El senador provincial bonaerense e intendente de José C. Paz en uso de licencia, Mario Ishii, le pidió al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, “que se ponga a laburar” y que deje “de hacer política”. Los cuestionamientos del exjefe comunal se conocieron luego de que el gobierno bonaerense relevó a la cúpula policial del distrito, días después del conmocionante crimen de David Elías Ojeda Vázquez, quien fue asesinado por delincuentes que le robaron su moto, un caso que derivó en una marcha en reclamo de justicia en las calles del municipio que Ishii controla políticamente casi desde su fundación en 1995.

“El gobernador se tiene que poner a laburar. El que pone los comisarios, la policía en los cargos es el Ministerio de Seguridad; el municipio no pone ni saca policías. Le aconsejo que se ponga a laburar, que la gente esta muy mal en la provincia. Que deje de hacer política, es momento de gobernar, la política va a venir después. El resultado que tenga gobernando, va a ser el resultado que va a tener en la política”, dijo Ishii en declaraciones que reprodujo el canal A24.

Los dichos del exintendente (dejó la función el año pasado, para asumir una banca como senador bonaerense por la primera sección electoral) contra Kicillof llegaron luego de que el Ministerio de Seguridad provincial, que conduce Javier Alonso, relevó a la cúpula policial de la Jefatura Departamental José C. Paz, tras el asesinato de Ojeda Vázquez y la marcha que realizaron amigos de la víctima, quienes denunciaron que las calles del distrito son “tierra de nadie”.

El Ministerio de Seguridad provincial designó al comisario inspector Sergio Gustavo Torres al frente de la Jefatura Departamental de José C. Paz, en reemplazo de Mario Villares. Torres se desempeñaba en la Subdivisión Departamental de Investigaciones de Pilar. También fue nombrado el comisario Gabriel Francisco Chamorro, proveniente de la Comisaría Segunda, de Pilar, como titular de la Unidad Policial de Prevención local. Y el subcomisario Víctor Daniel Benítez (que cumplía tareas en la División Autopistas Sur) es el nuevo jefe del Comando de Patrulla.

“La política puede esperar, la gente no puede esperar. La provincia está con severos problemas y no está atendida. Tenemos problemas de educación, de salud, de alimentos y de seguridad, que cada vez avasalla más los distritos. Los municipios no son los encargados de dar seguridad, la Provincia es la encargada de dar la seguridad. Se tienen que hacer responsables y no transferir los problemas a los municipios, que apenas pueden pagar los sueldos. Al gobernador le aconsejo que se ponga a laburar. No se sale si no se trabaja”, remarcó Ishii.

El movimiento de recambio policial que cuestionó Ishii se precipitó tras el crimen de Ojeda Vázquez, que fue asesinado el 8 de septiembre, cuando llegaba a su casa, en Polonia, entre Piñero y Matheu, luego de ir a entrenarse a un gimnasio. Lo abordaron dos delincuentes, uno de ellos con una mochila similar a la que usan los repartidores, y le dispararon por la espalda, para obligarlo a detenerse. Se llevaron su moto y el joven fue trasladado al Hospital Mercante, donde falleció. Días después del crimen, amigos del joven encabezaron una marcha para reclamar justicia, en la que declararon a que la zona es “tierra de nadie”.

El 10 de septiembre, el municipio emitió un comunicado crítico y le pidió asistencia a Kicillof. “Ante la gravedad de lo sucedido, exigimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y, en especial, en nuestro distrito”, planteó la intendencia en un comunicado.

El trasfondo político

Ya sea con él en el poder o con algún delfín político, Ishii gobierna en José C. Paz desde 1999. Su distrito existe desde 1994, fruto de la división del antiguo partido de General Sarmiento en tres distritos (Malvinas Argentinas, San Miguel y José C. Paz). En 1995, tuvo a su primer intendente electo, Rubén Glaría, elección en la que Ishii encabezaba la lista de concejales ganadora. Fue presidente del Concejo.

Ishii ganó las elecciones locales, como candidato a intendente, en 1999, 2003 y 2007. En 2011, se impuso su alfil Carlos Urquiaga. En 2015, Ishii volvió a ganar, y repitió sus triunfos en 2019 y 2023. En 2025, ganó una banca de senador bonaerense y dejó a cargo de la intendencia a Lorena Espina, exconcejala.

