El Congreso de la Nación se prepara para que este martes por la tarde se defina en el plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor qué proyectos irán al recinto para intentar encontrar una solución a la crisis de morosidad que afecta a miles de familias.

El oficialismo y la oposición se medirán cada uno con sus proyectos en busca del dictamen que les permita avanzar en el recinto. Quien parece tener el número más simple es La Libertad Avanza, ya que el plenario reúne a 62 diputados y LLA junto al PRO y la UCR —si es que van todos juntos—, con lo que alcanza las 32 firmas necesarias, mientras que el resto de los bloques juntarían 30.

Aunque no ha sido presentado, se espera que, al igual que lo que sucedió con discapacidad, el oficialismo presente un proyecto en el que no apunta a una solución para los más de 6 millones que acumulan deudas impagas, sino que busque establecer algunos lineamientos respecto del tema de cara al futuro, como por ejemplo la tan mentada educación financiera.

Por el lado de los bloques de la oposición, por estas horas se trabaja contrarreloj para intentar encontrar puntos de contacto que les permitan tener un dictamen único.

“Estamos trabajando para llegar a eso”, respondió un referente de la oposición. “La idea es tener un único dictamen y que, en todo caso, si no hay un acuerdo total, se firme con disidencias que nos permitan seguir en conversaciones hasta el momento en que lleguemos al recinto”, agregó otro diputado de la oposición.

La oposición presentó más de 50 proyectos y camina hacia uno que tiene, en sus ejes centrales, planes de refinanciación, topes a las tasas, quitas de intereses y mayores controles sobre bancos y fintech. A esto se le sumaría una línea de crédito vía Anses para monotributistas de las escalas más bajas, beneficiarios de planes sociales y jubilados. En este caso, apuntaría a los sectores que contrajeron deudas con las tasas más elevadas.

En lo que se refiere a La Libertad Avanza, los referentes del bloque trabajan junto a sus pares del PRO y de la UCR en un texto enfocado en “transparencia, defensa del consumidor y educación financiera”.

Los legisladores libertarios se mantienen en la línea del Ejecutivo de que es un problema entre privados y que el Gobierno no tiene que intervenir para solucionarlo. En ese sentido, insisten con el concepto de educación financiera, pero, de alguna manera, reconocen que las empresas crediticias en todas sus versiones no son del todo claras en sus condiciones porque también apuntan a una mayor transparencia, es decir, a la obligatoriedad de ser más claros con las tasas finales de los créditos.

“Hay que ver cómo reaccionan los aliados porque, a diferencia de lo que sucedió en discapacidad, están pidiendo algún tipo de solución real para acompañar”, reconoció un tercer diputado que suele tener conversaciones a ambos lados de los márgenes de la grieta.

En la oposición trabajan frente a la posibilidad de que el oficialismo se lleve el dictamen de mayoría porque los más descreídos entienden que el PRO y los radicales los van a acompañar.

Unas semanas de agenda cargada

Las negociaciones se entrecruzan. Mientras el oficialismo busca contener los avances de la oposición en temas centrales como discapacidad y morosidad, en otras mesas ya se conversa sobre dos proyectos de ley: la ley de defensa de la soberanía y el Presupuesto 2027.

En el caso de la primera, La Libertad Avanza ya estableció para este miércoles 30 de septiembre al mediodía la primera de las reuniones informativas en un plenario de comisiones donde participan Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, presididas por los diputados Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente, todos del bloque de La Libertad Avanza.

Zentrix Endeudamiento Morosidad

El Gobierno descartó presentar una protesta formal ante Chile por los dichos de su ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, quien había defendido durante el fin de semana el derecho de su país a comerciar con las Malvinas -que también denominó Falklands- y el respeto a la voluntad de los isleños.

“Es el ministro de Defensa de Chile, tiene derecho a decir lo que quiera y en todo caso habrá una conversación entre cancillerías”, sintetizaron a TN en Balcarce 50. Y remarcaron: “Mientras no haya un cambio efectivo en la política de Chile en torno a Malvinas, no ameritarán medidas. Si hubiera un cambio, ahí por supuesto el Gobierno hará lo que tenga que hacer”.

Aún así, las declaraciones no pasaron desapercibidas para el Gobierno, en medio de su reciente escalada diplomática que lleva adelante desde la cadena nacional de inicios de septiembre, donde ratificó el reclamo de soberanía sobre el archipiélago y anunció una batería de medidas y sanciones en contra de las empresas que participen de la explotación de recursos en el territorio disputado.

“Que un ministro de un país amigo, con la posición histórica sobre Malvinas, las mencione con la denominación inglesa, todo mal. Sumado a que reivindica el principio de autodeterminación de los isleños, que nosotros no, doble agravante”, admitieron a este medio desde la Cancillería.

Sin embargo, por el momento el Gobierno no busca confrontar con la administración de José Antonio Kast, de estrechos lazos ideológicos y personales con Javier Milei. Ambos vienen de mantener un encuentro a principios de septiembre en Santiago de Chile, donde Kast ratificó el respaldo de su país al reclamo argentino sobre Malvinas y llamó al Reino Unido a retomar las negociaciones. Por su parte, Milei le expresó que valorará los esfuerzos del Gobierno chileno para evitar la consolidación de actividades de explotación inconsultas con la Argentina en las Islas.

Pese a esa buena sintonía, el ministerio de Defensa de Chile, Barros Tocornal, puso en duda esa posición. En una entrevista con Polar TV de Magallanes concedida este domingo, el funcionario sostuvo que Chile apoya “la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falklands”, pero planteó: “Hay una situación de hecho: un país amigo (Reino Unido), hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas. Por lo tanto, una cosa es apoyar un reclamo como país frente a la posición de un país amigo, pero de acuerdo al derecho internacional, respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica”.

En ese sentido, Barros Tocornal también defendió el proyecto de su país de abrir un corredor marítimo entre Punta Arenas y las Malvinas, una política contraria a las pretensiones argentinas.

A comienzos de septiembre, la naviera chilena Eastern Islands firmó un acuerdo con el gobierno isleño para establecer una conexión entre la localidad austral del país vecino y Puerto Argentino. Según el ministro, la región de Magallanes tiene “el derecho de ejercer el comercio”, por lo que no ve inconvenientes en que esas actividades se desarrollen.

Además, se refirió a la explotación de hidrocarburos en el archipiélago, el principal foco de tensión entre Buenos Aires y Londres por las recientes sanciones impulsadas por el Gobierno de Milei a las empresas y ejecutivos que participen de esas actividades. En ese contexto, el ministro chileno dijo que se trata de un “tema puntual que puede ser un poco más conflictivo” que deberá analizarse “en su momento”.

presentó la semana pasada,Hernán Cappiello,Manuel Adorni,Gerardo Pollicita,Conforme a