectivas fotografías en color con fondo blanco. En los cuerpos de diputados provinciales y concejales municipales, deberá contener como mínimo los nombres y apellidos de los cuatro primeros candidatos de la lista.
“Estamos llamados a hacer historia. Esta no es una demanda política, es una demanda ciudadana de transparencia, de agilidad”, consignó Núñez.
El presidente de LLA Misiones remarcó a su vez: “La propuesta busca garantizar igualdad de condiciones entre partidos grandes y chicos. La boleta será impresa por el Estado bajo el control del Tribunal Electoral”.
Fin de la ley de lemas y ficha limpia
La propuesta que presentó la fuerza libertaria incorpora dos transformaciones importantes para el sistema político de la tierra colorada. Por un lado, termina con la ley de lemas para las elecciones municipales. Por otro, incorpora el requisito de que las candidaturas superen el tamiz de la “ficha limpia”.
El primer artículo del proyecto propone la derogación del sistema de acumulación de votos por lema o sublema. Mediante esta herramienta, vigente sólo para la votación de intendentes, el candidato con más votos de un frente electoral suma los de los demás de su espacio. Así, la multiplicación de sublemas, sobre todo en los distritos importantes como Posadas u Oberá, es una maniobra para aspirar votos hacia la candidatura principal.
En tanto, la propuesta de ficha limpia impide ser candidato a quien tenga una condena confirmada en segunda instancia. La veda alcanza a aquellos que cometieron delitos contra la integridad sexual y la administración pública. También a quienes hayan cometido homicidio o lesionado a una persona, secuestradores o quienes tengan condenas por calumnias e injurias, entre otros casos.
Antes del quiebre entre Passalacqua y Carlos Rovira que terminó con la fuerza que gobernó la provincia por 20 años, el Frente Renovador había propuesto su propio modelo de “ficha limpia”. Su alcance era mucho más amplio. Restringía la participación a quienes incurrían en crueldad animal, no pagaran impuestos o no superaran un test antidrogas.
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POLITICA
La fiscalía busca determinar si las claves secretas de Adorni prueban que las criptomonedas le pertenecían en 2014
El fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga al exjefe de gabinete Manuel Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito, pidió a la Policía Federal 29 medidas de prueba para que le diga si es posible establecer que las 8 billeteras virtuales que dice que albergaban 600.000 dólares, la fuente de su fortuna, ya las tenía desde 2014, cuando dijo que empezó a operar con esos activos.
Asimismo, en una prueba realizada ayer en la fiscalía, en el quinto piso de Comodoro Py 2002, con la presencia de la defensa, Pollicita estableció que Adorni tiene las claves secretas para administrar esas direcciones electrónicas que albergaban el dinero.
Sin embargo, la prueba no permite establecer desde cuándo ni quién usó esas billeteras entre 2014 y 2018.
Para ahondar en este punto es que el fiscal Pollicita le encargó al Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal un informe de 29 puntos sobre las ocho direcciones con las que el exjefe de Gabinete justificó la tenencia de 591.544 dólares, para establecer si él, que tiene hoy las claves, es quien las operó entre 2014 y 2018.
El fiscal quiere saber si las ocho direcciones de bitcoin que presentó Adorni alcanzan para explicar el origen de su patrimonio.
Le hizo a los expertos 29 preguntas, pero todas dirigidas a responder el mismo interrogante: si Adorni pudo haber gestionado ese activo hace 12 años, cuando dijo que realizó inversiones que le hicieron incrementar su patrimonio en más de medio millón de dólares.
Estas medidas se complementan con otras que ordenó la semana pasada para averiguar si Adorni y su esposa Bettina Angeletti, desde que empezaron su vida laboral, pudieron haber tenido ingresos que les permitieran ahorrar para comenzar sus inversiones en monedas virtuales.
Con reserva, ayer se realizó en la fiscalía un procedimiento del que participó el abogado de Adorni. Lo que se hizo fue “firmar mensajes de verificación” con las claves privadas de cada dirección.
Con esas tenencias, Adorni explicó los casi 600.000 dólares que declaró como “venta de activos”. Según su presentación, vendió los bitcoins en ocho operaciones cara a cara desde 2014 y recibió los dólares en la mano.
El procedimiento sirvió para comprobar que la defensa tiene las claves de las ocho direcciones, sin que nadie las viera. El método funciona de manera que quien tiene la clave privada de una dirección puede “firmar” un texto, y cualquiera puede comprobar después que esa firma solo pudo salir de esa clave.
Personal de la fiscalía redactó un “mensaje de desafío”, que es un texto nuevo que nadie podía conocer de antemano. Los abogados de Adorni llegaron con un sobre cerrado donde estaban las claves, que el exfuncionario habría entregado antes a un escribano.