Desde la banca en el Senado, Ishii se erigió en fuerte crítico de Kicillof, en medio de la interna del gobernador con Cristina y Máximo Kirchner. Pidió que en la provincia se declare la emergencia alimentaria y nutricional, un dardo contra el gobernador. Ishii es vicepresidente del Senado provincial, cargo al que llegó apuntalado por el cristinismo.

Durante la presidencia de Alberto Fernández, Ishii fue de los intendentes más cercanos al por entonces jefe del Estado. En 2020, además, protagonizó un escándalo cuando se difundió un video en el que afirmaba que tuvo que “cubrir la venta de falopa” que empleados de salud del municipio harían en ambulancias del distrito.

El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó formalmente una investigación contra la petrolera británica Desire Petroleum Limited por las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que se desarrollan en el área de la plataforma continental próxima a las islas Malvinas, sin permiso de la Argentina.

En el requerimiento ante el juzgado, que está interinamente a cargo del juez Ariel Lijo, el fiscal pidió una batería de medidas de prueba que incluye un exhorto al Reino Unido para reconstruir la estructura societaria de la compañía, sus autoridades desde 2012 y el modo en que obtuvo las licencias que explota en el área en disputa.

Stornelli reclamó información bancaria de la empresa y de las personas físicas que hayan actuado en su nombre o beneficio.

La causa se abrió a partir de la denuncia del canciller Pablo Quirno, sobre la base de la ley 26.659. La norma sanciona las actividades hidrocarburíferas “clandestinas” en la plataforma continental, pues dice que la explotación se realiza mediante una “licencia ilegítima”.

La presentación formó parte de la ofensiva judicial que el Gobierno amplió la semana pasada y que alcanzó a una veintena de ejecutivos y directivos de las compañías que participan de los proyectos petroleros en la zona. Hay casi media docena de denuncias en tribunales contra petroleras y empresas proveedoras de servicios.

El Estado ya sancionó dos veces a esta compañía. La Secretaría de Energía declaró ilegales sus actividades mediante la resolución 130/2012 y la calificó de clandestina por operar sin habilitación de las autoridades argentinas.

Un año después, la resolución 457/2013 la inhabilitó por 20 años para desarrollar actividades en el país, al tener por acreditado que se valía de una licencia ilegítima de exploración otorgada por las autoridades británicas instaladas en las islas.

Pese a esos antecedentes y al cambio de nombre, la empresa seguía figurando en marzo de este año entre las sociedades vinculadas a licencias otorgadas por Londres, junto a otras compañías del grupo Rockhopper.

El detalle de esa participación está en el dictamen: 32% en las licencias PL003a y PL003b; 30% en PL004a, PL004b (Área 1) y PL004c (Área 2); y 35% en PL005. Todas están ubicadas en las aguas de las inmediaciones de Malvinas.

Stornelli dijo que se violó la ley 26.659, que extiende la responsabilidad a las personas humanas que integran las sociedades y a las controlantes y controladas.

La escala prevé penas de 5 a 15 años de prisión, según se trate de exploración o de extracción.

Pero el fiscal dejó abierta la puerta a otras calificaciones. Tal como lo sugirió el funcionario denunciante, no descartó que el avance de la instrucción derive en delitos contra el medio ambiente, en infracciones aduaneras y en el lavado de activos provenientes de esas actividades.

Entre las diligencias, Stornelli solicitó a la Secretaría de Energía la remisión completa de los expedientes en los que se dictaron las resoluciones de 2012 y 2013, incluidos los trámites del Ministerio de Planificación y de la Cancillería, junto con todo informe o acta que documente los actos concretos de exploración, con sus circunstancias de modo, tiempo y lugar.

También pidió que la Jefatura de Gabinete informe si existen denuncias o expedientes por actividades peligrosas para el medio ambiente atribuidas a la empresa desde 2012 hasta hoy, y que el Ministerio de Seguridad releve si alguna de las fuerzas bajo su órbita labró actuaciones vinculadas a las operaciones en la zona.

También requirió que se establezca si hay actuaciones en trámite en la Procuración del Tesoro y en la Procuración General de la Nación.

Por último, el fiscal ordenó verificar si hay otras causas que tramitan ante el juzgado interinamente a cargo de Julián Ercolini.

Según la Cancillería, ambos expedientes están vinculados, pues allí está la denuncia anterior sobre el proyecto Sea Lion, el más avanzado de los desarrollos petroleros en el área.