El Gobierno de Javier Milei prepara una decisión de fuerte impacto político, presupuestario y estratégico: destinará parte de los fondos obtenidos por privatizaciones, ventas de activos, concesiones y licitaciones estatales al reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas. La medida será instrumentada mediante un decreto presidencial que ya superó las principales instancias técnicas y administrativas y podría publicarse en los próximos días.

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el esquema prevé asignar el 10% de todo lo que el Estado nacional obtenga por futuras ventas de empresas públicas, concesiones y licitaciones, además del 70% de los recursos que ingresen por ventas o concesiones de bienes pertenecientes a las propias Fuerzas Armadas.

El objetivo central es mejorar la capacidad operativa y funcional del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina, tres estructuras que arrastran años de restricciones presupuestarias, postergación de inversiones y pérdida progresiva de capacidades estratégicas.

En la Casa Rosada sostienen que la decisión responde a una instrucción directa del presidente de fortalecer áreas consideradas sensibles para la defensa nacional, en un contexto regional e internacional que volvió a poner en primer plano la cuestión militar, la vigilancia de fronteras, el control marítimo y la competencia geopolítica por espacios estratégicos.

La iniciativa fue impulsada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, quien desde su llegada al cargo planteó la necesidad de crear mecanismos de financiamiento estables para recuperar equipamiento, infraestructura y despliegue operativo. El decreto ya recibió observaciones favorables del Ministerio de Economía, de la Secretaría Legal y Técnica y de otras áreas del gabinete, según confirmaron fuentes oficiales a este medio.

Hasta el decreto, todos los recursos obtenidos por la venta o concesiones de activos estatales estaba destinado al Tesoro Nacional. Ahora, con esta decisión, parte de los fondos se direccionarán a recuperar el instrumento militar.

La medida no se limita a la compra de armamento o sistemas militares. También contempla obras de infraestructura consideradas críticas para el funcionamiento de las fuerzas: bases, hangares, arsenales, pistas aéreas, instalaciones logísticas, sistemas de comunicación y modernización edilicia en unidades militares de todo el país.

Uno de los proyectos más relevantes dentro de esa agenda es la base integrada en Tierra del Fuego, una obra que en el Gobierno consideran de valor geoestratégico central. Su ubicación en el extremo sur le daría a la Argentina mayor capacidad logística y operativa en el Atlántico Sur y reforzaría la proyección nacional sobre la actividad antártica.

En la visión oficial, Tierra del Fuego se convirtió en una zona de creciente interés estratégico por su cercanía con rutas marítimas sensibles, su conexión con la Antártida y la proyección sobre el área de Malvinas. Por eso, la construcción de infraestructura militar en esa provincia aparece entre las prioridades de mediano plazo.

La decisión de reasignar recursos llega después de una serie de movimientos que el Gobierno exhibe como parte de una nueva política de Defensa. El caso más visible fue la compra de aviones F-16 Fighting Falcon a Dinamarca, una operación presentada oficialmente como la adquisición militar más importante de las últimas décadas.

Con ese acuerdo, la Fuerza Aérea inició el proceso para recuperar capacidad supersónica, una aptitud perdida tras la salida de servicio de los Mirage y la falta de reemplazo posterior. La incorporación de los F-16 también obliga a inversiones complementarias en bases aéreas, simuladores, entrenamiento de pilotos, logística y mantenimiento especializado.

En paralelo, el Ejército avanzó recientemente con la incorporación de vehículos blindados Stryker provenientes de Estados Unidos, destinados a mejorar movilidad táctica, protección y capacidad de despliegue rápido. En el área de Defensa consideran que ese tipo de adquisiciones deben complementarse con renovación de comunicaciones, transporte y sistemas terrestres.

La Armada Argentina, por su parte, mantiene como prioridad recuperar la capacidad submarina perdida tras la tragedia del ARA San Juan. Desde aquel episodio, la Argentina quedó sin una herramienta clave para patrullaje oceánico, disuasión y entrenamiento naval avanzado.

En ese marco, la posibilidad de incorporar nuevos submarinos sigue bajo análisis técnico y financiero. Para la conducción naval, recuperar esa capacidad es una necesidad estratégica en función de la extensión marítima argentina, la custodia de recursos pesqueros y la presencia permanente en el Atlántico Sur.

En el Gobierno explican que el nuevo mecanismo busca resolver un problema histórico: la dependencia exclusiva del presupuesto anual para cualquier mejora relevante en Defensa. Con restricciones fiscales permanentes, muchas compras quedaron demoradas durante años y otras directamente fueron canceladas.

La nueva lógica apunta a vincular parte del proceso de privatizaciones con la recomposición de capacidades estatales consideradas esenciales. En otras palabras, mientras el Estado reduce su participación empresaria en determinadas áreas, una porción de esos recursos se redirigirá hacia funciones que el oficialismo considera indelegables.

El programa de privatizaciones incluye distintas empresas y activos habilitados por la Ley Bases, entre ellos compañías energéticas, operadoras de servicios y concesiones de infraestructura. En las últimas horas, una de las operaciones más resonantes fue el avance sobre la venta de la participación estatal vinculada a Transener, pieza clave del sistema de transporte eléctrico.

Dentro del oficialismo entienden que, si ese cronograma avanza, los fondos disponibles para Defensa podrían adquirir una magnitud relevante durante los próximos años. No habrá un monto fijo inicial: dependerá del volumen de cada operación concretada.

El decreto también establecerá que cuando se vendan o concesionen inmuebles, predios o activos bajo órbita militar, el 70% de lo recaudado volverá al área. Ese punto es especialmente valorado dentro de las Fuerzas Armadas, donde desde hace años existía el reclamo de que desprenderse de bienes sin reinversión implicaba descapitalización.

La decisión presidencial también tiene una lectura política. Javier Milei busca mostrar que el ajuste del gasto público no supone desatender todas las áreas del Estado, sino reasignar recursos hacia sectores que considera prioritarios: seguridad, defensa, inteligencia estratégica e infraestructura crítica.

Fuentes oficiales señalaron a Infobae que el desafío posterior será la ejecución. Comprar sistemas complejos exige no solo fondos iniciales, sino sostenimiento posterior: repuestos, capacitación, mantenimiento, actualización tecnológica y personal especializado.

Ese punto fue determinante en frustraciones anteriores, cuando distintas administraciones anunciaron incorporaciones que luego encontraron límites operativos o presupuestarios para mantenerse en el tiempo.

En la Casa Rosada sostienen que la Argentina necesita reconstruir capacidades básicas luego de años de retroceso relativo frente a otros países de la región. La referencia incluye vigilancia aérea, control del mar, movilidad terrestre, logística antártica y presencia en zonas de interés estratégico.

Con ese diagnóstico, el decreto que Milei tiene a la firma busca abrir una nueva etapa para el área de Defensa. No será una compra puntual ni una decisión aislada, sino la creación de una fuente específica de financiamiento atada al proceso de privatizaciones que impulsa el Gobierno.

Si se publica en los próximos días, como prevén en Balcarce 50, se convertirá en una de las medidas más relevantes de la gestión libertaria en materia militar y en una señal concreta hacia las Fuerzas Armadas, un sector que durante años reclamó inversiones, planificación y horizonte presupuestario.

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