POLITICA
El Gobierno descarta elevar una protesta ante Chile luego de que su ministro de Defensa defendiera la autodeterminación de los isleños
El Gobierno descartó presentar una protesta formal ante Chile por los dichos de su ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, quien había defendido durante el fin de semana el derecho de su país a comerciar con las Malvinas -que también denominó Falklands- y el respeto a la voluntad de los isleños.
“Es el ministro de Defensa de Chile, tiene derecho a decir lo que quiera y en todo caso habrá una conversación entre cancillerías”, sintetizaron a TN en Balcarce 50. Y remarcaron: “Mientras no haya un cambio efectivo en la política de Chile en torno a Malvinas, no ameritarán medidas. Si hubiera un cambio, ahí por supuesto el Gobierno hará lo que tenga que hacer”.
Aún así, las declaraciones no pasaron desapercibidas para el Gobierno, en medio de su reciente escalada diplomática que lleva adelante desde la cadena nacional de inicios de septiembre, donde ratificó el reclamo de soberanía sobre el archipiélago y anunció una batería de medidas y sanciones en contra de las empresas que participen de la explotación de recursos en el territorio disputado.
“Que un ministro de un país amigo, con la posición histórica sobre Malvinas, las mencione con la denominación inglesa, todo mal. Sumado a que reivindica el principio de autodeterminación de los isleños, que nosotros no, doble agravante”, admitieron a este medio desde la Cancillería.
Sin embargo, por el momento el Gobierno no busca confrontar con la administración de José Antonio Kast, de estrechos lazos ideológicos y personales con Javier Milei. Ambos vienen de mantener un encuentro a principios de septiembre en Santiago de Chile, donde Kast ratificó el respaldo de su país al reclamo argentino sobre Malvinas y llamó al Reino Unido a retomar las negociaciones. Por su parte, Milei le expresó que valorará los esfuerzos del Gobierno chileno para evitar la consolidación de actividades de explotación inconsultas con la Argentina en las Islas.
Pese a esa buena sintonía, el ministerio de Defensa de Chile, Barros Tocornal, puso en duda esa posición. En una entrevista con Polar TV de Magallanes concedida este domingo, el funcionario sostuvo que Chile apoya “la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falklands”, pero planteó: “Hay una situación de hecho: un país amigo (Reino Unido), hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas. Por lo tanto, una cosa es apoyar un reclamo como país frente a la posición de un país amigo, pero de acuerdo al derecho internacional, respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica”.
En ese sentido, Barros Tocornal también defendió el proyecto de su país de abrir un corredor marítimo entre Punta Arenas y las Malvinas, una política contraria a las pretensiones argentinas.
A comienzos de septiembre, la naviera chilena Eastern Islands firmó un acuerdo con el gobierno isleño para establecer una conexión entre la localidad austral del país vecino y Puerto Argentino. Según el ministro, la región de Magallanes tiene “el derecho de ejercer el comercio”, por lo que no ve inconvenientes en que esas actividades se desarrollen.
Además, se refirió a la explotación de hidrocarburos en el archipiélago, el principal foco de tensión entre Buenos Aires y Londres por las recientes sanciones impulsadas por el Gobierno de Milei a las empresas y ejecutivos que participen de esas actividades. En ese contexto, el ministro chileno dijo que se trata de un “tema puntual que puede ser un poco más conflictivo” que deberá analizarse “en su momento”.
POLITICA
La incertidumbre global y el escenario electoral: cómo explica el Gobierno la suba del riesgo país
Casi a contramano de las proyecciones que expresó recientemente el presidente Javier Milei, el riesgo país volvió a subir este lunes y se ubicó en 676 puntos básicos, el nivel más alto desde el 28 de octubre de 2025. Frente a ese escenario, en el Gobierno ensayan una serie de argumentos para explicar la evolución del indicador y sostener el rumbo del programa económico.
