POLITICA
El Gobierno designó como jueza federal a la esposa del magistrado al frente del caso Libra
El Gobierno oficializó el nombramiento de Ana María Juan al frente del juzgado federal de Hurlingham, pese a que ese tribunal todavía no está habilitado para funcionar. La nueva magistrada es esposa de Marcelo Martínez De Giorgi, el juez federal que interviene en la causa en la que se investiga la presunta estafa vinculada a la criptomoneda Libra.
La designación fue publicada en el Boletín Oficial, días después de que el Senado aprobara el pliego de Juan. Su nombramiento se concretó además luego de que Martínez De Giorgi resolviera apartar del expediente a las presuntas víctimas del caso Libra.
La situación generó un contraste con otro caso que involucra a una candidata a magistrada. El Gobierno utiliza como argumento la falta de habilitación del juzgado para no designar a María Verónica Michelli en un tribunal oral federal de La Plata que tampoco está operativo. Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
Según explican en el oficialismo, Juan fue designada a partir de un pedido de la Cámara Federal de San Martín. La idea, según esa versión, es que mientras el juzgado de Hurlingham no sea habilitado, la magistrada pueda ocupar de manera transitoria otros tribunales federales vacantes dentro de esa jurisdicción, como los de Morón o Moreno.
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Juan tiene una extensa trayectoria en el ámbito de la Justicia Federal. Durante años se desempeñó en la Cámara Federal de Comodoro Py, donde fue secretaria de la Sala I. Hasta su designación, además, estaba al frente de la oficina judicial encargada de la implementación del sistema acusatorio.
Su llegada al juzgado de Hurlingham también tiene una historia que se remonta a varios gobiernos. Juan obtuvo el primer lugar en el concurso para ocupar ese cargo y su pliego fue enviado al Senado por tres presidentes diferentes. Mauricio Macri fue el primero en postularla, aunque su designación no llegó a concretarse porque, al asumir, Alberto Fernández retiró todos los pliegos que estaban en trámite. Más tarde, Fernández volvió a proponerla, mientras que Milei también retiró inicialmente esos pliegos antes de volver a enviar el nombre de Juan al Senado.
La causa Libra
El nombramiento se produjo en un momento particularmente sensible para la causa Libra. Martínez De Giorgi, juez federal de Comodoro Py desde 2004, aceptó un planteo formulado por uno de los acusados y resolvió apartar del expediente a las presuntas víctimas que actuaban como querellantes. Las partes afectadas apelaron la decisión y ahora la Cámara Federal deberá revisar si corresponde que vuelvan a intervenir en la investigación.
La Sala I de ese tribunal tendrá un papel central en ese proceso. Precisamente, el Gobierno impulsa una renovación parcial de la Cámara Federal, un órgano que interviene en la revisión de causas de corrupción y que analiza las decisiones adoptadas en los expedientes que tramitan en los juzgados federales.
En ese marco, el Poder Ejecutivo envió al Senado los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para ocupar dos vacantes en la Cámara Federal. Ambos nombres están vinculados a la Sala I, que deberá analizar, entre otros asuntos, la apelación presentada contra la decisión de Martínez De Giorgi en el expediente por Libra.
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Bertuzzi ya integra la Cámara Federal. Llegó al tribunal a través de un traslado durante la gestión de Macri y posteriormente concursó para obtener el cargo como titular. Yadarola, en tanto, es juez en lo Penal Económico y mantiene una relación de amistad con Juan Mahiques, actual ministro de Justicia de la Nación.
La composición de la Cámara Federal tendrá además otra modificación en los próximos días. Martín Irurzun dejará su cargo el viernes, un día antes de cumplir 75 años, edad máxima prevista para ejercer como juez.
Irurzun había solicitado continuar durante cinco años más, pero el Gobierno no aceptó ese pedido. El magistrado inició una causa judicial para intentar sostenerse en el cargo, aunque su planteo fue rechazado y, por el momento, no logró revertir esa decisión.