Desde una computadora propia, ingresaron a cada dirección y firmaron ese mensaje. Ninguno de los presentes vio las claves y no se filmaron para no exponer el acceso a los fondos.
Luego, técnicos del Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal cargaron en una computadora de la fiscalía cada dirección, el mensaje y la firma obtenida. En los ocho casos, los datos coincidieron. Como el mensaje lo eligió la fiscalía en el momento, la firma no pudo prepararse antes, de modo que se comprobó que quien firmó tiene ahora las claves.
De todo el procedimiento quedó constancia en un acta y se lo filmó. El perito calculó códigos hash de cada paso, una especie de huella digital que permite detectar cualquier alteración posterior, y los guardó en pendrives dentro de un sobre lacrado y firmado por las partes. El sobre con las claves, sin abrir a la vista de los presentes, quedó dentro de otro sobre también lacrado.
Según fuentes judiciales, la medida estableció que la defensa tiene las claves para administrar esas direcciones, pero no se sabe desde cuándo ni quién las usó entre 2014 y 2018.
Para averiguarlo, el fiscal Pollicita pidió a la Policía Federal datos sobre los 41 movimientos registrados en la cadena de bloques de bitcoin entre el 21 de octubre de 2014 y el 11 de septiembre de 2018, cuando se hicieron las operaciones.
Las direcciones quedaron sin saldo entre el 26 de marzo de 2017 y 2018, con lo que hoy esas billeteras estarán vacías.
El fiscal preguntó a los expertos de la Policía Federal qué reglas había para las operaciones con monedas virtuales entre 2014 y 2018 y si había obligación de conservar registros. Quiere saber si eran direcciones de custodia, es decir, administradas por una plataforma que identifica al cliente, o de autocustodia, controladas solamente por quien tiene la clave.
Pollicita necesita determinar si se puede saber cuándo y quién generó las claves y si podían guardarse en un papel sin dejar rastro digital. Además, quiere saber si los 41 movimientos pudieron ser hechos por una sola persona y si puede descartarse que haya intervenido un intermediario.
La idea es rastrear esas operaciones; por eso quiere saber el fiscal si hay hoy algún registro de las conexiones desde las que se enviaron esas transacciones y cómo se identificaban en las plataformas los particulares.
La fiscalía necesita conocer si hay forma de identificar quién depositó dinero en 2014 en cinco de las ocho direcciones, que no muestran contacto con ninguna plataforma y si es técnicamente compatible que Adorni haya controlado las direcciones mientras funcionaron. También quiere saber si se puede afirmar que otra persona lo hizo.
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El vicepresidente de Estados Unidos visitará la Argentina en noviembre para reunirse con Milei
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitará la Argentina en noviembre y mantendrá una reunión con Javier Milei en la Casa Rosada, según confirmaron a TN fuentes oficiales. El viaje fue impulsado por la administración estadounidense y formará parte de una recorrida regional. “En principio van a ser entre dos y tres días de actividades”, expresan en Nación.
“Está confirmada la visita. Fue por pedido de ellos. Es una visita regional. Va a haber encuentro con Milei en la Casa Rosada”, aseguran. Por el momento, no está definida públicamente la fecha exacta de llegada ni el resto de las actividades que realizará Vance durante su estadía.
La visita será uno de los contactos de mayor nivel entre ambas administraciones dentro de la Argentina. La última vez que un vicepresidente estadounidense estuvo en el país fue en 2017, cuando Mike Pence realizó una gira por América Latina y se reunió con Mauricio Macri durante el primer mandato de Donald Trump.
Vance ya tuvo contactos personales con Milei en Estados Unidos. En octubre de 2025, el Presidente argentino viajó a Washington para una visita oficial a la Casa Blanca y mantuvo allí un encuentro con Trump, durante el cual también saludó al vicepresidente.
La llegada prevista para noviembre se produce en un momento de intensa agenda bilateral. El Gobierno argentino profundizó durante los últimos meses los contactos con Washington en áreas comerciales, financieras, energéticas y de seguridad, mientras mantiene abiertas distintas negociaciones con la administración Trump.
Uno de esos capítulos es el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos, cuya implementación todavía tiene componentes pendientes. La Casa Rosada viene trabajando para avanzar por vías administrativas en aquellos puntos que no requieren aprobación legislativa y, en paralelo, mantiene conversaciones sobre los aspectos que necesitan decisiones del Congreso estadounidense.
También existe una agenda vinculada con inversiones e infraestructura. Funcionarios de ambos países vienen manteniendo contactos por proyectos de transporte, energía, minerales críticos y tecnología, en los que Washington analiza herramientas de financiamiento y participación de empresas estadounidenses.
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