Este lunes, además de la caída en los bonos argentinos, el índice que elabora la banca privada JP Morgan arrojó un nuevo incremento de 28 unidades en el indicador respecto del cierre del viernes. En la administración libertaria atribuyen la volatilidad tanto al escenario internacional, marcado por los conflictos bélicos y las tensiones sociales en Europa, como a las expectativas políticas locales, que sintetizan bajo la expresión “riesgo Kicillof”.
La suba se produjo después de que el mandatario se refiriera al indicador durante un discurso ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos. “Si tomamos el riesgo país de nuestra administración estrictamente, el riesgo país para el año que viene está debajo de los 100 puntos, lo que pasa es que Argentina está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina y creo que los argentinos van a decidir en octubre continuar este cambio”, expresó el pasado jueves.
En Balcarce 50 le restan excepcionalidad a la suba del riesgo país y la atribuyen a un escenario internacional adverso. “La situación internacional pega fuerte. La crisis que atraviesa Europa impacta y la Argentina no está exenta. No hay explicación para lo que sucede en el plano internacional que pega en los mercados y los países emergentes tienen impacto en indicadores como el riesgo país”, expresó una fuente oficial ante Infobae.
Entre los factores internacionales que, según el Gobierno, inciden en los mercados figuran la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto abierto entre Irán, Estados Unidos e Israel. En ese contexto, la suba del petróleo también agrega presión a los mercados financieros, aunque su impacto sobre la economía argentina ha sido favorable este año.
Asimismo, en el oficialismo sostienen que los recientes conflictos sociales en países como Italia, Francia y España, que celebrará elecciones anticipadas el 29 de noviembre, también repercuten en los mercados. Como ejemplo, mencionan el triunfo en primera vuelta del derechista Flavio Bolsonaro en Brasil, tras el cual el riesgo país argentino cayó más de 50 puntos el lunes siguiente a la elección y mejoró la cotización de los bonos, aunque el movimiento fue transitorio.
Sin embargo, el comportamiento de otros mercados de la región abre interrogantes sobre el peso de los factores externos. En Uruguay, por ejemplo, el riesgo país se ubicó en 77 puntos, apenas uno por encima del cierre del viernes.
En paralelo, en el oficialismo atribuyen parte de la suba a las expectativas electorales y al impacto que las encuestas pueden tener sobre las decisiones de los inversores. Según sostienen en la Casa Rosada, la competitividad de Axel Kicillof y la valoración de la gestión de Milei alimentan la incertidumbre sobre el rumbo político y económico después de 2027.
“No tiene nada que ver con las cuestiones de la macro sino con las expectativas políticas. El mercado también consume encuestas que dan un Milei en el orden de los 35 puntos, un Kicillof competitivo, eso es riesgo para el capital”, expresó una fuente que transita a diario los pasillos de Casa Rosada.
Al respecto, la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), que realiza periódicamente el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés (UdeSA), reveló que el 67% de las personas consultadas está insatisfecha con la marcha general del país, mientras que el 30% manifestó su satisfacción.
En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, busca despejar ante los mercados los temores a un eventual retorno del kirchnerismo, al que define como “el infierno”, y califica a Axel Kicillof como “el anticristo”.
Ante la suba del indicador, desde el entorno del Presidente piden “mirar la película completa”: recuerdan que el riesgo país se ubicaba en 1.923 puntos básicos cuando Milei asumió la Presidencia, el 10 de diciembre de 2023, y sostienen que luego logró estabilizarse en torno a los 620 y 660 puntos, aunque con oscilaciones. “Cuando el mundo esté más tranquilo y sea más previsible va a bajar, pero es importante remarcar que no hubo una noticia económica interna que hiciera cambiar las variables”, argumentaron ante este medio.