Poder Judicial, Javier Milei, Marcelo Martínez de Giorgi, Libra
POLITICA
Peter Lamelas le pidió al Senado que apruebe el tratado de patentes y adelantó que la FDA abrirá una oficina en Buenos Aires en 2027
El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, reclamó este martes ante el foro de salud de la Cámara de Comercio Estadounidense (AmCham) que la Argentina suscriba al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y proteja los datos regulatorios de los medicamentos. En esta línea, advirtió que una adhesión plena podría atraer USD 8.000 millones en inversiones en los próximos seis años.
El diplomático habló en el AmCham Forum Health 2026, celebrado este martes bajo el lema “Salud y desarrollo: una mirada federal”. Lamelas centró su intervención en dos ejes: la puesta en marcha del Acuerdo de Comercio e Inversiones (ATCI) firmado en febrero y la protección de patentes y datos regulatorios, y la adhesión argentina al PCT, por sus siglas en inglés.
El acuerdo bilateral, suscrito el 5 de febrero de 2026, contempla la reducción de barreras comerciales, reglas claras para inversores y compromisos concretos en propiedad intelectual, según se informó de manera oficial. Lamelas señaló que la embajada trabaja para identificar oportunidades y resolver obstáculos, pero exigió avanzar hacia su aprobación y puesta en marcha definitiva. “Ya pasaron ocho meses y esperamos dar el próximo paso. Queremos verlo plenamente aprobado e implementado”, sostuvo.
En el ámbito regulatorio, Lamelas destacó que el ANMAT avanza para reconocer productos médicos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y que, en marzo, se derogaron las resoluciones conjuntas que limitaban el patentamiento de nuevos medicamentos —las llamadas Resoluciones Conjuntas 118/2012, 546/2012 y 107/2012—. En junio, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) eliminó además los criterios restrictivos para patentes de biotecnología mediante la Resolución 197/2026, que derogó la Resolución 283/2015.
El embajador insistió en varios pasajes de su discurso en el reclamo a la adhesión al PCT, el tratado que permite presentar una única solicitud internacional de patente con validez en múltiples países. Lamelas cifró en USD 8.000 millones las inversiones que los miembros de AmCham proyectan para los próximos seis años si Argentina completa ese proceso. “Ocho mil millones, que son billions en inglés”, subrayó el embajador para evitar confusiones de escala.
La Cámara de Diputados aprobó la adhesión al PCT el 27 de agosto de 2026 por 147 votos contra 93, pero el texto incorporó una reserva al artículo 64 sobre el examen preliminar internacional, lo que obligó a devolver el proyecto al Senado para una nueva votación.
Lamelas también reclamó protección para los datos regulatorios que acreditan la seguridad y eficacia de los medicamentos, y exigió que esa información se almacene en redes confiables “que no están controladas por gobiernos comunistas”, en una referencia implícita a plataformas de origen chino. En esta línea, y ante la consulta periodística, insistió: “Yo leí la ley de inteligencia del gobierno chino, y esa ley dice que las compañías chinas tienen que compartir la información privada con el Partido Comunista; las leyes de los Estados Unidos no dicen eso, tampoco la ley del Occidente dicen eso”.
Sobre el tratado de patentes, remarcó: “Yo soy médico y he visto cuando hay un descubrimiento nuevo. Pasó con el sida, pasa con el cáncer, pasó con el COVID. Esos descubrimientos no se han hecho aquí en Argentina, se han hecho en otros países, porque la ley de patentes no es clara aquí. No hay respeto cuando alguien inventa algo”.
“Entonces, yo quiero que Argentina pueda tener esa oportunidad de desarrollar una medicina nueva, de tener una patente; de que un científico aquí, un médico aquí pueda tener esa oportunidad de hacer eso y ofrecérselo a los pacientes”, señaló, y agregó: “Pedimos (que la adhesión) sea lo más rápido posible; cada día que demora cuesta más que dinero, puede ser la vida de un paciente.
Una oficina de la FDA en Buenos Aires
Lamelas, además, anunció tres líneas de cooperación bilateral en salud pública. La primera es el trabajo conjunto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos para la detección temprana de amenazas sanitarias. La segunda apunta a incorporar tecnología diagnóstica en hospitales argentinos. La tercera, y más concreta, es la apertura de una oficina de la FDA en Buenos Aires antes de que finalice 2027, la primera de ese organismo en el país.
En marzo, el ministro de Salud, Mario Lugones, junto a autoridades de la ANMAT, recibió a representantes de la agencia estadounidense, encabezados por el comisionado asociado para Estrategia y Política Global, Mark Abdoo, para avanzar en ese plan de trabajo. En aquel momento, se indicó de manera oficial que el objetivo del encuentro fue avanzar en la convergencia de estándares científicos y regulatorios y en el desarrollo de mecanismos que contribuyan a garantizar el acceso de la población a medicamentos y dispositivos médicos seguros, eficaces y de calidad.
El diplomático cerró su exposición con un llamado a convertir el talento científico local en investigación con impacto global. “La próxima respuesta, el próximo tratamiento que espera un paciente también puede nacer acá en la Argentina”, concluyó, y reiteró su compromiso de trabajar desde la embajada para transformar las condiciones de inversión en resultados concretos para los pacientes.
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Piden la indagatoria de un exdiputado kirchnerista investigado por difundir fake news con recursos del Congreso
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió que el exdiputado kirchnerista Emiliano Estrada sea citado a declaración indagatoria por haber utilizado presuntamente los servicios de dos asesores del Congreso para elaborar y difundir videos falsos en redes sociales. Según la acusación, los colaboradores cobraban sus salarios del Estado y habrían realizado esas tareas en beneficio del entonces legislador.
El requerimiento, fechado este martes 6 de octubre, fue presentado en la causa CFP 151/2025. Marijuan consideró que la conducta atribuida al exrepresentante de Unión por la Patria encuadraría, de manera preliminar, en el delito de peculado de trabajo y servicios, contemplado en el segundo párrafo del artículo 261 del Código Penal.
La solicitud se produce después de que la investigación quedara radicada en el fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires. Estrada ya había sido objeto de una audiencia de formalización de cargos en Salta el 18 de diciembre de 2025, un antecedente que el fiscal mencionó expresamente para fundamentar su pedido.
En su presentación, Marijuan sostuvo que Estrada habría utilizado “trabajos o servicios pagados por la administración pública en provecho propio” mientras ejercía su mandato como diputado nacional.
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Sur Finanzas: el juez le prohibió a Vallejo que preste “servicios financieros” y ordenó operativos en varios clubes
Apenas unos días después de reabrir las puertas de Sur Finanzas, el nuevo juez de la causa, Tomás Rodríguez Ponte, le prohibió este lunes a Ariel Vallejo que preste “servicios financieros” y comunicó la decisión a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Vallejo había reabierto el jueves pasado una sucursal en la localidad de Canning, con los servicios recortados.
“La prohibición alcanza también su inscripción, constitución, integración o participación, bajo cualquier forma o carácter (socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado jerárquico), en proveedores de servicios de pago (PSP) o en cualquier otra entidad que preste servicios financieros, mientras dure la medida”, aclara la resolución a la que tuvo acceso .
Rodríguez Ponte, el nuevo juez de la causa, también ordenó este lunes una serie de operativos a través de la Policía Federal en San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, tres de los clubes que tenían vínculo con Sur Finanzas, para secuestrar documentación bancaria, financiera y comercial desde que fueron autorizados por el juez anterior, Luis Armella, hasta treinta después.
También se libraron órdenes de presentación en Pagos y Transferencias SA, Cobros Express Buenos Aires SA, Cobranza Integral SA, Aga Group SA, entre otras sociedades.