Por su parte, el vocero presidencial, Adrián Ravier, negó la posibilidad de un plan platita de cara a las elecciones de 2027 y aseguró que el riesgo país se debe a “la incertidumbre global”. “Recordemos qué país recibimos. Con un riesgo país arriba de 2500 puntos y recordemos que hoy está arriba de los 600 puntos. Es otra Argentina, una mucho mejor, con menos riesgos que la que teníamos en diciembre de 2023″, expresó en la conferencia de prensa de este martes.
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El vocero presidencial Adrián Ravier se refirió este lunes a la suba del riesgo país, que alcanzó los 675 puntos básicos, y atribuyó el incremento a la “incertidumbre global”. “Nosotros creemos que la suba del riesgo país obedece a la incertidumbre global”, sostuvo durante su habitual conferencia de prensa.
En ese sentido, Ravier destacó que el Gobierno está fortaleciendo la posición macroeconómica del país para afrontar posibles escenarios de inestabilidad. “El Presidente ha dicho varias veces que, ante la incertidumbre electoral y tantas preguntas que nos hacen, nosotros estamos construyendo solidez macroeconómica para enfrentar ese tipo de situaciones”, afirmó sobre el final de su diálogo con periodistas.
Además, mencionó las reservas acumuladas durante los últimos 12 meses, los acuerdos de intercambio de monedas (swaps) con China y Estados Unidos, y las operaciones de futuros, entre otros instrumentos financieros que pueden servir para afrontar escenarios de inestabilidad. Y completó: “Estos instrumentos, de ser necesario, se pueden utilizar. No creemos que sean la causa del impacto del riesgo país”, completó.
El riesgo país volvió a escalar este lunes y alcanzó niveles que no se registraban desde hace casi un año. Desde que el indicador tocó un mínimo durante la gestión de Javier Milei, en julio, distintos factores —entre ellos el contexto internacional, los datos negativos de la economía, especialmente en materia de actividad, y la incertidumbre política de cara a las elecciones de 2027— contribuyeron a impulsar su tendencia alcista.
En la primera rueda de la semana, el índice elaborado por JP Morgan avanzó 12 unidades y se ubicó en 675 puntos básicos, con una suba del 4,17%, según las pantallas de Rava Bursátil. Un nivel similar se había registrado a fines de octubre del año pasado, cuando el indicador cerró en 676 puntos.
El avance estuvo impulsado por la caída de los bonos soberanos argentinos en dólares, que registraron bajas de hasta el 1,4% entre los Bonares (AL29D y AE38D) y del 0,8% entre los Globales (GD46D).
De esta manera, el indicador se alejó de los mínimos alcanzados durante la gestión de Milei: en julio, había cerrado en 402 puntos básicos. En ese momento, las calificadoras internacionales mejoraron la nota crediticia de la Argentina, una señal que coincidió con una fuerte acumulación de reservas por parte del Banco Central.
El rumbo de la economía y la política monetaria
En otro tramo de la conferencia de prensa, el vocero presidencial se refirió a la caída del consumo y el retroceso del empleo en la Argentina. Al respecto, puso el foco en la situación económica que heredó la administración de Javier Milei y defendió los resultados del programa económico del Gobierno.
“Recibimos una economía que llevaba más de 10 años de estancamiento”, sostuvo. En esa línea, destacó que, pese a las dificultades, la actividad logró retomar la senda del crecimiento.
“Logramos que la economía creciera año tras año. Más allá de un trimestre negativo, en 2026 crecería dos puntos. Y en 2027, según proyecciones, crecería tres puntos”, afirmó. Sin embargo, reconoció que la recuperación no alcanza a todos y que los indicadores muestran diferencias según período y actividad.
“Si vamos a cuestiones más particulares, la cuestión puede cambiar. No es un crecimiento homogéneo”, explicó. Como ejemplo, mencionó el desempeño reciente de la actividad económica: “Si miramos el dato de julio, fue un mes negativo. Si miramos agosto, los datos son muy positivos”. En ese sentido, expresó su expectativa de que la tendencia mejore en los próximos meses: “Creemos que de septiembre en adelante, la cosa va a ir mejor”.