El club de Boedo recibió más de $1900 millones de Sur Finanzas. A cambio, la financiera de Ariel Vallejo cobró más de $100 millones en concepto de intereses.
En los últimos días, Vallejo había levantado el perfil con motivo de la reapertura de Sur Finanzas, la financiera que lo llevó a codearse con figuras del fútbol como el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. “Hace un tiempo me habían quitado la posibilidad de trabajar. Hoy tengo el privilegio de pensar en volver a abrir las puertas mañana. ¡Volvimos a poder hacer lo que mejor sabemos: trabajar y dar oportunidades!“, posteó el financista el jueves pasado en sus redes sociales.
Vallejo llegó a tener más de veinte sucursales, especialmente en el Gran Buenos Aires, pero tuvo que cerrarlas luego de la investigación de y de una avalancha de causas judiciales en su contra.
Los autos de lujo
Rodríguez Ponte también ordenó que los autos secuestrados en el marco de la causa principal sean entregados a la Corte Suprema, para que cumplan una utilidad social en diferentes áreas de la Justicia u organismos de seguridad. El listado de vehículos incluye cuatro camionetas Toyota, tres Audi y la Ferrari California descapotable negra, que Vallejo estacionaba en la puerta de la casa central.
“La conexión con el lavado se perfecciona y agrava con la maniobra de ocultamiento posterior: a solo diez días de los allanamientos judiciales, teniendo pleno conocimiento de la investigación, Vallejo simuló la venta de dicha Ferrari a una mujer jubilada de 73 años por el mismo monto en que había sido adquirida, evidenciando una maniobra fraudulenta para eludir embargos”, dijeron los fiscales Incardona y Velasco al pedir la indagatoria de Vallejo.
La decisión de entregarle los autos a la Corte Suprema es parte de una batería de medidas en la causa iniciada en noviembre pasado, tras la denuncia de ARCA, por presunta evasión impositiva y lavado de dinero. La pesquisa busca determinar si fue genuino y tributado el movimiento de cerca de $818 mil millones de pesos a través de la billetera virtual de su grupo de empresas, Sur Finanzas PSP, que sigue inhabilitada.
En otra resolución, a la que tuvo acceso , Rodríguez Ponte, el nuevo juez del juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, le pidió a ARCA un informe detallado de las personas físicas y jurídicas que operaron a través de la PSP de Sur Finanzas para determinar si tenían solvencia económica.
En ese listado aparecen algunos de los “soldaditos” que detectaron los sabuesos del fisco. Ese término alude a personas de bajos ingresos que, en los papeles, figuraban con montos elevados operando a través de la billetera virtual de Vallejo.
“Gran parte de los contribuyentes que surgen en los cruces no poseen la sustancia económica o financiera en relación con montos informados de gran magnitud. Se presume la interposición de personas para ocultar la identidad de los verdaderos titulares de fondos”, dice un informe que sostenía la denuncia.
En ese sentido, la causa judicial incorporó al menos cuatro casos de personas que negaron haber realizado las operaciones a través de Sur Finanzas.
Uno de esos casos es el de un hombre cuyas iniciales son M.A.C., a quien se le atribuye haber sacado un préstamo de $500 millones; sin embargo, negó ante la Justicia haber realizado esa operación. Algo similar ocurre con F.J.P, quien desconoció haber tramitado un crédito de $133,1 millones que figura a su nombre.
La lista no termina ahí. S.L.F dijo que ya había dado de baja su cuenta cuando le imputan un préstamo de $485 millones. Incluso, otra persona, de iniciales R.B., sostuvo que nunca tuvo relación con Sur Finanzas, que jamás abrió cuenta ni autorizó a terceros a que lo hagan en la billetera virtual de Vallejo, y manifestó que le usaron sus datos.
recibió más de $1900 millones de Sur Finanzas,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,Sur Finanzas,Conforme a
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