Por último, el vocero descartó cambios en la orientación del programa económico y rechazó la posibilidad de implementar medidas de estímulo al consumo mediante un aumento del gasto público. “No va a cambiar. No va a haber un plan platita mientras el presidente Javier Milei siga en funciones”, aseguró.
En defensa de la política económica de la administración libertaria, sostuvo que el rumbo elegido permitió avanzar en la reducción de la inflación, la pobreza y la indigencia, al tiempo que destacó la recuperación de la actividad. “El plan económico que venimos aplicando es exitoso para bajar la inflación, la pobreza y la indigencia, además de la recuperación del crecimiento. Crece más que gran parte del mundo en un contexto complejo”, concluyó.
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POLITICA
La junta de presidentes de cámaras federales penales evaluó el avance del sistema acusatorio
La Junta de Presidentes de Cámaras Federales de Apelaciones con Competencia Penal reunió en Mendoza a magistrados de todo el país para evaluar la implementación del sistema procesal penal acusatorio y relevar las necesidades de los tribunales ante el cambio de modelo.
Las jornadas se realizaron el 15 y 16 de octubre bajo la presidencia de Javier Leal de Ibarra, titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. El encuentro convocó a representantes de las distintas cámaras federales de apelaciones y de tribunales nacionales con competencia penal.
El eje de los debates estuvo enfocado en la experiencia acumulada en las jurisdicciones donde ya funciona el sistema acusatorio, así como las dificultades que surgen en su aplicación. Los participantes intercambiaron criterios sobre el funcionamiento de los órganos judiciales durante esta etapa de transición.
El modelo acusatorio modifica la dinámica del proceso penal al asignar al Ministerio Público Fiscal la investigación de los delitos y reservar a los jueces el control de garantías y la resolución de los casos. La Junta remarcó que su implementación requiere recursos humanos, infraestructura y herramientas tecnológicas suficientes.
También se abordaron aspectos de organización administrativa y la disponibilidad de medios materiales para los tribunales federales. Según se planteó durante el encuentro, la reforma no puede limitarse a cambios normativos, sino que debe tener impacto en la prestación del servicio de justicia.
La reunión puso el foco en el papel institucional de las Cámaras Federales de Apelaciones y de los restantes órganos que intervienen en el procedimiento. Los magistrados señalaron la necesidad de que las estructuras judiciales cuenten con condiciones adecuadas para ejercer las atribuciones que fija la legislación vigente.
Participaron Rocío Alcalá, de Resistencia; Aníbal Pineda, de Rosario; Silvia Mónica Fariña, de Bahía Blanca; Roberto Boico, de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal; Alejandro Castellanos, de Salta; Juan Pablo Salas, de San Martín; y Ramón Luis González, de Corrientes.
La lista se completó con Alejandro Tazza, de Mar del Plata; Roberto Hornos, de la Cámara Nacional en lo Penal Económico; Laureano Durán, de La Plata; Richar Fernando Gallego, de General Roca; Fernando Luis Poviña, de Tucumán; Abel Sánchez Torres, de Córdoba; Juan Ignacio Pérez Curci, de Mendoza; Cintia Graciela Gómez, de Paraná; Mirta Delia Tyden, de Posadas; y Diego Gustavo Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal.
Los asistentes coincidieron en la conveniencia de mantener instancias de coordinación entre los tribunales de las distintas regiones del país. El intercambio de experiencias entre jurisdicciones fue presentado como una herramienta para identificar problemas comunes y unificar criterios institucionales.
La Junta ratificó que la consolidación del sistema acusatorio depende de la asignación de recursos humanos, materiales y tecnológicos. Los encuentros federales seguirán como espacios de diálogo y cooperación para acompañar la transformación de la justicia penal federal y resguardar las garantías constitucionales.
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